CE - 190012333000202300104011SENTENCIA20230719144706

Demandante: Amarildo Correa Obando

Demandados: Juzgado Tercero (3°) Administrativo del

Circuito Judicial de Popayán Radicado: 19001-23-33-000-2023-00104-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 19001-23-33-000-2023-00104-01

Demandante: AMARILDO CORREA OBANDO

Demandado: JUZGADO TERCERO (3°) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE POPAYÁN

Temas: Tutela contra incidente de desacato - solicitud de inaplicación de la sanción – confirma amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionada contra la sentencia de 19 de mayo de 2023, por medio de la cual la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del actor.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Amarildo Correa Obando, en calidad de secretario de educación y cultura del

proceso y a la defensa del actor.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Amarildo Correa Obando, en calidad de secretario de educación y cultura del departamento del Cauca, presentó acción de tutela 1 contra el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la providencia de 2 de mayo de 2023, a través de la cual el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Popayán resolvió negar la solicitud de inaplicación de la sanción que le fue impuesta en el trámite del incidente de desacato que inició la señora Norman día Estupiñán Quezada, por el incumplimiento de las órdenes de tutela impartidas en la acción de tutela 19001-33-33-003-2022-00032-00.

1 Con escrito presentado el 8 de mayo de 2023, a través del buzón electrónico ofjudpop@cendoj.ramajudicial.gov.co.Demandante: Amarildo Correa Obando

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1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

PRIMERO: Proteger el derecho fundamental al debido proceso y derecho al de fensa

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1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

PRIMERO: Proteger el derecho fundamental al debido proceso y derecho al de fensa trasgredido por la configuración de una vía de hecho o defecto sustancial con la decisión contenida en el auto 257 del dos (2) de mayo de dos mil veintitrés

SEGUNDO: Se conceda la acción de tutela y se orden al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN a estudiar la solicitud de inaplicación de la sanción acorde a la línea jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional respecto a la finalidad del incidente de desacato y de acuerdo con el marco normativo y las competencias que tien e cada entidad en el trámite de las prestaciones de los docentes y a la luz de lo ordenado en fallo de tutela No. 154 del 18 de octubre de 2022 y en ese sentido no se de aplicación a la sanción por desacato impuesta mediante Auto No. 166 de 17 de marzo de 2023 y confirmada por el Tribunal Administrativo del Cauca, a través de Auto No. 101 de 29 de marzo de 2023.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La señora Normandía Estupiñán Quezada presentó una acción de tutela contra el departamento del Cauca, la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca y la Fiduprevisora S.A., con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales,

La señora Normandía Estupiñán Quezada presentó una acción de tutela contra el departamento del Cauca, la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca y la Fiduprevisora S.A., con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales, para que se ordenara el pago del retroactivo pensional y su inclusión en la nómina de pensionados.

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Popa yán que, mediante sentencia de 10 de marzo de 2022, amparó los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de la señora Normandía Estupiñán Quezada y le ordenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) a la Fiduprevisora S.A. y al departamento del Cauca – Secretaria de Educación que incluyeran a la actora en la nómina de pensionados.

Contra esta decisión se interpuso la respectiva impugnación que fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Cau ca mediante sentencia del 21 de abril de 2022, en la que se dispuso confirmar la decisión de primer grado y, además se agregó lo siguiente:

SEGUNDO: Señalar que en el término máximo de dos (2) días contadas (sic) a partir de la notificación de esta provid encia, el apoderado de la señora Normandía Estupiñán Quezada, aportará la copia de la sentencia que fue echada de menos en el trámite administrativo, ante la Secretaría de Educación y Cultura del departamento del Cauca.

Esto deberá ser acreditado en debida forma ante el Juzgado de Conocimiento.Demandante: Amarildo Correa Obando

administrativo, ante la Secretaría de Educación y Cultura del departamento del Cauca. Esto deberá ser acreditado en debida forma ante el Juzgado de Conocimiento.Demandante: Amarildo Correa Obando

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Luego, la señora Estupiñán Quezada interpuso un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas en la acción de tutela. Allí, la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca presentó un informe en el que indicó que la entidad no contaba con los documentos necesarios para el estudio de la liquidación, por lo que requirió a la tutelante para que subsanara el requerimiento.

No obstante, mediante auto de 17 de marzo de 2023, el Juzgado T ercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Popayán declaró que el secretario de educación y cultura del departamento del Cauca, Amarildo Correa Obando, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, el director de Prestaciones Económicas (e) de la Fiduprevisora S.A., Carlos Gildardo Cortés Acuña y el vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( Fomag), Edwin Alfredo González Rangel, incurrieron en desacato por el incumpliendo de lo dispuesto en la sentencia de 10 de marzo de 2021 y les impuso una sanción de multa de 5 smlmv.

Rangel, incurrieron en desacato por el incumpliendo de lo dispuesto en la sentencia de 10 de marzo de 2021 y les impuso una sanción de multa de 5 smlmv.

Esta providencia fue conocida en grado jurisdiccional de consulta por el Tribunal Administrativo del Cauca que, en auto de 29 de marzo de 2023, decidió confirmar la decisión de primera instan cia, pero modificó los ordinales primero y segundo, en el sentido de declarar que únicamente el secretario de educación y cultura del departamento del Ca uca, Amarildo Correa Obando y el director de Prestaciones Económicas de la Fiduprevisora S.A., Carlos Gildardo Cortés Acuña, incurrieron en el desacato de las órdenes impartidas el 10 de marzo de 2022 y mantuvo la sanción.

En cumplimiento de la sentencia, mediante Resolución 0289 -04-2023, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación a la señora Normandía Estupiñán Quezada, acto administrativo que fue notificado a la interesada, así como a la Fiduprevisora S.A. para que la incluyera en nómina de pensionados y se realizara el respectivo pago.

El 24 de abril de 2023, el actor de esta acción constitucional y el director de Prestaciones Económicas de la Fiduprevisora S.A. solicitaron la inaplicación de la sanción que les fue impuesta por las autoridades accionadas, en atención a que las órdenes constitucionales ya habían sido atendidas.

Sin embargo, con auto de 2 de mayo de 2023, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo

sanción que les fue impuesta por las autoridades accionadas, en atención a que las órdenes constitucionales ya habían sido atendidas.

Sin embargo, con auto de 2 de mayo de 2023, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Popayán resolvió negar la referida solicitud, al señalar lo siguiente:

Pues bien, para esta Judicatura tales argumentos no tienen vocación de prosperidad, en la medida que, si bien es cierto que ambos funcionarios han adelantado las acciones pertinentes con el fin de materializar el fallo de tutela que protegió los derechos fundamentales de la actora, a saber, la expedición del acto administrativo por medio del cual se hace efectivo el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de la incidentante, y la consecuente inclusión en nómina de pensionados, también lo es que tales acciones solo se concretaron con ocasión del trámite incidental iniciado por la señora Estupiñán Quezada, es decir, al ser requeridos por una autoridad judicial.Demandante: Amarildo Correa Obando

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De igual modo, no debe perderse de vista que las diligencias hechas por el extremo pasivo de la litis, se concretaron por fuera del término otorgado por el Juez Constitucional para cumplir la orden de tutela emanada en marzo de 2022, incluso, fue

De igual modo, no debe perderse de vista que las diligencias hechas por el extremo pasivo de la litis, se concretaron por fuera del término otorgado por el Juez Constitucional para cumplir la orden de tutela emanada en marzo de 2022, incluso, fue necesario que la señora Normandía acudiera al trámite del incidente de desacato en varias oportunidades, con el fin de poder materializar la protección a sus derechos fundamentales. A saber: […]

Luego entonces, mal haría esta Judicatura en inaplicar la sanción que le fue impuesta al secretario de educación del departamento del Cauca y al director de prestaciones económicas de la Fiduprevisora, en razón de que es evidente que el cumpli miento a la orden de tutela fue tardío, pues la misma fue proferida en marzo de 2022, lo que implica una clara transgresión a los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida digna de la actora.

En ese orden, “no puede aceptarse que la autoridad, cuyo primer deber funcional es «servir a la comunidad» se «tome su tiempo» para acatar los fallos judiciales y por esta vía soslayar así instituciones procesales tan sensibles y de orden público como la seguridad jurídica, la cosa juzgada y e l debido proceso. Aceptarlo sería, ni más ni menos, permitir que la acción de tutela, uno de los mayores logros civiles y políticos de la Carta Política de 1991, se convierta en un trámite inoficioso y vacío, cuyas órdenes, así comporten la salvaguarda de derechos fundamentales, puedan ser satisfechas al arbitrio y disposición de quien no solo debe obedecerlas, sino garantizarlas”.

1.4. Fundamentos de la solicitud

así comporten la salvaguarda de derechos fundamentales, puedan ser satisfechas al arbitrio y disposición de quien no solo debe obedecerlas, sino garantizarlas”.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora indicó que la autoridad accionada vulner ó sus derechos fundamentales, al proferir la decisión de 2 de mayo de 2023, pues incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional.

Al respecto, precisó que la autoridad judicial se apartó de la línea jurisprudencial del alto tribunal constit ucional que ha señalado que la finalidad del desacato no es la imposición de una sanción, sino lograr el cumplimiento de la respectiva sentencia y que avala que se inaplique una sanción por desacato cuando se demuestre el cumplimiento de la orden judicial sin importar la instancia en la que se encuentre.

Igualmente, agregó que:

Otro presupuesto que no tuvo en cuenta el Despacho al momento de resolver aplicar la sanción es que: “‘todo desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato’ ya que puede ocurrir que el juez de tutela constate, de forma objetiva, la falta de acatamiento de la sentencia de tutela pero ello no se deba a la negligencia del obligado -responsabilidad subjetiva-. En este caso, no habría lugar a la imposición de las sanciones previstas para el desacato sino a la adopción de ‘todas las medidas necesarias para el cabal cumplimiento’ del fallo de tutela mediante un trámite de cumplimiento.”

Explicó que, en el auto de 2 de mayo de 2023, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo

medidas necesarias para el cabal cumplimiento’ del fallo de tutela mediante un trámite de cumplimiento.”

Explicó que, en el auto de 2 de mayo de 2023, el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Popayán acertó al decir que el departamento del Cauca había dado cumplimiento a la orden de tutela, pero incurrió en una vía de hecho porque negó la solicitud de inaplicación de la sanción que le fue impuesta.Demandante: Amarildo Correa Obando

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Resaltó que la Secretar ía de Educación y Cultura del Cauca no está dotada con la capacidad legal para llevar a cabo la inclusión en nómina de la actora ni para hacer el pago de su pensión , dado que ello corresponde a la Fiduprevisora S.A., quien administra los recursos.

Precisó que su función como entidad territorial termina con la emisión y debida notificación del acto administrativo que reconoce y ordena el pago de la pensión, lo cual fue acreditado en el presente caso ante el Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Popayán para solicitar la inaplicación de la multa. No obstante, el citado despacho negó la petición, se apartó del precedente judicial y no sustentó en debida forma tal decisión.

Respecto a la procedencia de la acción de tutela contra la providencia que resuelve un

el citado despacho negó la petición, se apartó del precedente judicial y no sustentó en debida forma tal decisión.

Respecto a la procedencia de la acción de tutela contra la providencia que resuelve un incidente de desacato, consideró que se cumplen con los requisitos para su interposición, comoquiera que no se cuenta con otro medio de defensa o impugnación para debatir las decisiones por las que fue sancionado y la que negó el levantamiento de la multa, pues el grado jurisdiccional de consulta ya se surtió.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 9 de mayo de 2023, el magistrado ponente de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca admitió la acción de tutela y dispuso tener como autoridad judicial accionada al Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Popayán. Además, vinculó al trámite al señor Carlos Gildardo Cortés Acuña, en su condición de director de Prestaciones Económicas (E) de la Fiduprevisora S.A. y negó la medida provisional solicitada.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibi ó el siguiente informe:

1.6.1. Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Popayán

El titular del despacho solicitó que se desestimen las pretensiones contra el juzgado que preside, porque no se ha incurrido en alguna violación de los derechos fundamentales del accionante.

Sobre los hechos de la acción de tutela, destacó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene un funcionamiento descentralizado, por lo

que preside, porque no se ha incurrido en alguna violación de los derechos fundamentales del accionante.

Sobre los hechos de la acción de tutela, destacó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene un funcionamiento descentralizado, por lo que las Secretarías de Educación de las entidades territoriales funcionan como sus agentes y no como intermediarios. Por lo tanto, la actuación de la Secretaría de Educación del departamento del Cauca se entiende como efectuada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.Demandante: Amarildo Correa Obando

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Ahora bien, en cuanto a la presunta vía de hecho que invoca el actor, precisó lo siguiente:

Lo sostenido por el accionante corresponde efectivamente a criterios jurisprudenciales sobre la finalidad del desacato encaminado a lograr el cumplimiento de los fallos de tutela. Nótese, empero, que allí relata incidencias que corroboran que los trámites para el cumplimiento de la orden judicial se adelantaron con ocasión y en razón del desacato; y se anteponen situaciones administrativas que no deben ser soportadas por la persona que tiene a su favor un fallo de tutela que le protege sus derechos fundamentales; por lo cual, lo dicho como sustento de la vía de hecho, únicamente confirma que se incurrió en una demora injustificada para emitir el acto administrativo de ejecución del fallo.

que tiene a su favor un fallo de tutela que le protege sus derechos fundamentales; por lo cual, lo dicho como sustento de la vía de hecho, únicamente confirma que se incurrió en una demora injustificada para emitir el acto administrativo de ejecución del fallo.

De aquí se sigue que el cumplimiento de la orden se logró luego de impuesta la sanción por desacato que fue debidamente confirmada por el Tribunal Administrativo del Cauca; de manera que se cumplió la finalidad del desacato. Distinto es cuando el cumplimiento del fallo de tutela se materializa en el trámite del incidente de desacato, donde se considera que no hay lugar a imponer la sanción. Pero en este caso en particular, dicho cumplimiento solo se logró con la imposición de la sa nción y su confirmación por el superior jerárquico.

En este supuesto es justificado mantener la sanción por desacato como bien se argumentó en el auto que así lo dispuso por este Juzgado, con sustento en la jurisprudencia allí mencionada.

1.7. Sentencia de primera instancia2

Con fallo de 19 de mayo de 2023 , la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del actor y, en consecuencia, ordenó lo siguiente:

PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del señor AMARILDO CORREA OBANDO, identificado con la C.C. 76.263.484, conforme a lo expuesto.

SEGUNDO.- DEJAR sin efectos el auto No. 257 del 2 de mayo del 2023, proferido por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN (CAUCA), conforme a lo expuesto.

SEGUNDO.- DEJAR sin efectos el auto No. 257 del 2 de mayo del 2023, proferido por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN (CAUCA), conforme a lo expuesto.

TERCERO.- ORDENAR al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN (CAUCA) que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la comunicación de esta decisión, profiera una nueva providencia en la que se resuelva sobre la inaplicación de la sanción impuesta a los señores AMARILDO CORREA OBANDO y CARLOS GILDARDO CORTEZ (sic) ACUÑA, teniendo en cuenta lo analizado en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO.- EXTENDER los efectos de esta sentencia al señor CARLOS GILDARDO

CORTEZ (sic) ACUÑA.

2 Notificada vía electrónica el 24 de mayo de 2023.Demandante: Amarildo Correa Obando

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En primer lugar, citó la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial dictada en el trámite de un incidente de desacato, particularmente la sentencia SU -034 del 2018, para

En primer lugar, citó la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial dictada en el trámite de un incidente de desacato, particularmente la sentencia SU -034 del 2018, para establecer que se cumplió con el primer requisito determinado por la corte, dado que contra el auto de 2 de mayo del 2023 no procede recurso ordinario o extraordinario y el trámite incidental ya finalizó pues incluso se surtió el grado jurisdiccional de consulta.

Luego de hallar probados los demás requisitos generales de procedibilidad y de no encontrar configurados los defectos orgánico, procedimental absoluto y fáctico, pasó a estudiar el defecto sustantivo invocado por el actor.

Al respecto, consideró que la autoridad accionada sí incurrió en este, al desconocer la posición unificada de la Corte Constitucional, pues pese a que en el proceso el juzgado ratificó el cumplimiento de la orden contenida en la sentencia de 10 de marzo del 2021, desconoció la naturaleza y finalidad de la medida sancionatoria del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y la transformó en una medida punitiva.

Finalmente, sobre los derechos de la señora Normandía Estupiñan Quezada señaló:

[…] sin desconocerse la mora en el cumplimiento de la orden de tutela, también debe advertirse que las órdenes estaban orientadas para cumplirse conjuntamente por parte del DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL y la FIDUPREVISORA S.A., fiduciaria que a dministra al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO; con todo, como se ha

del DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL y la FIDUPREVISORA S.A., fiduciaria que a dministra al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO; con todo, como se ha indicado, lo resuelto ya se cumplió, con soporte en los memoriales allegados al proceso con radicación No. 1900133330003202200032005, lo que se traduce en la reivindicación de los derechos fundamentales de la señora NORMANDÍA ESTUPIÑAN

QUEZADA.

1.8. Impugnación

Con escrito radicado oportunamente el 29 de mayo de 2023 , el juez Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Popayán solicitó que se revoque el fallo de tutela de primera instancia y que, en su lugar, se nieguen las pretensiones del actor.

Explicó que de conformidad con la Sentencia SU -573 de 14 de septiembre de 2017, no le asiste razón al a quo al mencionar que con el auto de 2 de mayo de 2023 se incurrió en un defecto sustantivo, pues lo que se pretendió con la providencia fue garantizar la vigencia y materialización de la Constitución y la ley y que la autoridad no soslayara la acción de tutela y burlara caprichosamente la orden emanada por el juez constitucional, al cumplirla de forma tardía.

Reiteró que lo que pretendía era salvaguardar la s garantías de la señora Normandía Estupiñán Quezada, a quien «en el año 2018 le fue reconocida una pensión de jubilación por parte del Tribunal Administrativo del Cauca, decisión que fue confirmada en el año 2020 por parte del Consejo de Estado» , pero que al no haberse hecho la

jubilación por parte del Tribunal Administrativo del Cauca, decisión que fue confirmada en el año 2020 por parte del Consejo de Estado» , pero que al no haberse hecho la inclusión en nómina de pensionados, en 2022 presentó la acción de tutela contra las entidades que conforman el extremo activo de la litis.Demandante: Amarildo Correa Obando

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Informó que ante el actuar negligente frente a la orden judicial, la señora Estupiñán Quezada presentó 4 incidentes de desacato, en abril, julio y noviembre de 2022, y en febrero de 2023. Es decir que, ella tuvo que esperar 3 años desde el reconocimiento pensional y 1 año desde la orden de tutela , para poder ver materializados sus derechos, lo cua l es inconstitucional porque se trata de un sujeto de especial protección, al ser una mujer de 73 años de edad

Alegó que no le asiste razón al tribunal cuando indicó que se transformó la sanción por desacato en una medida punitiva y que se desconoció su naturaleza y finalidad, pues el auto tuvo sustento en la sentencia de 7 de marzo de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del expediente 2022 -05986, demandante Germán López Guerrero contra los magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca. Al respectó, explicó:

de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del expediente 2022 -05986, demandante Germán López Guerrero contra los magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca. Al respectó, explicó:

En dicha providencia se avaló el hecho de que los magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca se apartaran de la regla jurispr udencial fijada por la Corte Constitucional (según la cual, una vez se acredite el cumplimiento a la orden de tutela, se debe inaplicar una sanción por desacato), al considerar que los argumentos de la decisión fueron razonables, en la medida que con ello se pretendía evitar que las órdenes judiciales se cumplieran tardíamente, en desmedro de las garantías fundamentales de quien acude a la acción de tutela.

1.9. Trámite en segunda instancia

Mediante auto de 23 de junio de 2023, el magistrado sustanciador de esta providencia ordenó a la Secretaría General de la corporación que pusiera en conocimiento de los señores Normandía Estupiñán Quezada, Elías Larrahondo Carabalí, en su calidad de gobernador del departamento del Cauca, y Edwin Alfredo Gon zález Rangel, quien funge como vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( Fomag)3, la nulidad saneable que se presentaba en el proceso de la referencia, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación: (a ) la alegaran si a bien lo tenían; (b) se pronunciaran sobre la solicitud de amparo sin invocar la nulidad; o, (c) guardaran silencio. Sin embargo, guardaron silencio , por lo cual se entiende saneada la nulidad.

2. CONSIDERACIONES

invocar la nulidad; o, (c) guardaran silencio. Sin embargo, guardaron silencio , por lo cual se entiende saneada la nulidad.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de tutela de 19 de mayo de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca , de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

3 El Juzgado Tercero (3°) Administrativo del Circuito Judicial de Popayán informó que «la dirección de notificación personal de la señora Normandía Estupiñán Quezada, es oficinakonradsotelo@hotmail.com», dirección a la que fue notificada en la presente acción.Demandante: Amarildo Correa Obando

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia de 19 de mayo de 2023 proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca , a través de la cual se tutelaron los derechos

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia de 19 de mayo de 2023 proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Cauca , a través de la cual se tutelaron los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del actor.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el incidente de desacato; (iii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia y de encontrarse superados; (iv) el estudio del caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124 unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala

pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los