CE - 190012333000201500249011SENTENCIA20230130093318

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19 ) de enero de dos mil veinti trés (202 3)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho .

Radica ción : 19001 -23 -33 -000 -201 5-00249 -01 ( 2216 -20 18)

Demandante: DIEGO GUZMAN ALEGRIA Y OTROS

Demandad o: NACI ÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA

NACIÓN

Tema: Disciplinario. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sección Segunda , Subsección A decide el recurso de apelación int erpuesto por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN contra la sentencia de l 8 de febrero de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de la referencia.

II. ANTECEDENTES.

2. 1. Pretensiones

2.1.1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

(i) Decisión sancionatoria de primera instancia proferida el 26 de

II. ANTECEDENTES.

2. 1. Pretensiones

2.1.1. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

(i) Decisión sancionatoria de primera instancia proferida el 26 de septiembre de 2013 por la Procuraduría Regional del Cauca en la que se impone sanción de destitución e inhabilidad de 12 años para la señora DEISY RUBY LEDEZMA MUÑOZ y 10 años para el señor DIEGO GUZMAN ALEGRIA .Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 19001-23-33-000-2015-00249-01 (2216-2019)

Demandante: Diego Guzmán Alegría y Otros

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2 (ii) Decisión disciplinaria de segunda instancia emitida el 2 7 de noviembre de 201 4 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa en la que se impone sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años para ambos demandantes .

2. 1.2. Que como consecuencia de la nulidad de los actos

administrativos se ordene:

(i) Pagar los perjuicios morales y materiales causados:

• Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante: Todos los emolumentos dejados de percibir como salarios, primas etc, de los demandantes DEISY RUBY LEDEZMA

(i) Pagar los perjuicios morales y materiales causados:

• Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante: Todos los emolumentos dejados de percibir como salarios, primas etc, de los demandantes DEISY RUBY LEDEZMA MUÑOZ y DIEGO GUZMAN ALEGRIA. - Perju icios morales: 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para los accionantes DEISY RUBY LEDEZMA

MUÑOZ y DIEGO GUZMAN ALEGRIA.

(ii) Que para todos los efectos legales no existió solución de continuidad en la prestación de servicios desde cuando fuero n desvinculados hasta cuando efectivamente sean reintegrados . (iii) Ajustar al IPC las condenas en cantidades liquidas.

2. 2. Hech os.

En la demanda 1 se narraron los hechos relevantes que a continuación se resume n:

2. 2.1. Los señores DEISY RUBY LEDEZMA MUÑOZ y DIEGO GUZMAN ALEGRIA fueron investigados disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación por hechos acaecidos el 5 de diciembre de 2008. 2.2. 2.La señora DEISY RUBY LEDEZMA MUÑOZ se desempeñaba como Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 17 y el señor

1 Folios 82 al 88 del expediente. Cuaderno No. 1Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 19001-23-33-000-2015-00249-01 (2216-2019)

Demandante: Diego Guzmán Alegría y Otros

Radicación: 19001-23-33-000-2015-00249-01 (2216-2019)

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3 DIEGO GUZMAN ALEGRIA como Profesional Universitario Código 2044 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER .

2. 2.3 . La investigación se originó en el cobro de unos viáticos el día 11 de diciembre de 2008 por parte de los funcionarios demandantes , los cuales fueron destinados a una fiesta decembrina para todos los empleados del INCODER y sus familias. Las sumas recibidas fueron reintegradas en su totalidad.

2.2.4 . La investigación inició el 6 de febrero de 2009 y se decidió en primera instancia el 26 de septiembre de 2013 con sanción de destitución e inhabilidad de 12 años para la señora DEISY RUBY LEDEZMA MUÑOZ y 10 año s para el señor DIEGO GUZMAN ALEGRIA, por haberse apropiado de dineros del Estado.

2.2.5. La decisión disciplinaria de segunda instancia fue emitida el 27 de noviembre de 2014 y notificada el 22 de diciembre del mismo año al señor DIEGO GUZMAN ALEGRIA y por edicto el 29 de diciembre de 2014 a la señora DEISY RUBY LEDEZMA MUÑOZ.

2.2.6 Los dema ndantes fueron desvinculados el 27 de febrero de 2015.

diciembre de 2014 a la señora DEISY RUBY LEDEZMA MUÑOZ.

2.2.6 Los dema ndantes fueron desvinculados el 27 de febrero de 2015.

2. 3. Concepto de la violación .

El apoderad o del demandante consideró como norma s vulnerada s:

• Artículo s 29 y 243 de la Constitución Política . - Artículos 29 numeral 2 y 30 de la Ley 734 de 2002.

Señaló que la Procuraduría General de la Nación, en adelante PGN, aplicó la tesis del Consejo de Estado consistente en que basta con proferir la decisión de primera instancia para interrumpir el término de prescripción desconociendo la sente ncia C -244 de 1996 de la Corte Constitucional que constituye cosa juzgada y sin ningún sustento legal que lo permita.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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4 Expresó que era claro que el legislador obligaba a que la decisión de primera instancia se efectuara dentro de los 5 años contados a partir de la ocurrencia del hecho sancionable y una vez proferida se prorrogaba por 6 meses más hasta que se emitiera la providencia qu e desata el recurso en segunda instancia.

de primera instancia se efectuara dentro de los 5 años contados a partir de la ocurrencia del hecho sancionable y una vez proferida se prorrogaba por 6 meses más hasta que se emitiera la providencia qu e desata el recurso en segunda instancia.

Así las cosas, expuso que la ejecución de las conductas investigadas ocurrió el 11 de diciembre de 2008 por lo que el proceso debió terminarse antes del 11 de diciembre de 2013.

Bajo ese entendido, sostuvo que la decisión disciplinaria de segunda instancia se profirió el 27 de noviembre de 2014 y se notificó el 11 de diciembre de la misma anualidad excediendo m ás de 12 meses el término señalado por la ley para notificar la provide ncia que puso fin al proceso.

En ese orden de ideas consideró que se debió declarar la prescripción de la acción disciplinaria de conformidad con el numeral 2 del artículo 29 de la Ley 734 de 2002, pues vencido el término de 5 años la Procuraduría no tení a la facultad para emitir ninguna decisión.

Agregó que se desconocieron las sentencias C -244/96 y 948/02 lo que conduce a la violación del artículo 239 constitucional.

2. 4. Contestación de la demanda

La Nación - Procuraduría General de la Nación , por medio de apoderad o judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda 2,con fundamento en l os siguientes argumentos :

Señaló que las altas Cortes, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han delimitado su posición frente a la valoración probatoria y su revisión en sede de lo contencioso , concluyendo

fundamento en l os siguientes argumentos :

Señaló que las altas Cortes, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han delimitado su posición frente a la valoración probatoria y su revisión en sede de lo contencioso , concluyendo que no puede pretenderse volver nuevamente sobre el debate . P ara

2 Folios 129 al 141 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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5 ilustrar su pos tura citó varias sentencias.

Adujo que los actos proferidos por la PGN se sujetaron a la constitucionalidad y legalidad ; y por tal razón son eficaces .

Además, afirmó que la demandante (sic) tuvo la oportunidad de expresar sus opiniones y solicitar las pruebas que demostraran su inocencia con la plena observancia de las disposiciones que rigen la materia.

De otro lado , expuso que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha sostenido la tesis consistente en que los 5 años de la prescripción comienzan a contarse a partir del día de la consumación para las faltas instantáneas y desde la realización del último acto en las de c arácter continuado . Además, que la prescripción se interrumpe con la expedición del acto principal y su respectiva notificación al disciplinado, por ser este acto el que

último acto en las de c arácter continuado . Además, que la prescripción se interrumpe con la expedición del acto principal y su respectiva notificación al disciplinado, por ser este acto el que define la conducta investigada como constitutiva de falta y concreta la voluntad de la administración.

Así las cosas , mencionó que para la señora DEISY RUBY LEDEZMA MUÑOZ la decisión de primera instancia se notificó a través de edicto el 10 de octubre de 2013 y los hechos datan del mes de diciembre de 2008 , es decir , no habían pasado los 5 años para que opere el fenómeno de la prescripción.

Agregó que para el señor DIEGO GUZMAN ALEGRIA se le notificó personalmente la decisión disciplinaria de primera instancia el día 7 de octubre de 2008 , por lo que tampoco habían transcurrido los 5 años.

Finalmente, e xpresó que la PGN no podía dejar pasar por alto las conductas de los disciplinados y la sanción debía servir de ejemplo a todos los funcionarios del Estado.

Presentó la excepci ón genérica o innominada .Nulidad y restablecimiento del derecho.

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6

2. 5. Decisiones relevantes en la audiencia inicial 3.

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6

2. 5. Decisiones relevantes en la audiencia inicial 3.

El Tribunal Administrativo del Cauca en la audiencia inicial manifestó que no hay excepciones previas por resolver.

La decisión de excepciones no fue objeto de recurso.

El litigio fue fijado así:

“¿Determinar los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos por la Procuraduría Regional del Cauca y por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa dentro del proceso con radicación 087004308 -2009 mediante los cuales se Sancionó disciplinariamente a los señores DEISY RUBY LEDEZMA MUÑOZ y DIEGO GUZMAN ALEGRIA se encuentran o no afectados de nulidad? Para resolver el problema jurídico , se deberá determinar si los fallos disciplinarios acusados de nulidad se profir ieron o no dentro del término de prescripción de la acción disciplinaria .”

2. 6. La sentencia apelada 4

El Tribunal Administrativo de l Cauca por medio de la sentencia de l 8 de febrero de 201 8 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con base en los argumentos que se resumen a continuación:

Señaló que la norma vigente para la fecha de apertura del proceso disciplinario era la Ley 734 de 2002 que en su artículo 30 previó la prescripción como forma de extinción de la acción .

Advirtió que el legislador solo precisó el momento en que se

disciplinario era la Ley 734 de 2002 que en su artículo 30 previó la prescripción como forma de extinción de la acción .

Advirtió que el legislador solo precisó el momento en que se empieza a contar el término de prescripción de 5 años, pero no señaló los eventos ni el momento de la interrupción, por consiguiente ante este vacío la jurisprudencia del Consejo de Estado en sentencia del 9 de septiembre de 2009 puntualizó que la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término

3 Folio s 912 al 914 del expediente. 4 Folios 946 al 955 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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7 asignado para ejercer la potestad se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria que es el acto princ ipal y no el que resuelve los recursos.

Sostuvo que , por el contrario, la interpretación adoptada por la Corte Constitucional en sentencia C -401 de 2010 cuyos efectos son erga onmes concluyó que el término de prescripción opera cuando la administración de ja vencer el plazo de 5 años señalado por el legislador sin haber adelantado y concluido el proceso con decisión de m érito .

erga onmes concluyó que el término de prescripción opera cuando la administración de ja vencer el plazo de 5 años señalado por el legislador sin haber adelantado y concluido el proceso con decisión de m érito .

Así las cosas, expresó que existen dos posiciones jurisprudenciales ante las cuales el juez debe preferir la que más favorezca la dignidad del hombre y sus derechos, por lo que se inclina por la interpretación de la Corte Constitucional que garantiza el principio pro homine y asegur a que el asunto disciplinario se resuelva en un plazo razonable y no permite la indefinición en la segunda instancia evitando el retardo prolongado en la definición jurídica de los inculpados.

Concluyó que como la conducta por la cual se investiga a los demandantes es de carácter instantáneo , por el cargo único de haber realizado todos los trámites para legalizar los viáticos y gastos de viaje no cumplido y haberse apropiado de dineros del Estado, es partir de la ejecución de la misma que se contabiliza el término de 5 años de prescripción de la acción disciplinaria, esto es, desde el 17 de diciembre de 2008, fecha en la que la señora LEDEZMA MUÑOZ legalizó una comisión para el Bordo , Patía y desde el 9 de diciembre de 2008 fecha en la que el señor GUZMAN ALEGRIA legalizó una comisión para el mismo lugar, que no fueron realizadas , por lo tanto el plazo para finalizar el proceso disciplinario vencía el 17 y 9 de diciembre de 2013, respectivamente.

Así las cosas, sostuvo que la acción disciplinaria para el momento

realizadas , por lo tanto el plazo para finalizar el proceso disciplinario vencía el 17 y 9 de diciembre de 2013, respectivamente.

Así las cosas, sostuvo que la acción disciplinaria para el momento en que fue notificada la decisión de segunda instancia ya habíaNulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 19001-23-33-000-2015-00249-01 (2216-2019)

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8 prescrito, pues la administración definió la situación el 19 y 22 de dicie mbre de 2014 fuera de los 5 años previstos , por tanto, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados .

Por otra parte, en cuanto al restablecimiento del derecho ordenó el reintegro de los demandantes a los cargos que desempeñaban y al pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de desvinculación hasta el reintegro efectiv o; negando los perjuicios morales.

El a quo negó la pretensión de condenar a pagar perjuicios morales, por cuanto los disciplinados aceptaron la comisión de la conducta reprochada y por tanto no se cuestionó al ente investigador por realizar la investigación. Además, la nulidad decretada obedece a que el sancionador desconoció el precedente jurisprudencial más favorable y terminó el proceso de manera extemporánea .

2. 7. Recurso de apelación .

realizar la investigación. Además, la nulidad decretada obedece a que el sancionador desconoció el precedente jurisprudencial más favorable y terminó el proceso de manera extemporánea .

2. 7. Recurso de apelación .

La apoderad a de la parte demanda da apeló 5 la anterior decisión y solicitó que se revoque el fallo de primera instancia con base en los argumentos que a continuación se resumen:

Sostuvo que la interpretación acogida por el a quo desconoce el precedente del Consejo de Estado expuesto en sentencia de unificación d el 9 de septiembre de 2009 en la que estable ció que el término de prescripción de 5 años se interrumpe con la expedición del acto principal y su respectiva notificación al disciplinado.

Bajo este entendido, señaló que dentro del fallo de primera instancia quedó establecido que la falta endilgada a los demandantes se concretó el 17 y 9 de diciembre de 2008 y la decisión de primera instancia se profirió el 26 de septiembre de 2013, notific ándose en debida forma a la señora LEDEZMA MUÑOZ el 10 de octubre y al señor GUZMAN ALEGRIA el 7 de octubre

5 Folios 957 al 96 6 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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9 ambos del año 2013, de mane ra que es claro que para estas fechas no habían transcurrido los 5 años de que trata el precedente jurisprudencial del Co nsejo de Estado, pues a partir de las notificaciones se interrumpió el plazo.

Advirtió que las decisiones adoptadas por la PGN no fueron caprichosas ni afect aron las garantías constitucionales de los demandantes ni se desconoció el principio de celeridad, pues se tuvieron en cuenta los argumentos de los investigados, se practicaron las pruebas y se decidió cuando se tenía la certeza de que existió la falta discipli naria y hubo responsabilidad de los implicados.

2. 8. Alegatos de conclusión en segunda instancia .

La parte demandante presentó alegatos de conclusión 6 y solicitó modificar el precedente judicial en materia de prescripción argumentando que:

La norma aplicable es el artículo 30 de Ley 734 de 2002 cuyo texto procede del articulo 34 de la Ley 200 de 1995 la cual fue objeto de estudio por la Corte Constitucional en sentencia C -244 de 1996.

En consecuencia advirtió que si el Estado no ejercita la po testad disciplinaria en el término de 5 años señalado por el legislador no puede después invocar su propia negligencia o desinterés y ampliar dicho lapso.

Por último afirmó que, si bien es cierto, el Consejo de Estado es

disciplinaria en el término de 5 años señalado por el legislador no puede después invocar su propia negligencia o desinterés y ampliar dicho lapso.

Por último afirmó que, si bien es cierto, el Consejo de Estado es órgano de cierre de la jurisdicci ón en materia contencioso administrativa , también lo es que la Corte Constitucional es el máximo tribunal en materia constitucional.

La entidad demandad a y el Ministerio Público guard aron

6 Folios 989 al 991 del expediente.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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10 silencio 7.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia .

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ,8 el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

3.2. Problema jurídico.

De acuerdo con los argumentos presentados por la parte demanda da en el recurso de apelación, esta Sala deberá determinar si ¿en el proceso disciplinario que adelantó la Procuraduría General de la Nación contra los señores DEISY RUBY LEDEZMA MUÑOZ y DIEGO GUZMAN ALEGRIA oper ó el fenómeno jurídico de la

si ¿en el proceso disciplinario que adelantó la Procuraduría General de la Nación contra los señores DEISY RUBY LEDEZMA MUÑOZ y DIEGO GUZMAN ALEGRIA oper ó el fenómeno jurídico de la prescripción consagrad o en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, y si en consecuencia los actos acusados fueron expedidos sin competencia?

Para efectos de resolver el problema, la Sala analizará: (i) el marco normativo y jurisprudencial de la prescripción de la acción disciplinaria; y (ii ) el análisis del caso concreto.

7 Folios 992 del expediente. 8 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se con cedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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11 3.3 Marco normativo y Jurisprudencial de la prescripción de la acción disciplinaria.

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11 3.3 Marco normativo y Jurisprudencial de la prescripción de la acción disciplinaria.

La prescri pción de la acción disciplinar ia fue contemplada por primera vez en el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 9, así:

“Artículo 12. La acción disciplinaria prescribe en cinco años contados a partir del último acto constitutivo de la falta.”

Con posterioridad , el legislador mediante la Ley 13 de 1984 10, en el artículo 6 señaló:

“Artículo 6. Prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe en cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de la falta, térmi no dentro del cual deberá igualmente imponerse la sanción .” (Subraya fuera de texto)

Luego , se expidió la Ley 200 de 1995 11, en cuyo artículo 34 se consagró la figura de la prescripción de la acción disciplinaria en los siguientes términos:

“Artículo 34 Términos de prescripción de la acción y de la sanción. La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y desde la r ealización del último acto, en las de carácter permanente o continuado.

Parágrafo 1. inexequible.

Parágrafo 2. La ejecución de la sanción disciplinaria prescribe en un término de dos (2) años, contados a partir de la

carácter permanente o continuado.

Parágrafo 1. inexequible.

Parágrafo 2. La ejecución de la sanción disciplinaria prescribe en un término de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo. Estos término s prescriptivos se aplicarán a la acción disciplinaría originada en conductas realizadas por los miembros de la fuerza pública.”

La constitucionalidad de esta norma fue revisada en sentencia C244 de 1996 ; en esta providencia la Corte Constitucional sostuvo:

9 “Por la cual se expiden normas sobre organización y funcionamiento del Ministerio Público y régimen disciplinario y se dictan otras disposiciones. ” 10 “ Por la cual se establecen n ormas que regulan la administración del personal civil y demás servidores que prestan sus servicios en la Rama Ejecutiva del Poder Público en lo nacional y se dictan disposiciones sobre el régimen de Carrera Administrativa. ” 11 “ Por el cuál se adopta el C ódigo Disciplinario Único”Nulidad y restablecimiento del derecho.

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12 “La prescripción de la acción es un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción.

12 “La prescripción de la acción es un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción.

Este fenóm eno tiene operancia en materia disciplinaria, cuando la Administración o la Procuraduría General de la Nación, dejan vencer el plazo señalado por el legislador, -5 años -, sin haber adelantado y concluido el proceso respectivo, con decisión de mérito. El ve ncimiento de dicho lapso implica para dichas entidades la pérdida de la potestad de imponer sanciones, es decir, que una vez cumplido dicho periodo sin que se haya dictado y ejecutoriado la providencia que le ponga fin a la actuación disciplinaria, no se p odrá ejercitar la acción disciplinaria en contra del beneficiado con la prescripción.

El fin esencial de la prescripción de la acción disciplinaria, está íntimamente ligado con el derecho que tiene el procesado a que se le defina su situación jur ídica, pues no puede el servidor público quedar sujeto indefinidamente a una imputación. Si la acción disciplinaria tiene como objetivo resguardar el buen nombre de la administración pública, su eficiencia y moralidad, es obvio que ésta debe apresurarse a cumplir con su misión de sancionar al infractor del régimen disciplinario, pues de no hacerlo incumpliría una de sus tareas y, obviamente, desvirtuaría el poder corrector que tiene sobre los servidores estatales. (…)

El término de cinco años fijado por el legislador, en el inciso primero del artículo 34 de la ley 200 de 1995, para la

tareas y, obviamente, desvirtuaría el poder corrector que tiene sobre los servidores estatales. (…)

El término de cinco años fijado por el legislador, en el inciso primero del artículo 34 de la ley 200 de 1995, para la prescripción de la acción disciplinaria, fue considerado por éste como suficiente para que se iniciara por parte de la entidad a la cual presta sus servicios el empleado o la Procuraduría General de la Nación la investigación, y se adoptara la decisión pertinente, mediante providencia que ponga fin al proceso. ”

Posteriormente, se expidió la Ley 734 de 2002 que en su artículo 30 establecía:

“ARTÍCULO 30. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo 55 de este código. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.Nulidad y restablecimiento del derecho.

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Demandante: Diego Guzmán Alegría y Otros

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13 PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique .”

Una vez expedida la Ley 734 de 2002 esta Corporación para el año 2009 no tenía una posición unificada dado que la norma precis ó el momento a partir del cual comienza a contarse el término de prescripción de la acción, pero no defini ó el momento en que éste debe tenerse po r interrumpido . A pesar de que la jurisprudencia de esta Corporación entendió que la interrupción de la prescripción de la acción disciplinaria se presentaba con la imposición de la sanción , esta expresión dio lugar a tres interpretaciones con relación al instante en que ello sucede.

Así, una de las tesis consideraba que la potestad disciplinaria se ejercía con la expedición del acto administrativo independiente de su notificación o ejecutoria 12; otr a sostenía que, además, se requería la notificación de dicha decisión 13; mientras que una tercera posición estimaba necesario que se hubiesen resuelto todos los recursos interpuestos en contra del acto sancionatorio y que se notificaran los respectivos actos. 14 Por ello, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 15 mediante sentencia del 29 de septiembre de 2009 unificó la posición estableciendo que el término de la prescripción de la acción

notificaran los respectivos actos. 14 Por ello, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 15 mediante sentencia del 29 de septiembre de 2009 unificó la posición estableciendo que el término de la prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe con la expedición del acto principal y la notificación al disciplinado independientemente de cuando se resuelvan los recursos. Al respecto sostuvo:

“(…) los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 22 de abril de 1994 Expte . No. 5158 13 Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera.

Radicación: 7767. 14 Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Rad. 4430 -03 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Sentencia del 9 de septiembre de 2009