CE - 190012331000200501309011SENTENCIA20221102122649

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 19001-23-00-701-2005-01309-01 (54540)

Actor: JOSÉ IVÁN SALAZAR CAICEDO Y OTROS

Demandado: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA Y

OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Falla del servicio médico asistencial - lesiones en la salud de me nor por apendicitis - se demostraron las fallas del servicio en la atención inicial de la paciente y su incidencia en la configuración del daño / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN - Límites de la competencia funcional del juez de segunda instancia / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS - Con fundamento en la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera, la Subsección puede revisar los perjuicios reconocidos, aun cuando no fueron cuestionados.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el departamento del Cauca, como sucesor procesal de la Dirección Departamental de Salud del Cauca, contra la sentencia del 4 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se accedió parcialm ente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Cauca, contra la sentencia del 4 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se accedió parcialm ente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El 20 de noviembre de 2003, la menor Karen Yuliza Salazar Beltrán fue llevada por sus padres al Hospital nivel I San Antonio de Padua de Totoró, con un cuadro clínico de dolor de estómago, fiebre y cefalea, por lo que se le diagnosticó una gastroenteritis y se le ordenó la ingesta de analgésicos. Días después, la paciente regresó al centro médico en malas condiciones de salud, oportunidad en la que fue2

Radicación número: 19001-23-00-701-2005-01309-01 (54540) Actor: José Iván Salazar Caicedo y otros Demandado: Departamento del Cauca y otros Referencia: Acción de reparación directa

evaluada por un nuevo médico que, de manera in mediata, la remitió a un hospital de mayor nivel, por sospecha de apendicitis.

El 25 de noviembre de 2005, la menor llegó al Hospital Nivel II Susana López de Valencia, en Popayán, con un diagnóstico de falla orgánica multisistémica secundaria al proceso s éptico abdominal que cursaba; luego, por la gravedad del caso, fue remitida al Hospital nivel III Universitario del Valle, donde permaneció un lapso de 4 meses y 27 días, tiempo durante el cual se le realizaron una serie de cirugías que permitieron su recuperación y salvaron su vida.

En criterio de la parte actora , las entidades demandadas están llamadas a responder, porque no descartaron la apendicitis como posible causa de las

cirugías que permitieron su recuperación y salvaron su vida.

En criterio de la parte actora , las entidades demandadas están llamadas a responder, porque no descartaron la apendicitis como posible causa de las dolencias, ni se ordenó la práctica de exámenes o la remisión a un centro médico de mayor nivel, omisión que permitió que la afección de la menor se agravara y causara los daños por los que hoy se demanda.

ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 1 de septiembre de 2005 (f. 4 -31 c-1), los señores José Iván Salazar Caicedo y Sonia Mireya Beltrán Benachi, quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos menore s de edad Hernán René Salazar Beltrán, Karen Yuliza Salazar Beltrán y Robinson Salazar Beltrán; y los señores José Aníbal Salazar Caicedo y María Emperatriz Beltrán Benachi, presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación -Ministerio de Salud y Protección Social, la Dirección Departamental de Salud del Cauca-Hospital San Antonio de Padua de Totoró y el Hospital Susana López de Valencia de Popayán, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por “las lesiones causadas a l a menor Karen Yuliza Salazar Beltrán ”, como consecuencia del error de diagnóstico y negligencia en la atención de la apendicitis que presentó.

En concreto, los demandantes solicitaron que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA: La Nación-Ministerio de Salud y Protección Social, la Dirección Departamental de Salud del Cauca-Hospital San Antonio de Padua (nivel I)

declaraciones y condenas:

PRIMERA: La Nación-Ministerio de Salud y Protección Social, la Dirección Departamental de Salud del Cauca-Hospital San Antonio de Padua (nivel I) y el Hospital Susana López de Valencia (nivel II) son solidariamente responsables, o como se disponga en el re spectivo fallo, de la totalidad de los daños y perjuicios causados a los actores.3

Radicación número: 19001-23-00-701-2005-01309-01 (54540) Actor: José Iván Salazar Caicedo y otros Demandado: Departamento del Cauca y otros Referencia: Acción de reparación directa

SEGUNDA: Condénese a la Nación-Ministerio de Salud y Protección Social, la Dirección Departamental de Salud del Cauca -Hospital San Antonio de Padua (nivel I) y el Hospital Susana López de Valencia (nivel II) a indemnizar y pagar solidariamente, o como se disponga en el respectivo fallo, a José Iván Salazar Caicedo y Sonia Mireya Beltrán Benachi, a sus hijos Hernán René Salazar Beltrán, Karen Yuliza Salazar Beltrán y Robinson Salazar Beltrán; y a los señores José Aníbal Salazar Caicedo y María Emperatriz Beltrán Benachi, la totalidad de los daños y perjuicios materiales, incluidos daño emergente y lucro cesante, (…) por las lesiones causadas a la menor

Karen Yuliza Salazar Beltrán.

Dentro de los daños y perjuicios materiales, se incluirá valor de la frustración o privación de la ayuda económica que iban a recibir los demandantes de su hija, hermana y sobrina durante el tiempo restante de supervivencia

Dentro de los daños y perjuicios materiales, se incluirá valor de la frustración o privación de la ayuda económica que iban a recibir los demandantes de su hija, hermana y sobrina durante el tiempo restante de supervivencia probable, que usaría en el cuidado de su familia y en el suyo propio (…). En subsidio de la cuantificación matemática en el proceso de valoración de estos perjuicios solicito, por razones de equidad, se indemnice con el equivalente en pesos de la fecha de la ejecutoria de la sente ncia de lo que valgan mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los actores

TERCERA: Condénese a la Nación-Ministerio de Salud y Protección Social, la Dirección Departamental de Salud del Cauca -Hospital San Antonio de Padua (nivel I) y el Hospital Susana López de Valencia (nivel II) a indemnizar y pagar solidariamente a favor de cada uno de los demandantes (…), [por concepto de perjuicios morales], mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CUARTA: Condénese a la Nación-Ministerio de Salud y Protección Social, la

Dirección Departamental de Salud del Cauca-Hospital San Antonio de Padua (nivel I) y el Hospital Susana López de Valencia (nivel II) a indemnizar y pagar solidariamente a favor de cada uno de los demandantes el valor del perjuicio causado a la vida de relación y a sus condiciones materiales de existencia (…), que se estima en mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el señor José Iván Salazar Caicedo, y ochocientos (800) para Sonia Mireya Beltrán Benachi, sus hijos menores (…), y los señores José

(…), que se estima en mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el señor José Iván Salazar Caicedo, y ochocientos (800) para Sonia Mireya Beltrán Benachi, sus hijos menores (…), y los señores José Aníbal Salazar Caicedo y María Emperatriz Beltrán Benachi.

QUINTA: Condénese a la Nación-Ministerio de Salud y Protección Social, la

Dirección Departamental de Salud del Cauca-Hospital San Antonio de Padua (nivel I) y el Hospital Susana López de Valencia (nivel II) al resarcimiento y pago solidario, a cada uno de los actores, de los daños y perjuicios que se les causaron, incluyendo los relativos a los bienes de su personalidad y los de contragolpe o rebote, de conformidad con lo que se pruebe y resulte de las bases del proceso y en la cuantía que se acredite, debidamente reajustada en la fecha de ejecutoria de la providencia que la imponga.

Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos:

El 20 de noviembre de 2003, la menor Karen Yuliza Salazar Beltrán fue llevada por sus padres al Hospital San Antonio de Padua de Totoró 1 (nivel I), con un cuadro clínico de dolor de estómago, fiebre y cefalea. En ese lugar, la paciente fue atendida

1 Hospital adscrito a la Dirección Departamental de Salud del Cauca.4

Radicación número: 19001-23-00-701-2005-01309-01 (54540) Actor: José Iván Salazar Caicedo y otros Demandado: Departamento del Cauca y otros Referencia: Acción de reparación directa

Radicación número: 19001-23-00-701-2005-01309-01 (54540) Actor: José Iván Salazar Caicedo y otros Demandado: Departamento del Cauca y otros Referencia: Acción de reparación directa

por el médico de turno, quien, “ sin mayor análisis ”, diagnosticó la presencia de parásitos y una gastroenteritis, y ordenó la toma de “t/sulfa 40/200, acetaminofén y suero”.

La menor fue enviada a casa donde siguió el tratamiento médico prescrito, pero, 5 días después, su estado de salud se agravó y regresó al Hospital San Antonio de Padua de Totoró. En esta oportunidad, la paciente fue atendida por un nuevo profesional, quien destacó la nece sidad de descartar una apendicitis y, por ello, la remitió al Hospital Susana López de Valencia de Popayán (nivel II).

El 25 de noviembre de 2003, la menor Salazar Beltrán arribó al Hospital Susana López de Valencia, donde se indicó que el origen de su d eterioro podría encontrar su causa en un “choque séptico de origen pulmonar y una perforación gástrica”. Por las condiciones críticas de la paciente se hizo necesaria la realización de una toracostomía y se ordenó su remisión a un hospital de mayor nivel.

El 26 de noviembre siguiente, la menor Karen Yuliza Salazar Beltrán llegó al Hospital Universitario del Valle (nivel III) en mal estado de salud, con sepsis de origen abdominal, peritonitis generalizada y apendicitis aguda. Por lo anterior, la paciente f ue llevada a cirugía de urgencia y se le realizó drenaje de peritonitis,

Hospital Universitario del Valle (nivel III) en mal estado de salud, con sepsis de origen abdominal, peritonitis generalizada y apendicitis aguda. Por lo anterior, la paciente f ue llevada a cirugía de urgencia y se le realizó drenaje de peritonitis, lavado de cavidad y apendicectomía. El 21 de abril de 2004 fue dada de alta.

Según la demanda, en el Hospital San Antonio de Padua de Totoró se incurrió en una falla del servicio mé dico-asistencial, pues no se descartó la apendicitis como posible causa de las dolencias, ni se ordenó la práctica de exámenes o la remisión a un centro médico de mayor nivel, omisión que generó que la afección de la menor se agravara y causara los daños por los que hoy se demanda. Asimismo, se indicó que el Hospital Susana López de Valencia de Popayán también estaba llamado a responder, pues realizó una cirugía -toracostomíaque no era necesaria, dado que la sepsis que presentaba la paciente era de origen abdominal y no pulmonar.

Se afirmó que, como consecuencia del error de diagnóstico y negligencia en la atención médica, la menor Karen Yuliza Salazar Beltrán “perdió un chance u oportunidad para su curación, pues si hubiese sido atendida de manera correcta y oportuna no se habría agravado, al punto de encontrarse en riesgo su vida”. Expuso que los daños que tal negligencia causó encuentran respaldo en las anotaciones realizadas en la historia clínica.5

Radicación número: 19001-23-00-701-2005-01309-01 (54540) Actor: José Iván Salazar Caicedo y otros Demandado: Departamento del Cauca y otros

realizadas en la historia clínica.5

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Por último, se explicó que, a la fecha de presentación de la demanda, la menor padece de estenosis esofágica, síndrome febril agudo y disfatiga, además de las cicatrices que quedaron en todo su cuerpo, daños que se hicieron extensibles a su núcleo familiar y que deben ser reparados en los términos de la demanda.

2. El trámite en primera instancia

2.1. Por autos del 6 y 13 de septiembre el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda (f. 84 -87 c-1), decisión que fue notificada en forma legal a la NaciónMinisterio de Salud y Protección Social, la Dirección Departamental de Salud del Cauca-Hospital San Antonio de Padua, al Hospital Susana López de Valencia y al Ministerio Público.

2.2. La Nación-Ministerio de Salud y Protección Social contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora (f. 148 -168 c-1). En síntesis, solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, para lo cual explicó que tenía la condición de ente rector de las políticas en materia de salud, trabajo y riesgos profesionales, y no la de entidad prestadora de esos servicios, por lo que no le resultaban atribuibles las fallas médicas a las que aludía la demanda (f. 95-107 c-1).

ente rector de las políticas en materia de salud, trabajo y riesgos profesionales, y no la de entidad prestadora de esos servicios, por lo que no le resultaban atribuibles las fallas médicas a las que aludía la demanda (f. 95-107 c-1).

2.3. El Hospital Susana López de Valencia también contestó la demanda (f. 137149 c-1). Manifestó que el “tratamiento médico asistencial que le brindó a la menor Karen Yuliza Salazar Beltrán a través de su personal médico fue eficiente, prudente e idóneo”, pues se ajustó “a las características propias del caso” y al cuadro clínico de la menor. Indicó que dispuso de toda su capacidad técnica y científica para lograr la recuperación de la paciente, hasta que se hizo necesario su traslado al Hospital Universitario del Valle.

Explicó que la menor llegó al hospital el 25 de noviembre de 2003 con un cuadro clínico de 7 días de evolución que no solo evidenciaba signos de una sepsis de origen abdominal, sino también la configuración de un derrame pleural del pulmón derecho y otras afecciones en el sistema respiratorio que hacían necesaria la realización de una toracostomía.

Recordó que en casos como el presente las obligaciones médicas son de medio y no de resultado, e insistió en que en este caso se probó que la actividad médica que desarrolló fue diligente, adecuada y se ajustó a los protocolos.6

Radicación número: 19001-23-00-701-2005-01309-01 (54540) Actor: José Iván Salazar Caicedo y otros Demandado: Departamento del Cauca y otros Referencia: Acción de reparación directa

Radicación número: 19001-23-00-701-2005-01309-01 (54540) Actor: José Iván Salazar Caicedo y otros Demandado: Departamento del Cauca y otros Referencia: Acción de reparación directa

Por último y e n escrito separado llamó en garantía a la Compañía de Seguros la Previsora S.A., en virtud de la póliza de responsabilidad civil No. 91001242, que amparaba este tipo de eventos (f. 9-13 c-4).

2.4. La Dirección Departamental de Salud del Cauca se opuso a l as pretensiones de la demanda (f. 154 -164 c -1). Explicó que, si bien el Hospital San Antonio de Padua de Totoró “es una entidad dependiente de la dirección”, lo cierto es que dicho centro médico cuenta con “autonomía financiera y presupuestal”.

Frente al caso médico de la paciente, indicó que la menor fue atendida en el Hospital San Antonio de Padua de manera oportuna y adecuada, para lo cual se tuvieron en cuenta la sintomatología y el nivel de complejidad del centro médico, y que cuando se evidenció la n ecesidad de descartar la apendicitis los galenos ordenaron de manera inmediata y en tiempo su remisión al Hospital Susana López de Valencia.

Aseveró que la “negligencia” de los padres resultó determinante en la configuración del daño que hoy se alega, pues, a pesar de evidenciar la continuidad de los síntomas, dejaron pasar 5 días entre las consultas para llevar nuevamente a la paciente al hospital, lo que determinó la evolución de las afecciones que padeció.

Indicó que, para efectos de analizar su responsabilidad, se debía considerar que

síntomas, dejaron pasar 5 días entre las consultas para llevar nuevamente a la paciente al hospital, lo que determinó la evolución de las afecciones que padeció.

Indicó que, para efectos de analizar su responsabilidad, se debía considerar que por el nivel I del hospital no era posible realizar los exámenes de diagnóstico que se echan de menos en la demanda, ni mucho menos u na apendicectomía, por lo que, ante la sospecha de la afección, le correspondía remitir de inmediato a la paciente a un centro de mayor nivel de complejidad, como en efecto ocurrió; asimismo, destacó que las manifestaciones clínicas de una apendicitis en una menor de edad son dispersas y, por tanto, se trata de una enfermedad de difícil diagnóstico.

Por último y en diferentes escritos llamó en garantía al Ho spital Universitario San José de Popayán (f. 5 -6 c-4), al Hospital Universitario del Valle (f. 1 -2 c-4) y a los médicos Jhon Edward Pisso (f. 7 -8 c -4), y Jorge Gómez Constaín (14 -15 c -4), porque fueron quienes, respectivamente , atendieron a la menor el 20 y 25 de noviembre de 2003 en el hospital de Totoró y, por tanto, su responsabilidad podía estar comprometida. También pidió la vinculación de la Compañía de Seguros la Previsora S.A., en virtud de la póliza de responsabilidad civil No. 1001216 y la póliza multirriesgo No. 1000169 (f. 3-4 c-4).7

Radicación número: 19001-23-00-701-2005-01309-01 (54540)

Actor: José Iván Salazar Caicedo y otros

multirriesgo No. 1000169 (f. 3-4 c-4).7

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2.5. Por auto del 13 de julio de 2006, el Tribunal administrativo del Cauca admitió el llamamiento en garantía realizado por el Hospital Susana López de Valencia en contra de la Compañía de Seguros la Previsora S.A., así como los formulados por la Dirección Departamental de Salud del Cauca en contra del Hospital Universitario San José, el Hospital Universitario del Valle, los médicos Jhon Edward Pisso y Jorge Gómez Constaín, y la Compañía de Seguros la Previsora S.A. (f. 17-19 c-4).

2.5. El médico Jhon Edward Pisso contestó la demanda y el llamamiento (f. 64 -73 c-4). Manifestó que su actuación se limitó a atender a la menor el 20 de noviembre de 2003 en el Hospital San Antonio de Padua. Ese día, la paciente arribó al centro médico con un cuadro clínico de dolor de estómago, fiebre y cefalea, síntomas “compatibles con una gastroenteritis bacteriana ”, por lo que le indicó la ingesta de “trimetoprim sulfa, acetaminofén y sales de rehidratación”.

Explicó que el anterior tratamiento fue el adecuado, al punto que combatió y curó la gastroenteritis que cursó la menor, pero, 5 días después, regresó al hospital con una sintomatología distinta que hacía necesario descartar una apendicitis y, por ello,

Explicó que el anterior tratamiento fue el adecuado, al punto que combatió y curó la gastroenteritis que cursó la menor, pero, 5 días después, regresó al hospital con una sintomatología distinta que hacía necesario descartar una apendicitis y, por ello, se ordenó su remisión a un hospital de mayor nivel. Lo anterior lo expuso con el fin de evidenciar que la paciente atravesó dos cuadros clínicos de diferente naturaleza, lo que permitía concluir que su actuación no tenía nexo alguno con el daño por el que se demandó.

Agregó que no era posible establecer que la paciente presentaba desde la primera cita una apendicitis, y calificó su actuación como adecuada, pues la prestó de manera ininterrumpida, diligente y con observancia de los protocolos y guías de manejo.

2.7. La Compañía de Seguros la Previsora S.A. se pronunció frente al llamamiento en garantía que le realizaron el Hospital Susana López de Valencia y la Dirección Departamental de Salud del Cauca.

Frente al primero, manifestó que su asegurada no podía ser condenada, porque de las pruebas allegadas al proceso se desprendía que brindó la atención médica requerida a la paciente y, cuando se hizo necesario, la remitió al Hospital Universitario del Valle. Por otra parte, expuso que, ante una eventual condena, se debía considerar el límite del valor asegurado (f. 149-155 c-4).8

Radicación número: 19001-23-00-701-2005-01309-01 (54540) Actor: José Iván Salazar Caicedo y otros Demandado: Departamento del Cauca y otros Referencia: Acción de reparación directa

Radicación número: 19001-23-00-701-2005-01309-01 (54540) Actor: José Iván Salazar Caicedo y otros Demandado: Departamento del Cauca y otros Referencia: Acción de reparación directa

En relación con el segundo, indicó que en el proceso se demostró que el Hospital San Antonio de Padua actuó con diligencia y cuidado, y que la conducta desplegada por los médicos tratantes se ajustó a los postulados de la lex artis. En lo atinente al llamamiento en garantía, refirió que en el evento hipotético de que la asegurada fuera condenada, se debía analizar la validez del contrato de seguro celebrado, su cobertura, las exclusiones pactadas y las demás consideraciones de orden legal y contractual para definir la obligación de pagar o reembolsar (f. 130-136 c-4).

2.8. Por auto del 2 de febrero de 2007, el Tribunal Administrativo del Cauca tuvo “como no presentadas las contestaciones realizadas por los Hospitales San José de Popayán y Universitario del Valle, por haberlas aportado de forma extemporánea” (f. 172 -173 c -4). La decisión fue recurrida por las afectadas y confirmada el 21 de febrero siguiente (f. 186-190 c-4).

2.9. Mediante providencia del 9 de junio de 2007, el a quo resolvió abstenerse de continuar con las gestiones tendientes a notificar al m édico llamado en garantía Jorge Gómez Constaín, porque la oportunidad para vincularlo ya había precluido (f. 198-199 c-4).

2.10. El 5 de julio de 2007 se abrió el proceso a pruebas (f. 3 -4 c-2) y, mediante

198-199 c-4).

2.10. El 5 de julio de 2007 se abrió el proceso a pruebas (f. 3 -4 c-2) y, mediante proveído del 10 diciembre siguiente (f. 25 c-2), se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Las intervenciones se surtieron así:

• En sus alegatos, la Nación -Ministerio de Salud y Protección Social insistió en la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva (f. 26-27 c-2).

• El llamado en garantía Jhon Edward Pisso indic ó que, frente a la única consulta que realizó, esto es, la del 20 de noviembre de 2003, “ no existió un actuar médico del cual pudiera derivarse responsabilidad para él o la institución donde laboraba en ese momento” (f. 28-33 c-2).

• El Hospital Susana López de Valencia manifestó que con las pruebas allegadas al proceso la parte actora no probó la falla del servicio que le atribuyó; por el contrario, se demostró que actuó con diligencia, cuidado y pericia, y que para lograr la recuperación de la paciente puso a su “disposición (…) personal médico altamente9

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calificado y todos los métodos científicos de diagnóstico que tenía a su alcance” (f.36-45 c-2).

• El Hospital Universitario San José de Popayán se mostró extrañado por su

Referencia: Acción de reparación directa

calificado y todos los métodos científicos de diagnóstico que tenía a su alcance” (f.36-45 c-2).

• El Hospital Universitario San José de Popayán se mostró extrañado por su vinculación al proceso, dado que conoció del caso médico de la menor “ 6 meses después de ocurridos los hechos por los cuales se demandó ”, cuando asumió los cuidados de las secuelas con las que quedó la menor, actuación frente a la cual no existe reproche alguno (f. 58-68 c-1).

• En esta oportunidad alegó de conclusión el departamento del Cauca con el fin de indicar que la Dirección Departamental de Salud del Cauca había sido liquidada mediante la Ordenanza 0260 del 9 de abril de 2004 y que, como reemplazo, se creó la Secretaría de Salud “como una dependencia dentro de la estructura de nivel central” del ente territorial. Frente al caso médico de la paciente, adujo que el Hospital San Antonio de Padua de Totoró no incurrió en una falla del servicio, dado que se demostró que su actuación fue oportuna y adecuada (f. 69-71 c-2).

• El Hospital Universitario del Valle pidió su absolución, pues con la historia clínica allegada al plenario se demostró “ el manejo médico cuidadoso, interdisciplinario, diligente y oportuno que le brindó a la menor Karen Yuliza Salazar Beltrán ”, por lo que “no existen fundamentos fácticos o jurídicos que configuren su responsabilidad”

(f. 72-80 c-2).

• En un solo escrito, la Compañía de Seguros la Previsora S.A., como llamada en

que “no existen fundamentos fácticos o jurídicos que configuren su responsabilidad” (f. 72-80 c-2).

• En un solo escrito, la Compañía de Seguros la Previsora S.A., como llamada en garantía del Hospital Susana López de Valencia y de la entonces Dirección Departamental de Salud del Cauca, destacó que sus aseguradas obraron de manera diligente al valorar, tratar y remitir de manera oportuna a la paciente cuando su respectivo nivel de atención no era suficiente (f. 138-142 c-2).

• La parte actora pidió que se accediera a las pretensiones de la demanda. En su criterio, se probó que “ el 20 de noviembre de 2003 a la menor (…) se le negó la oportunidad de obtener un tratamiento adecuado y se la expuso a morir ”, pues se le diagnosticó una gastroenteritis cuando “realmente padecía de apendicitis, enfermedad que requería de tratamiento urgente” (f. 143-155 c-2).

2.11. Por la creación de nuevos despachos con fines de descongestión el asunto pasó a un nuevo magistrado, quien, por auto del 24 de agosto de 2012, avocó10

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conocimiento (f. 211 c-3). Mediante providencia del 5 de junio de 2013, se dispuso la práctica de una p rueba de oficio, con el fin de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses resolviera el cuestionario contenido en la

la práctica de una p rueba de oficio, con el fin de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses resolviera el cuestionario contenido en la contestación del llamado en garantía Jhon Edward Pisso, experticia que en su momento se decretó, pero no se practicó ( f. 215-217 c-3). El dictamen fue puesto a disposición de las partes el 19 de agosto de 2014, quienes no formularon reparo alguno (f. 244-245 c-3).

3. Sentencia de primera instancia

3.1. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante providencia del 4 de septiembre de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó al departamento del Cauca, como sucesor procesal de la Dirección Departamental de Salud del Cauca, por los daños a la salud causados a la menor Karen Yuliza Salazar Beltrán; asimismo, dispuso que el llamado en garantía Jhon Edward Pisso debía reintegrarle al ente territorial el 70% de la condena impuesta. La parte resolutiva de la sentencia es la siguiente (f. 248-281 c-ppal):

PRIMERO: Declarar administrativamente responsable al departamento del Cauca de los perjuicios causados por la pérdida de la oportunidad ocasionada a la menor Karen Yuliza Salazar Beltrán, materializada en la atención médica proporcionada en el Hospital Nivel I San Antonio de Padua, de conformidad con lo expuesto.

SEGUNDO: Condenar, como consecuencia de la anterior declaración, al departamento del Cauca a pagar las siguientes sumas de dinero:

A. Por concepto de pérdida de oportunidad, para la menor Karen Yuliza Salazar Beltrán, la suma equivalente a 60 salarios mínimos legales

departamento del Cauca a pagar las siguientes sumas de dinero:

A. Por concepto de pérdida de oportunidad, para la menor Karen Yuliza Salazar Beltrán, la suma equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

B. Por concepto de perjuicios morales, lo siguiente:

Karen Yuliza Salazar Beltrán afectada 50 SMLMV José Iván Salazar Caicedo Padre 50 SMLMV Sonia Mireya Beltrán Benachi Madre 50 SMLMV Hernán René Salazar Beltrán Herman o

25 SMLMV

Robinson Salazar Beltrán Herman o

25 SMLMV

TERCERO: Condenar al señor Jhon Edward Pisso (…), a reintegrar al departamento del Cauca el setenta por ciento (70%) de la suma que pagare producto de la condena impuesta.

CUARTO: Exonerar de responsabilidad a la Nación -Ministerio de Salud y

Protección Social y al Hospital Susana López de Valencia.11

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QUINTO: Negar las demás pretensiones.

3.2. En primer lugar, el a quo analizó la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Nación -Ministerio de Salud y Protección Social. Advirtió, por una parte, que la entidad “es el ente rector de las políticas públicas en materia de salud” y que dentro de sus funciones no est aba la de prestar tales servicios y, por la otra,

parte, que la entidad “es el ente rector de las políticas públicas en materia de salud” y que dentro de sus funciones no est aba la de prestar tales servicios y, por la otra, que de las imputaciones que se hacían en el libelo relacionadas con la atención, diagnóstico y