CE - 180012333000202300123011SENTENCIA20231005151115

Demandante: Adriana Rocío Benavides Rodríguez Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00123-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 18001-23-33-000-2023-00123-01

Demandante: ADRIANA ROCÍO BENAVIDES RODRÍGUEZ

Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE NEIVA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo . Derecho al descanso laboral. Vacaciones de funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve l a Sala la impugnación elevada por la ac cionada Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva contra el fallo de 30 de agosto de 2023, por medio del cual la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá accedió a las súplicas de la solicitud de amparo de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Adriana Rocío Benavides Rodríguez, en nombre propio, interpuso1 acción

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Adriana Rocío Benavides Rodríguez, en nombre propio, interpuso1 acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, el Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Quinto Penal Municipal de Florencia, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad y al descanso remunerado.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión de la negativa de las entidades accionadas en exped ir el certificado de disponibilidad presupuestal que permitiera el nombramiento de las personas que l a remplace durante el periodo de sus vacaciones, por ser emplead a del Juzgado Quinto Penal Municipal de Florencia.

1.2. Pretensiones

Las peticiones deprecadas son las siguientes:

[…]

SEGUNDO: Se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA HUILA ejecute, de manera inmediata, todas las acciones administrativas necesarias encaminadas a expedir el correspondiente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL para cubrir las erogaciones

1 La demanda se radicó el 11 de agosto de 2023.Demandante: Adriana Rocío Benavides Rodríguez Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00123-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 18001-23-33-000-2023-00123-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que demande el nombramiento de un empleado judicial que me reemplace, mientras disfruto el periodo de vacaciones; y una vez expedido y remitido dicho certificado, ORDENAR a la doctora ANGELICA VIVIANA SANCHEZ RODRIGUEZ, en su calidad de JUEZ DEL JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL DE FLORENCIA, o a quien hiciere sus veces, que en el menor tiempo posible, proceda a conceder mediante acto administrativo las vacaciones individuales solicitadas, y a efectuar el nombramiento provisional para su reemplazo.

TERCERO: Ordenar al Director Ejecutivo de la Oficina de Administración Judicial Seccional Neiva, o a quien haga sus veces, que cada vez se adelante el trámite pertinente para que se obtenga el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para la persona que me ha de reemplazar durante el disfrute de vacaciones como servidora judicial. Ello para no incurrir en temeridad, toda vez, que no es posible que cada vez que solicite las vacaciones me las nieguen por no contar con Certificado de Disponibilidad Presupuestal, tenga que acudir a esta acción constitucional por los mismos hechos y derechos.

CUARTO: De conformidad con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, me permito solicitar que en el fallo por Usted dictado se prevenga a la entidad accionada “para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito

solicitar que en el fallo por Usted dictado se prevenga a la entidad accionada “para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.

QUINTO: Se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados como amenazados, violados y/o vulnerados y que Usted, en su función de administrador de la Constitución, pueda es tablecer como violados, amenazados y/o vulnerados.2 (Mayúsculas sostenidas originales)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso , se advierten los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

1.3.1. La señora Adriana Rocío Benavides Rodríguez, labora en el Juzgado Quinto Penal Municipal de Florencia, como Oficial Mayor, cargo en el que cuenta con periodos de vacaciones pendientes por disfrutar de los años 2021, 2022 y 2023, según certificación CAFLCER23-368 31 de julio de 2023 , de la oficina de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva.

1.3.2. En atención a lo anterior la tutelante solicitó el 2 de agosto de 2023, al titular del Juzgado Quinto Penal Municipal de Florencia, las vacaciones del año 2021, para disfrutar en el periodo comprendido entre el 22 de septiembre y el 13 de octubre de 2023.

del Juzgado Quinto Penal Municipal de Florencia, las vacaciones del año 2021, para disfrutar en el periodo comprendido entre el 22 de septiembre y el 13 de octubre de 2023.

1.3.3. El 5 de agosto de 2023, el juzgado le informó a la señora Adriana Rocío que requirió a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para efectos del nombramiento de su remplazo. La negativa a la solicitud fue comunicada el 9 de agosto de 2023, con oficio DESAJNEO -22-2556, suscrito por el coordinador del Área de Talento Humano de dicha dirección.

2 Transcripción del texto original con posibles errores.Demandante: Adriana Rocío Benavides Rodríguez Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00123-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3.4. En atención a lo anterior, mediante la Resolución N.º 013 de 9 de agosto de 2023, el titular del despacho negó el disfrute de las vacaciones solicitadas.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La señora Adriana Rocío Benavides Rodríguez manifestó que con la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva de disponer los recursos para nombrar su remplazo mientras disfruta de sus vacaciones se le están vulnerando sus derechos fundamentales.

1.5. Trámite de la acción

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva de disponer los recursos para nombrar su remplazo mientras disfruta de sus vacaciones se le están vulnerando sus derechos fundamentales.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 11 de agosto de 2023, el a quo constitucional admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, al Consejo Superior de la Judicatura y al Juzgado Quinto Penal Municipal de Florencia, como ac cionadas, y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como vinculada, y les otorgó el término de un día para que se pronunciaran sobre los hechos narrados en la tutela.

Asimismo, requirió a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y al Juzgado Quinto Penal Municipal de Florencia para que allegaran el expediente administrativo de la accionante.

1.6. Intervenciones

Efectuada la s notificaciones correspondientes a través de mensaje enviado por correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones:

1.6.1. Juzgado Quinto Penal Municipal de Florencia

La titular del despacho se pronunció en escrito enviado por correo electrónico el 14 de agosto de 2023, en el sentido de indicar, después de referirse al trámite dado a la solicitud de vacaciones de la tutelante, que la decisión de negar dicha petición estuvo ajustada al ordenamiento legal y constitucional aplicable a la situación.

1.6.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva3

La referida dirección pidió que se declarara la improcedencia de la tutela al contarse

estuvo ajustada al ordenamiento legal y constitucional aplicable a la situación.

1.6.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva3

La referida dirección pidió que se declarara la improcedencia de la tutela al contarse con otro medio de defensa judicial para resolver la situación planteada , sumado a que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

En ese orden, indicó que el referido mecanismo constitucional no era el idóneo para ordenarle a dicha dependencia que adelantara las acciones para garantizar la provisión de recursos y con ello la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal, previo al otorgamiento de unas vacaciones, comoquiera que tal procedimiento no estaba regulado en ninguna norma.

Asimismo, señaló que como el acto administrativo no había sido suspendido o anulado por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo allí

3 Con correo de 11 de agosto de 2023.Demandante: Adriana Rocío Benavides Rodríguez Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00123-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dispuesto era vinculante para la administración, luego, no había lugar a tomar decisiones en un senti do diferente, p ues se estaría desacatando el ordenamiento legal vigente.

Sobre el particular, trajo a colación varios fallos de tutela del Consejo de Estado que en casos similares han declarado la improcedencia de ésta, por existir otros medios

legal vigente.

Sobre el particular, trajo a colación varios fallos de tutela del Consejo de Estado que en casos similares han declarado la improcedencia de ésta, por existir otros medios de defensa judicial para reclamar la protección de los derechos fundamentales que consideran conculcados, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde se puede solicitar la suspensión de los actos administrativos.

De igual forma, señaló que:

«Las reglas del régimen de vacaciones individuales y frente a su respuesta, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, resultan ser el mecanismo judicial idóneo y eficaz que tiene a su alcance la parte actora para la protección d e los derechos fundamentales invocados, sin que frente al mismo quepa oponer un carácter de insuficiencia, pues las eventuales dificultades que imponen los términos judiciales no puede ser razón para considerar que la acción de tutela sea el único, principal y definitivo medio para que los nominadores que tienen a su cargo planificar, organizar y otorgar los periodos de vacaciones, cumplan de manera responsable con la facultad discrecional que la ley les confiere en tan importante materia, a sabiendas, también, que los titulares de tal derecho no pueden obrar en contra del régimen que para su disfrute ha fijado el Consejo Superior de la Judicatura.»

Finalmente, solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, al advertir que era al nominador de la demandante al que le correspondía conceder las vacaciones , pues, el procedimiento para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, como decisión autónoma de la administración, no tenían relación directa con los derechos fundamentales al trabajo

correspondía conceder las vacaciones , pues, el procedimiento para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, como decisión autónoma de la administración, no tenían relación directa con los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y la descanso alegados en la solicitud de amparo.

1.6.3. Consejo Superior de la Judicatura4

La corporación deprecó su desvinculación del proceso, por falta de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que los reparos formulados en la solicitud de amparo recaían exclusivamente en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, dada su calidad de ordenadora del gasto, de conformidad con los numerales 2 .º y 6.º del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 , y que tiene a cargo expedir el certificado de disponibilidad Presupuestal para designar los reemplazos de los funcionarios y empleados judiciales que pretenden el disfrute de sus vacaciones.

1.6.4. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

La referida dependencia se pronunció en escrito enviado por correo electrónico el 15 de agosto de 2023, y en consecuencia solicitó se declara la improcedencia de la tutela, así como la falta de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que, la acción de amparo estaba dirigida intrínsecamente contra un acto administrativo de carácter general y abstracto, esto es, la Circular PSAC11-44 de noviembre 23 de

4 Mensaje de datos del 15 de agosto de 2023.Demandante: Adriana Rocío Benavides Rodríguez Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00123-01

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Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00123-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2011, y por no estar obligada a disponer los recursos que permitan la co ntratación del remplazo de la accionante mientras disfruta de sus vacaciones.

De otra parte, advirtió la falta de integración de la parte pasiva con el Ministerio de Hacienda y Crédito, al ser la cartera que establecía el presupuesto y hacia las asignaciones presupuestales para el cumplimiento de los fines del Estado.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 30 de agosto de 202 3, la S ala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá amparó los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y al descanso remunerado de la señora Adriana Rocío Benavides Rodríguez.

El a quo constitucional, después de analizar y encontrar acreditados l os requisitos de procedibilidad, en especial el de la subisidiariedad, así como de hacer una s consideraciones sobre el descanso como principio fundamental del derecho al trabajo, advirtió que la tutelante como servidora judicial del Juzgado Quinto Penal Municipal de Florencia pertenecía al régimen de vacaciones individuales, las cuales debían ser concedidas por el nominar de acuerdo con las necesidades del servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de servicios.

Asimismo, del estudio de las pruebas allegadas al expediente, concluyó que era

debían ser concedidas por el nominar de acuerdo con las necesidades del servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de servicios.

Asimismo, del estudio de las pruebas allegadas al expediente, concluyó que era clara la vulneración de las garantías s uperiores de la accionante, dada la trascendencia de la negativa de las vacaciones sobre el derecho al descanso , derivado a su vez del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas, pues, podría verse afectada la salud mental y física de aquella.

En ese orden, indicó que si bien entre la decisión de conceder las vacaciones y la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal existía una diferencia conceptual, lo cierto era que en la realidad no se podía desconocer la fuerte relación entre ambas actuaciones.

Por otra parte, señaló que la tutelante no tenía por qué soportar que el Consejo Superior de la Judicatura no tuviera regulado el procedimiento que permitiera cubrir los remplazos de los empleados judiciales que tienen vacaciones individuales.

Así, ordenó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, en el término de cinco días siguientes a la ejecutoria del fallo, apropiara los recursos para que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva emitiera, dentro de los cinco días siguientes, el certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar el remplazo de la de demandante. De igual forma dispuso que el Juzgado Quinto Penal Municipal de Florencia dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la respuesta de la mentada dirección, dictara el acto administrativo mediante el cual decida sobre las vacaciones solicitadas por la señora Adriana Rocío Benavides

Rodríguez.Demandante: Adriana Rocío Benavides Rodríguez

de la respuesta de la mentada dirección, dictara el acto administrativo mediante el cual decida sobre las vacaciones solicitadas por la señora Adriana Rocío Benavides

Rodríguez.Demandante: Adriana Rocío Benavides Rodríguez Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00123-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.8. Impugnación5

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 11 de agosto d e 202 3, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva planteó su inconformidad con el fallo de primera instancia, para lo cual iteró los argumentos expuestos en la contestación de la tutela y , en ese orden, solicitó que se revocara dicha decisión y en consecuencia se declarara improcedente la solicitud de amparo ante la existencia de otro medio de defensa judicial y no haberse acreditado un perjuicio irremediable.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte accionada contra la sentencia de 30 de agosto de 202 3, proferida por la S ala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitaron su desvinculación del presente trámite , por falta de legitimación en la causa por pas iva, frente a lo cual no hubo pronunciamiento por parte del a quo constitucional.

Así, esta colegiatura las resolverá en el sentido de negarlas, comoquiera que en atención a las funciones legales y constitucionales que les competen, se requiere su presencia en el proceso.

2.2.2. Por otro lado, en el escrito de respuesta a la tutela la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para el efecto, señaló que es la autoridad encargada de determinar la política económica y presupuestal de las entidades del orden público del país.

Al respecto, se pone de presente que de conformidad con los artículos 228 de la Constitución Política6, 4 y 5 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia7, la Rama Judicial goza de autonomía presupuestal y administrativa. Por ende, ninguna de las dependencias que conforman el poder judicial requieren o necesitan de la

5 La sentencia fue notificada el 16 de mayo de 2023. 6 «ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca

5 La sentencia fue notificada el 16 de mayo de 2023. 6 «ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo». (Negrillas fuera del texto original) 7 «ARTÍCULO 5o. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA RAMA JUDICIAL. La Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia.»Demandante: Adriana Rocío Benavides Rodríguez Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00123-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co autorización previa del Ministerio de Hacienda para cumplir las órdenes judic iales que impliquen gasto.

Lo anterior, sin perjuicio que, en virtud del principio armónico de colaboración entre los poderes públicos, establecido en el artículo 209 de la Carta Política 8, la Rama Judicial, en especial el Consejo Superior de la Judicatu ra, deba coordinar con la referida cartera ministerial el presupuesto para atender las necesidades del poder judicial.

En ese orden, se negará la solicitud de vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2.3. Problema jurídico

referida cartera ministerial el presupuesto para atender las necesidades del poder judicial.

En ese orden, se negará la solicitud de vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2.3. Problema jurídico

Corresponde determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de primera instancia de 30 de agosto de 2023, a través de la cual la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá amparó los derechos fundamentales de la señora Adriana Rocío Benavides Rodríguez.

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela y (ii) del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones u omisiones de auto ridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremedia ble; caso en el que se habilita su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

8 «ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los princi pios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.» (Negrillas fuera del texto original)Demandante: Adriana Rocío Benavides Rodríguez Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00123-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.5. Caso concreto

desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.5. Caso concreto

En el sub examine , la señora Adriana Rocío Benavides Rodríguez , solicitó la protección constitucional para que se ordene a las autoridades accionadas disponer las situaciones administrativas y presupuestales necesarias para que pueda disfrutar de un periodo vacacional ya causado.

En el expediente de tutela se acredito que la tutelante solicitó a la titular del Juzgado Quinto Penal Municipal de Florencia , el goce de sus vacaciones entre el 22 de septiembre y el 13 de octubre de 2023.

Por oficio DESAJNEO23-2556 del 08 de agosto de 2023 , el coordinador del Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva negó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para reemplazo de la demandante, para lo cual señaló:

«(…) No hay lugar de parte de esta Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial, a expedir un certificado de disponibilidad presupuestal para que sea nombrada una persona en reemplazo de la titular del cargo, mientras ésta disfrute de su derecho a las vacaciones, pues la circular 44 del 23 de noviembre de 2011 emitida por el Consejo Superior de la Judicatura, no lo contempla para el caso de empleados.

Igualmente, conforme al Concepto DEAJRHO17-5287 de 12 de octubre de 2017 en el numeral quinto, la doctora Judith Morante García, Directora Unidad de Recursos Humana de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, nos indica, que la única

el numeral quinto, la doctora Judith Morante García, Directora Unidad de Recursos Humana de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, nos indica, que la única excepción en el que se pueda expedir presupuesto para el nombramiento del reemplazo de un empleado que disfrute de vacaciones, es cuando el despacho judicial cuente con una planta de personal de tres cargos o menos (…)»

“(…) de acuerdo con las circulares proferida por el Consejo Superior de la judicatura PSAC05-89 indica que para Despachos judiciales de más de 3 servidores incluido el juez no se expide disponibilidad pre supuestal y PSAC11 -44 numeral 1 “Los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales, deberán hasta el mes de marzo de cada año, reportar la programación de vacaciones correspondientes al siguiente año, ante el Consejo Seccional de la Judica tura, Sala Administrativa y Dirección Seccional, del respectivo distrito judicial” le informamos que no es viable dar trámite a su petición”.

En consecuencia, el juez Quinta Penal Municipal de Florencia mediante Resolución 013 de 9 de agosto de 2023, negó la petición de disfrute de vacaciones elevada por la tutelante, con fundamento en la falta de asignación presupuestal para el reemplazo de la servidora y por necesidad del servicio, dado que se comprometería el funcionamiento del despacho ante la ausencia de la actora.

En primera medida, advierte la Sala que, en lo que respecta a los actos administrativos que niegan el disfrute de las vacaciones, el mecanismo para controvertirlos es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20119, en el cual se puede solicitar

administrativos que niegan el disfrute de las vacaciones, el mecanismo para controvertirlos es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20119, en el cual se puede solicitar

9 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del actoDemandante: Adriana Rocío Benavides Rodríguez Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva y otros Radicado: 18001-23-33-000-2023-00123-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el decreto de las medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 ibídem, por lo tanto, en principio, el juez de lo contencioso administrativo es el llamado a dirimir las controversias que de él surjan.

Sin embargo, esta colegiatura ha considerado 10 que en ciertos eventos las circunstancias particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo judicial para precaver la eventual vulneración de derechos fun damentales, lo cual torna imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de su primacía dentro del ordenamiento jurídico.

En primer lugar, para establecer la procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la accionante debe alegar que un acto particular y concreto vulnera un derecho

En primer lugar, para establecer la procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la accionante debe alegar que un acto particular y concreto v