CE - 1Def20230012501ConcS 0 20240808191354298

Demandante: Martín Bayona Demandado: Leonel Acosta Martínez, concejal de San Luis de Palenque (Casanare), periodo 2024-2027

Radicado: 85001-23-33-000-2023-00125-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 85001-23-33-000-2023-00125-01

Demandante: Martín Bayona Demandado: Leonel Acosta Martínez , concejal del municipio de San Luis de Palenque (Casanare), periodo 2024-2027

Tema: Inhabilidad por parentesco, numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia del 30 de mayo del 2024, dictada por Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual declaró la nulidad de su elección, como concejal de San Luis de Palenque (Casanare), periodo 2024-2027.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. Martín Bayona solicitó que se anulara la elección de Leonel Acosta

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. Martín Bayona solicitó que se anulara la elección de Leonel Acosta Martínez, como concejal de San Luis de Palenque, Casanare, período 2024 - 2027, porque, en su criterio, está incurso en la caus al de inhabilidad contenida en el numeral 41 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

2. Fundamentos fácticos, normativos y concepto de la violación

2. La parte actora mencionó que el 29 de octubre de 2023, Leonel Acosta Martínez fue elegido como concejal de l municipio de San Luis de Palenque

(Casanare), por el partido Centro Democrático, tal y como se evidencia del formulario E-26 CON de 3 de noviembre de 2023.

1 Artículo 43. Inhabilidades. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primer o de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan si do representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión

presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elecc ión de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha.

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3. Explicó que el demandado es hermano de Federico Acosta Martínez quien, el 4 de enero de 2008 2, fue nombrado, en provisionalidad por seis meses, como inspector de policía de la vereda Palmar de Guanapalo, en el municipio de San Luis de Palenque (Casanare).

4. Asimismo, precisó que mediante Resolución nro. 0392 de 4 de julio de 20083, se prorrogó , por sei s meses, su nombramiento como inspector de policía .

Además, dispuso su traslado para la vereda Miramar de Guanapalo en el municipio de San Luis de Palenque (Casanare).

5. Señaló que el alcalde de San Luis de Palenque (Casanare), certificó que

desde el 4 de enero de 2008 hasta la fecha (21 de noviembre de 2023) , Federico Martínez Acosta ha ocupado el cargo de inspector de policía, en dicha municipalidad en las veredas Palmar y Miramar de Guanapalo.

6. Así las cosas, el hermano del demandado ha ejercido autorida d «civil, política, administrativa o militar», como inspector de policía, en el municipio de San Luis de Palenque, Casanare, en el cual Leonel Acosta Martínez fue elegido concejal, lo que, a su juicio, da cuenta de la configuración de la inhabilidad contenida en el numeral 4 del artículo 434 de la Ley 136 de 1994.

5. Trámite inicial

7. En auto de 3 0 de noviembre de 202 3, el Tribunal Administrativo de Casanare admitió la demanda, ordenó las respectivas notificaciones y negó la suspensión provisional de los ef ectos del acto demandado 5 porque concluyó que carecía de sustentación.

6. Contestaciones

6.1. Leonel Acosta Martínez (demandado)

8. El Tribunal Administrativo de Casanare , mediante auto de 22 de febrero de 20246, concluyó que el demandado presentó su esc rito extemporáneamente y decidió tener por no contestada la demanda.

2 Como lo acredita el Decreto nro. 0009 y el acta de posesión nro. 0009 de 2008. 3 «Por medio de la cual se prorroga un nombramiento y se hace un traslado».

4 En su demanda el ac tor refirió al numeral 4.° del artículo 40 de la Ley 136 de 1994, pero en la audiencia inicial se precisó que « al revisar la norma se encuentra que no prevé las causales de inhabilidad para concejales, sino que regul a las citaciones que pueden hacer las c omisiones de esa Corporación a personas naturales o jurídicas para rendir declaraciones. Las causales de inhabilidad están previstas en el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, es decir, la parte actora incurr ió en un error de digitación respecto de la ley, situación que este Despacho considera que es saneable en esta etapa y por lo mismo, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y haciend o una interpretación sistemática del li belo para todos los efectos legales se tendrá como causal de nulidad invocada la prevista en el numeral 4° del artículo 40 pero de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 y con ello SE DECLARA saneado el proceso en lo que a es te punto hace referencia». 5 Decisión que no fue recurrida. 6 Índice 3 Samai. Documento denominado «021AUTOFIJAFECHAFIJA FECHA AUDI_2023012500ELECTORALFIJAFECHAAUDIENCIAPDF».

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6.2. Municipio de San Luis de Palenque

9. Su asesor jurídico se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones, para lo cual afirmó , a título de expedición de mérito, que no se acreditó el vínculo de parentesco entre Federico Acosta Martínez y Leonel Acosta Martínez

(demandado). Además, solicitó declar ar su falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no existe relación «entre el hecho y el daño antijurídico al que aduce el demandante».

10. Para finalizar, pidió que el juez decretara de oficio cualquier excepción que encontrara probada.

6.3. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)

11. Por medio de representante, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, al concluir que es ajena a las pretensiones de la demanda, pues no se relacionan con el objeto, misión o funciones de la entidad. Además, formuló las excepciones de «insuficiencia en la determinación de la causal de nulidad electoral y su prueba objetiva» y la genérica.

7. Trámite posterior

12. El 4 de marzo de 2024, se realizó l a audiencia inicial (artículo 283 del CPACA), en la cual se saneó el proceso 7, se decretaron las pruebas aportadas con la demanda, se ordenó oficiar a la RNEC8, se negó el interrogatorio de parte requerido por el demandante 9 y se citó a audiencia de pruebas 10. Además, se fijó

el litigio en los siguientes términos:

requerido por el demandante 9 y se citó a audiencia de pruebas 10. Además, se fijó el litigio en los siguientes términos:

¿Es procedente declarar la nulidad de la elección de un concejal cuando para la época de la elección presuntamente un herm ano suyo se desempeñaba como inspector de policía en una vereda del municipio para el cual fue elegido?

13. El 15 de abril de 2024, se llevó a cabo audiencia de pruebas , en la cual se excluyó y rechazó de plano la solicitud probatoria requerida por la apodera da del demandado11, al considerarla improcedente en virtud del principio de preclusión procesal, pues la etapa para presentarla ya había fenecido.

14. Además, incorporó al expediente las pruebas solicitadas a la RNEC12, cerró la etapa probatoria y ordenó correr traslado para alegar de conclusión.

7 En los términos expuestos en el pie de página del numeral 6 de esta providencia. 8 Para que allegara «(…) copia de la credencial del señor LEONEL ACOSTA MARTÍNEZ que lo acredita como concejal del MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE . Así mismo, como prueba de oficio requirió que se aportara « copia de los registros civiles de nacimiento de los señores LEONEL ACOSTA MARTÍNEZ, (…) y FEDERICO ACOSTA MARTÍNEZ (…)». 9 «(…) por ser inconducente si se tiene en cuenta que, no es el medio probatorio adecuado para acreditar los hechos expuestos en la demanda , así mismo porque no es útil ya que la prueba documental decretada es suficiente para decidir el asunto». 10 Conforme lo dispone el inciso final del artículo 180 del CPACA.

documental decretada es suficiente para decidir el asunto». 10 Conforme lo dispone el inciso final del artículo 180 del CPACA. 11 Presentó el Decreto 009 de 7 de marzo de 2024, por medio del cual el alcalde del municipio de San Luis de Palenque reasignó funciones a los inspectores rurales de policía. 12 Copia de la credencial de Leonel Acosta Martínez que lo acredita como concejal del municipio de San Luis de Palenqu e y, los registros civiles de nacimiento del de mandado y de Federico Acosta Martínez.

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8. Alegatos de conclusión en primera instancia

8.1. Leonel Acosta Martínez (demandado)

15. Su apoderada judicial solicitó negar las pretensiones de la demanda . Anotó que el accionante no aportó prueba que respalde o a poye sus afirmaciones , al punto que gracias al decreto oficioso se tiene por demostrado el parentesco entre su defendido y Federico Acosta Martínez.

16. Advirtió que, aunque Federico Acosta Martínez es inspector de policía, este no ostentó funciones de autoridad civil, política o administrativa, toda vez que su perfil profesional no lo permite, pues no cumple con los requisitos contenidos en el parágrafo 3°13 del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 ; además que sus funciones

perfil profesional no lo permite, pues no cumple con los requisitos contenidos en el parágrafo 3°13 del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 ; además que sus funciones son meramente secretariales, dado a que carece de requisitos para el ejercicio del cargo, pero que «por su antigüedad lo mantienen». En consecuencia, no se configuran los elementos de la inhabilidad endilgada en su contra.

17. Adujo que el Consejo de Estado ha indicado que la inhabilidad no se aplica solamente a partir del cargo, sino que debe establecerse el ejercicio de funciones con la capacidad suficiente de «afectar la voluntad democrática, producir desigualdad entre los competidores y la utilización de la cosa pública para desequilibrar el debate electoral»14. Además, se refirió a la regla fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-207 de 202215.

18. Sostuvo que esta sección , en sentencia de 22 de julio de 2021 16, indicó, respecto de la inhabilidad de un concejal por parentesco con au toridad administrativa, que es necesario que el funcionario que inhabilita «despliegue o haya desplegado sus competencias en el ente territorial respecto del cual aquel pretende hacerse elegir».

19. Así las cosas, consideró que el demandante tenía la obligac ión de demostrar que el cargo o las labores ejercidas por Federico Acosta Martínez correspondían al ejercicio de autoridad, lo cual no está probado en el plenario.

8.2. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)

13 «ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES DE POLICÍA RURALES, URBANOS Y

CORREGIDORES.

13 «ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES DE POLICÍA RURALES, URBANOS Y CORREGIDORES. (…) PARÁGRAFO 3o. Para los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Decreto 785 de 2005, la formación profesional para el desempeño de los cargos de Inspector de Policía Urbano Categoría Espec ial, 1ª Categoría y 2ª Categoría, será únicamente la de abogado, y la formación técnica para el desempeño de los cargos de Inspector de Policía 3ª a 6ª Categoría e Inspector de Policía Rural requerirá la terminación y aprobación de los estudios de la carrera de derecho». 14 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia de 1 de diciembre de 2022, radicado 76001-23-33-000-2019-01126-01. 15 «Cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un funcionario municipal elegido por su parentesco con un funcionario departamental, la autoridad judicial debe realizar una valoración probatoria concreta y ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Ello impone un examen específico de la probabilidad real -más allá de potencialde ejercer la autoridad administrativa en el nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores». 16 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate . Rad. 05-001-23-33-000-201902965-01.

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20. Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y requirió nuevamente su desvinculación.

9. Concepto del Ministerio Público en primera instancia

21. El procurador delegado ante el Tribunal Administrativo d e Casanare solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, pues , en síntesis, encontró demostrado: i) la calidad de concejal del demandado; ii) su parentesco, en segundo grado de consanguinidad , con Federico Acosta Martínez , quien fue nombrado inspector de policía ; iii) que durante el año anterior a las elecciones se desempeñó en dicho empleo público, en el cual ejerce autoridad civil.

10. Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo de Casanare negó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el municipio de San Luis de Palenque y la RNEC , al considerar que fueron vinculados como terceros con interés y no en calidad de demandados.

23. Decidió anular la elección de Leonel Acosta Martínez, como concejal del municipio de San Luis de Palenque, periodo 2024 a 2027, al concluir que «se encontraba inhabilitado para postularse al Concejo Municipal de San Luis de Palenque; ya que su hermano Federico Acosta Martínez ejerció autoridad civil en el año anterior a la elección, en el cargo de Inspector de Policía del mismo

Palenque; ya que su hermano Federico Acosta Martínez ejerció autoridad civil en el año anterior a la elección, en el cargo de Inspector de Policía del mismo municipio» (sic).

24. Como fundamento de lo anterior, expuso que de las pruebas aportadas al proceso se encuentra acreditado que el 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones territoriales en las cuales el demandado resultó elegido concejal del San Luis de Palenque. Mientras que su hermano, Federico Acosta Martínez, para esa fecha, ocupaba el cargo de inspector de policía en la vereda Miramar de Guanapalo de la misma municipalidad, cargo que desempeñ ó durante el año anterior a la elección del demandado, como lo acredi ta la certificación expedida por el alcalde municipal obrante en el expediente.

25. Para analizar el ejercicio de autoridad por parte d el hermano del demandado, se remitió a los certificados de gestión de calidad17 que contienen los requisitos, propósito y las funciones del cargo de inspector de policía del municipio de San Luis de Palenque, a la Ley 1801 de 2016, «Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana», y afirmó que los inspectores de policía son servidores

públicos, empleados de carrera administrativa.

17 Documento aportado por el demandant e, debidamente decretado por el Tribuna l, el cual fue obtenido en virtud de un derecho de petición formulado al alcalde municipal y mediante el cual acreditó el manual de funciones del inspector de policía municipal.

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26. Luego, acudió al Decreto Ley 785 de 200518, disposición que estableció que los inspectores urbanos de categoría 1ª y 2ª , pertenecen al nivel profesional, mientras que los de categorías 3ª a 6ª y los rurales pertenecen al nivel técnico.

27. Al respe cto, manifestó que luego de analizar las funciones asignadas , incluso en vigencia de la Ley 1801 de 2016 19, al inspector de policía del municipio de San Luis de Palenque, es lo procedente concluir que «ejerce autoridad civil en la entidad territorial en raz ón de su cargo, sin importar su perfil profesional o si tiene o no estudios en derecho, o si su cargo es de perfil profesional o técnico».

28. Para culminar, indicó que «en la audiencia de alegatos se adujere por el extremo pasivo, que el alcalde de San Luis de Palenque hubiere asignado en el año 2024 unas funciones acordes con el perfil del Sr. Federico Acosta Martínez, ello solo tiene efectos hacía futuro y no cobija tal reasignación las propias establecidas en el Código Nacional de Policía del año 2016».

11. Recurso de apelación

29. El demandado recurrió la sentencia que anuló su elección . Expuso que la

11. Recurso de apelación

29. El demandado recurrió la sentencia que anuló su elección . Expuso que la demanda no cumplió con lo exigido en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA en lo referente a los fundamentos de derecho y al concepto de la violación , lo que conlleva la configuración de irregularidad procedimental.

30. Insistió que el demandante señaló como norma violada el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 136 de 1994 , el cual no contiene inhabilidades; sin embargo, en la audiencia inicial se dispuso el saneamiento del proceso y la magistrada, de la primera instancia , interpretó la demanda y tuvo como causal de nulidad la contenida en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, «sin que se le corriera traslado previsto en el artículo 173 20 del CPACA », lo que demuestra la vulneración de su derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

31. En este orden, consideró que el tribunal «sobrepasó» el principio de justicia rogada, el cual prevé que el operador jurídico no puede actuar de manera oficiosa ni «rebasar» el marco jurídico procesal trabado por las partes.

18 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de fu nciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 19 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 20 «REFORMA DE LA DEMANDA . El demandante podrá adicionar, aclara r o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:

20 «REFORMA DE LA DEMANDA . El demandante podrá adicionar, aclara r o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:

1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notific ación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial.

2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que estas se fundamentan o a las pruebas.

3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensi ones deberán cumplirse los requisitos de procedibilidad.

La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. Igualmente, el juez podrá disponer que el demandante la integre en un soto documento con la demanda inicial».

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32. Acto seguido, se refirió a los fundamentos en que se sustentó la decisión anulatoria y afirmó que el a quo no se refirió a lo expuesto en sus alegaciones

anulatoria y afirmó que el a quo no se refirió a lo expuesto en sus alegaciones finales, respecto de la necesidad de «establecer si el desempeño de determinado cargo público implica el ejercicio de autoridad civil, se debe analizar en cada caso el cargo desempeñado y las funciones asignadas , esto es, determinar con claridad si el ejercicio de dichas func iones implica potestad de mando, de imposición y de dirección y, con ello, si podrían incidir en el elec torado». (Negrillas del texto original)

33. Por el contrario, en su sentir, e l tribunal se limitó a citar las normas que contienen las funciones de los inspectores de policía y su relación con la autoridad civil, pero desconoció si su hermano (del demandado ) tiene el perfil profesional requerido para ejercer dichas potestades.

34. Precisó que no se tuvieron en cuenta los precedentes judiciales citados en la sentencia y tampoco se verificó si las actividades o funciones desarrolladas por Federico Acosta Martínez implicaron potestad de mando, de imposición y de dirección, ni la manera en que podría incidir en el electorado.

35. Consecuencia de lo anterior, era neces ario determinar cómo se afectaba o limitaba el ejercicio de sus funciones para, luego, verificar si se configura o no el ejercicio de autoridad, de conformidad con la jurisprudencia citada en la providencia, situación que a su juicio no se encuentra demostrada.

36. En este punto, r eiteró que su hermano no contaba con el perfil profesional para el cargo de inspector de policía , lo cual comporta una limitante para el ejercicio de sus funciones, prueba de ello son los «conocimientos básicos esenciales»21 que se pueden corroborar de los certificados de gestión de calidad ,

ejercicio de sus funciones, prueba de ello son los «conocimientos básicos esenciales»21 que se pueden corroborar de los certificados de gestión de calidad , por lo que consideró «inadmisible» que el tribunal haya concluido que sí ejerció autoridad civil.

37. Manifestó que para el desarrollo de las funciones de inspector de policía se necesitan conocimie ntos en derecho , como lo exige el parágrafo 3° del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, es decir, la terminación y aprobación de los estudios

de la carrera de derecho , «de lo contrario es imposible que pueda desempeñar la funciones que requiere el cargo, s ituación que sucede en el caso concreto pues la funciones que desarrolla el señor Federico Acosta Martínez SON MERAMENTE SECRETARIALES» (sic). (Negrillas del texto original)

38. No obstante, explicó que el artículo 2.2.3.10 del Decreto 1083 de 2015 dispuso «(…) los empleados públicos que al 2 de diciembre de 2014 estuvieren

21 «V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

• Constitución Política de Colombia
• Código Penal
• Código de Procedimiento Penal
• Código Civil • Código Nacional y Departamental de Policía • Procesos Policivos • Código del Menor • Mecanismos alternativos de solución pacífica de conflictos • Plan de Desarrollo del Municipio y Plan de Acción Institucional»

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desempeñando empleos de conformidad con normas anteriores, para todos los efectos legales, y mientras permanezcan en los mismos empleos, o sean trasladados o incorporados a cargos equivalentes o de igual denominación y grado de remuneración, no se les exigirán los requisitos establecidos en el presente Título».

39. En atención a lo anterior, indicó que el municipio de San Luis de Palenque decidió regular la problemática a través del Decreto 009 de 7 de marzo de 2024 22, mediante el cual estableció que los inspectores de policía que no son abogados, ni estudiantes de derecho, serán colaboradores de los inspectores que sí cumplen dicha calidad, pues el no poder desarrollar la autoridad civil y las f unciones que ostentan perjudica gravemente a la comunidad, situación que se presentó desde la promulgación de la Ley 1801 de 2016.

40. Puso de presente que el municipio de San Luis de Palenque actualmente cuenta con cinco inspectores rurales de policía y dos de ellos no cumplen con el perfil impuesto mediante la Ley 1801 de 2016, dentro de los cuales se encuentra Federico Acosta Martínez. Por tal motivo, estos cargos fueron sometidos a concurso de méritos , sin que se presentaran proponentes para ocupar dichos empleos, y tampoco a la fecha se encuentren personas interesadas en ellos.

concurso de méritos , sin que se presentaran proponentes para ocupar dichos empleos, y tampoco a la fecha se encuentren personas interesadas en ellos.

41. En desarrollo de lo expuesto , señaló que «refuta» la certificación expedida por el municipio de San Luis de Palenque , porque no aclaró que Federico Acosta Martínez desempeñó funciones plenas de inspector de policía «hasta la entrada de vigencia de la ley 1801 del 2016 y que posterior a ellas, ejerce las funciones netamente secretariales sin poder decisorio».

42. En conclusión, para la defensa, es lo cierto que no se configuró el elemento objetivo de la inhabilidad contenida en el artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 40 de la Ley 617 de 2000, por cuanto Federico Acosta Martínez «no ha ejercido funciones decisorias o jurisdiccionales como autoridad civil o de policía».

43. Por otra parte, adujo que la Corte Constitucional en la sentencia SU 207 de 2022 concluyó que, para la configuración de la causal de nulidad, le «corresponde a la autoridad judicial realizar una valoración probatoria concreta y ajustada al principio de ra zonabilidad y proporcionalidad. Por lo tanto, (iv) es exigible un examen específico de la probabilidad real y materialmente posible de ejercer la autoridad administrativa en el mismo municipio del candidato» 23, situación que también fue planteada por el Con sejo de Estado en sentencia de 22 de julio de

202124.

22 «ASIGNACIÓN DE COLABORACIÓN A INSPECCIONES RURALES DE POLICÍA NO ABOGADOS – NI ESTUDIANTES DE DERECHO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

PALENQUE».

ABOGADOS – NI ESTUDIANTES DE DERECHO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE». 23 Corte Constitucional sentencia SU-207 de 2022. 24 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 22 de julio de 2021, radicado 05-001-23-33-000-2019-002965-01: «En ese orden, es necesario que el pariente que inhabilite al candidato electo despliegue o haya desplegado sus com petencias en el ente territorial respecto del cual aquel pretende hacerse elegir. (…). En punto con elemento objetivo de la inhabilidad, se tiene que se concreta en el ejercicio de autoridad, que puede revestir divers os matices: civil, política, militar o administrativa. Sobre esta última modalidad, así como sobre el

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44. Al respecto, también trajo a colación la sentencia de 7 de febrero de 2019 emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado 25, mediante la cual se estableció que, para la configuración de la inhabili dad, se requiere la concurrencia del parentesco26 y los elementos temporal27, espacial28 y objetivo29.

45. Finalmente, manifestó que al no haberse determinado con claridad si las funciones asignadas a Federico Acosta Martínez comportaban el ejercicio de

45. Finalmente, manifestó que al no haberse determinado con claridad si las funciones asignadas a Federico Acosta Martínez comportaban el ejercicio de autoridad, y al no haberse allegado prueba alguna que demostrara la concurrencia de la totalidad de los elementos configurativos de la inhabilidad, solicitó revocar la decisión de primera instancia y , en su lugar , negar las pretensiones de la demanda.

12. Trámite en segunda instancia

46. El 11 de julio del 2024 30, se admitió la apelación , se negó el decreto de la prueba documental aportada por el demandado en el recurso 31 y se ordenaron los traslados de ley.

13. Alegatos de conclus