CE - 190012331000201000090011SENTENCIA20231018084759
Detalles
- Título
- CE - 190012331000201000090011SENTENCIA20231018084759
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 19001-23-31-000-2010-00090-01
Convocante: Clínica de Salud Mental Moravia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 19001-23-31-000-2010-00090-01(49658)
Demandante: CLÍNICA DE SALUD MENTAL MORAVIA
Demandado: DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Temas: ESCOGENCIA DE LA ACCIÓNLa fuente del daño determina la acción procedente - Ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción . ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Ante la existencia de un acto administrativo de carácter particular y concreto adoptado dentro de un procedimiento administrativo, la acción idónea es la de nulidad y restablecimiento del derecho .
LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS – Normatividad y principios o rientadores – PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD – Los asuntos concernientes al patrimonio de la entidad en liquidación, tanto en relación con los activos como con sus pasivos, deben tramitarse y resolverse dentro del proceso liquidatorio. IGUALDAD DE LOS ACREEDO RES (“ par conditio creditorum”) - Todos los acreedores deben presentarse y reclamar el pago de sus créditos dentro del proceso liquidatorio, sujetándose al mismo procedimiento, reglas y
resolverse dentro del proceso liquidatorio. IGUALDAD DE LOS ACREEDO RES (“ par conditio creditorum”) - Todos los acreedores deben presentarse y reclamar el pago de sus créditos dentro del proceso liquidatorio, sujetándose al mismo procedimiento, reglas y decisiones. COMPETENCIA Y ACTOS DEL LIQUIDADOR – Los actos del liquida dor relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos , entre otros, constituyen actos administrativos.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción y negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Por medio de l Decreto No. 0260 del 9 de abril de 2007, el Gobernador del departamento del Cauca ordenó la supresión y liquidación de la Dirección Departamental de Salud del Cauca y designó como liquidador a Fiduciaria La Previsora S.A. Durante el proceso liquidatorio la Clínica de Salud Mental Moravia Ltda. presentó una reclamación atinente a servicios de salud prestados sin vínculo contractual, acreencia que fue rechazada por el liquidador mediante la Resolución No. 533 del 29 de agosto de 2007, confirmada por medio de la Resolución No. 1348 del 7 de diciembre de 2007, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Clínica.Radicado: 19001-23-31-000-2010-00090-01
Convocante: Clínica de Salud Mental Moravia
interpuesto por la Clínica.Radicado: 19001-23-31-000-2010-00090-01
Convocante: Clínica de Salud Mental Moravia
La Clínica de Salud Mental Moravia Ltda . afirma que durante varios años prestó servicios médicos a la Dirección Departamental de Salud del Cauca en virtud de varios contratos celebrados entre las partes, a pesar de lo cual existieron periodos en los que tales servicios no estuvieron cobijados por vínculo contractual. Pretende que se declare el enriquecimiento sin justa causa de la demandada , con el correlativo empobrecimiento del patrimonio económico de la demandante en la suma de $508.932.836, monto correspondiente a los servicios de salud que no le han sido pagados y que prestó a favor de la Dirección Departamental de Salud del Cauca sin que mediara contrato entre las partes.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. El 10 de marzo de 20101, la Clínica de Salud Mental Moravia Ltda., en adelante la Clínica, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa –actio in rem verso –, presentó demanda en contra del departamento del Cauca y/o Dirección Departamental de Salud del Cauca, en liquidación o liquidada. Con escrito del 21 de mayo de 20102 sustituyó parcialmente el libelo, indicando que la parte demandada estaba conformada únicamente por el Departamento del Cauca, en cuyo efecto allegó una comunicación de la Dirección Departamental de Salud del Cauca, de fecha 4 de julio de 2008, en la que se inform ó que el proceso liquidatorio de esta última entidad había finalizado y que cualquier actividad judicial debía ser dirigida al departamento del Cauca.
Salud del Cauca, de fecha 4 de julio de 2008, en la que se inform ó que el proceso liquidatorio de esta última entidad había finalizado y que cualquier actividad judicial debía ser dirigida al departamento del Cauca.
1.2. En la demanda la parte actora formuló las siguientes pretensiones, que se transcriben textualmente, incluso con eventuales errores:
“PRIMERO.- DECLÁRESE que el DEPARTAMENTO DEL CAUCA y/o DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA, EN LIQUIDA CIÓN o LIQUIDADA, se enriqueció sin justa causa con empobrecimiento correlativo del patrimonio económico de la “CLÍNICA DE SALUD MENTAL MORAVIA LTDA”, (Nit.817.007.452 -1) en la suma de QUINIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREI NTA Y SEIS PESOS ( $508.932.836), sufriendo así un desequilibrio económico por los perjuicios ocasionados por la atención médica y clínica a diferentes personas a quienes se le proporcionó “TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO DEL PACIENTE CRÓNICO, establecidas por la Resolución 5261 de 1994, que por razones de orden técnico, científico y/o de infraestructura, no pueden
1 Fl. 28 a 70, C.1. 2 Fl. 86 a 88, C.1Radicado: 19001-23-31-000-2010-00090-01
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ser prestados por las IPS públicas existentes en el Departamento del Cauca, a la población pobre no asegurada3.
SEGUNDO.- Como consecuencia de tal declaración condénese al DEPARTAMENTO
Convocante: Clínica de Salud Mental Moravia
ser prestados por las IPS públicas existentes en el Departamento del Cauca, a la población pobre no asegurada3.
SEGUNDO.- Como consecuencia de tal declaración condénese al DEPARTAMENTO DEL CAUCA y/o DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA, EN LIQUIDACIÓN o LIQUIDADA, en forma solidaria, al pago de: QUINIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($508.932.836), suma en la cual la parte demandada se enriqueció sin causa justificada.
TERCERO.- Intereses aumentados con la variación del promedio de costos al consumidor, a partir de la fecha en que se hizo la auditoría definitiva, motiv o de esta acción.
CUARTO.- Las condenas serán actualizadas conforme a la evolución del índice de precios al consumidor.
QUINTO.- Condenase al pago de costas.”
1.3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte demandante enunci ó los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1.3.1 Explicó que la Clínica y la Dirección Departamental de Salud del Cauca, en lo sucesivo la D irección, durante varios años celebraron distintos contratos de prestación de servicios médicos para el “tratamiento siquiátrico del paciente crónico” a la “ población pobre no asegurada ” que no podían ser prestados por las IPS públicas existentes en el departamento del Cauca.
1.3.2 Afirmó que los servicios se prestaban a lo largo de cada año, a pesar de lo
a la “ población pobre no asegurada ” que no podían ser prestados por las IPS públicas existentes en el departamento del Cauca.
1.3.2 Afirmó que los servicios se prestaban a lo largo de cada año, a pesar de lo cual, por razones ajenas a la demandante, los precitados contratos tenían una duración inferior a un año, aproximadamente 8 meses, por lo que durante algunos meses de cada anualidad los servicios de salud eran prestados por la Clínica sin respaldo contractual, a lo que se sumaba la atención de urgencias “que por mandato legal se convierte en irrenunciable”.
1.3.3 Expuso que se hizo una práctica constante entre la Dirección y la Clínica que se adelantaran actuaciones conciliatorias ante el Ministerio Público , con el fin de formalizar el pago de los servicios médicos prestados que no quedaban cubiertos bajo contrato alguno, especialmente lo referido a la atención de urgencias.
1.3.4 Puso de presente que en una de las mencionadas audiencias de conciliación, la Procuraduría Judicial 39 para Asuntos Administrativos instó a la Dirección que
3 Cita original del escrito de la demanda. “Contrato de prestación de servicios de salud N o. 11762007, celebrado entre la SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA y la
CLÍNICA DE SALUD MENTAL MORAVIA”.Radicado: 19001-23-31-000-2010-00090-01
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evitara la generación de hechos cumplidos y efectuara oportunamente la contratación de los servicios de salud.
1.3.5 Indicó que , tras numerosos intentos conciliatorios adelantados ante la
evitara la generación de hechos cumplidos y efectuara oportunamente la contratación de los servicios de salud.
1.3.5 Indicó que , tras numerosos intentos conciliatorios adelantados ante la Procuraduría 40 Judicial Administrativa , en audiencia del 21 de mayo de 2008 se planteó la posibilidad de realizar una auditoria respecto de servicios prestados que no se encontraban cobijados bajo contrato alguno y que estaban pendientes de pago, a lo que accedió la Dirección.
1.3.6 Añadió que dicha auditoría concluyó con un documento del 1º de julio de 2008, en el que se indicó que la suma que debía reconocerse a la Clínica, descontando el valor de las glosas, ascendía a $508.932.836.
1.3.7 Manifestó que todos los intentos conciliatorios fracasaron porque en la norma que dispuso la liquidación de la Dirección no se estableció la facultad para conciliar, quedando únicamente en cabeza del Comité de Conciliación del departamento del Cauca la toma de decisiones de esa naturaleza.
1.3.8 Sostuvo que la vinculación del departamento del Cauca a este proceso obedece a lo dispuesto en los artículos 43 y 46 a 57 de la Ley 715 de 2003 , que permiten advertir la calidad de sujeto pasivo que le asiste al ente territorial, al ser el encargado de la administración general de los recursos destinados a la salud.
1.3.9 Anotó que el proceso de reclamación ante la Dirección para el pago de la suma mencionada, correspondiente a los servicios médicos prestados sin contrato, finalizó con la Resolución No. 1348 del 7 de diciembre de 2007 expedida por el
1.3.9 Anotó que el proceso de reclamación ante la Dirección para el pago de la suma mencionada, correspondiente a los servicios médicos prestados sin contrato, finalizó con la Resolución No. 1348 del 7 de diciembre de 2007 expedida por el liquidador de la entidad, la cual quedó ejecutoriada el 19 del mismo mes y año. En este sentido, indicó que la presente acción de reparación directa se ejerció oportunamente, esto es, dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la mencionada Resolución 1348, teniendo en cuenta que el 3 de diciembre de 2009 se presentó solicitud de conciliación extrajudicial, trámite que concluyó con audiencia llevada a cabo el 3 de marzo de 2010.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, afirmó que la jurisprudencia y la doctrina han reconocido que la confianza que legítimamente depositan los particulares en las autoridades no puede ser defraudada. En este orden, adujo que entre las partes se creó una costumbre que generó una confianza legítima respecto del pago de las sumas por los servicios de salud prestados y que esta fue defraudada con la no cancelación de la suma cuyo pago se pretende , pues “conRadicado: 19001-23-31-000-2010-00090-01
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anterioridad se había acudido a la figura de la conciliación para lograr la cancelación de los servicios prestados” durante aquellos meses en los que se prestaban los servicios a pesar de no mediar contrato alguno entre las partes.
Asimismo, se refirió a la figura del enriquecimiento sin causa, citando en su apoyo
de los servicios prestados” durante aquellos meses en los que se prestaban los servicios a pesar de no mediar contrato alguno entre las partes.
Asimismo, se refirió a la figura del enriquecimiento sin causa, citando en su apoyo los artículos 831 del Código de Comercio y 13 de la Ley 80 de 1993 . Al respecto, anotó que es aplicable en materia administrativa, que ha sido reconocida por la doctrina y la jurisprudencia como fuente de obligaciones y que su vía procesal es la actio in rem verso . Además, se pronunció sobre los requisitos para su aplicación, resaltando que los mismos se reúnen en el presente caso.
2. Contestación de la demanda
2.1. Mediante auto del 1 de junio de 2010 4 el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación al departamento del Cauca y al Ministerio Público.
2.2. El departamento del Cauca contestó5 la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones al considerar que no se ha generado un enriquecimiento si n causa con un empobrecimiento correlativo del patrimonio económico de la Clínica, así como tampoco se ha conculcado derecho alguno con ocasión de la expedición de la Resolución No. 0533 de 2007 , mediante la cual se rechazó la acreencia presentada por la demandante en el proceso liquidatorio de la Dirección. En cuanto a los hechos, aceptó unos, negó otros, indicó que algunos eran apreciaciones subjetivas de la actora y manifestó estarse a lo probado respecto de los restantes.
2.2.1 Afirmó que no es cierto que el departamento del Cauca hubiere contratado la
apreciaciones subjetivas de la actora y manifestó estarse a lo probado respecto de los restantes.
2.2.1 Afirmó que no es cierto que el departamento del Cauca hubiere contratado la prestación de los servicios de salud, respecto a lo cual resaltó que la Dirección fue creada como establecimiento público del orden departamental, con personería jurídica propia, p or lo que se trata de entidades completamente distintas e independientes.
2.2.2 Indicó que las diligencias de conciliación extrajudicial fracasaron porque la entidad demandada siempre tuvo claro que no existía un derecho cierto y reconocido en favor de la Clínica. A este respecto, agregó que en el proceso liquidatorio de la extinta Dirección correspondía al liquidador adoptar una decisión
4 Fl.100, C. 1. 5 Fl.111 a 131, C. 1.Radicado: 19001-23-31-000-2010-00090-01
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de fondo frente a las reclamaciones presentadas y definir aquellas que eran rechazadas, con fundamento en las causales definidas al efecto en la Resolución No. 0533 de 2007.
2.2.3 Manifestó que la prestación de los servicios de salud reclamados por la actora no está demostrada y que los contratos que celebra la Administración requieren para su perfeccionamiento de la observancia de requisitos formales , sin los cuales no es procedente el reconocimiento de presuntas obligaciones surgidas por vías de hecho. Añadió que esta es justamente la situación de la Clínica, quien dentro del proceso liquidatorio de la Dirección presentó una reclamación respecto de una obligación que carecía de soportes esenciales para dem ostrarla, tales como el
hecho. Añadió que esta es justamente la situación de la Clínica, quien dentro del proceso liquidatorio de la Dirección presentó una reclamación respecto de una obligación que carecía de soportes esenciales para dem ostrarla, tales como el contrato o la orden de prestación de servicios y la disponibilidad presupuestal.
2.2.4 Recalcó que no se reúnen los presupuestos para la configuración del enriquecimiento sin causa. Al efecto, sostuvo: (i) que es requisito indispensable que la causa del empobrecimiento no haya sido provocada por el mismo empobrecido, elemento que no se cumple, toda vez que la actora aduce la prestación de servicios a sabiendas de la inexistencia de vinculación contractual, es decir que pretende alegar su propia culpa y su libre decisión de asumir el riesgo de prestar un servicio sin un contrato legalizado, amparándose en el concepto de confianza legítima que no está reconocido en la ley como fuente generadora de derechos y obligaciones; y (ii) que, además, debe demostrarse una conducta antijurídica de la Administración, presupuesto que tampoco se reúne , en tanto no existe prueba alguna que demuestre que la extinta entidad hubiere obligado a la demandante a prestar servicios sin la suscripción de un contrato.
2.2.5 Anotó que en el supuesto caso de haberse prestado los servicios de salud cuyo reconocimiento se pretende , estos no se lograron acreditar en el proceso liquidatorio de la Dirección, que era la instancia pertinente para ello, siendo este el motivo por el cual no fueron reconocidos dentro de las acreencias analizadas por el liquidador a efectos de realizar el respectivo pago.
2.2.6 Manifestó que la liquidación de la D irección finalizó mediante la Resolución
motivo por el cual no fueron reconocidos dentro de las acreencias analizadas por el liquidador a efectos de realizar el respectivo pago.
2.2.6 Manifestó que la liquidación de la D irección finalizó mediante la Resolución No. 1397 del 10 de diciembre de 2007. Al respecto, anotó que, dado que la actora “agotó todas las instancias administrativas mediante derechos de petición, recursos, acción de tutela, reclamaciones, etc., para el reconocimiento de la citada obligación sin resultados satisfactorios, es claro que una vez culminado el proceso liquidatorio y terminada la existencia jurídica de la Dirección Departamental de Salud del Cauca, a estas alturas ya no es posible efectuar los reconocimientos econ ómicosRadicado: 19001-23-31-000-2010-00090-01
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pretendidos”, pues dicha entidad desapareció del universo jurídico y el Departamento no tiene competencia legal para asumir las obligaciones que le correspondían a aquella.
2.2.7 Resaltó que “De la lectura de la demanda […] se infiere claramente que el demandante aduce un presunto daño causado en el patrimonio de la actora, como consecuencia de la expedición de la Resolución No 0533 del 29 de agosto de 2007, que negó el reconocimiento de una reclamación dentro del proceso liquidatorio”, por lo que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho, misma que se encontraba caducada al momento en que se presentó la demanda . Sobre el particular, indicó que el artículo 7º del Decreto Ley 254 de 2000, modificad o por la Ley 1105 de 2006, dispone que las decisiones del liquidador relativ as a la
el particular, indicó que el artículo 7º del Decreto Ley 254 de 2000, modificad o por la Ley 1105 de 2006, dispone que las decisiones del liquidador relativ as a la aceptación, r echazo, prelación y calificación de créditos constituyen actos administrativos, de tal manera que, una vez en firme, como aconteció en el caso que nos ocupa, ú nicamente procede su impugnación ante la justicia contencioso administrativa por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.2.8. Finalmente, formuló las siguientes excepciones: (i) “carencia de materia frente a las pretensiones de la demanda”, pues la demandante no probó los presupuestos del enriquecimiento sin causa , aunado a que en el proceso liquidatorio se reconocieron las acreencias que fueron debidamente acreditadas ; (ii) “falta de legitimación por pasiva de la persona demandada: Departamento del Cauca”, toda vez que no es procedente demandar al Departamento, y la entidad ante quien podía ser procedente el reconocimiento de las sumas reclamadas ya desapareció del universo jurídico; e (iii) “inepta demanda y caducidad de la acción”, bajo el entendido de que la demanda cuestiona la legalidad de la Resolución No. 533 del 29 de agosto de 2007 que rechazó dentro del proceso liquidatorio la acreencia presentada por la Clínica, de tal manera que la acción que ha debido ejercerse es la de nulidad y restablecimiento del derecho , dentro de los 4 meses siguientes a la ejecutoria de dicho acto administrativo, y no la de reparación directa.
3. Trámite en la primera instancia
3.1. Por auto del 15 de septiembre de 20106 se corrió traslado de las excepciones
dicho acto administrativo, y no la de reparación directa.
3. Trámite en la primera instancia
3.1. Por auto del 15 de septiembre de 20106 se corrió traslado de las excepciones formuladas por el departamento.
6 Fl.109 y 110, C. 2Radicado: 19001-23-31-000-2010-00090-01
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3.1.1 Mediante escrito 7 presentado en término , el apoderado de la actora se pronunció sobre las excepciones, exponiendo, en síntesis, lo siguiente:
3.1.1.1 En cuanto a la excepción denominada “carencia de materia frente a las pretensiones de la demanda”, anotó que “el daño que se solicita dejar indemne no deviene, de ninguna manera, a partir de la declaración de nulidad por la ilegalidad de alguna etapa o acto dentro de la liquidación”. Además, afirmó que la falta de pago de los servicios prestados constituye un daño antijurídico que la Clínica no está obligada a soportar, a la vez que comporta un enriquecimiento para el Estado al recibirlos sin efectuar erogación alguna.
3.1.1.2 Respecto de la excepción de falta de legitimación por pasiva, sostuvo que el departamento del Cauca es el responsable de la prestación de los servicios de salud de acuerdo con la Ley 715 de 2001.
3.1.1.3 Frente a la excepción de “inepta demanda y caducidad de la acción”, afirmó que no es una excepción de fondo y que, por tanto, ha debido proponerse mediante recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, cosa que no ocurrió.
que no es una excepción de fondo y que, por tanto, ha debido proponerse mediante recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, cosa que no ocurrió. Señaló que la acción que correspondía ejercer no era la de nulidad y restablecimiento del derecho, pues “bajo ningún argumento se está censurando la Resolución que rechazó la reclamación de la Clínica […] al interior del proceso de liquidación de la Dirección departamental de Salud del Cauca ”. Añadió que la Resolución No. 533 del 29 de agosto de 2007 “está sustentada en razones que no son discutibles ”, la s cuales justamente estructura n “de manera palmaria , los requisitos para la prosperidad de la actio in rem verso”.
3.2. Por auto del 29 de noviembre de 20108 se decretaron las pruebas solicitadas por las partes que el Tribunal encontró procedentes y pertinentes, providencia que se notificó por estado el 2 de diciembre del mismo año9.
3.3. Finalizada la etapa probatoria, mediante auto del 8 de abril de 201110 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
7 Fl.111 y 123, C.2 8 Fl.124 y 125, C. 2 9 Fl.126, C.2 10 Fl.137, C.2Radicado: 19001-23-31-000-2010-00090-01
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3.4. La parte demandante presentó alegatos de conclusión11, mediante escrito en el que reiteró lo expuesto en instancias anteriores.
3.5. El Departamento y el Ministerio Público guardaron silencio.
3.4. La parte demandante presentó alegatos de conclusión11, mediante escrito en el que reiteró lo expuesto en instancias anteriores.
3.5. El Departamento y el Ministerio Público guardaron silencio.
4. Sentencia de primera instancia
4.1. El 12 de septiembre de 201312, el Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia en la que declaró probada la excepción de caducidad de la acció n, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la actora.
4.1.1 En cuanto a la acción procedente, el a quo expuso que la acción de reparación directa es adecuada, pues la actora no encaminó su acción a cuestionar la legalidad de la Resolución 533 de 2007 . Indicó que, si bien este acto administrativo negó el reconocimiento y pago de los valores reclama dos por la Clínica, los perjuicios reclamados “se sustentan o soportan en la relación de hecho que desde tiempo atrás se dio entre la parte actora y la Dirección Departamental de Salud del Cauca para la prestación de los servicios de salud”.
4.1.2 Tras lo anterior , el Tribunal concluyó que la acción de reparación directa incoada por la actora se encontraba caducada. Al respecto, explicó que la caducidad se debía contar a partir del momento que la demandante tuvo conocimiento cierto del presunto daño y, bajo esa premisa, estimó que para ello era menester tener en cuenta las fechas o períodos en los que la Clínica prestó los servicios de salud cuyo pago pretende. Sin embargo, como no encontró probado en el plenario estos hechos, tuvo en cuenta la fecha en la que la Clínica interpuso recurso de reposición
cuenta las fechas o períodos en los que la Clínica prestó los servicios de salud cuyo pago pretende. Sin embargo, como no encontró probado en el plenario estos hechos, tuvo en cuenta la fecha en la que la Clínica interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 533 del 29 de agosto de 2007 que rechazó la reclamación presentada en el proceso liquidatorio , dado que tampoco encontró establecida la fecha en la que dicho acto le fue notificado. Bajo este contexto, el a quo determinó que para ejercer la acción de reparación directa la demandante contaba desde el 20 de septiembre de 2007 hasta el 20 de septiembre de 2009, concluyendo que había operado el fenómeno preclusivo, toda vez que la conciliación extrajudicial se presentó el 3 de diciembre de 2009, se declaró fallida el 3 de marzo de 2010 y la demanda se radicó el 10 de marzo de 2010.
11 Fl.139 a 149, C.2 12 Fl.159 a 185, C. PrincipalRadicado: 19001-23-31-000-2010-00090-01
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4.1.3 Por último, añadió que, en todo caso, de haberse entrado a decidir de fondo el asunto, las pretensiones de la actora no estarían llamadas a prosperar al no obrar prueba de la efectiva prestación de los servicios de salud cuyo pago pretende, toda vez que la única prueba que al respecto se allegó al expediente es un informe elaborado en desarrollo de un contrato de prestación de servici os que suscribió la Clínica con el doctor Libardo González Ariza, con el fin de realizar una auditoría
vez que la única prueba que al respecto se allegó al expediente es un informe elaborado en desarrollo de un contrato de prestación de servici os que suscribió la Clínica con el doctor Libardo González Ariza, con el fin de realizar una auditoría médica externa a las facturas reclamadas por la Clínica, sin que obren en el expediente las facturas revisadas por el auditor, aunado a que tampoco se arrimó al proceso prueba alguna que permita establecer que la Dirección y/o el departamento en su oportunidad hubieran recibido y avalado el citado informe y el valor que allí se determinó, así como tampoco reposa en el plenario ningún medio probatorio sobre la supuesta prestación de los servicios médicos que aduce la actora.
5. Recurso de apelación
5.1. El 2 de octubre de 2013 13 la demandante formuló recurso de apelación , en el que solicitó revo car la providencia impugnada y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. En su recurso expuso dos reparos, a saber:
5.1.1 En primer lugar, sostuvo que la caducidad debe contarse a partir del día en que se consolida el daño, fecha que , a su jui cio, es el 19 de diciembre de 2007, cuando quedó ejecutoriada y en firme la Resolución No. 533 de 2007 que negó el pago de los servicios prestados, pues es en tal fecha cuando “la administración pública manifestó y confirmó su negativa de pagar los dineros por los servicios recibidos, defraudando así la confianza legítima que en la administración se ha depositado”.
5.1.2 En segundo lugar, afirmó que, contrario a lo señalado por el a quo, en el
recibidos, defraudando así la confianza legítima que en la administración se ha depositado”.
5.1.2 En segundo lugar, afirmó que, contrario a lo señalado por el a quo, en el proceso sí quedó probada la responsabilidad de la demandada, por cuanto : (i) el documento contentivo de la auditoría contratada por la Clínica sobre las facturas presentadas en la reclamación elevada en el proceso liquid atorio respalda el valor que se pretende y (ii) dicho informe fue elaborado a raíz de que en la audiencia de conciliación llevada a cabo el 21 de mayo de 2008 el Departamento manifestó no tener reparos frente a la propuesta planteada por la Clínica, en el sentido de realizar una auditoría con miras a revisar la documentación de soporte de los servicios prestados.
13 Fl. 188 a 192, C. PrincipalRadicado: 19001-23-31-000-2010-00090-01
Convocante: Clínica de Salud Mental Moravia
6. Actuación en segunda instancia
6.1. Mediante auto del 5 de febrero de 2014 se admitió el recurso de apelación14 y por auto del 12 de marzo del 201415 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y rendir concepto, respectivamente.
6.2. En el término del traslado las partes y el Ministerio Público guardaron silencio , ingresando el proceso al Despacho para fallo el 7 de abril de 201416.
6.3. El 26 de agosto de 2020, el Consejero de Estado Jaime Enrique Rodríguez Navas remitió el proceso al despacho del Magistrado Nicolás Yepes Corrales , con
6.3. El 26 de agosto de 2020, el Consejero de Estado Jaime Enrique Rodríguez Navas remitió el proceso al despacho del Magistrado Nicolás Yepes Corrales , con el fin de surtir la compensación de expedientes 17. Por lo anterior, el Consejero Ponente, mediante auto del 10 de diciembre de 2020 18, avocó conocimiento del expediente de la referencia.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia; (2) acción procedente; (3) problema jurídico; (4) análisis de la Sala; (4.1.) la escogencia de la acción ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (4.2.) hechos probados; (4.3) acción procedente en el caso concreto; y (5) costas.
1. Jurisdicción y competencia
La Jurisdicción contencioso adm
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