CE - 1KC20240302100PROCUR020240809090449994

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03021-00

Demandante: Procuraduría General de la Nación

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2024-03021-00

Demandante: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA

Temas: Tutela contra providencia judicial – nulidad y restablecimiento del derecho contra fallos disciplinarios sancionatorios. Requisitos generales de procedibilidad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por la Procuraduría General de la Nación, contra la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de junio de 2024, la Procuraduría General de la Nación ejerció acción de tutela contra la Sección Segunda del Consejo de Estado , por considerar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

contra la Sección Segunda del Consejo de Estado , por considerar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. Se dejen sin efectos las sentencias proferidas por el Consejo de Estado - Sección Segunda, relacionadas en la tabla 1.

2. En consecuencia, se ordene al Consejo de Estado – Sección Segunda que, en un término razonable, profiera sentencias sustitutivas en donde el factor competencia se analice de conformidad con las normas constitucionales y el precedente de la Corte Constitucional en lo que hace al control disciplinario sobr e los servidores públicos de elección popular que no se encontraban en ejercicio de funciones del cargo para el cual fueron elegidos al momento de la imposición de la sanción. En ese orden, se analicen las causales de nulidad alegadas en la demanda de nuli dad y restablecimiento del derecho que no fueron objeto de estudio en las sentencias cuestionadas».

2. Hechos:

Debido a que la presente solicitud de amparo se refiere a los mismos supuestos fácticos en diez casos diferentes, para la comprensión del caso, la Sala procederá a hacer un resumen fáctico en común de los casos que se cuestionan por esta vía y posteriormente evidenciará las fechas y particularidades de cada uno de ellos.

En razón de lo anterior y de la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

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Demandante: Procuraduría General de la Nación

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Los señores José Rubiel Páez, Javier Osorio Cortés, Sandra Jaramillo González, Yamid Sterling Sánchez, Oscar Fernando Cerón Ortega, Juan Alberto Ramos Coronell, Marco Sergio Rodríguez Merchán, Carlos Barbosa Malaver y Sonia Serrano Prada ocuparon cargos de elección popular , entre ellos , de alcaldes, concejales, y Congresistas. Sin embargo, fueron sancionados disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación en calidad de servidores públicos, así:

No Servidor Cargo ocupado Sanción 1 José Rubiel Páez Alcalde del municipio de Caldas (Boyacá) , período 2008-2011 Sancionado disciplinariamente en el año 2017 por presuntamente comprometer vigencias futuras sobre los recursos del Sistema General de Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico. 2 Javier Osorio Cortés Alcalde de Dagua (Valle del Cauca) período 2008-2011 Sancionado disciplinariamente en el año 2013 por presuntas irregularidades en contratación en el marco del estado de urgencia manifiesta. 3 Sandra Jaramillo González Concejal de Bogotá D.C período 2012-2015. Sancionada disciplinariamente en el año 2017 por estar inhabilitada para ejercer el cargo. 4 Yamid Sterling Sánchez Alcalde de Oporapa (Huila) 2012 – 2015 Sancionado disciplinariamente en el año 2017 por presuntas irregularidades en temas de contratación.

2012 – 2015 Sancionado disciplinariamente en el año 2017 por presuntas irregularidades en temas de contratación. 5 Oscar Fernando Ortega Cerón Alcalde de Colón - Génova (Nariño), período 20122015. Sancionado disciplinariamente en el año 2018 porque no presentó al Concejo Municipal el informe general de su gestión durante el 2014 , durante el primer período de sesiones del 2015,. 6 Rodolfo Hernández Suárez Alcalde de Bucaramanga (Santander), período 20162019. Sancionado disciplinariamente en el año 2020 por hechos ocurridos con el concejal Jhon Jairo Claro Arévalo, relacionados con el incumpliendo al deber de tratarlo con respeto y dignidad. 7 Juan Alberto Ramos Coronell Alcalde de Juan de Acosta (Atlántico) período 20012003. Sancionado disciplinariamente en el año 2005 por presuntas irregularidades en temas de contratación (licitación) 8 Marco Sergio Rodríguez Merchán Representante a la cámara de representantes por el Vichada período 20142018. Sancionado disciplinariamente en el año 2020 9 Carlos Barbosa Malaver Alcalde de Anapoima (Cundinamarca) período 2008-2011. Sancionado disciplinariamente en el año 2014 por presuntas irregularidades en temas de contratación. 10 Sonia Serrano Prada y otro Alcaldesa de Lebrija (Santander) período 20082011. Sancionada disciplinariamente en el año 2013 por presuntas irregularidades en temas de contratación.

(Santander) período 20082011. Sancionada disciplinariamente en el año 2013 por presuntas irregularidades en temas de contratación.

Inconformes con las sanciones impuestas, ejercieron demandas del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación, con la finalidad de dejar sin efecto los actos administrativos sancionatorios y, en consecuencia, se ordenará el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados con las sanciones de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Los procesos fueron conocidos por el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsecciones A y B, en segunda y única instancia y resolvieron declarar nulas las actuaciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de la Nación, que los destituyeron e inhabilitaron así:

No. Radicado Demandante Sentencia Autoridad que la profirió Ponente de la decisión Sentido de la decisión Fecha de notificación 1 15001-23-33000-201700665-01 y 15001-23-33000201800253-00 José Rubiel Páez Segunda instancia 23 de noviembre de 2023 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B César Palomino Cortés Revocó providencia del Tribunal Administrativo de Boyacá y declaró nulidad de actos administrativos que sancionaron 16 de enero 2024. 2 760012333000 20140089101 (2447-2022) Javier Osorio

sancionaron 16 de enero 2024. 2 760012333000 20140089101 (2447-2022) Javier Osorio Cortés Segunda instancia 30 de noviembre de 2023 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B César Palomino Cortés Confirmó providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en 2 de febrero de 2024.

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

la que se declaró nulos actos administrativos que sancionaron 3 250002342000 20180030401 (2222-2020) Sandra Jaramillo González Segunda instancia 8 de febrero de 2024 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Jorge Iván Duque Gutiérrez Revocó providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y declara nulidad de actos administrativos que sancionaron 28 de febrero de 2024. 4 410012333000 20180015301 (3240-2020) Yamid Sterling Sánchez Segunda instancia 8 de febrero de 2024 Consejo de Estado, Sección Segunda,

Yamid Sterling Sánchez Segunda instancia 8 de febrero de 2024 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A Jorge Iván Duque Gutiérrez Revocó providencia del Tribunal Administrativo del Huila y declaró la nulidad de actos administrativos que lo sancionaron. 28 de febrero de 2024. 5 520012333000 20180046101 (4256-2021) Óscar Fernando Ortega Cerón Segunda instancia 8 de febrero de 2024

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Jorge Iván Duque Gutiérrez Revocó providencia del Tribunal Administrativo de Nariño y en su lugar declaró la n ulidad de actos administrativos que sancionaron 27 de febrero de 2024. 6 680012333000 20210034001 (6334-2022) Rodolfo Hernández Suárez Segunda instancia 22 de febrero de 2024

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Jorge Iván Duque Gutiérrez Revocó providencia del Tribunal Administrativo de Santander y declaró la nulidad de actos administrativos que lo sancionaron 11 de marzo de 2024. 7 110010325000 20120015600 (0673-2012) Juan Alberto Ramos Coronell Única instancia 8 de febrero de

110010325000 20120015600 (0673-2012) Juan Alberto Ramos Coronell Única instancia 8 de febrero de 2024

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Rafael Francisco Suárez Vargas Declaró la nulidad de los actos administrativos que sancionaron

8 de marzo de 2024. 8 110010325000 20220021600 (0371-2022) Marco Sergio Rodríguez Merchán Única instancia 4 de abril de 2024

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Jorge Iván Duque Gutiérrez Declaró la nulidad de los actos administrativos que sancionaron 8 abril de 2024.

9 250002342000 20150011501 (3284-2018) Carlos Barbosa Malaver Segunda instancia 11 de abril de 2024

Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A

Rafael Francisco Suárez Vargas Revocó providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y declara nulidad de actos administrativos que sancionaron 8 de mayo de 2024. 10 680012333000 20140007701 (0826-2015) Sonia Serrano Prada y otro Segunda instancia 23 de mayo de 2024

Consejo de Estado,

Sonia Serrano Prada y otro Segunda instancia 23 de mayo de 2024

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Rafael Francisco Suárez Vargas Revocó providencia del Tribunal Administrativo de Santander y declaró nulidad de actos administrativos que sancionaron 6 de junio de 2024.

De lo anterior, se observa que los 10 procesos relacionados fueron conocidos por tres ponentes distintos, para lo cual se hará referencia a la línea argumentativa que se manejó en los referidos procesos en los despachos de conocimiento.

En los casos relacionados en los numerales 1 y 2, el ponente, en el primer caso, revocó la providencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y en su lugar se declaró la nulidad de actos administrativos que sancionaron, en el segundo caso confirmó la providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al considerar que las sanciones disciplinarias impuestas conllevaron la restricción de los derechos políticos de los demandantes , quienes fueron elegidos democráticamente como alcalde del municipio de Caldas Boyacá y alcalde municipal del municipio de Dagua – Valle del cauca, respectivamente, ello en contravención de lo consagrado en el artículo 23 de la CADH y de la sentencia del 8 de julio de 2020 en

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la que la Corte IDH estudió el caso Petro Urrego vs. Colombia.

Frente a los casos identificados en los numerales 3, 4, 5, 6 y 8, el ponente revocó las providencias apeladas para en su lugar declarar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios y en el último de los referidos - esto es el caso 8 –fue estudiado en única instancia y declaró la nulidad de los actos demandados. En todos ellos consideró:

«Atendiendo al deber que tiene toda autoridad judicial y administrativa de realizar el control de convencionalidad ex oficio, y a la luz de la jurisprudencia decantada en el caso Petro Urrego vs Colombia, para esta Sala de subsección es claro que la normativa colombiana (Ley 734 de 2002) que facultaba a la Procuraduría General de la Nación para destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular estuvo viciada de ilegalidad, desde sus orígenes, por ser contraria a los postulados consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que es manifiesta la falta de competencia de una autoridad administrativa para restringir los derechos políticos de aquellos funcionarios que fueron elegidos democráticamente, y a su vez se incumplió el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno por parte del Estado colombiano.

Por ende, al tener en cuenta que la jurisprudencia contenciosa administrativa e interamericana no crearon un

sentido o alcance nuevo del artículo 23 de la Convención Americana, sino que precisaron la única alternativa de aplicación posible de dicha norma, es claro que las actuaciones realizadas por la Procuraduría General de la Nación que culminaron con la imposición de la sanción de destitución e inhabilidad por el término de 10 años para el ejercicio de las funciones públicas al ahora demandante, no se aj ustó a la normativa que regula el ejercicio de los derechos políticos y las garantías judiciales consagrados en la Convención Americana y, por consiguiente, como el marco normativo con el que fue sancionado el demandante fue el mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos censuró o reprobó en el precedente convencional del caso Petro Urrego vs Colombia, es palmaria la ilegalidad de los actos administrativos acá demandados. [...]»

Finalmente, en los casos 7, 9 y 10 el ponente se refirió a las consideraciones expuestas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 11 de octubre de 2023, y precisó que:

«Es criterio de la Sección Segunda que «en los casos en que se controvierten sanciones disciplinarias que restringen los derechos políticos de los funcionarios de elección popular debe aplicarse el control de convencionalidad, no solo como expresión del derecho viviente sino porque dichos disciplinados tienen derecho a la misma protección judicial.».

Así las cosas, en aplicación de la excepción de inconvencionalidad respecto de las normas que radican en el procurador general de la Nación, en su condición de autoridad administrativa, la competencia para imponer

sanciones como la destitución a empleados elegidos por voto popular, y en procura de garantizar los principios de jurisdiccionalidad, que exige que ese tipo de sanción solo provenga de una autoridad judicial, y favorabilidad en materia laboral, según el cual se debe preferir la interpretación más beneficiosa para el trabajador, en caso de que una norma permita dos o más interpretaciones, así como en garantía de los derechos a la igualdad y a la protección judicial , la Sala revocará parcialmente la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la nulidad parcial de los actos administrativos cuestionados en este proceso, en lo que atañe a las sanciones impuestas (…) , comoquiera que, a través de ellos, se impuso en una servidora pública elegida popularmente, la sanción de destitución, lo que conlleva una restricción de derechos políticos, facultad que, según el criterio antes expuesto, está reservada a las autoridades judiciales competentes. [...]» (subrayado fuera de texto).

Conforme con lo expuesto, se tiene que l as mencionadas decisiones tuvieron como sustento común para confirmar , revocar y declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, que, la sentencia del 8 de julio de 2020 en la que la Corte IDH estudió el caso Petro Urrego vs. Colombia, tiene fuerza obligatoria para todos los jueces de Colombia y, en dicha oportunidad , en aplicación del control oficioso de convencionalidad, se concluyó que el numeral 1° del artículo 44 del Código Disciplinario Único es incompatible con el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; razón por la que debía entenderse que la Procuraduría

Disciplinario Único es incompatible con el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; razón por la que debía entenderse que la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para imponer sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios públicos democráticamente electos.

3. Argumentos de la tutela

La parte demandante indicó que la providencia objeto de debate incurrió en los defectos por violación por directa de la Constitución, por desconocimiento del precedente judicial y sustantivo. Para el efecto, señaló que se desconocieron las

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normas constitucionales, en las que se estableció la competencia de la Procuraduría General de la Nación para ejercer la vigilancia y control respecto a quienes desempeñan funciones públicas, incluso, los cargos de elección popular.

Explicó que la solicitud de amparo cumple con los requisitos de procedencia, dado que contra ellas no procede algún recurso, la solicitud de amparo goza de relevancia constitucional, en la medida en que no es una discusión de carácter económico o de mera legalidad y , además, la acción de la referencia fue interpuesta en un término razonable.

Señaló que no está de acuerdo con las decisiones dictadas en el marco de los distintos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, porque en los procesos

Señaló que no está de acuerdo con las decisiones dictadas en el marco de los distintos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, porque en los procesos cuestionados no era posible dejar de aplicar normas constitucionales con sustento en interpretaciones hechas a la luz de la Convención Americana, porque, mientras las normas constitucionales estén vigentes, la Procuraduría no puede dejar de ejercer sus competencias.

En relación con el defecto sustantivo, adujo que la autoridad judicial demandada desconoció su competencia constitucional; limitó su análisis a establecer si la Procuraduría General de la Nación tiene o no competencia para ejercer el control disciplinario acogiendo de plano lo expuesto por la Corte IDH en la sentencia del caso Petro Urrego, sin tener en cuenta el marco de interpretaci ón integral de las normas convencionales, constitucionales y legales que, seg ún la Corte Constitucional, es necesario realizar a efectos de que la providencia judicial.

Recalcó que la Corte Constitucional, en sentencia C -030 de 2023, precisó que la sanción o destitución e inhabilidad general impuestas a servidores públicos de elección popular requieren de la intervención de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por medio de la reserva judicial, lo que, a su juicio, implica que la reserva judicial no se puede exigir a las decisiones sancionatorias tomadas con anterioridad a la Ley que fue objeto de control constitucional en dicha providencia.

Explicó que , no se tuvo en cuenta que, para el momento en que los distintos funcionarios fueron sancionados, no existía la decisión de la Corte IDH en el caso Petro

Explicó que , no se tuvo en cuenta que, para el momento en que los distintos funcionarios fueron sancionados, no existía la decisión de la Corte IDH en el caso Petro Urrego vs. Colombia, ni la tesis de la reserva judicial expuesta en la Sentencia C -030 de 2023, pues para la época en que fueron proferidas las decisiones disciplinarias, existía una postura pacífica en cuanto a la competencia de la Procuraduría General de la Nación para disciplinar a los servidores públicos de elección popular, en aplicación de las atribuciones contenidas en el artículo 277 de la Constitución Política.

Precisó que, en todo caso, el estándar fijado en la sentencia de la CIDH no era aplicable a los casos fallados con anterioridad al 8 de julio de 2020, pues la orden de adecuar el ordenamiento interno, expresamente las normas del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), lo fue a futuro y en un plazo razonable y las decisiones cuestionadas fueron proferidas en vigencia de la referida Ley.

Finalmente, f rente al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que la autoridad judicial demandada omitió el criterio fijado en las sentencias: C-028 de 2006, SU-712 de 2013, C-500 de 2014, SU-355 de 2015, C-101 de 2018, C-086 de 2019, C111 de 2019, C -325 de 2021 y l a C-030 del 16 de febrero de 2023 , en las que se expuso que la Procuraduría General de la Nación sí tiene competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluso los elegidos popularmente.

y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluso los elegidos popularmente.

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Aclaró que, en las providencias citadas como desconocidas, la Corte Constitucional dispuso que la inclusión de una norma internacional al bloque de constitucionalidad no implica que esta última prevalezca sobre la Constitución Política. Por el contrario, que dicha inclusión conlleva necesariamente a efectuar interpretaciones armónicas y sistemáticas entre disposiciones jurídicas de diverso origen. Específicamente, en esa sentencia, en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Con stitucional señaló que esta forma parte del bloque de constitucionalidad, pero que las normas que lo integran no tienen el rango de normas supraconstitucionales.

4. Trámite previo

Mediante auto del 24 de junio de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo de Estado, Sección Segunda como demandado, a los señores José Rubiel Páez, Javier Osorio Cortés, Sandra Jaramillo González, Yamid Sterling Sánchez, Óscar Fernando Cerón Ortega, Rodolfo Hernández Suárez, Juan Alberto Ramos Coronell, Marco Sergio Rodríguez Merchán, Carlos Barbosa Malaver, Sonia Serrano Prada y Rodolfo García

Ortega, Rodolfo Hernández Suárez, Juan Alberto Ramos Coronell, Marco Sergio Rodríguez Merchán, Carlos Barbosa Malaver, Sonia Serrano Prada y Rodolfo García Martínez, al Tribunal Administrativo de Boyacá, al Tribunal Admin istrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, al Tribunal Administrativo del Huila, al Tribunal Administrativo de Santander, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Tribunal Administrativo de Nariño , como terceros interesados , a quienes se les remitió copia de la demanda.

5. Oposición

La Sección Segunda del Consejo de Estado, por intermedio del presidente, explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar en varias oportunidades el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señaló que el ejercicio de los derechos políticos puede ser objeto de reglamentación, más no de negación y que su limitación está reservada a casos en que sea decretada por un juez competente y dentro de un proceso penal.

Explicó que, cuando la Corte IDH, en sentencia del 8 de julio de 2020 resolvió el caso Petro Urrego vs . Colombia, consideró que fue vulnerad o el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto «el Estado incumplió con sus obligaciones previstas en el artículo 23 de la Convención, en relación con el artículo 2 del mismo instrumento, por la existencia y aplicación de las normas del Código Disciplinario Único que facultan a la Procuraduría a impone r dichas sanciones a funcionarios públicos democráticamente electos, como fue el caso del señor Petro».

Manifestó que, si bien es cierto , antes y después de dicho pronunciamiento, tanto la

democráticamente electos, como fue el caso del señor Petro».

Manifestó que, si bien es cierto , antes y después de dicho pronunciamiento, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado realizaron diferentes interpretaciones sobre las normas constitucionales y las establecidas en la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), también lo es que la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 11 de octubre de 2023 1 , concluyó que, aunque la Constitución y la Ley colombiana confirieron facultades disciplinarias a la Procuraduría General de la Nación, esto va en contravía de la garantía de los derechos políticos de los servidores elegidos por voto popular en los término s del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , pronunciamiento que, según

1Providencia dictada en el proceso con radicado: 15001 23 33 000 2014 00564 01 (5828 -2018), M.P. César Palomino Cortés.

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indicó, con base en el parágrafo 2 del artículo 15 del Reglamento Interno del Consejo de Estado y en el artículo 270 del CPACA, tiene los mismos efectos de una sentencia de unificación.

Asimismo, resaltó que conforme con la interpretación que la Corte IDH ha realizado del referido artículo, la eventual limitación de los derechos políticos solo puede

de unificación.

Asimismo, resaltó que conforme con la interpretación que la Corte IDH ha realizado del referido artículo, la eventual limitación de los derechos políticos solo puede imponerla un funcionario judicial (juez) competente, calidad que en todo caso no tiene la Procuraduría General de la Nación.

Explicó que en la sentencia del 11 de octubre de 2023 la Sala Plena de la Sección Segunda realizó estudio armónico entre las previsiones de la Constitución Política y las de la Convención Americana de Derechos Humanos, en torno a la restricción de los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular y concluyó que: «en los casos en que se controvierten sanciones disciplinarias que restringen los derechos políticos de los funcionarios de elección popular debe aplicarse el control de convencionalidad, no solo como expresión del derecho viv iente sino porque dichos disciplinados tienen derecho a la misma protección judicial».

Señaló que no incurrió en los defectos invocados por la demandante porque:

• No desconoció las normas establecidas en la Constitución Política, por el contrario, la Sección Segunda en su deber de armonizar la Carta Política con los instrumentos internacionales (la norma convencional y la decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos H umanos), consideró que no era dable que la Procuraduría General de la Nación, como autoridad administrativa, restringiera los derechos políticos a través de este tipo de sanciones, por cuanto es una facultad que está reservada a las autoridades judiciales competentes.

Lo anterior, en aplicación de la excepción de inconvencionalidad respecto de las normas que radican en el Procurador General de la Nación, -en su

Lo anterior, en aplicación de la excepción de inconvencionalidad respecto de las normas que radican en el Procurador General de la Nación, -en su condición de autoridad administrativa -, y en aras de garantizar que l a competencia para imponer sanciones como la destitución o suspensión en el ejercicio del cargo a empleados elegidos por voto popular solo provenga de una autoridad judicial , asimismo, en procura de garantizar los principios de jurisdiccionalidad, que exige que ese tipo de sanción y el de favorabilidad en materia laboral, según el cual , se debe preferir la interpretación más favorable al trabajador, en caso de que una norma permita dos o más interpretaciones, así como en garantía de los derechos a la igualdad y a la protección judicial.

• Tampoco se desconoció el precedente jurisprudencial, en la medida en que, si bien es cierto que antes de la sentencia de la Sección Segunda de 11 de octubre de 2023, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado habían mantenido posiciones diverge ntes respecto de las facultades disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación sobre los servidores elegidos por voto popular, también lo es que, a partir de dicha providencia, se adoptó una postura pacífica y unificada, que es, precisamente, la que ahora se discute.

De ahí la necesidad de insistir que, desde entonces, la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado estableció que, aunque la Constitución y la Ley nacional le otorgan al organismo del Ministerio Público facultades

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disciplinarias, estas deben interpretarse a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, en particular, del artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como se ve, una razón más que suficiente para acoger la interpreta ción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual , la limitación de derechos políticos de los servidores electos por voto popular solo puede ser impuesta por un funcionario judicial competente, lo que, necesariamente, restringe la actuació n de entidades administrativas, como lo es la Procuraduría General de la Nación, en estos casos.

Así las cosas, el criterio establecido en la sentencia del 11 de octubre de 2023 marcó el punto de referencia jurisprudencial para la adopción de los fallos objeto de la tutela. Por lo tanto, no puede alegarse el desconocimiento de precedente con base en las múltiples interpretaciones otrora consideradas. En otros términos: es la referida sentencia del 2023 la que contiene la interpretación uniforme