CE - 190012333000202300064011SENTENCIA20230717174549

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 19001-23-33-000-2023-00064-01

Referencia: Acción de tutela

Actor: AMARILDO CORREA OBANDO

TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE AMPARO DE LA REFERENCIA Y, EN SU LUGAR, SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES, POR CUANTO EL ACCIONANTE NO ACREDITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN JUDICIAL, POR LO QUE NO PROCEDÍA LA INAPLICACIÓN O EL LEVANTAMIENTO DE LA SANCIÓN QUE LE

FUE IMPUESTA EN EL MARCO DE UN INCIDENTE DE DESACATO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA

DEFENSA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ , esta Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor, contra la sentencia de 21 de marzo de 2023 , proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA 1, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

1 En adelante el Tribunal2

Número único de radicación: 19001-23-33-000-2023-00064-01

ADMINISTRATIVO DEL CAUCA 1, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

1 En adelante el Tribunal2

Número único de radicación: 19001-23-33-000-2023-00064-01

Actor: AMARILDO CORREA OBANDO

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I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor AMARILDO CORREA OBANDO , actuando en calidad de Secretario de Educación y Cultura del Departamento del Cauca , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales estimó vulnerados por el JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN2 al proferir la providencia de 6 de marzo de 2023, dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación 19001-33-33-010-2022-00173-00.

I.2. Hechos

Indicó que mediante el Decreto 1705-09 de 2022 fue nombrado para desempeñar el cargo de SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y

CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA3.

2 En adelante el Juzgado 3 En adelante la Secretaría de Educación3

Número único de radicación: 19001-23-33-000-2023-00064-01

Actor: AMARILDO CORREA OBANDO

3 En adelante la Secretaría de Educación3

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Señaló que l a docente CARMELINA PÉREZ LARRAHONDO promovió acción de tutela contra el DEPARTAMENTO DEL CAUCASECRETARÍA DE EDUCACIÓN y la FIDUPREVISORA S.A., con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales de petición, a la seguridad social y al debido proceso y, en consecuencia, se les ordenara resolver de fondo la solicitud de reconocimiento de su pensión de vejez.

Sostuvo que la solicitud de amparo incoada por la señora PÉREZ LARRAHONDO le correspondió al JUZGADO que, mediante sentencia de 18 de octubre de 2022, tuteló el derecho fundamental de petición de aquella y ordenó a la FIDUPREVISORA S.A. que efectuara el estudio de la prestación pensional y remitiera la hoja de revisión a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. A su turno, le ordenó a esta última, que, una vez recibiera la hoja de revisión, expidiera el acto administrativo definitivo y lo remitiera al Fondo para que procediera a la inclusión en nómina de la allí tutelante.

Manifestó que mediante dicha providencia también le ordenaron dar respuesta de fondo, de manera concreta y congruente al recurso de reposición formulado por la señora PÉREZ LARRAHONDO el día 19

Manifestó que mediante dicha providencia también le ordenaron dar respuesta de fondo, de manera concreta y congruente al recurso de reposición formulado por la señora PÉREZ LARRAHONDO el día 19 de abril de 2022, contra la Resolución núm. 03480-04-2022 de 8 de4

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abril de 2022, que dispuso su retiro del servicio activo por cumplimiento de la edad de retiro forzoso.

Afirmó que la señora PÉREZ LARRAHONDO con el fin de buscar el cumplimiento de la anterior orden, el 18 de enero de 2023 promovió incidente de desacato contra la FIDUPREVISORA S.A. y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ante el JUZGADO que, mediante providencia de 9 de febrero de 2023, sostuvo que tanto él como el Coordinador de Prestaciones Económicas de la FIDUPREVISORA S.A. habían incurrido en desacato de las órdenes impartidas en el fallo de 18 de octubre de 2022 y, en consecuencia, los sancionó con multa equivalente a 3 SMLMV.

Sostuvo que el grado jurisdiccional de consulta correspondió al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA 4 que, a través de providencia de 2 4 de febrero de 20 23, confirmó la sanción que le

Sostuvo que el grado jurisdiccional de consulta correspondió al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA 4 que, a través de providencia de 2 4 de febrero de 20 23, confirmó la sanción que le había sido impuesta y la levantó respecto al Coordinador de Prestaciones Económicas de la FIDUPREVISORA S.A.

Refirió que el 1o. de marzo de 2023 presentó solicitud de inaplicación de la sanción ante el JUZGADO que, mediante providencia de 6 de

4 En adelante el Tribunal5

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marzo de 2023, resolvió dicha petición y ordenó estarse a lo resuelto en la providencia que resolvió el trámite incidental, al considerar que ya existía un pronunciamiento sobre el particular y no era posible ordenar la suspensión, toda vez que “[…] con la expedición del acto administrativo de reconocimiento no se satisface en su totalidad el derecho de petición objeto de protección, ello, como quiera que, tratándose de solicitudes de reconocimiento pensional, el mismo involucra el acto de inclusión e n nómina necesario para que se efectúe el pago de la prestación, sobre la que no existe pronunciamiento de la administración ni se acredita ninguna actuación […]”.

I.3 Fundamentos de la solicitud

efectúe el pago de la prestación, sobre la que no existe pronunciamiento de la administración ni se acredita ninguna actuación […]”.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Manifestó que la decisión cuestionada incurrió en una vía de hecho, habida cuenta que el sustento para dar aplicación a la sanción radicó en que se le atribuyó una competencia que no se encuentra en cabeza de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, pues no cuenta con la capacidad legal o la posibilidad de llevar a cabo la inclusión en nómina de la señora PÉREZ LARRAHONDO, ni puede efectuar el pago de la prestación reclamada al no contar con la calidad de Fondo, como sí la tiene la FIDUPREVISORA S.A.6

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Señaló que, en cumplimiento de la orden judicial, durante el trámite de la consulta procedió a expedir la Resolución núm. 0241-02-2023, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la señora PÉREZ LARRAHONDO , lo cual informó al TRIBUNAL mediante correo electrónico de 27 de febrero de 2023; sin embargo, a su juicio, dicha autoridad judicial no pudo valorar esa información, toda vez que mediante auto de 24 de febrero de 2023 confirmó la sanción impuesta en su contra.

mediante correo electrónico de 27 de febrero de 2023; sin embargo, a su juicio, dicha autoridad judicial no pudo valorar esa información, toda vez que mediante auto de 24 de febrero de 2023 confirmó la sanción impuesta en su contra.

Aseguró que solicitó al JUZGADO la inaplicación de la sanción impuesta, teniendo en cuenta que se había logrado el objeto de lo requerido, con la emisión del acto administrativo que reconocía la pensión de jubilación de la interesada, quien fue debidamente notificada, lo cual daba lugar al levantamiento de las sancio nes impuestas, no obstante, dicha autoridad judicial denegó la solicitud mediante auto de 6 de marzo de 2023 arguyendo que si bien se había expedido y notificado el acto administrativo, no se había llevado a cabo la inclusión en nómina de la peticionaria.

I.4. Pretensiones7

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El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: Proteger el derecho fundamental al debido proceso y derecho al (sic) defensa trasgredido por la configuración de una vía de hecho o defecto sustancial con la decisión contenida en el auto No. 266 seis (06) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

proceso y derecho al (sic) defensa trasgredido por la configuración de una vía de hecho o defecto sustancial con la decisión contenida en el auto No. 266 seis (06) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

SEGUNDO: Se conceda la acción de tutela y se orden (sic) al JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN a estudiar la solicitud de inaplicación de la sanción acorde con el marco normativo y las competencias que tiene cada entidad en el trámite de las prestaciones de los docentes y a la luz de lo ordenado en fallo de tutela No. 154 del 18 de octubre de 2022 […]”. (Mayúsculas y n egrilla pertenece n al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO se opuso a las pretensiones de la acción de tutela de la referencia y solicitó declarar su improcedencia, toda vez que, a su juicio, no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor.

Sostuvo que la providencia que denegó la solicitud de inaplicación de la sanción por desacato impuesta y confirmada en segunda instancia, se encuentra ajustada a derecho pues fue sustentada conforme al material probatorio obrante en el expedient e, a las normas y a la jurisprudencia que regulan las actuaciones en materia de incidentes8

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de desacato.

Afirmó que los recursos de la vía gubernativa constituyen una de las formas de ejercitar el derecho de petición y pese a que en principio el tutelante expuso que se había expedido un acto administrativo de reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora PÉREZ LARRAHONDO, lo cierto era que el mismo fue objeto de recursos que hasta el momento no han sido resueltos, por lo que aún no había una decisión en firme al respecto y , por tanto, no podía entenderse materialmente resuelta la petición elevada por la accionante y tampoco soslayarse el cumplimiento de la orden tutelar.

Manifestó que debido a que el acto administrativo de reconocimiento pensional no se encontraba en firme, tampoco se podía generar la inclusión en nómina de la señora PÉREZ LARRAHONDO , lo cual únicamente generaba una dilación injustificada en la materialización de la orden judicial y demostraba la configuración del elemento objetivo para imponer la sanción por desacato, pues la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN nunca demostró que hubiera remitido el acto administrativo a la FIDUPREVISORA.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO9

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Actor: AMARILDO CORREA OBANDO

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO9

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El TRIBUNAL, mediante sentencia de 21 de marzo de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

Manifestó que pese a que el actor no había alegado un defecto específico, sus inconformidades se enmarcaban en un defecto fáctico, frente al cual explicó que la orden de amparo se concretaba con la remisión por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN a la FIDUPREVISORA -como administradora del FOMAG-, del acto administrativo de reconocimiento de la prestación ejecutoriado para que aquella procediera a la inclusión en nómina , actuación que se echaba de menos debido a que dicho acto no se encontraba en firme, pues había sido objeto de recursos que aún no han sido resueltos.

Señaló que no se encontraba acreditado que existiera un defecto fáctico, pues , precisamente, fue la ausencia de prueba de esa actuación lo que originó que la sanción impuesta al actor no hubiese sido levantada.

Afirmó que una vez analizada la providencia acusada se advertía que se encontraba fundamentada en las normas legales y en el precedente jurisprudencial vigente y tampoco existía una contradicción grosera entre los fundamentos y la decisión , pues la10

se encontraba fundamentada en las normas legales y en el precedente jurisprudencial vigente y tampoco existía una contradicción grosera entre los fundamentos y la decisión , pues la10

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providencia acusada exponía con claridad los motivos por los cuales la orden de tutela no se encontraba satisfecha y se mantenía la sanción impuesta al actor.

En ese orden de ideas, concluyó que no se cumplía ninguno de los defectos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo cual debía declararse la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia y relevarse del estudio de fondo del asunto.

Finalmente, ordenó el levantamiento de la suspensión provisional de la providencia acusada, que había sido decretado en la admisión de la acción constitucional de la referencia.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor presentó escrito de impugnación, el cual sustentó en los siguientes términos:

Arguyó que mediante la presente solicitud de amparo pretendía controvertir la decisión a través de la cual se denegó la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta, la cual no podía soportarse en11

Número único de radicación: 19001-23-33-000-2023-00064-01

inaplicación de la sanción impuesta, la cual no podía soportarse en11

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establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamen tales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin13

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin13

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que

asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan a gotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherent es a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y14

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proporcionado a partir del hec ho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción

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proporcionado a partir del hec ho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aú n años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya

rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judi cial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere15

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que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,

que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitu cionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitu cionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

.- De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones dictadas dentro del trámite incidental16

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La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato o solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedenci a de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se constate una vulneración o una amenaza a los derechos fundamentales del sancionado”5.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos requisitos formales y materi ales que se deben tener presentes al momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia SU034 de 20186, esa Corporación señaló:

«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:

SU034 de 20186, esa Corporación señaló:

«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:

1. La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

1. Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas

(defectos).

1. Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el

5 Cfr. Sentencia T-325 de 2015. 6 M.P. Alberto Rojas Ríos.17

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incidente de desacato, y b) no puede solicit ar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio […]».

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio […]».

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se deje sin efecto la providencia de 6 de marzo de 2023 , proferida por el JUZGADO, mediante la cual denegó la solicitud de inaplicación de la sanción que le fue impuesta dentro del incidente de desacato identificado con el número único de rad icación 19001-33-33-0102022-00173-00.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales deprecados, por estimar que se debía ordenar la inaplicación de la sanción impuesta, teniendo en cuenta que se había logrado el objeto de lo requerido, con la emisión del a cto administrativo que reconocía la pensión de jubilación de la interesada, lo cual daba lugar al levantamiento de las sanciones impuestas, no obstante, la autoridad judicial denegó la solicitud mediante auto de 6 de marzo de 2023 arguyendo que si bien se había expedido y notificado el acto administrativo, no se había llevado a cabo la inclusión en nómina de la peticionaria.18

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Actor: AMARILDO CORREA OBANDO

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 21 de marzo de 202 3,

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 21 de marzo de 202 3, declaró improcedente la solicitud de amparo, al analizar cada una de las causales específicas de procedibilidad de acción de tutela contra providencia judicial y encontrar que no estaban cumplidas.

En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que, aunque no fue alegado por la parte actora, las inconformidades planteadas se enmarcaban en el mismo y que la orden del fallo de tutela de 18 de octubre de 2022 le imponía a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN no sólo el deber de elaborar al acto administrativo de reconocimiento de la pensión, sino también la remisión inmediata del mismo a la FIDUPREVISORA S.A. para que adelantara el trámite de inclusión en nómina.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión del a quo al estimar que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al negar la solicitud de levantamiento de la sanción, puesto que sí le había dado cumplimiento al fallo de tutela y, además, porque se le exigió el cumplimiento de una carga que no está dentro de sus funciones como lo es el acto de inclusión en nómina de la solicitante.19

Número único de radicación: 19001-23-33-000-2023-00064-01

Actor: AMARILDO CORREA OBANDO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de ser así, ii) determinar si el TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico al proferir el auto de 6 de marzo de 2023 , dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación 19001-3333-010-2022-00173-00.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sa