CE - 190012333000201700139011SENTENCIAFALLO20230801124629

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 19001-23-33-000-2017-00139-01 (3004-2021) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandado: Álvaro Antonio Muñoz Ruiz

Temas: Lesividad. Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plaza del orden nacional. Noción de derecho adquirido y situación jurídica aparentemente consolidada .

CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el curador ad litem de la parte demandada contra la sentencia proferida el catorce (14) de mayo de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) instauró demanda en contra del señor ÁLVARO ANTONIO MUÑOZ RUIZ en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ello bajo la modalidad de lesividad, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la Resolución 008074 del 31 de julio de 1995, por medio de la cual la extinta Cajanal (hoy UGPP) reconoció una pensión gracia a favor del demandado . Que a título de restablecimiento del derecho se condene al

1 Folio 118.2

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accionado a restituir a la entidad de manera indexada, la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas a las cuales no tenía derecho.

Que la condena respectiva atienda lo previsto en el artículo 187 del CPACA y se imponga el pago de las costas a la parte pasiva.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

imponga el pago de las costas a la parte pasiva.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta l a demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que el demandado nació el 16 de junio de 1944 y durante su vida laboral tuvo varias vinculaciones como docente al servicio del departamento del Cauca, así, (i) desde el 16 de septiembre de 1961 al 15 d e septiembre de 1963, (ii) desde el 9 de mayo de 1967 hasta el 15 de septiembre de 1967, (iii) desde el 2 de octubre de 1968 hasta el 30 de 1969, (iv) desde el 3 de septiembre de 1969 hasta el 30 de agosto de 1971, y (v) desde el 1 de abril de 1973 hasta el 30 de septiembre de 1975. Finalmente, aquel laboró a través de nombramiento del Ministerio de Educación Nacional desde el 10 de octubre de 1975 hasta el 8 de julio de 1994, teniendo como último empleo el de director en la institución Nacional de Promoción Social.

Que mediante Resolución 5345 del 26 de junio de 2009, emitida por la Gobernación del Departamento del Cauca, el señor Muñoz Ruiz fue retirado del servicio.

Que mediante Resolución 008074 del 31 de julio de 1995 , la extinta Cajanal le reconoció al demandado una pensión gracia en cuantía de $273.289, efectiva a partir del 16 de junio de 1995, cuya reliquidación fue negada por dicha entidad en varias oportunidades, puntualmente a través de las Resoluciones 23138 del 16 de

partir del 16 de junio de 1995, cuya reliquidación fue negada por dicha entidad en varias oportunidades, puntualmente a través de las Resoluciones 23138 del 16 de mayo de 2006, 26579 del 17 de junio de 2008, y PAP 022845 del 28 de octubre de 2010.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 28 de marzo de 2017 3, y debido a la imposibilidad de notificar personalmente esta decisión al señor Muñoz Ruiz, se expidió providencia el 21 de mayo de 2018 4 con la cual se ordenó su emplazamiento, lo cual efectivamente ocurrió mediante publicación en el diario El País el 27 de mayo de 2018.5

2 Folios 118 a 119. 3 Folios 134 a 135. 4 Folio 169. 5 Folios 172 a 175.3

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Posteriormente, ante la ausencia del accionado en el proceso, por medio de auto del 26 de octubre de 20206 le fue designado un curador ad litem. Asimismo, una vez trabado el litigio, se expidió proveído del 9 de diciembre de 2020 7 en el que se resolvió negar la medida cautelar de suspensión provisional solicitada por la UGPP, el cual fue confirmado por el tribunal mediante decisión del 12 de marz o de 2021 8

resolvió negar la medida cautelar de suspensión provisional solicitada por la UGPP, el cual fue confirmado por el tribunal mediante decisión del 12 de marz o de 2021 8 que resolvió el recurso de reposición interpuesto por dicha autoridad.

Por su parte, el demandado a través de su curador designado presentó memorial de contestación9, en el cual manifestó que la prestación en debate es un derecho adquirido a su favor que fue reconocido por la entidad demandante con base en los parámetros e interpretaciones de la norma para la época en la que le fue concedida, por tanto, de prosperar la a cción se estaría obligando a una persona a renunciar a dicho derecho, más cuando cumplió con los requisitos expuesto s en la normativ a. Continuó señalando que el docente se vinculó al magisterio el 1° de abril de 1969, que laboró por más de 20 años de servicio y además no obra prueba en el proceso de que esté inmerso en un proceso disciplinario, por ello, cumple con los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia.

Propuso las excepciones que denominó buena fe e innominada.

En el presente proceso no se llevó a cabo la audiencia inicial, sino que en virtud de lo dispuesto en el artículo 182 A del CPACA (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021), se dictó auto el 21 de abril de 202110 en el que se determinó que no había excepciones previas para resolver, se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se efectuó el decreto de pruebas y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión con el fin de dictar sentencia anticipada .

de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se efectuó el decreto de pruebas y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión con el fin de dictar sentencia anticipada .

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN 11

El Tribunal Administrativo del Cauca dictó sentencia escrita el 14 de mayo de 2021, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , esto al declarar la nulidad de los actos reprochados, pero al mismo tiempo denegar el reintegro de las sumas de dinero reclamadas.

Para ello aseguró que de acuerdo con las certificaciones de tiempo de servicios, el señor Álvaro Antonio Muñoz Ruiz se desempeñó en instituciones del orden territorial y nacionalizado por espacio de 9 años, 2 meses y 18 días, y en un establecimiento del orden nacional hasta el momento de su estatus pensional (16 de junio de 1994),

6 Folio 198. 7 Folios 205 a 206. 8 Folio 221. 9 Folios 217 a 219, C1. 10 Folios 229 a 230. 11 Folios 246 a 253.4

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esto durante 18 años, 9 meses y 7 días, y en adelante, en la misma institución hasta el año 2007, para total de 31 años, 8 meses y 24 días.

esto durante 18 años, 9 meses y 7 días, y en adelante, en la misma institución hasta el año 2007, para total de 31 años, 8 meses y 24 días.

Que en tal sentido, el docente demandado no demostró plenamente los requisitos necesarios para acceder a la referida prestación, porque si bien fue vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 (28 de septiembre de 196 1), contaba con 50 años de edad, y observó una buena conducta en su desempeño como docente, el tiempo de servicios como educador del orden territorial no fue por 20 años, sino que solo sumó 9 años, 2 meses y 18 días con tiempos de labor mediante un vínculo nacional.

Que aunque las entidades territoriales pasaron a administrar la educación y son titulares directos o propietarios de los recurs os que les gira la Nación, lo cierto es que como se ha referido la jurisprudencia del Consejo de Estado , lo que determina la calidad del docente es la plaza a ocupar . Que al respecto, en el caso del demandado, aunque en principio ocupó un empleo en establecimiento territorial , al ser nombrado posteriormente en la Institución Nacional Mixta de Piendamó (Cauca), este pasó a ser del orden nacional , más aún por cuanto este último acto fue expedido por el Ministerio de Educación.

Que en lo que respecta a la solicitud de reintegro de las sumas de dinero pagadas al accionado, debe tenerse en cuenta que d e conformidad con lo previsto en el CACA y la línea interpretativa del Consejo de Estado , el principio de la buena fe incorpora una presunción legal que admite prueba en contrario, razón por la cual, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el reclamante actuó de mala fe.

CACA y la línea interpretativa del Consejo de Estado , el principio de la buena fe incorpora una presunción legal que admite prueba en contrario, razón por la cual, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el reclamante actuó de mala fe. Que en tal sentido se observa que, el presente asunto se trata de un error de la administración por haber concedido el derecho a qui en no reunía los requisitos legales, motivo por el cual, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe.

EL RECURSO DE APELACIÓN 12

La parte demanda da en su escrito de a pelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por considerar que, si bien el nombramiento del señor Muñoz Ruiz en la Institución Nacional Mixta de Piendamó se efectuó mediante Resolución 6677 proferida por el Ministerio de Educación, no se puede perder de vista que desde 1997 el departamento del Cauca maneja la educación de manera independiente al Gobierno Nacional.

Que desde 1997, el accionado mantuvo su condición de nacionalizado en la referida institución educativa, en razón a que los recursos en materia de educación pasaron a ser rentas exógenas del ente territorial. Es decir, el educador acreditó el cumplimiento de más de 20 años de servicio bajo dicha calidad, contrario a lo

12 Folios 259 a 261.5

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manifestado por el tribunal de origen , cumpliendo con todos los requisitos dispuestos en la Ley 114 de 1913.

Que en todo caso, la pensión gracia del demandado se constituye como un derecho adquirido al haber sido devengado desde hace más de 25 años, pues por aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario y en atención a que la prestación fue adquirida bajo los parámetros y la interpretación de las normas para la época en la que fue concedida mediante acto administrativo, no es posible considerar que una interpretación posterior puede dejar sin efectos los situaciones consolidadas por el administrado en el año 1995.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

De conformidad con el numeral 4 ° del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el recurso de apelación13 las partes guardaron silencio. Adicionalmente, al no haberse practicado pruebas de segunda instancia, conforme al numeral 5° de esta misma normativa, no se corrió traslado para alegar de conclusión .14

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El agente del Ministerio Público no rindió concepto. 15

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la S ubsección, es el de determinar si alguno de los períodos de labor del demandado como docente oficial lo fue bajo una vinculación del orden nacional que no pueda ser tenida en cu enta para consolidar la pensión gracia, y si ello es así, verificar si tal prestación constituía un derecho adquirido inmodificable.

períodos de labor del demandado como docente oficial lo fue bajo una vinculación del orden nacional que no pueda ser tenida en cu enta para consolidar la pensión gracia, y si ello es así, verificar si tal prestación constituía un derecho adquirido inmodificable.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado , tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

13 Índice 3 de la plataforma SAMAI. 14 Ver constancia secretarial a folio 271. 15 Idem.6

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«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte , el artículo 3° de la norma en cita estableció que: «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión , se torna indispensable que

servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión , se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de l os siguientes postulados ,

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]

escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»16. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, sin embargo, no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente previstos para el efect o.

Aunado a ello , la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

16 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.7

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Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resu lta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos,

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(…)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión

desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos d e ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año eq uivalente a una mesada pensional.»

Por otro lado, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prev ista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 17 señaló,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.8

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De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Secci ón Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 18 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones,

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las

por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones,

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorpo raban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algun as de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,

erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del res pectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoria les, o en su defecto, también se puede acreditar con la

18 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.9

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Hernández Triana contra la UGPP.9

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respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fij ados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es

reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocup ar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una delegación mediante la cual dichas autoridades posesionan a los educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la L ey 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ -030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 19 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de

requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que l as anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede

19 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.10

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administrativa como judicial , tal como sucede con el asunto bajo examen en esta oportunidad.

Resolución del caso concreto

En primer lugar, es destacable el hecho de que, para definir el presente litigio , se torna innecesario efectuar un análisis integral de los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, toda vez que el centro de discusión frente al reconocimiento de la prestación a favor del demandado , radica en verificar la pertinencia o no de computar un tiempo de servicio que la entidad accionante asegura que es de carácter nacional.

Pues bien, d e acuerdo con los preceptos legales y el criterio jurisprudencial expuesto en el acápite del marco normativo aplicable, para esta Subsección es claro que se ha mantenido la tesis de que los docentes nacionales no tienen derecho a beneficiarse de la pensión gracia regulada inicialmente en la Ley 114 de 1913, y

expuesto en el acápite del marco normativo aplicable, para esta Subsección es claro que se ha mantenido la tesis de que los docentes nacionales no tienen derecho a beneficiarse d