CE - 190012331000201100284011SENTENCIA20230904090137

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 19001-23-31-000-2011-0028401 (59614)

Actor: LEIDY DIANA ORTEGA URBANO Y OTROS

Demandado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Tema: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SE RVICIO MÉDICO – no se probó omisión de la demandada en la atención brindada a la paciente durante su embarazo – Falta de autocuidado de la paciente, quien no atendió los requerimientos médicos ordenados correctamente por el personal que la atendió – REVOCA FALLO PRIMERA INSTANCIA – Se revoca decisión de primera instancia para en su lugar denegar las pretensiones.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 16 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Durante el curso de su embarazo, la señora Leidy Diana Ortega Urbano asistió a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional con el propósito de iniciar sus controles prenatales en los que se determinó que presentó toxoplasmosis por lo que se

Durante el curso de su embarazo, la señora Leidy Diana Ortega Urbano asistió a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional con el propósito de iniciar sus controles prenatales en los que se determinó que presentó toxoplasmosis por lo que se remitió a la especialidad de ginecología. Sin embargo, el médico tratante no le informó a la paciente sobre las implicaciones del hallazgo, motivo por el cual no fue tratada oportuna y adecuadamente, lo que conllevó a que el menor naciera con una patología clínica que lo incapacitó de manera permanente.Radicación número: 19001-23-31-000-2011-00284-01 (59614)

Actor: Leidy Diana Ortega Urbano y otros

Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Referencia: Acción De Reparación Directa

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II. ANTECEDENTES

1. Demanda.

Mediante escrito presentado el 9 de junio de 2011 1, la señora Leidy Diana Ortega Urbano actuando en su nombre y en representación de su menor hijo Johan Sebastián Aguirre Ortega; Luz Adiela Urbano Mesa actuando en su nombre y en representación de sus menores hijos Jhonatan Sneider Acosta Urbano y Lina Vanessa Acosta Urbano; María Deybianira Urbano Mesa; Jesús Albeiro Urbano Mesa, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que se le declarara patrimonialmente r esponsable por los perjuicios que sufrieron como consecuencia de las lesiones causadas al menor Johan Sebastián Aguirre Ortega por la atención inadecuada y negligente que se le brindó a su madre durante la

declarara patrimonialmente r esponsable por los perjuicios que sufrieron como consecuencia de las lesiones causadas al menor Johan Sebastián Aguirre Ortega por la atención inadecuada y negligente que se le brindó a su madre durante la gestación del bebé.

En concreto, la parte demand ante solicitó que se condenara a la entidad demandada a reconocerle por perjuicios morales, la suma equivalente en pesos a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de los demandantes. Por concepto de perjuicios fisiológicos, el equiva lente en pesos a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes para Johan Sebastián Aguirre Ortega y 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la señora Leidy Diana Ortega Urbano.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, para la señora Leidy Ortega la suma de doscientos sesenta y ocho millones seiscientos noventa y nueve mil doscientos pesos ($268’699.200) y para Johan Sebastián Aguirre Ortega la suma de trescientos cincuenta y ocho millones doscientos sesenta y cinco mil pesos ($358’265.000). Finalmente, para la madre, por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma equivalente en pesos a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:

La señora Leidy Diana Ortega Urbano acudió el 1° de abril de 2008 a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en la ciudad de Santander de Quilichao, para

1 Fls. 78 – 96 c 1Radicación número: 19001-23-31-000-2011-00284-01 (59614)

de Sanidad de la Policía Nacional en la ciudad de Santander de Quilichao, para

1 Fls. 78 – 96 c 1Radicación número: 19001-23-31-000-2011-00284-01 (59614)

Actor: Leidy Diana Ortega Urbano y otros

Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Referencia: Acción De Reparación Directa

3 iniciar su control prenatal. En dicha oportunidad le ordenaron exámenes de apoyo diagnóstico, los cuales no fueron practicados oportunamente porque la demandada no le entregó la orden para su realización.

La señora Ortega Urbano volvió el día 28 de abril para un nuevo control, en el que se ordenó nuevamente la toma de los exámenes de laboratorio, los cuales se realizaron a los dos días y en los que se obtuvo resultado de: “toxoplasmosis gondii anticuerpos igm: reactiva”, motivo por el cual, el médico general dispuso su remisión al servicio de ginecología; sin embargo, no le comunicó ni realizó advertencia alguna a la paciente sobre lo que esa situación podría implicar para la salud de su hijo.

El 4 de julio siguiente, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional remi tió de manera urgente a la paciente a la Clínica de Occidente en la ciudad de Cali por presentar diagnóstico de preeclampsia y diabetes gestacional, las cuales fueron tratadas correctamente, pero se le dio de alta sin habérsele dado tratamiento por la toxoplasmosis.

Finalmente, a la paciente se le realizó cirugía de cesárea el 15 de agosto siguiente. Durante los primeros meses de vida del niño Joan Sebastián Aguirre Ortega, su

toxoplasmosis.

Finalmente, a la paciente se le realizó cirugía de cesárea el 15 de agosto siguiente. Durante los primeros meses de vida del niño Joan Sebastián Aguirre Ortega, su madre notó anomalías, por lo cual debió consultar en varias oportunidades a diferentes médicos y, el día 28 de septiembre de 2009, un médico neuropediatra de la Clínica Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Cali, confirmó que este presentó toxoplasmosis congénita.

La parte actora atribuye responsabilidad por ese daño a la Policía Nacional, porque no le informó sobre los riesgos y posibles consecuencias de la enfermedad que presentó y por “no realizar el tratamiento adecuado de la toxoplasmosis en la etapa gestacional de la paciente”.

2. El trámite de primera instancia

2.1. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante providencia del 23 de agosto de 20112 admitió la demanda.

2 Fl 396 c 2Radicación número: 19001-23-31-000-2011-00284-01 (59614)

Actor: Leidy Diana Ortega Urbano y otros

Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Referencia: Acción De Reparación Directa

4 2.2. La Policía Nacional3 se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que la atención brindada por la Dirección de Sanidad a la señora L eidy Diana fue correcta y siempre estuvo presta a conceder las atenciones requeridas durante su embarazo; que se emitieron las autorizaciones para la realización de los procedimientos, consultas y exámenes ordenados; pero, estos no fueron practicados por culpa exclusiva de la paciente, dado que, según la historia clínica,

embarazo; que se emitieron las autorizaciones para la realización de los procedimientos, consultas y exámenes ordenados; pero, estos no fueron practicados por culpa exclusiva de la paciente, dado que, según la historia clínica, una vez se diagnosticó la toxoplasmosis en los exámenes paraclínicos, inmediatamente se remitió la paciente para ginecología, pero ella no asistió a esta consulta.

Destacó que la entidad realizó una auditoría a la historia clínica de la paciente en la que se verificó la desidia de la paciente porque no acató las órdenes médicas de asistir a control por ginecología, lo cual fue causante de las patologías que presentaba el menor Joan Sebasti án presenta. En consecuencia, propuso las excepciones de: i) desacato de las prescripciones médicas e incumplimiento de los deberes de la paciente; ii) caducidad de la acción.

2.3. El proceso se abrió a pruebas mediante auto del 14 de marzo de 2014 4. Con posterioridad, el Tribunal de primera instancia, en auto del 22 de agosto de 2014 5, corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

2.4. La Policía Nacional6 señaló que se probó que a pesar de habérsele indicado a la paciente la necesidad de realizarse unos exámenes de laboratorio desde el 1° de abril de 2008, por la conducta irresponsable de la señora Ortega Urbano, estos sólo se le presentaron al médico trat ante el 8 de mayo siguiente y que, una vez el médico analizó los resultados, la remitió de manera inmediata al servicio de

de abril de 2008, por la conducta irresponsable de la señora Ortega Urbano, estos sólo se le presentaron al médico trat ante el 8 de mayo siguiente y que, una vez el médico analizó los resultados, la remitió de manera inmediata al servicio de ginecología, cita que no se concretó por negligencia de la madre, lo cual evidenció la configuración de la eximente de responsabilida d correspondiente a la culpa exclusiva de la víctima.

3 Fls 404410 c 3 4 Fls. 436-437 c 1 5 Fl. 444 c 3 6 Fls 446 -448 c 3Radicación número: 19001-23-31-000-2011-00284-01 (59614)

Actor: Leidy Diana Ortega Urbano y otros

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Referencia: Acción De Reparación Directa

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3. La sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 16 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo del Cauca accedió parcialmente las súplicas de la demanda7. Respecto de la excepción de caducidad de la acción alegada por la entidad demandada, indicó que la parte actora únicamente pudo conocer del daño cuando se diagnosticó que el menor padeció de toxoplasmosis congénita, lo cual ocurrió el día 9 de octubre de 2009.

Señaló que se había acreditado que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional omitió suministrar a la señora Lady Diana Ortega Urbano la atención que requirió para evitar que la toxoplasmosis afectara a su bebé porque los médicos tratantes no verificaron en las atenciones p osteriores si se estaba tratando la enfermedad y

omitió suministrar a la señora Lady Diana Ortega Urbano la atención que requirió para evitar que la toxoplasmosis afectara a su bebé porque los médicos tratantes no verificaron en las atenciones p osteriores si se estaba tratando la enfermedad y si bien el tratamiento no hubiera garantizado que el menor naciera sano, se le privó de la posibilidad de nacer sin el contagio congénito, por lo cual la demandada estaba llamada a responder a título de pérdida de oportunidad.

También consideró que la conducta irresponsable de la madre contribuyó a la causación del daño, toda vez que ella inició tardíamente sus controles y, cuando se le ordenó la toma de unos exámenes de laboratorio, no se los realizó de manera oportuna, adicional a que no acudió al médico especialista cuando se le dictaminó y que no se acreditó que la entidad hubiera interpuesto barreras administrativas para la consecución de la cita.

En consecuencia, determinó que la responsabilidad debía ser compartida entre las partes el cual corresponde al 70% de la entidad pública demandada. Así las cosas, estableció la condena en los siguientes términos:

La Sala halla pertinente establecer una indemnización para la parte actora de 52 SMLMV; sin embargo, dado que como ya se indicó, el monto a reconocer se debe disminuir en un 30% por la concausa determinada entre la entidad accionada y la parte actora, la suma a reconocer ascenderá a 36.4 SMLMV para la víctima directa. Así las cosas, corresponde al menor Johan Sebastián Aguirre Ortega el reconocimiento de la suma de 26.4 SMLMV, equivalentes a veintiséis millones ochocientos cincuenta y dos mil

36.4 SMLMV para la víctima directa. Así las cosas, corresponde al menor Johan Sebastián Aguirre Ortega el reconocimiento de la suma de 26.4 SMLMV, equivalentes a veintiséis millones ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos noventa y ocho pesos ($26’852.898), valor que corresponde en igual proporción para su madre L eidy Diana Ortega Urbano. Por su parte, para la abuela del menor, la señora Luz Adiela Urbano Mesa, por encontrarse en el segundo nivel de parentesco, corresponde la mitad de lo reconocido a la víctima directa, esto es 18.2 SMLMV, que asciende trece

7Fls 435 -457 c ppal.Radicación número: 19001-23-31-000-2011-00284-01 (59614)

Actor: Leidy Diana Ortega Urbano y otros

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6 millones cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($13.426.449)

4. Recursos de apelación

4.1. La parte actora 8 solicitó modificar la providencia de primera instancia. En su criterio, los daños causados al menor Johan Sebastián Aguirre O rtega fueron causados únicamente por la conducta negligente de la entidad demandada porque a pesar de que la toxoplasmosis fue detectada oportunamente, no se trató ni se le hizo el seguimiento a la historia clínica de la paciente, adicional a que nunca se le advirtió a la madre la gravedad del diagnóstico ni tampoco la necesidad de iniciar inmediatamente tratamiento. Manifestó que negar el daño a la vida de relación y los

hizo el seguimiento a la historia clínica de la paciente, adicional a que nunca se le advirtió a la madre la gravedad del diagnóstico ni tampoco la necesidad de iniciar inmediatamente tratamiento. Manifestó que negar el daño a la vida de relación y los perjuicios materiales resultó lesivo a los intereses de los demandantes, razón por la cual debía reconocerse la indemnización solicitada en la demanda.

4.2 La Policía Nacional indicó que para el presente asunto se había configurado la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. Consideró que la señora Leidy Diana Ortega Urbano no tomó las medidas y precauciones necesarias para establecer el estado de salud de su bebé porque asistió a sus controles prenatales superadas las doce semanas de embarazo, lo que reveló apatía en su autocuidado y el del menor; tampoco se realizó los exámenes ordenados a tiempo, sin que dicha circunstancia le fuera atribuible a la demandada, ni acudió al servicio de ginecología, omitiendo sus deberes como paciente. Finalmente, señaló que no estaba llamada a responder por los daños, porque no participó en los procedimientos realizados al menor una vez nació.

5. Trámite en segunda instancia.

5.1. Recibido el proceso en segunda instancia, mediante providencia del 17 de agosto de 2017 9 se admitieron los recursos de apelación interpuestos y, el 28 de septiembre de 2017 10, se corrió traslado a las partes para que alega ran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto, si lo consideraba pertinente.

8 Fls 467 – 472 c ppal 9 Fl 497 c ppal

conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto, si lo consideraba pertinente.

8 Fls 467 – 472 c ppal 9 Fl 497 c ppal 10 Fl 499 c ppalRadicación número: 19001-23-31-000-2011-00284-01 (59614)

Actor: Leidy Diana Ortega Urbano y otros

Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Referencia: Acción De Reparación Directa

7 5.2. La Policía Nacional11 reiteró los argumentos planteados a lo largo del proceso.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente, dado que el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta Corporación, en los términos del artículo 3 de la Ley 1395 de 2010 que modificó el numeral 2 del artículo 20 del C.P.C., toda vez que para la fecha de presentación de la demanda -9 de junio de 2011 – la cuantía se establecía por el valor de la sumatoria de pretensiones.

Teniendo en cuenta lo anterior, para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2011 tuviera apelación ante el Consejo de Estado, la cuantía debía ser equivalente o superior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes los cuales para la fecha correspondía a la suma de $267’800.000 y dado que, en el caso concreto, el valor de la sumatoria de las pretensiones corresponde a la suma de $1.216’124.800, la Sala tiene competencia funcional para conocer del mismo.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

La caducidad es la sanción que consagra la ley por el ejercicio tardío del derecho

de $1.216’124.800, la Sala tiene competencia funcional para conocer del mismo.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

La caducidad es la sanción que consagra la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos defi nidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda. Además, se trata de un presupuesto procesal que puede ser declarado de oficio.

Para casos como el analizado, la norma de caducidad aplicable es la contenida en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, según la cual la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa”.

11 Fls 500 – 505 c ppalRadicación número: 19001-23-31-000-2011-00284-01 (59614)

Actor: Leidy Diana Ortega Urbano y otros

Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Referencia: Acción De Reparación Directa

8 En el caso concreto, la responsabilidad patrimonial que se impetra en la demanda se originó en el daño que alega haber sufrido la parte actora como consecuencia de las lesiones causadas al menor Johan Sebastián Aguirre Ortega, que generó la toxoplasmosis congénita, diagnóstico que se realizó en la consulta médica del 3 de

las lesiones causadas al menor Johan Sebastián Aguirre Ortega, que generó la toxoplasmosis congénita, diagnóstico que se realizó en la consulta médica del 3 de septiembre de 2009, por la especialidad de endocrinología de la Clínica Noel . Para el sub examine, la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 11 de febrero de 2011, cuando fal taban siete meses y dieciocho días para que se cumpliera el término de caducidad de la demanda y se reanudó el 2 de mayo de 2011 y, comoquiera que la demanda se radicó el 9 de junio de 2011, se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico procesal de caducidad de la acción

3. La legitimación en la causa.

La señora Leidy Diana Ortega Urbano 12, Luz Adiela Urbano Mesa 13, están legitimados en la causa por activa en tanto acreditaron ser damnificados con el daño, debido al vínculo de parentesco que los une, en su calidad de madre y abuela del menor Johan Sebastián Aguirre Ortega y madre. Respecto a los tíos, se negaron las pretensiones en primera instancia y no se apeló dicha decisión por lo cual no se cuenta con la facultad de realizar el análisis de legitimación frente a estos.

Por su parte, la Policía Nacional tiene pleno interés en controvertir las pretensiones contenidas en la demanda y defender el interés objeto del proceso comoquiera que la Dirección Nacional de la demandada es una entidad dedicada a la prestación del servicio de salud y en esta se atendió a la señora Leidy Diana Ortega Urbano, por ser la cónyuge del señor Julián Andrés Aguirre Narváez, quien se desempeñaba

servicio de salud y en esta se atendió a la señora Leidy Diana Ortega Urbano, por ser la cónyuge del señor Julián Andrés Aguirre Narváez, quien se desempeñaba como patrullero de la demandada, y a quien se les atribuye responsabilidad por los daños a la salud sufridos por el menor Johan Sebastián Aguirre Ortega.

4. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala definir si las consecuencias de la toxoplasmosis que presentó el menor Johan Sebastián Aguirre Ortega son imputables a la entidad demandada o si la conducta de la madre del menor fue determinante en la producción del daño.

12 Fl 14 c 1 13 Fl 13 c 1Radicación número: 19001-23-31-000-2011-00284-01 (59614)

Actor: Leidy Diana Ortega Urbano y otros

Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Referencia: Acción De Reparación Directa

9 De acreditarse que el daño es imputable a la demandada, deberá establecerse cuál es la indemnización a la que tiene derecho la parte actora.

5. Cuestión previa

En este proceso se escuchó el testimonio de la médica auditora Zoraida Peña Escobedo, quien realizó el estudio de calidad de la atención brindada a la señora Leidy Diana Ortega Urbano para la Policía Nacional.

Si bien el ordenamiento jurídico trata como sospechosas para declarar las personas que se encuentren en circunstancias que pu edan afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras

que se encuentren en circunstancias que pu edan afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas14, en la jurisprudencia de esta Corporación se ha considerado que no pueden descartarse de plano sus versiones, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, frente a las demás pruebas obrantes en el expediente y a las circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica15. En ese orden de ideas, esta testigo podría ser considerado como sospechoso, por trabajar en ese entonces con la entidad demandada, y, por tanto, es claro que sus manifestaciones no estarían dirigidas a destacar alguna falencia en la atención médica. Sin embargo, como lo explicado por esta deponente no fue tachado de falso y sus afirmaciones resultan ser espontáneas y coherentes, su expos ición se valorará en conjunto con las demás pruebas.

La imputación

Teniendo acreditado el daño, primer elemento de la responsabilidad16, que en este caso son las lesiones del menor Joan Sebastián, la Sala abordará el análisis de la

14 En los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil: “ Testigos sospechosos. Son sospechosos para declarar las personas que, en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A,

interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, sentencia del 14 de julio de 2016, C.P. Hernán Andrade Rincón, exp. 36932. 16 El daño se acreditó con el dictamen pericial conforme al dictamen pericial rendido por el médico Francisco Fernando Bohórquez Góngora, cuyo objeto era establecer las lesiones funcionales y secuelas del menor, se estableció que presentó: Encefalopatía neonatal por preeclampsia, Toxoplasmosis congénita cerebral asociada a: Toxoplasmosis ocular: coriorretinitis focal izquierda, microcefalia, cierre precoz de fontanelas, calcificaciones cerebrales múltiples, dilatación ventricular moderada, agenesia del cuerpo calloso, parálisis cerebra l espástica, retraso del desarrollo sicomotor, retraso del desarrollo del lenguaje, desnutrición proteica calórica y anemiaRadicación número: 19001-23-31-000-2011-00284-01 (59614)

Actor: Leidy Diana Ortega Urbano y otros

Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Referencia: Acción De Reparación Directa

10 imputación, con el fin de determinar si la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional incurrió en una serie de omisiones al momento de atender a la señora Leidy Diana Ortega Urbano durante su embarazo. De encontrarse acreditada alguna falla, se deberá analizar si dicha actuación fue su causa.

De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, para la Sala resulta necesario destacar los siguientes hechos:

Ortega Urbano durante su embarazo. De encontrarse acreditada alguna falla, se deberá analizar si dicha actuación fue su causa.

De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, para la Sala resulta necesario destacar los siguientes hechos:

1. El 1° de abril de 2008, la señora Leidy Diana Ortega Urbano inició sus controles prenatales en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, oportunidad en la que se determinó que presentaba doce semanas de gestación y le ordenaron unos exámenes de labor atorio para verificar su estado de salud y el del bebé, los cuales no se practicó oportunamente.

Ello quedó probado a partir de la historia clínica de la paciente que se llevó en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional el 1° de abril de 2008, en la que se realizó control y diligenció su carné perinatal 17. Se anotó que la paciente no tenía conocimiento de la fecha de su última menstruación, con ciclos menstruales irregulares. Al examen físico se estableció que estaba en buen estado general y se diagnosticó: embarazo en mujer de veintiún años, de más o menos doce semanas, y a quien el médico tratante calificó como “ informante mala”. Como plan se ordenó la toma de ecografía o bstétrica y varios exámenes clínicos, incluyendo el de toxoplasmosis, con los cuales debía acudir para nuevo control.

El día 28 de abril18, la paciente consultó nuevamente a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional por presentar dolor lumbar y en el hipogastrio de una semana, adicional a dolor de garganta y oído. Al examen físico el médico la encontró en

El día 28 de abril18, la paciente consultó nuevamente a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional por presentar dolor lumbar y en el hipogastrio de una semana, adicional a dolor de garganta y oído. Al examen físico el médico la encontró en buenas condiciones a la paciente y anotó que “está pendiente laboratorios prenatales no realizados aún desde hace un mes que se prescribieron”.

Sobre estos exámenes, la señora Leidy Diana Ortega Urbano19 rindió interrogatorio de parte20, y manifestó que, efectivamente, el día 1° de abril de 2008 se le ordenaron

17 Fl 155 c 1 18 Fl 154 reverso c 1 19 Fls 77 – 78 c 4 20 En el presente caso, la Sala valorará lo relatado por la demandante en su interrogatorio de parte, teniendo en cuenta que tal prueba fue decretada y practicada con el cumplimiento de las formalidades legales establecidas en los artículos 203 y siguientes del CPC. Así las cosas, elRadicación número: 19001-23-31-000-2011-00284-01 (59614)

Actor: Leidy Diana Ortega Urbano y otros

Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Referencia: Acción De Reparación Directa

11 unos exámenes de laboratorio, pero que no se los tomó porque “no me los autorizaron, no recue rdo quien no me los autorizó, la atención era mala” . Al preguntársele sobre la dependencia a la que se acercó para obtener la autorización y si contaba con el soporte que sustentara la negativa, indicó que “la verdad no me recuerdo bien, allá estaba tan mal organizado en ese tiempo y no recuerdo si tocaba

preguntársele sobre la dependencia a la que se acercó para obtener la autorización y si contaba con el soporte que sustentara la negativa, indicó que “la verdad no me recuerdo bien, allá estaba tan mal organizado en ese tiempo y no recuerdo si tocaba ir directamente a la clínica. No tengo ningún soporte”.

Por su parte, la médica auditora Zoraida Peña Escobedo manifestó en su testimonio que una vez analizada la documentación referente a las atenciones brindadas a la señora Leidy Diana Ortega Urbano se advierte que “La historia clínica deja ver que el médico en su primer control prenatal solicitó los exámenes de laboratorio del protocolo de control prenat al en la cual está incluida los anticuerpos para toxoplasma. La paciente no llevó los exámenes puntualmente como fueron solicitados por el médico tratante (…) De los anexos no se evidencia soporte alguno donde la paciente se le ha negado el servicio o inte rponga queja por no prestación del servicio”.

En ese mismo sentido, obra en el proceso el Informe de Auditoría por el Área de Sanidad de la Policía Nacional suscrito por la doctora Zoraida Peña Escobedo el 17 de mayo de 2012 21 el cual se suscribió con el p ropósito de analizar la atención brindada a la señora Leidy Diana Ortega Urbano en la entidad y la red externa. En la auditoría se consignó que se trató de una paciente primigestante y a quien en su primer control se le ordenaron exámenes de laboratorio, los cuales no se realizaron inmediatamente únicamente por su decisión.

Una vez analizado todo el material probatorio, se concluye que, efectivamente, la Dirección de Sanidad le ordenó a la paciente la toma de los exámenes de

inmediatamente únicamente por su decisión.

Una vez analizado todo el material probatorio, se concluye que, efectivamente, la Dirección de Sanidad le ordenó a la paciente la toma de los exámenes de laboratorio; sin embargo, no hay prueba de que éstos se hubieran negado, como lo afirmó la demandante, pues no existe soporte de que la señora Leidy Diana Urbano Ortega los hubiera solicitado en esa oportunidad, tanto así, que a pesar de que ella afirmó que no se emitió la autorización, no tiene certeza de la dependencia que supuestamente se los negó y tampoco cuenta con un soporte que sostuviera su aseveración, todo lo cual lleva a concluir que no hay prueba de que los hubiera

interrogatorio de parte se realizó para efectos de l ograr la confesión de la demandante y resultó idóneo para verificar en este asunto su conducta negligen