CE-19001-23-33-001-2021-00087-01(AC)

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL

PRECEDENTE - No configuración / TRÁMITE INCIDENTAL DE DESACATO /

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA SANCIÓN DE DESACATO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES En el presente caso, el [accionante], en calidad de gerente departamental Cauca de ASMET SALUD EPS SAS, considera vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con la decisión del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán de negar el levantamiento de la sanción por desacato que le fue impuesta, pese a acreditarse el cumplimiento de la orden de tutela. Argumenta el accionante que aun cuando el Juzgado trajo a colación la sentencia SU-034 de 2018 para fundamentar su decisión, lo cierto es que realizó una interpretación errónea de dicho precedente, pues arribó a la conclusión de que al haber existido una dilación injustificada en el cumplimiento del fallo, en términos de lo previsto en la sentencia de unificación, procedía la imposición de la sanción, cuando lo que señaló la ratio decidendi de dicho pronunciamiento es que la finalidad del incidente de desacato es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela y no perseguir al renuente para sancionarlo. (…) [L]a Sala no advierte que el asunto desconozca el precedente jurisprudencial previsto en la sentencia SU-034 de 2018, pues el Juzgado procedió a aplicar la regla de decisión tendiente a verificar la responsabilidad subjetiva del

obligado a cumplir la orden, evento que no encontró acreditado. Es claro que, en el caso, el incidentante no explicó en qué medida los diferentes actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, EPS, IPS y el ente territorial, debían coordinar esfuerzos para la ejecución de la orden de tutela y, además, debe tenerse en cuenta que la orden de tutela es de contenido complejo, pues no comprende una acción de única ejecución, sino que obliga a un cumplimiento de tracto sucesivo, lo cual requiere de una actuación activa y preferente de la entidad en el cumplimiento del fallo judicial. La decisión de no levantar la sanción por desacato impuesta al gerente departamental Cauca de ASMET SALUD EPS SAS, no comporta una actuación incursa en vulneración de derechos fundamentales, puesto que el Juzgado procedió a analizar la órbita de protección de los derechos fundamentales y su efectiva reivindicación con el cumplimiento de la orden de tutela, de aquí que la decisión de no levantar la sanción de desacato resulte plenamente justificada. (…) Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el caso no se configura la existencia de la causal “desconocimiento de precedente constitucional” y, en tal sentido, confirmará la decisión de primera instancia que negó la tutela presentada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 19001-23-33-001-2021-00087-01(AC)

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Actor: ANDRÉS ALBERTO NARVÁEZ SÁNCHEZ ACTUANDO EN NOMBRE

PROPIO Y COMO GERENTE DEPARTAMENTAL CAUCA DE ASMET SALUD

EPS SAS

Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE POPAYÁN Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de tutela del 3 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 1, que negó la solicitud de tutela.

1. Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Andrés Alberto Narváez Sánchez, actuando en nombre propio y como gerente departamental de la Sede Cauca de la Sociedad por Acciones Simplicada ASMET SALUD EPS, en adelante ASMET SALUD EPS SAS, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se levante la sanción de desacato impuesta en su contra, en aplicación del precedente jurisprudencial existente en la materia y, que se informe a la DESAJ (sic) del levantamiento de la sanción, en aras de evitar una afectación a su patrimonio. 1.1.2. Los hechos El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. En el año 2015, el señor Jhon Alexis González Alegría presentó acción de tutela contra el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán y otros. ii) Mediante sentencia del 29 de julio de 2015, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán amparó los derechos fundamentales del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co accionante y, en consecuencia, ordenó al director territorial Cauca de CAPRECOM EPS-S y al representante legal de la UNIÓN TEMPORAL UBA, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, realizar una valoración médica al señor Jhon Alexis González Alegría, con el fin de precisar si requería y en qué cantidades, los implementos de pañales, sondas y gasas. iii) El 12 de julio de 2017, el señor Jhon Alexis González Alegría pasó a ser afiliado de ASMET SALUD EPS SAS, en atención a la supresión de CAPRECOM EPS-S. iv) En el año 2017, el señor Jhon Alexis González Alegría adelantó un trámite incidental de desacato contra ASMET SALUD EPS SAS, por incumplimiento de la sentencia del 29 de julio de 2015. v) A través de auto interlocutorio del 13 de abril del 2019, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán sancionó a los señores Gustavo Adolfo Aguilar y Andrés Alberto Narváez Sánchez, como directores nacional y

departamental Cauca de ASMET SALUD EPS SAS, respectivamente, con multa de 5 SMLMV, por incumplimiento del fallo de tutela del 29 de julio de 2015. vi) Por medio de providencia del 8 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo de Popayán confirmó la anterior decisión. vii) El 20 de octubre de 2020, ASMET SALUD EPS SAS solicitó la inaplicación de la sanción impuesta, en atención a que los motivos que le dieron origen ya habían sido cumplidos, esto es, la entrega efectiva de lo requerido por el señor Jhon Alexis González Alegría. viii) Mediante auto interlocutorio del 10 de noviembre de 2020, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán resolvió no levantar la sanción de multa de 5 SMLMV, a pesar de que la entidad desplegó acciones positivas orientadas al cumplimiento del fallo de tutela, conforme a sus competencias y posibilidades materiales. ix) Manifestó el Juzgado que aunque la EPS dio cumplimiento a la decisión, esta era del año 2015, y al haber transcurrido 5 años para su cumplimiento, era procedente la sanción, sin tener en cuenta la fecha de su vinculación como Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co gerente departamental de la entidad y, en todo caso, que para la fecha en que se profirió el fallo el accionante no era afiliado de ASMET SALUD EPS SAS. x) La presente acción de tutela no gira en torno a la imposición de las sanciones

en sí, sino contra la decisión de no levantar la sanción de multa de 5 SMLMV. 1.1.3. Los fundamentos jurídicos En sentir de la accionante, la decisión del Juzgado incurrió en desconocimiento de precedente jurisprudencial, en atención a las siguientes circunstancias: i) El Juzgado basó su decisión en la justificación de que, bajo los postulados de la sentencia SU-034 de 2018, el incidente de desacato es una herramienta adecuada para sancionar ante la verificación del incumplimiento. ii) La interpretación que el despacho judicial dio de la sentencia de unificación no es correcta, pues el precedente es enfático en afirmar que la finalidad del incidente de desacato es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela y no perseguir al renuente para sancionarlo. iii) La sentencia SU-034 de 2018 es clara en sostener que al resolver sobre un desacato, la autoridad judicial debe tomar en consideración si concurren factores objetivos y/o subjetivos determinantes para valorar el cumplimiento de una orden de tutela por parte de su destinatario, y dichos factores no se tuvieron en cuenta al resolver la solicitud de levantamiento de la sanción, por cuanto no se valoró en debida forma que en el caso se demostró la realización de acciones positivas orientadas al cumplimiento de la orden. iv) El desacato no es un mecanismo previsto para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina desarrollada de forma pacífica por la Corte Constitucional frente al propósito perseguido en la sanción por desacato, que es exhortar al

obligado como medio para garantizar el goce efectivo del derecho tutelado mediante sentencia, mas no sancionar por sancionar. Ver entre otras, las sentencias T-280 de 2017, C-367 de 2014 y SU 034 de 2018. v) En atención al precedente constitucional sobre la naturaleza y finalidad del incidente de desacato, lo que correspondía realizar al Juzgado, luego de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co evidenciar el cumplimiento de la orden de tutela y por contera, la reivindicación del derecho constitucional vulnerado, era levantar la sanción de multa de 5 SMLMV y evitar el cobro coactivo por parte de la DESAJ. 1.2. Actuación Procesal Mediante auto del 19 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, como demandado, para que dentro del término de dos días allegara los soportes o documentos que pretendiera hacer valer como pruebas. 1.3. Contestación de la demanda 1.3.1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, por intermedio del juez Ernesto Andrade Solarte, solicitó despachar de manera desfavorable las pretensiones del demandante, en atención a los siguientes argumentos: i) Con posterioridad al fallo de tutela del 29 de julio de 2015, el señor Jhon Alexis

González Alegría ha aperturado más de 13 incidentes de desacato, siendo el último el propuesto el 12 de marzo de 2020 contra ASMET SALUD EPS SAS. ii) El despacho notificó a la entidad de las diferentes actuaciones procesales y, sin embargo, en ninguna etapa procesal ASMET SALUD EPS SAS hizo uso de su derecho de defensa y contradicción. iii) El 13 de abril de 2020, el Juzgado declaró que los directores nacional y departamental Cauca de ASMET SALUD EPS SAS, Gustavo Adolfo Aguilar y Andrés Alberto Narváez Sánchez, respectivamente, incurrieron en desacato al fallo de tutela y, en consecuencia, fueron sancionados con multa de 5 SMLMV, que se ordenó pagar de su propio peculio, debido al incumplimiento y desatención de las obligaciones de quienes para la época representaban los intereses de la entidad. iv) Aunque el 20 de octubre de 2020 la incidentada manifestó haber cumplido la orden tutelar, lo cierto es que señaló situaciones externas al control de la entidad, entre otras, la intervención de los diferentes actores del Sistema General de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Seguridad Social en Salud [EPS, IPS, ente territorial], razón por la que mediante auto del 10 de noviembre de 2020 el Juzgado decidió abstenerse de inaplicar la sanción. v) Esta judicatura fue garantista, pues nunca restringió el acceso a la administración de justicia, se respetó el debido proceso y se permitió el derecho de defensa y contradicción; no obstante, fue la hoy accionante quien no fue

diligente en acatar las órdenes del juez de tutela y pese a haber sido notificada de las diferentes actuaciones, hizo caso omiso, tanto así que en varias instancias procesales ni siquiera presentó su informe de rigor. vi) Dicha desatención, negligencia e incumplimiento por parte de la incidentada, transcurre desde hace aproximadamente 4 años, manteniendo al accionante en una situación de vulnerabilidad, al tratarse de una persona discapacitada y por tanto, de especial protección constitucional, circunstancia que según lo ha expuesto la máxima autoridad constitucional, debe ser analizada al resolver solicitudes de desacato. vii) Si bien es cierto el propósito del trámite incidental es el cumplimiento de la orden tutelar, no lo es menos que una vez en firme la decisión judicial, la orden debe materializarse en debida forma. Desconocer esta premisa básica implicaría soslayar el carácter vinculante y coercitivo de las providencias judiciales, en detrimento no solo de los derechos fundamentales, sino del orden constitucional vigente. viii) El despacho, en todas las actuaciones puestas a consideración, ha actuado con la precaución de aplicar de manera estricta los precedentes legales y jurisprudenciales, en aras de impartir una verdadera justicia. 1.4. Sentencia impugnada Por medio de sentencia del 3 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo del Cauca negó la tutela presentada por Andrés Alberto Narváez y ASMET SALUD EPS SAS, en razón a los siguientes considerandos: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co i) No existe un criterio unificado con respecto de la inaplicación de las sanciones en firme emitidas en los trámites incidentales de desacato, pues en la materia se han proferido decisiones de las altas cortes en favor y en contra. ii) En ese sentido, el tema implica un análisis de la protección efectiva de derechos fundamentales y el cumplimiento de fallos judiciales, según lo previsto por el Consejo de Estado,1 y el carácter principalmente no sancionatorio de los incidentes de desacato, que lleva a la inaplicación de las sanciones cuandoquiera que el responsable cumpla lo que judicialmente se le ha ordenado, de acuerdo con lo explicado por la Corte Constitucional.2 iii) Ambas posturas resultan razonables y tienen soporte jurisprudencial. De allí que el auto del 10 de noviembre de 2020, por el cual el Juzgado accionado se abstuvo de inaplicar la sanción, no constituya una vía de hecho. 1.5. Impugnación El señor Andrés Alberto Narváez Sánchez impugnó la decisión de primera instancia, a fin de que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela. Para estos efectos, argumentó lo siguiente: i) El Tribunal resolvió el asunto con fundamento en lo dicho por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en la sentencia de tutela del 15 de julio de 2019,3 que tiene efectos inter partes, con pleno desconocimiento de lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-034 de 2018, que por su naturaleza tiene carácter vinculante.

1. La afirmación utilizada por el juez de tutela de primera instancia en torno al hecho de «que no hay un criterio unificado en ese respecto» desconoce abiertamente el pronunciamiento del órgano máximo garante de los derechos fundamentales sobre el poder vinculante de la jurisprudencia constitucional, la cual tiene incidencia directa y general en la jurisdicción, por mandato del artículo 241 superior. 1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de julio de 2019, consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández, expediente 19001-23-33-000-2019-00161-01. 2 Sentencia SU-034 de 2018. 3 Consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández, expediente 19001-23-33-000-2019-00161-01

(AC) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) El a quo omitió realizar un estudio completo de la sentencia de unificación SU034 de 2018, que al analizar de manera minuciosa la naturaleza del trámite incidental de desacato, da a entender de manera clara que su verdadero propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden y no reprender al renuente con el peso de la sanción, ya que el fin de esta es inducir el cumplimiento de la orden judicial. iv) Además, es imperativa en sostener que, al momento de resolver un incidente de desacato, la autoridad judicial debe tomar en consideración si concurren factores objetivos y/o subjetivos determinantes para valorar el cumplimiento de una orden de tutela por parte de su destinatario, que no fueron tenidos en cuenta

por el accionado. vi) El Juzgado accionado no valoró en debida forma que como obligado de acatar el fallo se demostraron las acciones positivas orientadas al cumplimiento, el contexto que rodea la ejecución de la orden impartida y, a la luz de sentencia T315 de agosto de 2020, que las condiciones particulares del sistema general de salud y seguridad social SGSSS, no resultan aplicables únicamente para la entidad sino para todos aquellos actores del sistema de salud, luego entonces, el despacho estaría generando una carga adicional a la entidad. vii) El desconocimiento de precedente constitucional es causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y ello no fue analizado por el juez de tutela de primera instancia. viii) Además de lo anterior, resulta claro que las obligaciones principales, como es la orden judicial contenida en el fallo de tutela, pueden generar una serie de obligaciones accesorias, siendo para el caso en cuestión la sanción de multa, que deviene de la orden judicial, luego entonces, si la orden se cumple, el destino que tiene la obligación principal, también deben tenerlo las accesorias. ix) En palabras de la Corte Constitucional «el ejecutar la sanción una vez se ha evidenciado el cumplimiento de la orden de tutela no conlleva la reivindicación del derecho constitucional vulnerado, porque este ya fue satisfecho, sino a transformar una medida de apercibimiento en una medida punitiva asimilable al derecho penal con funciones de prevención general».4 4 Auto I-1600 del 10 de noviembre de 2020. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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2. Consideraciones 2.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto establece que «Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente» esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca. 2.2. Problema jurídico Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la providencia judicial del 10 de noviembre de 2020, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte actora, al ser negada la solicitud de levantamiento de la sanción por desacato impuesta por incumplimiento a orden de tutela. 2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales La jurisprudencia constitucional5 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C590 de 2005,6 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y

causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición. 5 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 6Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la

parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional». En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos. 2.4. Procedencia de la acción de tutela frente a decisiones de desacato El análisis de solicitudes de amparo donde se involucre el cuestionamiento de decisiones adoptadas en trámites de desacato, parte del reconocimiento de que el legislador no previó otros medios de impugnación destinados a controvertir lo decidido por el juez de conocimiento, en relación con la conducta desplegada de quien es el obligado por el fallo de tutela para la satisfacción de las órdenes allí impartidas.7 Esto, por cuanto el auto que pone fin a un incidente de desacato no es susceptible de apelación8 y porque en casos donde la decisión consiste en sancionar al conminado, el grado jurisdiccional de consulta se surte ―por

mandato legal― de manera obligatoria.9 7Corte Constitucional. Sentencia T-254 de 2014. 8Corte Constitucional. Sentencia C-243 de 1996. 9Corte Constitucional. Sentencia T-766 de 1998. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha dado paso a su estudio siempre que (i) el trámite incidental haya finalizado, esto es, que el auto que pone fin al trámite esté debidamente ejecutoriado; (ii) que los argumentos en el trámite del incidente de desacato y en la acción de tutela contra este sean coherentes y no se contradigan, esto es, que no se presenten asuntos nuevos, pues el momento procesal para argumentarlos es en el incidente de desacato, ni tampoco se pidan o presenten pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no estaba obligado a practicar oficiosamente;10 y, (iii) que se reúnan las condiciones generales de procedencia de la acción de tutela y al menos una de las causales específicas de procedibilidad para solicitar el amparo. Superado el análisis de procedencia, el juez constitucional debe limitarse a estudiar (i) si se respetó el debido proceso, (ii) si el juez que decidió el incidente de desacato se ajustó a la orden de amparo proferida cuyo incumplimiento define y, (iii) si la sanción impuesta ―si fuere el caso― no es arbitraria, sin que por otra parte pueda reabrir el debate o decidir sobre el fondo del asunto ya fallado en la

tutela, donde se produjo el incidente de desacato que se ataca, ni cambiar la protección concedida o el alcance y contenido de aquella.11 2.5. Estudio de «procedencia de la acción de tutela» i) Que se trate de una decisión ejecutoriada. En el caso se encuentra cumplido este requisito, dado que la decisión objeto de censura obedece a aquella mediante la cual se puso fin a un incidente de desacato propuesto. ii) Que las alegaciones en el trámite incidental sean consistentes con las planteadas en la acción de tutela. Este requisito también se encuentra satisfecho, pues en la demanda de tutela no se traen alegaciones nuevas respecto del cumplimiento del fallo, ni tampoco se solicitan nuevas pruebas. iii) Que se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se alegue la configuración de al menos una de las causales específicas. La Sala evidencia cumplido este condicionamiento en el sub examine, según se pasa a explicar: 10 Corte Constitucional. Sentencia T-766 de 1998. 11 Corte Constitucional. Sentencia T-1113 de 2005. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Relevancia constitucional. En el asunto sujeto a examen se extrae como debate la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,12 previstos en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, que se estiman vulnerados con la decisión de

no levantar la sanción de desacato impuesta en contra del aquí accionante, que de no encontrarse adecuada a derecho puede resultar lesiva para los intereses del sancionado. b) Subsidiaridad. La decisión censurada hace referencia a una providencia que puso fin a un incidente de desacato, que no es susceptible del recurso de apelación. c) Inmediatez. La providencia cuestionada data del 10 de noviembre de 2020, y la acción de tutela fue radicada en la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Cauca el 18 de febrero de 2021, por lo que se interpuso dentro del término de los seis meses señalados por esta corporación como prudencial para su ejercicio contra providencia judicial.13 d) Cuestionamiento de irregularidades procesales. En el caso bajo estudio no se discute ninguna vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de una irregularidad procesal, sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis jurisprudencial. e) Identificación razonable de hechos y argumentos frente a los cuales se alega vulneración. La parte actora se ocupó de narrar de manera clara los hechos sujetos a examen y los derechos que estima vulnerados, y de los argumentos expuestos la Sala encuentra elementos para analizar el asunto por «desconocimiento de precedente constitucional». 12 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de 2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra

providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia. 13 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-0220101 (IJ), como garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co f) Que no se refiera a una sentencia de tutela. Este requisito se encuentra satisfecho en el sub judice, puesto que la providencia objeto de juicio obedece a un auto interlocutorio proferido dentro de un trámite incidental de desacato y no a la sentencia de tutela en las que se emitieron las órdenes objeto de cumplimiento. 2.6. Análisis de «procedibilidad del amparo invocado» Al encontrarse cumplidos los requisitos de procedencia de la acción de tutela, la Sala analizará la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocados por el

accionante. Para estos efectos, abordará el estudio en el siguiente orden: i) criterios con fundamento en los cuales la Corte Constitucional ha delimitado el estudio de la causal «desconocimiento de precedente constitucional»; ii) sentencia de unificación SU-034 de 2018, iii) hechos probados y iv) análisis del caso concreto. 2.6.1. Criterios con fundamento en los cuales la Corte Constitucional ha delimitado el estudio de la causal «desconocimiento de precedente constitucional» Esta causal de procedibilidad se justifica a partir del artículo 241 Constitucional, en el cual se le confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución; por tanto, se predica únicamente de los pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional14 y se presenta cuando el funcionario judicial, al resolver un caso concreto, se aparta de la interpretación sostenida por la Corte.15 El desconocimiento de precedente jurisprudencial constitucional puede alegarse, tanto en sede de control abstracto como en sede de control concreto de constitucional, no solo porque se debe reconocer que la Constitución es norma superior, sino para garantizar el derecho a la igualdad de los administrados.16 14 Ver más en sentencia T-369 de 2015. 15 Ver más en sentencia SU-640 de 2008. 16 Ver más