CE - 190012333000202300065011SENTENCIA20230629095657

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación:

19001-23-33-000-2023-00065-01

Accionante: GERMAN MAURICIO OSPINA MUÑOZ

Accionado: JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – MORA JUDICIAL. Confirma sentencia que niega las pretensiones de la acción de amparo.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico en contra de la sentencia de 26 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Germán Mauricio Ospina Muñoz solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia, a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad, cuya vulneración le atribuyó al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán en razón de la presunta mora judicial en la que incurrió la autoridad judicial accionada en el trámite de la acción de grupo con radicado número 19001-33-31-004-2010-00466-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

de la acción de grupo con radicado número 19001-33-31-004-2010-00466-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señaló que, junto a un grupo de ciudadanos, presentó la demanda de acción de grupo N° 19001-33-31-004-2010-00466-00, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa y Otros, para que se repararan los daños causados a las comunidades campesinas ubicadas en los municipios de Mercaderes, Patía, Bolívar y Sucre, con ocasión de los daños padecidos por los demandantes por las aspersiones con glifosato en el «[…] marco del Plan Colombia y la denominada guerra contra las drogas […]».2

Radicación: 19001-23-33-000-2023-00065-01

Accionante: German Mauricio Ospina Muñoz

2.2. Refirió que la acción de grupo fue admitida en el año 2010 y que actualmente se encontraba en trámite en el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán.

2.3. Relató que, dada la magnitud del presente proceso, en el año 2013 el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán, mediante Oficio 1148 dirigido a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Seccional del Cauca, solicitó apoyo logístico para la implementación de un despacho judicial adjunto que se encargue del trámite de la acción de grupo.

Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Seccional del Cauca, solicitó apoyo logístico para la implementación de un despacho judicial adjunto que se encargue del trámite de la acción de grupo.

2.4. Señaló que la anterior solicitud fue contestada favorablemente y así se logró la implementación de un despacho adjunto, el cual, funcionó en instancias de admisión de la demanda y en etapas posteriores.

2.5. Relató que, mediante auto de 3 de julio de 2018, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán corrió traslado del dictamen pericial rendido por la Universidad del Cauca.

2.6. Refirió que, mediante el auto de 16 de julio de 2018, la autoridad judicial accionada puso en conocimiento de los peritos de la Universidad del Cauca, las solicitudes de aclaración presentadas.

2.7. Manifestó que contra el auto de 16 de julio de 2018 presentó recurso de reposición.

2.8. Señaló que, con fecha 28 de agosto de 2018, la Universidad del Cauca allegó las respuestas a las aclaraciones solicitadas por las partes.

2.9. Puntualizó que el 26 de mayo de 2022 presentó solicitud de impulso procesal, debido a que la autoridad judicial accionada no había resuelto el recurso de reposición.

2.10. Indicó que, no obstante lo anterior, a la fecha no se ha resuelto el recurso de reposición referido.

2.11. Manifestó que: «[…] [h]asta la fecha van más 13 años sin que se tenga una sentencia ni siquiera de primera instancia, lo cual a todas luces se constituye en una

reposición referido.

2.11. Manifestó que: «[…] [h]asta la fecha van más 13 años sin que se tenga una sentencia ni siquiera de primera instancia, lo cual a todas luces se constituye en una Mora Judicial sin precedentes […]»; lo que constituye una vulneración de sus derechos fundamentales al «[…]Debido Proceso y al eficaz y pronto acceso a la administración de justicia, vida diga y libre desarrollo de la personalidad […]».

2.12. Precisó que «[…] La tutela procede en este caso, como mecanismo transitorio ya que no existe otro mecanismo legal para lograr que se resuelva el recurso de reposición que a la fecha lleva 5 años sin resolverse, y tampoco existe un recurso3

Radicación: 19001-23-33-000-2023-00065-01

Accionante: German Mauricio Ospina Muñoz

para que se profiera la sentencia de primera instancia, lo cual a todas luces constituye una Mora Judicial Injustificada […]».

III. PRETENSIONES

3. El accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 1.- Que se le ordene al Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán que le imprima celeridad al trámite de la acción de grupo No. 19001333100420100046600, se le dé el enfoque diferencial con prelación de trámite y se brinde la especial protección especial que por mandato constitucional, legal y jurisprudencial requieren las víctimas de las aspersiones con glifosato, dada su condición de altísima vulnerabilidad.

2.- Solicitamos de manera muy respetuosa que se le ordene al Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán que en un plazo perentorio profiera la sentencia de

con glifosato, dada su condición de altísima vulnerabilidad.

2.- Solicitamos de manera muy respetuosa que se le ordene al Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán que en un plazo perentorio profiera la sentencia de primera instancia.

3.- Que se notifique a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que presenten sus correspondientes intervenciones, en ejercicio de sus funciones, en la presente tutela […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante auto de 27 de marzo de 2023 y a través del magistrado sustanciador, admitió la presente acción de tutela en contra

del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán.

5. Posteriormente y mediante auto de 12 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Cauca vinculó, como tercero interesado en el resultado del proceso, al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Análisis y

Desarrollo Estadístico.

V. INTERVENCIONES

6. Efectuada la notificación a la autoridad accionada y a la autoridad vinculada, se advierte que se allegaron los siguientes informes:

6.1. La Juez Cuarta Administrativa del Circuito de Popayán rindió informe en el que refirió lo siguiente: «[…] si bien existe mora , la misma es atribuible a la congestión de este Despacho Judicial, la cual no es producto de una acción u omisión de este Juzgador, a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes como funcionario judicial, por el contrario, existe un motivo razonable que justifica dicha demora cual es la congestión y la excesiva carga laboral, así como

omisión de este Juzgador, a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes como funcionario judicial, por el contrario, existe un motivo razonable que justifica dicha demora cual es la congestión y la excesiva carga laboral, así como las circunstancias imprevisibles presentadas a raíz de la emergencia sanitaria y la alta complejidad del proceso que impide sujetarse a los términos establecidos […]».4

Radicación: 19001-23-33-000-2023-00065-01

Accionante: German Mauricio Ospina Muñoz

6.2. Conforme a lo anterior, consideró que : «[…] no ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues el proceso contencioso administrativo se ha adelantado garantizando los derechos fundamentales de audiencia, defensa [y] debido proceso […]».

6.3. Adicionalmente, manifestó que : «[…] el Juzgado imprimirá al asunto de la referencia la atención y cuidado pertinente [y] continuará con la actuación procesal correspondiente […]».

6.4. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, a través de la directora de la Unidad , rindió informe en el que manifestó lo siguiente: «[…] reiterando lo manifestado en el oficio UDAEO23-980 del 28 de abril de 2023, me permito solicitar no continuar con el conocimiento de la presente acción constitucional, declarar la falta de competencia y remitir el expediente a alguno de los cuerpos colegiados competentes, de conformidad con las reglas de reparto […]».

6.5. Como fundamento de lo anterior , señaló que el numeral 8° del artículo

expediente a alguno de los cuerpos colegiados competentes, de conformidad con las reglas de reparto […]».

6.5. Como fundamento de lo anterior , señaló que el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1., modificado por el Decreto 1983 de 2017 , establece que «[…] el conocimiento de acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura le corresponde, a prevención, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado […]».

6.6. Asimismo, indicó que : «[…] el Consejo Superior de la Judicatura carece de funciones jurisdiccionales para realizar las gestiones judiciales que promuevan mayor celeridad en los procesos, como el identificado con el radicado No. 19001333100420100046600 el cual se encuentra en etapa de alegatos. La dirección de dicho proceso recae directamente en el Juzgado 004 Administrativo de Popayán, por ser quien conoce del proceso desde el año 2010 […]».

6.7. Refirió que, una vez realizado el promedio de ingresos, egresos e inventario final del Juzgado 004 Administrativo de Popayán «[…] se advierte que […] en términos generales, no tiene una alta carga laboral que implique la priorización de adopción de medidas permanentes ni transitorias […]».

6.8. Además, destacó que: «[…] al momento que se vinculó a esta Corporación no se hizo mención de que la tutela iba a radicar sobre un tema de peticiones elevadas al Consejo Superior de la Judicatura por el Consejo Seccional, sino solo se informó una demora de una acción de grupo […]».

6.9. Finalizó explicando que la presente acción de amparo no cumple el requisito de

al Consejo Superior de la Judicatura por el Consejo Seccional, sino solo se informó una demora de una acción de grupo […]».

6.9. Finalizó explicando que la presente acción de amparo no cumple el requisito de subsidiariedad toda vez que : «[…] Para el caso que nos ocupa, el legislador ha previsto en el numeral 6 del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, el mecanismo de5

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Accionante: German Mauricio Ospina Muñoz

Vigilancia Judicial Administrativa, el cual está reglamentado en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011. Esta figura fue instituida para que la justicia se administre oportuna y eficazmente y para cuidar del normal desempeño de las labores de los funcionarios y empleados judiciales, y establece que en un término expedito de diez (10) días se debe resolver la actuación administrativa; por lo tanto, el accionante puede acudir a este trámite ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, para que se requiera al despacho que tiene a su cargo el trámite de la acción […]».

VI. FALLO IMPUGNADO

7. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de 26 de mayo de 2023, resolvió negar el amparo deprecado por el accionante, por considerar justificada la mora judicial advertida y, adicionalmente, instó al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Análisis y Desarrollo Estadístico «[…] para que, de manera pronta y célere atienda los planteamientos del Despacho Judicial y otorgue una respuesta que permita una eficiente prestación del servicio de cara al

de la Judicatura – Unidad de Análisis y Desarrollo Estadístico «[…] para que, de manera pronta y célere atienda los planteamientos del Despacho Judicial y otorgue una respuesta que permita una eficiente prestación del servicio de cara al ciudadano en el asunto en particular […]»; tal como se puede apreciar:

[…] [S]e tiene que lo primero que reprocha el aquí accionante, es la falta de resolución de un recurso de reposición interpuesto en el año 2018.

Sin embargo, en la contestación de la demanda, la Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán señaló que el 10 de marzo de 2023, resolvió el recurso, lo que de entra da conlleva a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado frente a este ítem, habida cuenta de la actuación judicial surtida, previo a la admisión de la tutela. […] A partir de todas las vicisitudes enrostradas por el operador judicial, este Juez Colegiado considera que aunque no puede negarse la mora judicial dentro del presente asunto, la misma se encuentra justificada para la Juez Cuarta Administrativo del Circuito de Popayán, en razón a que se cumplen a cabalidad los tres presupuestos ahond ados por la Corte Constitucional, como son i) la complejidad del asunto impide sujetarse estrictamente al término previsto por el legislador; ii) existen problemas estructurales que generan congestión y excesiva carga laboral; o iii) se acreditan otras cir cunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden adelantar las actuaciones judiciales con sujeción a los términos.

Bajo este panorama, se descarta la negligencia u omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial, pues las razones de la

ineludibles que impiden adelantar las actuaciones judiciales con sujeción a los términos.

Bajo este panorama, se descarta la negligencia u omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial, pues las razones de la mora judicial exceden la capacidad de respuesta del Despacho Judicial en pleno, existiendo justificacio nes de peso, que además han sido informadas desde los albores del trámite procesal, pero que sin embargo, actualmente no tienen respuesta por parte del Consejo Superior de la Judicatura.[…] En el presente asunto, resulta incuestionable que una acción de gr upo con más de 27000 sujetos procesales y con una implicación de más de dos billones de pesos, excede la capacidad de respuesta de cualquier despacho judicial del país, situación que no puede ser obviada por la UDAE bajo la árida respuesta de las estadísticas judiciales.6

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Accionante: German Mauricio Ospina Muñoz

La situación que advierte el despacho comprometido en esta acción implica cuando mínimo un análisis estadístico del tiempo de respuesta, la cantidad de personal necesario para dictar sentencia de primera instancia, a efectos de plantear soluciones o bien de personal, o bien de admitir que el Despacho se dedique de manera exclusiva a dicho expediente, máxime si se tiene en cuenta que, en las etapas previas se dispuso un despacho judicial solo para atender este expediente. Bajo esta connotación, el Tribunal considera necesario instar a la UDAE, para que atienda los planteamientos del Despacho Judicial que tramita el proceso y coadyuve con una respuesta que permita una eficiente

dispuso un despacho judicial solo para atender este expediente. Bajo esta connotación, el Tribunal considera necesario instar a la UDAE, para que atienda los planteamientos del Despacho Judicial que tramita el proceso y coadyuve con una respuesta que permita una eficiente prestación del servicio de cara al ciudadano, m áxime cuando existen solicitudes al respecto sin resolver elevadas tanto por el Despacho Judicial, como por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca […]. [Negrillas fuera de texto]

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, a través de su directora, presentó impugnación en contra del fallo de primera instancia luego de considerar que se debe revocar el numeral segundo de la parte resolutiva que insta a esta entidad a que «[…] de manera pronta y célere atienda los planteamientos del Despacho Judicial y otorgue una respuesta que permita una eficiente prestación del servicio de cara al ciudadano en el asunto en particular, máxime cuando existen solicitudes sin resolver elevadas tanto por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán, como por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca […]».

9. En primer lugar, anotó que en el presente caso hay una falta de competencia del Tribunal Administrativo del Cauca toda vez que el numeral 8º de l artículo 2.2.3.1.2.1 -modificado por el Decreto 1932 de 2017 - dispone lo siguiente: «[…] Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en

Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevención, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda […]».

10. En segundo lugar, también reiteró que: «[…] el Consejo Superior de la Judicatura no tiene funciones jurisdiccionales ni es el director de la acción de grupo que tiene bajo conocimiento el Juzgado 004 Administrativo de Popayán hace 13 años, de la cual se extraña un pronunciamiento relacionado con un recurso de reposición que se presentó en el 2018 y que fue resulto mediante auto del 10 de marzo de 2023

[…]».

11. En tercer lugar, manifestó que para adoptar medidas permanentes o de apoyo transitorio deben convergir unos criterios objetivos, tales como:

[…] (i) La dinámica de cada subregión por circunstancias extraordinarias;7

Radicación: 19001-23-33-000-2023-00065-01

Accionante: German Mauricio Ospina Muñoz

(ii) Municipios con desequilibrio entre la oferta judicial y el crecimiento y desarrollo; (iii) Comportamiento de la oferta y demanda de justicia, frente a las medidas de descongestión adoptadas por la Corporación en periodos anteriores; (iv) Despachos judiciales con ingresos crecientes y constantes; (v) Despachos con inventarios superiores a la media nacional por especialidad; (vi) Cumplimiento de la garantía de oferta judicial y regiones estratégicas en temas de justicia, determinadas por la experiencia de la Corporación. Lo

(v) Despachos con inventarios superiores a la media nacional por especialidad; (vi) Cumplimiento de la garantía de oferta judicial y regiones estratégicas en temas de justicia, determinadas por la experiencia de la Corporación. Lo anterior, en aras de garantizar el acceso y la prestación del servicio de justicia en la Rama Judicial […].

12. Empero, precisó que en el circuito judicial de Popayán y en el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán no se evidenciaban circunstancias objetivas que justificara la necesidad de adoptar medidas permanentes y/o transitorias de apoyo.

13. En cuarto lugar, y frente a la obligación de realizar una mirada diferencial al momento de brindar apoyo al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán, señaló que ha se han desplegado las siguientes acciones: (i) el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca mediante oficio CSJCAUOP23-485 de marzo 23 de 2023 solicitó la creación de una medida transitoria para el mencionado juzgado; (ii) mediante el oficio UDAEO23-1087 del 12 de mayo de 2023, se solicitó al Consejo Seccional y al Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán que «indicaran en que radica la connotación o complejidad del proceso, por qué se requiere el apoyo, el volumen del proceso, la etapa procesal y el plan de trabajo estipulado, entre lo demás que estime pertinente el director del proceso y el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca. Sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Juzgado 004 Administrativo de Popayán, ni tampoco por parte del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca»; y (iii)

recibido respuesta por parte del Juzgado 004 Administrativo de Popayán, ni tampoco por parte del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca»; y (iii) mediante oficio UDAEO22-2541 de 9 de diciembre de 2022, se solicitó a los diferentes Consejos Seccionales que informaran si tenían algún caso emblemático o de connotación.

14. Por último, señaló que comoquiera que es el Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán el que se encuentra pendiente de responder el oficio N° UDAEO23-1087 del 12 de mayo de 2023, remitido por impugnante, solicita que «[…] se conceda la impugnación para que otra Sala de esa Corporación revise y revoque el numeral segundo de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cauca el 26 de mayo de 2023, comoquiera que esta Corporación ha atendido los planteamientos en donde se ha solicitado la creación de cargos para el Juzgado 004 Administrativo de Popayán, como se acredita con el oficio UDAEO23 -1087 de 2023, sin obtener respuesta de la justificación requerida por parte de despacho y el Consejo Seccional […]».8

Radicación: 19001-23-33-000-2023-00065-01

Accionante: German Mauricio Ospina Muñoz

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia

15. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, en virtud de lo previsto en el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, en

VIII.1. Competencia

15. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, en virtud de lo previsto en el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

VIII.2. Cuestión previa

16. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, en su escrito de impugnación, señaló que la autoridad judicial de primera instancia carecía de competencia funcional para resolver el caso sub examine dado que, de conformidad con el Decreto N° 333 de 2021, las acciones de tutela promovidas en contra el Consejo Superior de la Judicatura eran de conocimiento exclusivo de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

17. Sea lo primero señalar que conforme con el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 «[…] [s]on competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud […]».

18. Asimismo, se destaca que el Decreto N° 333 de 2021 únicamente estableció reglas de reparto en materia de tutela, como en efecto se señala el objeto de la norma, que a su tenor literal establece «[…] Por el cual se modifican los artículos

2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]».

19. Aunado a lo anterior, la Sala pone de relieve que la presente acción de tutela fue dirigida contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán y no contra el Consejo Superior de la Judicatura. Ahora bien, lo que ocurrió en el caso de autos fue que se vinculó a la esta última entidad en calidad tercero con interés en el resultado del proceso, circunstancia que, en criterio de la Sala, no varía las reglas de reparto.

20. Así las cosas, en criterio de esta Sección no es cierto que el Tribunal Administrativo del Cauca careciera de competencia para conocer del presente proceso constitucional.

1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 2 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.9

Radicación: 19001-23-33-000-2023-00065-01

Accionante: German Mauricio Ospina Muñoz

VIIII.3 Problemas jurídicos

21. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que le

Accionante: German Mauricio Ospina Muñoz

VIIII.3 Problemas jurídicos

21. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que le corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado3, la Sala debe establecer lo siguiente:

A) Si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia. Y si ello es así se deberá determinar:

B) Si el Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante al, presuntamente, haber incurrido en mora judicial en el trámite del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo con radicado número 76001-33-31-004-2010-00466-00.

22. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior de los procesos judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el in terior de los procesos judiciales

23. Cabe poner de presente que, por mandato de la Constitución, el trámite de las actuaciones judiciales deberá adelantarse con diligencia y cumplimiento de los términos legales, con el propósito de que el interesado pueda acceder a una decisión en firme, oportuna y efectiva, por cuanto, de no ser así, se configuraría una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

decisión en firme, oportuna y efectiva, por cuanto, de no ser así, se configuraría una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

24. Ahora bien, la Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un «[…] fenómeno multicausal y estructural […]»4, que se presenta en razón al «[…] alto número de procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión judicial […]»5.

25. En atención a la situación problemática originada por el sistemático incumplimiento de los términos procesales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer las especiales situaciones en que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que existen circunstancias en las cuales la mora judicial vulnera gravemente «[…] los derechos fundamentales como

3 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 4 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa. 5 Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010. M.P.: Nilson Pinilla.10

Radicación: 19001-23-33-000-2023-00065-01

Accionante: German Mauricio Ospina Muñoz

el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]».6

26. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-186 de 28 de marzo

de 2017, precisó lo siguiente:

[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales

26. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-186 de 28 de marzo

de 2017, precisó lo siguiente:

[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que: (…) [L]a mora judicial se justifica cuando:

-Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende,

-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”7

13.5. En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora

diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”7

13.5. En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno era, excepcional (…).

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Pl