CE - 190012333000201800017011SENTENCIA20230706142334

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Título
CE - 190012333000201800017011SENTENCIA20230706142334
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-2022)

Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz

Demandado: Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial, Seccional Popayán)

Temas: Improcedencia de la e quiparación de cargo s en concursos de méritos respecto de aquellos que no fueron ofertados en la convocatoria pública

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 10 de marzo de 20 22 por el Tribunal Administrativo de l Cauca que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo - CPACA, el señor Cristian Camilo Valencia Muñoz , por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo - CPACA, el señor Cristian Camilo Valencia Muñoz , por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio CSJSAC1021 del 16 de julio de 2016;2

Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)

Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz

  1. Resolución 199 del 14 de septiembre de 2016; y iii) Resolución CJR17-171 del 3 de agosto de 2017 , por medio de l os cuales se negó la solicitud de equipar ación del cargo de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes grado 11, al de técnico de tribunal, grado 11.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el accionante solicitó ordenar la publicación de las opciones de sede para que pueda optar por el cargo de técnico en sistemas, grado 11, creado mediante el Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015 y «así este se pueda proveer con la lista de elegibles del cargo de técnico de centro y oficina de servicios y/o equivalentes grado 11, acatando lo ordenado por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, que dispone que se deben proveer los cargos con la lista de elegibles».

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

  1. El señor Cristian Camilo Valencia Muñoz participó en el concurso de

proveer los cargos con la lista de elegibles».

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

  1. El señor Cristian Camilo Valencia Muñoz participó en el concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo 095 de 29 de noviembre de 2013, para la

provisión de empleos de carrera de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios del Distrito Judicial de Popayán y Administrativo del Cauca, obteniendo resultados favorables en todas sus etapas.

  1. Una vez la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca publicó el formato de opción de sede, optó para ocupar el cargo de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes , grado 11, en la única vacante que existía , esto es, en el Centro de Servicios de los Juzgados Penales para Adolescentes, pero este fue provisto por una persona diferente.
  1. Actualizada la lista de elegibles del cargo en cuestión en atención a la referida provisión, el demandante ocupó el primer lugar, conforme lo dispuesto en la Resolución CSJCAUR17-192 del 4 de julio de 2017.3

Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)

Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz

  1. Mediante el Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, se creó el empleo de técnico en sistemas de tribunal , grado 11 por lo que presentó petición para que se publicara la opción de sede de ese cargo, al considerar que era equivalente al de técnico de centro u oficina de serv icios y/o equivalentes , grado

11.

empleo de técnico en sistemas de tribunal , grado 11 por lo que presentó petición para que se publicara la opción de sede de ese cargo, al considerar que era equivalente al de técnico de centro u oficina de serv icios y/o equivalentes , grado 11.

  1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca , hasta junio de 2016, publicaba la opción de sede para el cargo de técnico en sistemas de tribunal , grado 11, para quienes quisieran solicitar traslado.
  1. Dado que en diferentes seccionales del país se estaba realizando la equiparación de cargos, solicitó se respetara el derecho a la igualdad. No obstante, mediante Oficio de 16 de julio de 2016, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca negó aquel pedimento en ate nción a que no se había ofertado a concurso el cargo de técnico en sistemas de tribunal, grado 11 , y que no resultaba equivalente al de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes, grado 11, por cuanto tienen diferente categoría.
  1. La anterior decisión fue objeto de los recursos pertinentes, los cuales fueron resueltos de manera negativa mediante las Resoluciones 199 del 14 de septiembre de 2016 y CJR17-171 del 3 de agosto de 2017.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 13, 25, 29, 40, 53, 54 al 257 de la Constitución Política; y 130, 162 al 167 de la Ley 270 de 1996 . Asimismo, invocó como vulnerados el Acuerdo 95 del 29 de noviembre d e 2013, la Resolución

Constitución Política; y 130, 162 al 167 de la Ley 270 de 1996 . Asimismo, invocó como vulnerados el Acuerdo 95 del 29 de noviembre d e 2013, la Resolución CSJCAUR17-192 del 4 de julio de 2017 y el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor expuso lo siguiente:4

Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)

Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz

  1. El señor Valencia Muñoz demostró resultados favorables en las etapas del concurso de méritos, por lo que actualmente ocupa el primer lugar de la lista o registro de elegibles para el cargo de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalente, grado 11. Por consiguiente, no tenía una mera expectativa de ocupar el cargo para el cual participó, sino un derecho adquirido, lo que implica que al existir una vacante en un empleo equivalente tiene derecho a optar a est a, ser nombrado y posesionarse.
  1. Como el empleo para el cual participó en el concurso de méritos contenía la expresión «equivalente», ello implica que puede optar por el cargo denominado técnico de tribunal, grado 11, por cuanto todos los cargos técnicos de apoyo tienen el mismo grado, reciben igual remuneración y precisamente tienen la función de apoyo tecnológico a oficinas, juzgados o tribunales donde se vaya a desempeñar.

Además, en ambos casos se exige el título tecnológico en sist emas y 2 años de experiencia.

1.2. Contestación de la demanda

Además, en ambos casos se exige el título tecnológico en sist emas y 2 años de experiencia.

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Popayán) se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las siguientes razones de defensa:1

  1. Los actos demandados fueron expedidos respetando el marco constitucional y legal, en tanto , en atención a la función reguladora en cabeza del Consejo Seccional, se expidió el Acuerdo 095 de 2013, en el que claramente se estableció que la convocatoria sería norma obligatoria y reguladora de ese proceso de selección.
  1. Conforme dicho acuerdo, para aspirar a l cargo de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes se requería acreditar el título tecnológico en sistemas y contar con dos años de experiencia; no obstante, para el cargo de técnico en sistemas, grado 11, creado mediante el Acuerdo PSAA15-10402 solo se

1 Folios 120 al 127.5

Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)

Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz

solicitaban estudios «técnicos» en sistemas, formaciones que , conforme a la reglamentación del Ministerio de Educación, son diferentes.

  1. Adicionalmente, el demandante concursó para un cargo de circuito, mientras que el empleo al cual pretende se realice la homologación es de categoría de tribunal.
  1. Asimismo, la homologación solo es procedente cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura hubiera suprimido,

mientras que el empleo al cual pretende se realice la homologación es de categoría de tribunal.

  1. Asimismo, la homologación solo es procedente cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura hubiera suprimido, trasladado, reubicado el cargo o cuando no exista en la planta o despachos para los cuales fueron convocados. En ese orden, dado que el empleo para el cual concursó el demandante no ha sido objeto de ninguna de esas situaciones administrativas, no se cumplen las exigencias para realizar la respectiva homologación del cargo de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes, grado 11, al de técnico en sistemas, grado 11, pues , insistió, este último fue creado con posterioridad a la convocatoria del Acuerdo 095 de 2013.
  1. Hizo énfasis en que entre los referidos empleos no existe igualdad de condiciones en cuanto a formación académica ni se encuentran en la misma categoría; por lo que la pretensión del accionante estaría encaminada a inaplicar las reglas del concurso a las cuales se acogió de manera voluntaria.

Propuso las excepciones de falta de causa para demandar, inexistencia de perjuicios, presunción de legalidad de los actos administrativos demandados y la genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia escrita del 10 de marzo de 20 22, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:2

2 Folios 208 al 224. Con ponencia del magistrado David Fernando Ramírez Fajardo.6

de 20 22, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:2

2 Folios 208 al 224. Con ponencia del magistrado David Fernando Ramírez Fajardo.6

Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)

Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz

  1. El señor Cristian Camilo Valencia Muñoz concursó para el empleo de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes , grado 11, para el cual se encuentra como único integrante del registro de elegibles; no obstante, pretende se le asemeje al cargo de técnico en sistemas de tribunal , grado 11, para poder optar a este.
  1. Teniendo en cuenta ello se debe precisar que la lista de elegibles para la

provisión de empleos de carrera , en virtud del concurso de méritos, solo puede utilizarse para ocupar las vacantes ofertadas e indicadas en la convocatoria respectiva.

  1. Revisado el asunto se advierte que el cargo de técnico de sistemas de tribunal, grado 11 no fue ofertado en la convoca toria en la que participó el demandante, pues fue creado con posterioridad a esta, y, por el contrario, en este momento se encuentra incluido en la convocatoria realizada mediante Acuerdo CSJCAUA17-372 del 5 de octubre de 2017.
  1. Adicional a lo anterior, n o se configura ron los requisitos para determinar la similitud funcional de cargos; y, en consecuencia, para autorizar la apertura de la opción de sede, pues si bien tienen un mismo grado, su denominación, la exigencia de los requisitos de estudio y experiencia y el lugar donde se prestará el servicio son disímiles.

opción de sede, pues si bien tienen un mismo grado, su denominación, la exigencia de los requisitos de estudio y experiencia y el lugar donde se prestará el servicio son disímiles.

  1. Si bien se observó que algunas funciones son similares, no es un argumento que permita inferir que materialmente sean iguales, hecho que le correspondía probar a la parte actora y no lo hizo. Ta mpoco es posible aplicar las figuras de traslado de inscripción y homologación, previstas en el Acuerdo 599 de 1999, pues no se probó que se cumplieran las exigencias allí previstas.
  1. Nótese que lo que aquí acontece es que no se ha producido una vacante para que el actor pueda optar al cargo al que concursó , sin que por ello se pueda predicar la inexistencia del empleo; además que, de presentarse la situación en comento, el ac cionante podría solicitar la homologación a un empleo de igual o7

Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)

Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz

inferior categoría, y el cargo para el cual concursó desempeña sus funciones en los juzgados penales, mientras que la plaza a la cual pretende se le dé apertura de opción de sede fue creada para que realizara sus funciones en el tribunal superior o administrativo, por lo que no podría predicarse que es de inferior categoría.

  1. Igualmente, se resalta que en ningún momento la convocatoria garantiza ba la existencia de vacantes al aperturarse el concurso, sino la existencia del empleo para el que se concursó al expedirse el registro de elegibles.
  1. En suma, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante.

para el que se concursó al expedirse el registro de elegibles.

  1. En suma, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado del señor Cristian Camilo Valencia Muñoz interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia previamente referenciada, solicitó que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Como sustento de su pretensión expuso lo siguiente:3

  1. Teniendo en cuenta que el demandante pasó la prueba de conocimientos y quedó en el registro de elegibles para el cargo de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalente grado 11, tiene derecho acceder al cargo.
  1. Si bien la vacante se presentaba en los centros de servicios penales, la cual fue ocupada por el primero en la lista de elegibles, no puede dejarse de lado que la oferta contaba con un presupuesto denominado «y/o equivalentes» , lo que traduce que de existir un cargo equivalente con funciones igu ales o similares, que para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o similares a las del empleo ofertado y tenga una asignación básica mensual igual o superior, el accionante podría optar por ser nombrado en este.

3 Folios 228 al 234.8

Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)

Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz

  1. En ese sentido, la primera instancia no tuvo en cuenta que al momento de la creación del cargo para el cual se busc ó se hacer efectiva la equivalencia, se

Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz

  1. En ese sentido, la primera instancia no tuvo en cuenta que al momento de la creación del cargo para el cual se busc ó se hacer efectiva la equivalencia, se encontraba vigente la lista de elegibles, situación que le otorga al demandante el derecho a que, de existir un cargo con las mismas características al ofertado , pueda tener la posibilidad de acceder este.
  1. El hecho de que el cargo de técnico en sistemas, grado 11 se creara de forma posterior a la convocatoria del Acuerdo 095 de 2013, no implica que no pueda existir equivalencia entre dicho empleo y el de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes, grado 11.
  1. Lo anterior por cuanto de ntro del trámite del proceso se demostró que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, los cargos de técnico en sistemas grado 11 pertenecen a la misma categoría y denominación de «cargos técnicos de apoyo» , luego tienen el mismo grado, reciben la misma remuneración, y las funciones, son precisamente de apoyo tecnológico en la oficina, juzgado o tribunal donde se vayan a desempeñar.
  1. No existen aspectos de orden legal que sustenten el supuesto requisito de acreditar estudios técnicos en sistemas para el caso del cargo de técnico en sistemas, grado 11 creado en el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, pues ese requisito no se enuncia en ningún acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura.
  1. Finalmente, respecto a la condena en costas, no se entiende c ómo el Tribunal las tasó , por cuanto no se configuró ninguna de las exc epciones

de la Judicatura.

  1. Finalmente, respecto a la condena en costas, no se entiende c ómo el Tribunal las tasó , por cuanto no se configuró ninguna de las exc epciones propuestas por la entidad demandada.

1.5. Pronunciamiento frente al recurso de apelación

La Nación (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Popayán) no se pronunció respecto del recurso de apelación propuesto9

Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)

Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz

por la parte demandante.4

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.5

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala debe establecer si es procedente que e l demandante, quien ocupa el primer lugar en el registro de elegibles para el empleo de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes , grado 11, pueda elegir la opción de sede del cargo de Técnico en Sistemas (Tribunal), grado 11, pese a que este último no se ofertó en la convocatoria en la que participó.

2.2. Marco normativo

La carrera administrativa para los empleados de la Rama Judicial

El artículo 125 de la Carta Política estableció la carrera administrativa como la regla general para la vinculación laboral con el Estado. Tal previsión constitucional tiene como fin garantizar que quienes ingresen al servicio público sean los

El artículo 125 de la Carta Política estableció la carrera administrativa como la regla general para la vinculación laboral con el Estado. Tal previsión constitucional tiene como fin garantizar que quienes ingresen al servicio público sean los mejores, los más idóneos y eficaces, por lo que se cimenta en el mérito y en la capacidad del empleado público para ejercer sus funciones, criterios todos estos que determinan el ingreso, permanencia y retiro del servicio.6

4 Folio 245. 5 Ibidem. 6 En ese sentido ver: Corte Constitucional, Sentencia C -315 de 2007 magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño.10

Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)

Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz

La carrera administrativa ha sido elevada al rango de principio constitucional, 7 en razón a que busca la consecución de intereses superiores, ent re los que se encuentran i) la selección del mejor personal para la función pública; ii) la realización de los principios de eficiencia y eficacia; iii) la garantía de la igualdad entre quienes aspiren a acceder al ejercicio público; iv) la conformación de una planta de personal que beneficie el interés general y, v) la estabilidad laboral de los empleados públicos.8

Precisamente, al premiar la carrera administrativa el mérito, el inciso 2.º del artículo 125 superior estableció el concurso público como su garantía, de modo que el ingreso, permanencia y ascenso de los empleados públicos se base en criterios objetivos y que las decisiones no se permeen por aspectos subjetivos.

De esta manera, el concurso público « se dirige a comprobar las calidades

que el ingreso, permanencia y ascenso de los empleados públicos se base en criterios objetivos y que las decisiones no se permeen por aspectos subjetivos.

De esta manera, el concurso público « se dirige a comprobar las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos»9, para que la selección del per sonal no obedezca a favoritismos o caprichos del nominador y de esta forma se erradique el clientelismo y el nepotismo.10

Para el caso de la Rama Judicial, el artículo 256 de la Carta Política de 1991 le otorgó la competencia para administrar la carrera judicial al Consejo Superior de la Judicatura al señalar que « Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: 1. Administrar la carrera judicial».

Este mandato se replicó en los numerales 17 y 22 del artículo 85 la Ley 270 de 1996 en los que se indica que a dicha entidad le corresponde «17. Administrar la

7 La jurisprudencia ha señalado que tres criterios específicos para que sea considerado de esta manera. Uno histórico relacionado con la necesidad de acabar prácticas en la administración pública como el clientelismos, amiguismo o nepotismo existentes en Colombia desde tiempos remotos. El co nceptual según el cual al ser considerado principio la carrera administrativa debe ser un estándar para la selección de personal y una guía de interpretación para las reglas sobre el ingreso al servicio público. Y un criterio teleológico entendido como el instrumento para cumplir los principios de eficiencia, eficacia en la función pública, igualdad de oportunidades para acceder a ella y de estabilidad laboral de los servidores públicos. Esta postura se

el instrumento para cumplir los principios de eficiencia, eficacia en la función pública, igualdad de oportunidades para acceder a ella y de estabilidad laboral de los servidores públicos. Esta postura se encuentra explicada con detalle en la sentencia C -553 de 2010 con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. Reiterado en la sentencia SU-539 de 2012 de igual ponente. 8 Sentencia C-588 de 2009, magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 9 Corte Constitucional, sentencia C.1122 de 2005. magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra. 10 Corte Constitucional, sentencia C-901 de 2008 magistrado ponente Mauricio González Cuervo.11

Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)

Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz

Carrera Judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley. (…)

22. Reglamentar la carrera judicial».

En lo que se refiere a la función de reglamentación aludida, la Corte Constitucional la inscribió en la facultad denominada «potestad reglamentaria de los órganos constitucionales»,11 que implica la expedición de disposiciones de orden general a través de la cuales se desarrolla la ley con la finalidad de hacerla ejecutable. El ejercicio de tal poder por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura está limitado en el contenido y espíritu de la ley reglamentada.12

A esta le corresponde entonces reglamentar las normas de la Ley 270 de 1996 relacionadas con el ingreso, permanencia y retiro del servicio de los empleados de la Rama Judicial. Así, le incumbe expedir los reglamentos para realizar el proceso

A esta le corresponde entonces reglamentar las normas de la Ley 270 de 1996 relacionadas con el ingreso, permanencia y retiro del servicio de los empleados de la Rama Judicial. Así, le incumbe expedir los reglamentos para realizar el proceso de selección,13 fijar los requisitos mínimos de experiencia y capacitación para los participantes,14 determinar el contenido y procedimiento de las etapas del concurso de méritos.15

Finalizada la etapa de selección, a la Sala Administrativa le compete, también, por disponerlo el artículo 166 ibidem, conformar el registro de elegibles en orden descendente con quienes hayan superado todas las etapas, registro que tiene una vigencia de cuatro años. Y en caso de prese ntarse una vacante definitiva de un cargo ofertado en el concurso , el nominador , dentro de los tres días siguientes deberá solicitar a dicha Sala el envío de la lista de elegibles (la cual se integra con quienes ocupen los cinco primeros lugares en el «reg istro de elegibles») y una vez

11 Sentencia C-384 de 2003. 12 Al respecto se puede consultar la siguiente sentencia: Sentencia SU539 de 2012, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva. En la providencia se explicó lo siguiente: « Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la Cort e Constitucional, es claro que (i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la facultad de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla ejecutable, en este caso la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la potestad en cuestión encuentra sus límites en las funciones

el sentido de la ley para hacerla ejecutable, en este caso la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la potestad en cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales asignadas al Consejo Superior, lo que implica que no puede “suplantar las atribuciones propias del legislador». 13 Artículo 160 de la ley 270 de 1996. 14 Artículo 161 ibidem. 15 Artículo 162 y 163 ibidem.12

Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)

Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz

esta sea allegada debe nombrar dentro de los 10 días siguientes al conocimiento de esta conforme lo manda el artículo 167 ibidem.

En lo que se refiere a quienes se encuentran en el registro de elegibles, la jurisprudencia ha señalado que quien ocupe el primer lugar tiene un derecho adquirido, pues superó todas las etapas del concurso público de méritos. Así, solo resta que sea nombra do en el cargo para el cual concursó, que debe estar vacante, de lo contrario no hubiese sido ofertado.

También se ha dicho que el registro de elegibles surte un efecto inmediato y crea derechos respecto de las personas en ella incluidas y, de manera particular acerca de quien ocupa el primer lugar, la jurisprudencia ha sido clara en indicar que «…tienen el derecho adquirido a ser nombradas en el cargo correspondiente, materializándose así el principio constitucional del mérito para acceder a los cargos públicos».16 (Resalta la Sala).

En igual sentido, la Corte Constitucional explicó que cuando una entidad pública cita a un concurso público de méritos es porque existe una vacante definitiva que

cargos públicos».16 (Resalta la Sala).

En igual sentido, la Corte Constitucional explicó que cuando una entidad pública cita a un concurso público de méritos es porque existe una vacante definitiva que debe proveerse, razón por la que no se justifica que quien superó todas las etapas del trámite no sea nombrado en aquella, en la medida que si ocupó el primer lugar «tiene, en tal virtud y por mandato constitucional , no una mera expectativa sino un verdadero derecho adquirido a ser nombrado en el cargo correspondiente».17 (Negrilla fuera de texto).

Bajo tales parámetros, es claro que para poder afirmar que una persona que haya participado en un concurso público de méritos tiene un derecho adquirido para ser nombrado en el empleo que se ofertó, es menester qu e el trámite finalice con la

16 Consejo de Estado . Sala de Consulta y Servicio Civil . Radicado 11001-03-06-000-2013-0038700. Número interno: 2158. Referencia: Carrera Administrativa en la Fiscalía General de la Nación. Concurso de méritos. Lista de elegibles. Actor: Departamento Administrativo de La Función

Pública. Consejero ponente: Augusto Hernández Becerra. Bogotá, D.C. 10 de diciembre de 2013. 17 Sentencia T-455 de 2000, magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo. Providencia reiterada en la SU-913 de 2009, con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao Pérez.

Criterio esbozado también en la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contenc ioso Administrativo. Sección Segunda . Subsección B. Radicación: 18001-23-31-000-2002-00196-01(2665-11).

Criterio esbozado también en la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contenc ioso Administrativo. Sección Segunda . Subsección B. Radicación: 18001-23-31-000-2002-00196-01(2665-11).

Actor: Pedro Rojas Rojas. Demandado: Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –

DEAJ. Consejera ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez. Bogotá, D.C., 2 de agosto de 2012.13

Radicación: 19001-23-33-000-2018-00017-01 (2413-22)

Demandante: Cristian Camilo Valencia Muñoz

correspondiente firmeza del registro de elegibles y, además, que ocupe el primer lugar en esta.

2.3. Hechos probados

  1. Mediante el Acuerdo 95 de 2013, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para la conformación del registro

seccional de elegibles para la provisión de los cargos empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros d e Servicios del Distrito Judicial de Popayán y Administrativo del Cauca.18 La convocatoria fue identificada con el número 3.

Entre los cargos en concurso se encontraba el de técnico de centro u oficina de servicios y/o equivalentes , grado 11 , cuyos requisitos mínimos por acreditar eran título tecnológico en sistemas y dos años de experiencia relacionada.

  1. El 29 de octubre de 2015, a través del Acuerdo PSAA15-10402, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó, con carácter permanente, en cada uno de los Tribunales Superiores y Contencioso
  1. El 29 de octubre de 2015, a través del Acuerdo PSAA15-10402, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó, con carácter permanente, en cada uno de los Tribunales Superiores y Contencioso Administrativos del país un cargo de Técnico en Sistemas, grado 11 .19 En dicho acuerdo se dispuso lo siguiente respecto el nombramiento de dichos empleos:

Artículo 5°.- De los nombramientos. Los nombramientos de los cargos de que trata el presente Acuerdo se efectuarán de las correspondientes listas de elegibles, conforme a la Constitución, a la Ley Estatutaria y a los Acuerdos

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