CE - 190012331000201100177011SENTENCIA20230201145238

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Radicación:

Demandante: Demandado:

Tema: REPARACIÓN DIRECTA 19001233100020110017701 (58495)

AMELIA DANIZA VELASCO Y OTROS NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Privación injusta de la libertad. Ley 906 de 2004. Se acreditó un daño antijurídico. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial contra la sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. l. SÍNTESIS DEL CASO El 22 de noviembre de 2008, agentes·de la Policía Nacional detuvieron un camión con emblemas de la empresa UNIGAS del Pacífico, en la vereda La Laja del municipio del Tambo (Cauca). Al realizar la requisa del automotor los uniformados hallaron catorce canecas metálicas que contenían una sustancia que presuntamente era kerosene. Por ello, en esa misma fecha, Jhon James Pabón Fajardo, Eduar Leonel Orozco Cuellar y el menor Guido Fernando Garzón, pasajeros del vehículo, fueron capturados por los agentes referidos, pues consideraron que podían ser autores del delito de tráfico de sustancias para el

Fajardo, Eduar Leonel Orozco Cuellar y el menor Guido Fernando Garzón, pasajeros del vehículo, fueron capturados por los agentes referidos, pues consideraron que podían ser autores del delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Posteriormente, en fecha indeterminada, "los Juzgados de Adolescentes y Menores" iniciaron un proceso penal contra Guido Fernando Garzón. El 23 de noviembre de 2008, el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Cajibío (Cauca) con Función de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria en contra de Jhon James Pabón Fajardo y Eduar Leonel Orozco Cuellar, pues consideró que eran presuntos2 R<1dicado: 19001233100020110017701 (58495) Dernand,rnt:e: Amelía Daniza Velasco y otros autores del delito referido. Sin embargo, el 29 de mayo de 2009, el Juzgado 1 ° Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Popayán absolvió a Jhon James Pabón Fajardo y Eduar Leonel Orozco Cuellar por atipicidad de la conducta, debido a que "Resultaría[. . .] absurdo castigar la acción como culposa, en cuanto esta le es únicamente reprochable al que quiere la realización de la situación objetiva descrita en el injusto que define y sanciona el Art. -382 del Código Penal". Mediante sentencia del 6 de agosto de 2009 el Tribunal Superior de Popayán confirmó dicha decisión, al constatar que la conducta de los sindicados había sido objetivamente atípica. Los demandantes consideran que la detención de

Penal". Mediante sentencia del 6 de agosto de 2009 el Tribunal Superior de Popayán confirmó dicha decisión, al constatar que la conducta de los sindicados había sido objetivamente atípica. Los demandantes consideran que la detención de los procesados fue injusta, "por habérseles precluido la investigación por atipicidad del hecho de la que fue (sic) objeto los señores: Jhon James Pabón Fajardo, Eduar Leonel Orozco Cuellar, y el menor condenado Guido Fernando Garzón Vásquez".

11. ANTECEDENTES

1. Demanda El 18 de marzo de 20111 , Jhon James Pabón Fajardo, en nombre propio y en representación de Joan Santiago Pabón Tenorio; Luz Elva Tenorio Peñaranda y Albaidenina Fajardo Salazar, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Jhon James Pabón Fajardo. En el mismo escrito, Eduar Leonel Orozco Cuellar, Eva María ldrobo, José Leonel Orozco ldrobo y Yazmin Alejandra Orozco López, presentaron demanda de reparación directa contra la misma entidad por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Eduar Leonel Orozco Cuellar. Igualmente, en el libelo introductorio, Guido Garzón, en nombre propio y en representación de Guido Fernando, Karina Andrea y Andrés Felipe Garzón Vásquez; y Amelia Daniza Velasco Gutiérrez, en nombre propio y en representación de Juan David Garzón Velasco; mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa·, presentaron

Andrea y Andrés Felipe Garzón Vásquez; y Amelia Daniza Velasco Gutiérrez, en nombre propio y en representación de Juan David Garzón Velasco; mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa·, presentaron demanda en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios 1 Fl.1, C. 1.3

Radicado: 19001233100020110017701 (584')5) Demand,rnte: Amelia D'1niza Velasen y otros ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto Guido Fernando

Garzón Vásquez. Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, 70 SMLMV a Jhon James Pabón Fajardo, Eduar Leonel Orozco Cuellar y Guido Fernando Garzón Vásquez, y 29 SMLMV a los demás accionantes; por daño emergente, la suma de $5.000.000 a todos los accionantes; y por lucro cesante, la suma que resulte probada en el proceso a Jhon James Pabón Fajardo, Eduar Leonel Orozco Cuellar y Guido Fernando Garzón Vásquez. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 22 de noviembre de 2008, agentes de la Policía Nacional detuvieron un camión con emblemas de la empresa UNIGAS del Pacífico, en la vereda La Laja en el Municipio del Tambo (Cauca). Señala que al realizar la requisa del automotor los uniformados hallaron catorce canecas metálicas que contenían una sustancia que presuntamente era kerosene. Sostiene que en esa misma fecha, Jhon James Pabón Fajardo, Eduar Leonel

Señala que al realizar la requisa del automotor los uniformados hallaron catorce canecas metálicas que contenían una sustancia que presuntamente era kerosene. Sostiene que en esa misma fecha, Jhon James Pabón Fajardo, Eduar Leonel Orozco Cuellar y el menor Guido Fernando Garzón, pasajeros del vehículo, fueron capturados por los agentes referidos, pues consideraron que podían ser autores del delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Señala que en fecha indeterminada, "los Juzgados de Adolescentes y Menores" iniciaron un proceso penal contra Guido Fernando Garzón. Manifiesta que el 23 de noviembre de 2008, el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Cajibío (Cauca) con Función de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria en contra de Jhon James Pabón Fajardo y Eduar Leonel Orozco Cuellar, pues consideró que eran presuntos autores del delito referido.4

Radicado: 19001233100020110017701 (58495) Dernanc.fante: Amella Daniza Vela.seo y ótros Advierte que mediante sentencia del 29 de mayo de 2009 el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Popayán absolvió a Jhon James Pabón Fajardo y Eduar Leonel Orozco Cuellar por atipicidad subjetiva de la conducta, debido a que "Resultaría[. . .] absurdo castigar la acción como culposa, · . en cuanto esta, le es únicamente reprochable al que quiere la realización de la situación objetiva descrita en el injusto que define y sanciona el Art. 382 del Código

Penal".

· . en cuanto esta, le es únicamente reprochable al que quiere la realización de la situación objetiva descrita en el injusto que define y sanciona el Art. 382 del Código Penal". Indica que mediante sentencia del 6 de agosto de 2009 el Tribunal Superior de Popayán confirmó la decisión del 29 de mayo de 2009, pero al constatar que la conducta de los sindicados había sido objetivamente atípica. Los demandantes consideran que la detención de Jhon James Pabón Fajardo, Eduar Leonel Orozco Cuellar y Guido Fernando Garzón fue injusta, puesto que fueron absueltos por atipicidad de la conducta. Textualmente señalan en la demanda: "[. . .] tramité ante su Despacho la acción de reparación directa en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la indemnización [. . .] por haber sido privados de la libertad injustamente, por un tiempo de siete meses (7) y 7 días, a raíz de la detención, privación de la libertad, efectiva injusta e injustificada y por habérseles precluido la investigación por atipicidad del hecho de la que fue objeto los señores: Jhon James Pabón Fajardo, Eduar Leonel Orozco Cuellar, y el menor condenado Guido Fernando Garzón Vásquez [. . .]".

2. Contestación El 19 de agosto de 20112, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Fiscalía General de la Nación3 manifestó que su actuar estuvo amparado en los artículos 250 de la Constitución Política, así como 306 y 308 de la Ley 906 de

y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Fiscalía General de la Nación3 manifestó que su actuar estuvo amparado en los artículos 250 de la Constitución Política, así como 306 y 308 de la Ley 906 de 2 FI. 75 a 76, C. 1. 3 FI. 82 a 90; 104 a 112; C. 1.5

Radicado: l 9001233100020110017701 (58495)

Dernandanl·e: Amelía Daniza Velasco y otros

2004. Igualmente, formuló como excepción la de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues consideró que el daño alegado devino de las actuaciones adelantadas por la Rama Judicial. Por ello, formuló denuncia del pleito contra la referida entidad4. 2.2. La Rama Judicial, vinculada como litisconsorte facultativo, guardó silencio.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 27 de junio de 201 45, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La Fiscalía General de la Nación6 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 3.2. La parte demandante, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 11 de agosto de 201 67, el Tribunal Administrativo del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de la que fueron objeto Jhon James Pabón Fajardo y Eduar Leonel Orozco Cuellar fue injusta, toda vez que fueron absueltos por atipicidad de

accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de la que fueron objeto Jhon James Pabón Fajardo y Eduar Leonel Orozco Cuellar fue injusta, toda vez que fueron absueltos por atipicidad de la conducta, lo cual, en su concepto, constituía uno de los supuestos para declarar objetivamente la responsabilidad patrimonial del Estado. Por otro lado, consideró que el extremo activo no acreditó la causación del daño antijurídico alegado por Guido Fernando Garzón y su núcleo familiar, pues al proceso no se arrimó pieza procesal alguna que diera cuenta de las circunstancias y/o condiciones en que se adelantó la causa penal seguida en su contra. 4 Mediante auto del 17 de noviembre de 2015 (FI. 196 a 197, C. 1.) el Tribunal Administrativo del Cauca vinculó a la Nación - Rama Judicial como litisconsorte facultativo. 5 Fl.166, C.1. 6 F1. 168 a 182, C. 1. 7 FI. 201 a 218, C. 2.6

Radicado: 190012331000201100l'í'l01 (58495) Demandante: Amelía D;;miza Velasen y otros Al efecto sostuvo que:"[. . .] Si bien en la demanda se reclaman perjuicios igualmente por la privación injusta de la libertad de Guido Femando Garzón Vásquezl] aparentemente menor de edad para la fecha de los hechosl] del estudio del proceso penal que obra en el plenario, [. . .] sólo se refiere a la investigación adelantada en contra de los señores Jhon James Pabon Fajardo y Eduar Leonel Orozco Cuellar • por lo que el estudio de la responsabilidad que le pueda caber a la demandada, se

penal que obra en el plenario, [. . .] sólo se refiere a la investigación adelantada en contra de los señores Jhon James Pabon Fajardo y Eduar Leonel Orozco Cuellar • por lo que el estudio de la responsabilidad que le pueda caber a la demandada, se hará únicamente en relación con dichas personas y a los perjuicios a los que puedan tener derecho sus grupos familiares [. . .] El régimen de responsabilidad aplicable en los eventos que se demanda indemnización de perjuicios por la privación injusta de la libertad es hoy el de responsabilidad objetiva [. . .] Se tiene acreditado, ·entonces, que la absolución de Jhon James Pabón Fajardo y Eduar Leonel Orozco Cuellar se produjo en el entendido de que no desplegaron conducta ilícita alguna. Así las cosas, considera la Sala que el daño antijurídico causado a la parte actora le resulta imputable a la Nación, tanto por las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación al solicitar la captura, como al formular escrito de acusación, si se tiene en cuenta que conforme a la sentencia de[/] Tribunal Superior de Popayán la conducta por ellos desplegada era atípica para la fecha de los hechos; al igual que resulta imputable a la Rama Judicial, al haberse dispuesto y mantenido por espacio de más de siete meses la privación de la libertad de los referidos, cuando lo cierto es que desde un inicio no existían elementos de juicio para así haberlo dispuesto [. . .] En consecuencia, al encontrar acreditada la responsabilidad de la Nación por fa privación de la libertad que debieron soportar los señores Jhon James Pabón Fajardo y Eduar Leonel Orozco Cuellar por el delito de tráfico de sustancias para el

consecuencia, al encontrar acreditada la responsabilidad de la Nación por fa privación de la libertad que debieron soportar los señores Jhon James Pabón Fajardo y Eduar Leonel Orozco Cuellar por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, independientemente de qué entidad intervino en el proceso en defensa del Estado, se procederá a declarar la responsabilidad de fa Nación Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, en forma solidaria [. . .]". En la parte resolutiva, el a quo condenó a la Fiscalía General de la Nación y a la . . Rama Judicial a pagar, por perjuicios morales, 70 SMLMV a Eduar Leonel Orozco Cuellar, José Leonel Orozco ldrobo, Jhon James Pabón Fajardo, Luz Elva Tenorio Peñaranda, Albaidenina Fajardo Salazar y Joan Santiago Pabón Tenorio y 35 SMLMV a Yazmin Alejandra Orozco López; y por lucro cesante, la suma de $4.756.745,76 a Jhon James Pabón Fajardo y Eduar Leonel Orozco Cuellar.7

5. Recursos de apelación Radicado: l 9001233100020110017701 (58495) Demand,rnte: Amelía Daniza Velasen y otros El 31 de agosto de 20168-9, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial interpusieron recurso de apelación, respectivamente, los cuales fueron concedidos el 1° de noviembre de 20161º y admitidos el 22 de febrero de 201711 . 5.1. La Fiscalía General de la Nación12 sostuvo que no ocasionó un daño antijurídico a los procesados, pues solicitó la imposición de medida de aseguramiento en su

5.1. La Fiscalía General de la Nación12 sostuvo que no ocasionó un daño antijurídico a los procesados, pues solicitó la imposición de medida de aseguramiento en su contra, de conformidad con las prerrogativas sustanciales y formales previstas en la ley procesal penal. Además, advirtió que el daño devino de las actuaciones surtidas por la Rama Judicial. 5.2. La Rama Judicial13 argumentó que no ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, pues impuso medida de aseguramiento en contra de los procesados con fundamento en elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 29 de marzo de 201714 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. La parte demandante, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio 15.

111. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación 8 FI. 222 a 228, C. 2. 9 FI. 248 a 255, C. 2. 10 FI. 281 a 282, e 2. 11 FI. 290, C. 2. 12 FI. 222 a 228 y 267 a 273, C. 2. 13 FI. 297 a 302, C. 2. 14 FI. 292, C. 2. 15 FI. 294, C. 2.8

Radicado: 19001233100020 ll00l 7701 (58495) Demandante: Amelía Daniza Vcbsco y otros interpuestos contra la sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal

Radicado: 19001233100020 ll00l 7701 (58495) Demandante: Amelía Daniza Vcbsco y otros interpuestos contra la sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acfión de reparación directa es el medio de control idóneo pa"ra péÍrseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8616 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general17, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado lasólicitud 16 "Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra

reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública." 17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: "La caducidad es una institución jurldico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia .. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener segurii:Jad jurídica, ·para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medidá, la cáducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.". ••fi- - ------- ---- -- ---- - • 9

Radicado: 19001233 1000201100 17701 (58495) Deman d,;rnte: Amelía Daniza Velasen y otros judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolid ación de las situaciones que se encontraban pend ientes de solución.

Deman d,;rnte: Amelía Daniza Velasen y otros judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolid ación de las situaciones que se encontraban pend ientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción18 , ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure19 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún 18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 " ... e/ derecho al acceso a

puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún 18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 " ... e/ derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (. . .) El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad de_/ derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos." 19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: "Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en .que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial".10

Radicado: 19001233 100020110017701 (58495)

Dcrnantfante: Amelía Daniza Velasco y otros

procesal llamado a interponer determinada acción judicial".10

Radicado: 19001233 100020110017701 (58495) Dcrnantfante: Amelía Daniza Velasco y otros reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, sign ifica la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que.la .acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad21 . En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo frente a la privación de la libertad de Jhon James Pabón Fajardo y Eduar Leonel Orozco Cuellar, esto es, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el proveído del 6 de agosto de 200922, mediante

Orozco Cuellar, esto es, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el proveído del 6 de agosto de 200922, mediante el cual se confirmó la sentencia del 29 de mayo de 200923, que absolvió a Jhon James Pabón Fajardo y Eduar Leonel Orozco Cuellar, cobró ejecutoria el 4 de 2º Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: " . .. [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es· un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado"·. 21 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622; Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716. 22 FI. 90 a 107, C. 3. 23 FI. 73 a 78, C. 3.11

Rad.: 54.716. 22 FI. 90 a 107, C. 3. 23 FI. 73 a 78, C. 3.11

Radicado: 19001233100020110017701 (58495) Dernandirnte: Amelía Dan iza Vela seo y otros noviembre de 2009, de conformidad con el auto suscrito el 10 de agosto de 2009 por la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán24; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 28 de abril de 2010 25, la cual se declaró fallida el 1 O de septiembre de 2010 26; y iii) que la demanda se presentó el 18 de marzo de 201 127.

Por otro lado, se advierte que no existe prueba que dé cuenta de la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o del momento en que Guido Fernando Garzón quedó en libertad. De hecho, en el expediente obra únicamente copia auténtica de la sentencia proferida el 6 de agosto de 200928, la cual señala que éste fue capturado por agentes de la Policía Nacional el 22 de noviembre de 2008 y que su proceso penal se adelantó ante "los Juzgados de Adolescentes y menores". No obstante lo anterior, y en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, la Sala estudiará el fondo del asunto, en aplicación de los principios pro actione y pro damnato29.

4. Legitimación en la causa 4.1. Eduar Leonel Orozco Cuellar (víctima), José Leonel Orozco ldrobo (padre), Yazmin Alejandra Orozcp López (hermana) y Eva ldrobo Orozco (abuela), están

4. Legitimación en la causa 4.1. Eduar Leonel Orozco Cuellar (víctima), José Leonel Orozco ldrobo (padre), Yazmin Alejandra Orozcp López (hermana) y Eva ldrobo Orozco (abuela), están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 19 2566000621 200880060, según da cuenta copia auténtica de la sentencia absolutoria proferida el 29 de mayo de 2009 por el Juzgado 1 ° Penal del Circuito Especializado con Funciones de 24 FI. 109, C. 3. El auto dejó constancia que a partir del 1 O de agosto de 2009, comenzó a correr el término procesal para interponer el recurso de casación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 1 83 de la Ley 906 de 2004. En efecto, el auto manifiesta lo siguiente: "Constancia secretaria/: A partir de hoy, diez (10) de agosto del año 2009, a las ocho (8:AM), se hace constar que comienza a transcurrir el término común de sesenta (60) días de que disponen las partes para interponer el recurso de casación, mediante demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos, de conformidad con lo indicado en el artículo 183 de la Ley 906 de

2004. Última notificación: Lectura del fallo: seis (6) de agosto de 2009. Inicia el término: El 1 O de agosto de 2009. Vence el término: El 4 de noviembre de 2009 [.. ]". 25 FI. 11 a 1 2, C. 1.

agosto de 2009. Vence el término: El 4 de noviembre de 2009 [.. ]". 25 FI. 11 a 1 2, C. 1. 26 FI. 11 a 1 2, C. 1. 27 Fl.1, C 1. 2a FI. 90 a 107, C. 3. 29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de octubre de 201 6. Rad.: 39133.12

Radicado: l 9001233 100020 110 0 17701 (58495) Deman<fante: Amelía Daniza Velasco y otros Conocimiento de Popayán30; y los demás hacen parte de su núcleo familiar, de conformidad con las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento31 . 4.2. Jhon James Pabón Fajardo (víctima), Joan Santiago Pabón Tenorio (hijo) y Albaidenina Fajardo Salazar (madre), están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 19 2566000621200880060, según da cuenta copia auténtica de la sentencia absolutoria proferida el 29 de mayo de 2009 por el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento d