CE - 190012331000201000367021SENTENCIA20231213064202

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 19001233100020100036702 (52585)

Demandante: HERMINIA ARIAS GIRALDO Y OTROS

Demandado: GOBERNACIÓN DEL CAUCA

Tema: Accidente de tránsito entre vehículo y motocicleta. Lesiones físicas de pasajera. Se acreditó falla del servicio.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el departamento del Cauca contra la sentencia del 15 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 8 de agosto de 2008, un vehículo de propiedad del departamento del Cauca embistió una motocicleta, cuando ambos coincidieron , en la intersección vial ubicada en la calle 4ª con carrera 4ª de Popayán, mientras se desplazaban por esas vías que corrían perpendicularmente. El accidente de tránsito produjo deformación física y perturbación funcional del miembro superior izquierdo a Herminia Arias Giraldo, quien fuera pasajera de la motocicleta referida. Los demandantes consideran que el departamento del Cauca es patrimonialmente responsable por las lesiones físicas que sufrió la señora Arias Giraldo, pues alegan que el conductor

Giraldo, quien fuera pasajera de la motocicleta referida. Los demandantes consideran que el departamento del Cauca es patrimonialmente responsable por las lesiones físicas que sufrió la señora Arias Giraldo, pues alegan que el conductor del vehículo de propiedad de la entidad pública, desatendió la señal de PARE que se encontraba sobre la calle 4ª.Radicación: 19001233100020100036702 (52585)

Demandante: Herminia Arias Giraldo y otros

2

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 5 de agosto de 2010 1, Herminia Arias Giraldo, José Orlando Giraldo Cardona , Álvaro Arias Giraldo; José Fabian, José Arl én, Jhon Jainer y Elsy Giraldo Arias; y Alba Nelly, Luz Danery y Luz Dary Arias García, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra e l departamento del Cauca, para que fuera declarado patrimonialmente responsable por las lesiones físicas ocasionadas a Herminia Arias Giraldo el 8 de agosto de 2008.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por per juicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los accionantes; por daño a la vida de relación, 100 SMLMV a cada uno de los demandantes; por daño emergente, la suma de $5.000.000 a Herminia Arias Giraldo; y por lucro cesante, la suma de $200.000.000 a Herminia Arias Giraldo.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 8 de agosto de

Giraldo; y por lucro cesante, la suma de $200.000.000 a Herminia Arias Giraldo.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 8 de agosto de 2008, un automóvil de propiedad del departamento del Cauca embistió una motocicleta cuando ambos vehículos se encontraron en una intersección en la calle 4ª co n carrera 4ª de Popayán, mientras se desplazaban en direcciones perpendiculares.

Sostiene que, el accidente de tránsito le produjo lesiones físicas a Herminia Arias Giraldo, pasajera de la motocicleta referida.

Los demandantes consideran que el departamento del Cauca es patrimonialmente responsable por las lesiones físicas que sufrió la señora Arias Giraldo, pues alegan que el conductor del vehículo de propiedad de la entidad pública desatendió la señal de PARE que se encontraba sobre la calle 4ª.

1 Fl. 139 a 158, C. 1.Radicación: 19001233100020100036702 (52585)

Demandante: Herminia Arias Giraldo y otros

3 Textualmente señalan que presentan la demanda porque: “El día 8 de agosto de 2008, en horas de la tarde, aproximadamente a las 5:30 p.m. se trasladaba el señor José Fabián Giraldo Arias, en compañía de su madre la señora Herminia Arias de Giraldo, en su motocicleta marca Suzuki de placa HKD18A, por la carrera 4 ª de esta ciudad, cuando de repente fueron arrollados por un vehículo oficial adscrito a la Secretaria de Salud Departamental de Cauca, marca Chevrolet de placa OQE

Giraldo, en su motocicleta marca Suzuki de placa HKD18A, por la carrera 4 ª de esta ciudad, cuando de repente fueron arrollados por un vehículo oficial adscrito a la Secretaria de Salud Departamental de Cauca, marca Chevrolet de placa OQE 554, que no respetó la señal de PARE de la calle 4ª, atropellando de forma violenta a la señora Herminia Arias y a su acompañante [...] Con ocasión del insuceso, se elabora por parte de los Guardas de Transito Jaime Vélez y Diaz Álvarez ( placa 04194), Informe Policial de accidente de Tránsito No 04604 del 8 de enero de 2008, en donde se evidencia que el vehículo oficial no respet ó la señal de PARE de la calle 4 de esta ciudad”.

2. Contestación

El 6 de diciembre de 20102 el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a la parte demandada y al Ministerio Público.

2.1. El departamento de Cauca guardó silencio.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 31 de octubre de 20133 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante4 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

3.2. El departamento de Cauca5 solicitó vincular como litisconsorte necesario a La Previsora S.A. y ordenar el testimonio de Mauricio Iragorri Medina, conductor del

2 Fl. 163, C. 1. 3 Fl. 212, C. 3. 4 Fl. 248 a 259, C. 3.

Previsora S.A. y ordenar el testimonio de Mauricio Iragorri Medina, conductor del

2 Fl. 163, C. 1. 3 Fl. 212, C. 3. 4 Fl. 248 a 259, C. 3. 5 Fl. 215 a 218, C. 3.Radicación: 19001233100020100036702 (52585)

Demandante: Herminia Arias Giraldo y otros

4 vehículo de placa OQE 554 al momento del in suceso6. Además, manifestó que el daño no le era atribuible, pues no se había acreditado que el conductor del vehículo oficial hubiere sido imprudente y, por el contrario, se demostró que la señora Arias Giraldo ejercía una actividad riesgosa al desplazarse a bordo de una motocicleta como pasajera.

3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 15 de mayo de 2014 7 el Tribunal Administrativo del Cauca declaró patrimonialmente responsable a l departamento del Cauca , pues evidenció que las lesiones ocasionadas a Herminia Arias Giraldo se produjeron en ejercicio de una actividad peligrosa, con un vehículo de propiedad Estatal.

Al efecto, manifestó lo siguiente: “como quiera que de los hechos objeto de debate se desprende que en el accidente de tránsito en donde se vio per judicada la señora Herminia Arias de Giraldo se vieron involucrados dos vehículos de diferentes características, siendo el vehículo oficial el que además de gozar de mayor tamaño y potencia, y por tanto mayor peligrosidad, el que colisionó a la motocicleta en la que

Herminia Arias de Giraldo se vieron involucrados dos vehículos de diferentes características, siendo el vehículo oficial el que además de gozar de mayor tamaño y potencia, y por tanto mayor peligrosidad, el que colisionó a la motocicleta en la que se transportaba como parrillera la señora Herminia Arias, en aplicación del régimen

6 En sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Cauca indicó lo siguiente “la Sala antes de referirse sobre lo que concierne a las pretensiones de la demanda, estima pertinente pronunciarse en relación a lo expuesto por la demandada dentro de su escrito de alegatos. (...) no se observa la necesidad de haber integrado como parte procesal a la Compañía de Seguros La Previsora S.A, en tanto que su ausencia dentro de la Litis sobre la cual gira la controversia aquí planteada, no impide pr oferir sentencia de mérito, por lo cual se procederá a negar la mencionada solicitud. Ahora en lo concerniente a la documentación aportada por el departamento del Cauca en su escrito de alegatos, (…) la Sala estima pertinente recordar a la parte demandada que el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, prevé que en los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán las normas del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, formas de practicarlas y criterios de valoración (...) como en este asunto el demandante aportó documentos y solicitó el decreto de pruebas en una oportunidad procesal diferente a la prevista para ello, (…) es claro que esos documentos no fueron aportados al proceso regular y oportunamente sino en forma extemporánea, por lo que no pueden valorarse, como tampoco puede decretarse la práctica de la prueba testimonial solicitada. Esta misma suerte la corre

proceso regular y oportunamente sino en forma extemporánea, por lo que no pueden valorarse, como tampoco puede decretarse la práctica de la prueba testimonial solicitada. Esta misma suerte la corre la copia auténtica del sumario penal 190016000602200800993 allegado al proceso por parte de la Fiscalía Quinta Local de esta ciudad; respecto de dicho medio de prueba deberá señalar esta Corporación que si bien la probanza relacionada fue decretada por el Magistrado conductor dentro del auto de pruebas (fl. 1 a 3 C. pbs), el elemento probatorio en cita fue allegado por fuera del término probatorio, lo que limitó a la parte demandada a ejercer oportunamente su derecho de contradicción (…)”. 7 Fl. 302 a 331, C. 2.Radicación: 19001233100020100036702 (52585)

Demandante: Herminia Arias Giraldo y otros

5 de responsabilidad objetivo -riesgo excepcional-, probado el daño antijurídico y su nexo de causalidad con el ejercicio de la actividad peligrosa de conducción d el vehículo automotor por parte de la entidad demandada, surge a su cargo el deber de indemnizar los perjuicios ocasionados a los demandantes”.

En la parte resolutiva, el a quo condenó al departamento de l Cauca a pagar, por perjuicios morales, 30 SMLMV a Herminia Arias Giraldo, 15 SMLMV a José Orlando Giraldo Cardona, José Fabian Giraldo Arias, José Arl én Giraldo Arias, Jhon Jainer Giraldo Arias, Elsy Giraldo Arias y 7.5 SMLMV a Álvaro Giraldo Arias, Alba Nelly Arias García, Luz Danery Arias García y Luz D ary Arias García; y, por daño a la

Giraldo Arias, Elsy Giraldo Arias y 7.5 SMLMV a Álvaro Giraldo Arias, Alba Nelly Arias García, Luz Danery Arias García y Luz D ary Arias García; y, por daño a la salud y lucro cesante, condenó en abstracto a pagar a Herminia Arias “la suma dineraria que por vía incidental se establezca”.

5. Recurso de Apelación

El 6 de junio de 20148 el departamento del Cauca interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 8 de septiembre de 2014 9 y admitido el 28 de noviembre de 201410.

5.1. El departamento del Cauca 11 manifestó que debía declararse “la culpa compartida de las partes, al realizar conjuntamente las actividades de riesgo y peligro al momento del accidente”. Además, solicitó negar los perjuicios que habían sido reconocidos en primera instancia y abstenerse de condenar en abstracto, pues consideró que éstos no se acreditaron.

Textualmente expuso: “debiera declararse la culpa compartida de las partes, al realizar conjuntamente las actividades de riesgo y peligro al momento del accidente, y negar las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que los daños y perjuicios no están plenamente ni sumariamente demostrados, no presentan sustento fáctico para su reconocimiento y que no existe prueba suficiente en el plenario para demostrar los perjuicios morales, materiales e inmateriales reconocidos a la señora Herminia Arias

8 Fl. 333 a 338, C. 2. 9 Fl. 345 a 346, C. 2. 10 Fl. 190, C. 2.

perjuicios morales, materiales e inmateriales reconocidos a la señora Herminia Arias

8 Fl. 333 a 338, C. 2. 9 Fl. 345 a 346, C. 2. 10 Fl. 190, C. 2. 11 Fl. 333 a 338, C. 2.Radicación: 19001233100020100036702 (52585)

Demandante: Herminia Arias Giraldo y otros

6 Giraldo y sus familiares; y por último, abstenerse de condenar en abstracto, toda vez que no existió prueba actualizada de estado de salud y de incapacidad laboral de la señora Herminia Arias Giraldo dentro del plenario”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 3 de febrero de 201512 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. Los demandantes, el departamento del Cauca y el Ministerio Público, guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 15 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, puesto que la cuantía, dada por la suma de todas las pretensiones de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV13, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1395 de 2010.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la

esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1395 de 2010.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación

12 Fl. 358, C. 2. 13 La suma de todas las pretensiones acumuladas asciende a 2403,88 SMLMV del año 20 10 (Fl. 356, C. 2.).Radicación: 19001233100020100036702 (52585)

Demandante: Herminia Arias Giraldo y otros

7 estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8614 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por un hecho imputable al departamento del Cauca.

3. Vigencia de la acción

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apun tando a la protección del interés general 15, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 16, ofrecer estabilidad del

14 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 15 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta me dida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,

concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 16 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administració n de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos , racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.Radicación: 19001233100020100036702 (52585)

Demandante: Herminia Arias Giraldo y otros

8 derecho de manera que las situaciones c ontroversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda

solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure17 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia18, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley proces al, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación

17 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador ins tituyó la figura de la caducidad como una sanción en los

17 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador ins tituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo e n tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cua ndo verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 18 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.Radicación: 19001233100020100036702 (52585)

Demandante: Herminia Arias Giraldo y otros

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sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.Radicación: 19001233100020100036702 (52585)

Demandante: Herminia Arias Giraldo y otros

9 administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el 8 de agosto de 2008 , Herminia Arias Giraldo fue embestida por un vehículo de propiedad del departamento del Cauca, accidente en el que sufrió lesiones físicas (hecho probado 7.1.1.); ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 29 de junio de 2010, la cual se declaró fallida el 15 de julio de 2010 19; y iii) que la demanda se presentó el 5 de agosto de 201020, esto es, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis.

4.1. Herminia Arias Giraldo (víctima), José Orlando Giraldo Cardona (cónyuge), José Fabian Giraldo Arias (hijo), José Arlén Giraldo Arias (hijo), Jhon Jainer Giraldo Arias (hijo), Elsy Giraldo Arias (hija), Álvaro Ari as Giraldo (hermano), Luz Danery

José Fabian Giraldo Arias (hijo), José Arlén Giraldo Arias (hijo), Jhon Jainer Giraldo Arias (hijo), Elsy Giraldo Arias (hija), Álvaro Ari as Giraldo (hermano), Luz Danery Arias García (hermana) y Luz Dary Arias García (hermana), están legitimados en la causa por activa, pues la primera fue la persona que sufrió las lesiones físicas en el accidente de tránsito ocurrido el 8 de agosto de 2008 , según da cuenta copia auténtica de su historia clínica21; y los demás conforman su núcleo familiar, según dan cuenta copia s auténticas de sus correspondientes registros civiles de nacimiento22.

4.2. Alba Nelly Arias García no se encuentra legitimada en la causa por activa, pues no acreditó el vínculo sanguíneo o afectivo con la víctima23 y tampoco allegó prueba

19 Fl. 128 a 138, C. 1. 20 Fl. 139 a 158, C. 1. 21 Fl. 38 a 124, C. 1. Fl. 38 a 69, C. 4. 22 Fl. 5 a 14, C. 1. 23 Se advierte que mientras que los padres de Herminia Arias Giraldo son Jesús Emilio Arias y María Mantina Giraldo (Fl. 5, C.1.), los padres de Alba Nelly Arias García son José Emilio Arias Arias y María Amantina García Giraldo (Fl. 12, C.1).Radicación: 19001233100020100036702 (52585)

Demandante: Herminia Arias Giraldo y otros

10 alguna que permitiera establecer la calidad de tercera perjudicada en el proceso, ni

Demandante: Herminia Arias Giraldo y otros

10 alguna que permitiera establecer la calidad de tercera perjudicada en el proceso, ni tener interés en las resultas del mismo.

4.3. El departamento del Cauca está legitimado en la causa por pasiva, pues está acreditado que era el propietario del vehículo de placa OQE 554, que el 8 de agosto de 2008 embistió la motocicleta en la que se desplazaba Herminia Arias Giraldo (hecho probado 7.1.2.).

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso es dable declarar la concurrencia de culpas porque los daños alegados se produjeron en un accidente de tránsito entre dos automotores, al realizar conjuntamente actividades de riesg o y peligro o si el daño es atribuible solo a una de las partes.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y aquella que le corresponde por daños causados en accidentes de tránsito.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 24 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la

24 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la

24 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.Radicación: 19001233100020100036702 (52585)

Demandante: Herminia Arias Giraldo y otros

11 ley o el derecho 25, que contraría el orden legal 26 o que está desprovista de una causa que la justifique 27, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida28, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la

causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, co n el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros29.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.

6.2. Responsabilidad del Estado por accidentes de tránsito

Mediante sentencia de unificación del 19 de abril de 2012, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que el artículo 90 de la Constitución Política no

25 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945 26 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90. 27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867. 28 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia. 29 Consejo de Estado, Sala de lo C ontencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia. 29 Consejo de Estado, Sala de lo C ontencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.Radicación: 19001233100020100036702 (52585)

Demandante: Herminia Arias Giraldo y otros

12 privilegió ningún régimen de responsabilidad, por lo que es deber del juez encuadrar cuál es aplicable al caso concreto, de acuerdo con lo que encuentre probado en el proceso30.

En este sentido, se ha reconocido la existencia de algunos regímenes de responsabilidad en los cuales no es necesario acreditar el acaecimiento de una falla en el funcionamiento del servicio para que la Administración sea declarada responsable. Justamente, en los denominados regímenes de responsabilidad “sin culpa” o “sin falta” la obligación de indemnizar a cargo del Estado puede ser declarada con independencia de que la actividad de este o la conducta de sus agentes se encuentre plenamente conforme con el ordenamiento jurídico, como sucede en el que se fundamenta en el riesgo excepcional31.

La jurisprudencia de la Subsección ha indicado que cuando se trata de la producci