CE-20001-23-33-000-2019-00265-01(AC)-2019

ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – Existencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz / MEDIO DE CONTROL DE SIMPLE NULIDAD - Medio de defensa judicial idóneo y eficaz para controvertir actos administrativo de carácter general / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Medio de defensa judicial idóneo y eficaz para controvertir actos administrativo de carácter particular [E]n el caso bajo examen, para la Sala queda claro que a efectos del debate expuesto por el actor en relación con los actos administrativos de contenido general, existe la acción de nulidad como mecanismo ordinario de defensa idóneo y eficaz a través del cual puede plantear los argumentos que ahora expone mediante el presente mecanismo constitucional. En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela frente a este cargo. (…) De otra parte, cabe precisar que el aquí accionante tampoco acreditó y/o determinó de manera concreta algún acto administrativo expedido por las autoridades accionadas, frente al cual se predicara la lesión de sus derechos fundamentales de manera particular. (…) No obstante, de existir una decisión administrativa o acto particular que presuntamente vulnerara los derechos invocados por el actor en la presente tutela, para atacar esta decisión y propender por la garantía de los derechos fundamentales existe un mecanismo ordinario idóneo y eficaz de defensa judicial como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 ibídem. (…) De esta manera, frente a las demás decisiones

administrativas de orden particular que pudieran resultar luego de llevar a cabo los procedimientos administrativos por infracciones de tránsito, el actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el artículo 138 ibidem. Trámite en el cual, también se contempla la procedencia de medidas cautelares conforme lo prevén los artículos 229 y siguientes del CPACA. (…) Por ello, frente a esta pretensión la Sala declarará la improcedencia de la acción por no superar el requisito de subsidiariedad. (…) ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existe otro medio de defensa judicial, idóneo y eficaz / ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO – Medio de defensa judicial idóneo y eficaz para el cumplimiento de normas con fuerza material de Ley y actos administrativos Por otro lado, la parte demandante pretende que se hagan efectivas disposiciones de las normas nacionales que cuestiona (Decretos 4116 de 2008 y 1079 de 2015), como por ejemplo lo relacionado con el tiempo de 60 minutos que tiene la persona para subsanar la infracción y, lo relativo a las audiencias que deben adelantar los inspectores de tránsito de conformidad con los tiempos y el procedimiento establecido en los artículos 134 a 136 del Código Nacional de Tránsito Terrestre. (…) Frente a lo anterior, la Sala precisa que el ordenamiento consagra el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos en el artículo 146 de la Ley 1437 de 2011, en consonancia con lo establecido en la Ley 393 de 1997, por el cual se desarrolló el artículo 87 de la

Constitución Política (…) En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 (…) (…) De esta forma, resulta importante aclarar que si bien la parte actora alega la vulneración de sus derechos fundamentales debido a la inobservancia de esas normas, lo cierto es que concretamente solicita el cumplimiento de dichos mandatos legales pues a su juicio no han sido observados por las autoridades demandadas. (…) En otras palabras, con esta pretensión, la parte accionante pretende, más allá de la protección de sus garantías constitucionales, la aplicación de normas con fuerza material de ley. (…) Así las cosas, se destaca que el análisis a realizar en la acción de cumplimiento no sería respecto de la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, al trabajo y demás derechos invocados, sino frente al cumplimiento de las normas cuya inobservancia se alegó en la acción de amparo. (…) Lo anterior, por cuanto se reitera, lo que en efecto solicitó la parte tutelante es el cumplimiento del artículo 146 de la Ley 1437 de 2011, en consonancia, con lo establecido en la Ley 393 de 1997, por la cual se desarrolló el artículo 87 de la Constitución Política. (…) De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos, como efectivamente ocurre en el caso concreto frente a esta pretensión.

ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL

REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existe otro medio de defensa judicial, idóneo y eficaz / INCIDENTE DE DESACATO – Medio de defensa judicial idóneo y eficaz para el acatamiento de órdenes impartidas en providencias judiciales La parte actora hizo referencia a un pronunciamiento del Consejo de Estado dictado en el proceso «…11001-03-24-000-2016-00123-00 la suspensión del término ‘podrá’ del código de tránsito (sic)», frente a lo cual expresó que se incumplió la medida cautelar allí decretada. (…) Al respecto, se encuentra que si bien la demandante citó dicho expediente, lo cierto es que la decisión corresponde es a la providencia dictada dentro del proceso de nulidad con identificado con el radicado 11001-03-24-000-2017-00092-00, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado. (…) En efecto, en el referido expediente mediante auto del 2 octubre de 2018, la Sección Primera de esta Corporación, decretó como medida cautelar la «…suspensión provisional de la palabra ‘podrá’ contenida en el artículo 3º de la Resolución nro. 003027 del 26 de julio de 2010 proferida por el Ministerio de Transporte, por las razones expuestas en la parte motiva». (…) Dicha decisión se adoptó bajo el entendido de que la «…autoridad de tránsito no está facultada para decidir discrecionalmente si inmoviliza o no de forma preventiva un vehículo sin llevarlo a patios, cuando es posible subsanar la

causa que dio origen a la inmovilización en el sitio en que se detectó la infracción. En ese sentido, el infractor que, de acuerdo con la ley, pueda subsanar la causa, tendrá el plazo de 60 minutos allí previstos para ello, sin que pueda la autoridad, en ese término, ordenar la inmovilización.» (…) En relación con el punto, se precisa que por tratarse de un proceso de simple nulidad y toda vez que, de acuerdo con la información consultada en la página web del Consejo de Estado, en el asunto se llevó a cabo audiencia inicial el 20 de septiembre de 2019, el actor ya no puede intervenir como coadyuvante del demandante en los términos del artículo 223 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (…) Adicionalmente, la Sala precisa que en el trámite del proceso de nulidad ante el presunto incumplimiento de la medida cautelar de suspensión, el legislador previó las sanciones correspondientes, las cuales se deberán proponer mediante incidente de desacato, en los términos del artículo 241 de la Ley 1437 de 2011. (…) En tal sentido, el actor contó con la posibilidad de intervenir con tercero en el trámite del medio de control de simple nulidad, en el marco del cual, está previsto el incidente de desacato para hacer cumplir las medidas cautelares. En consecuencia, la solicitud de amparo constitucional también será declarada improcedente respecto de esta pretensión.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 146 - LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 223

/ LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 229.

ACCIÓN DE TUTELA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / SANCION DISCIPLINARIA – Se acude mediante queja ante la autoridad administrativa / DERECHO DE PETICIÓN – No se vulnera cuando no se ha realizado petición ante la administración / PERJUICIO IRREMEDIABLE – Requisito de la procedencia de la acción de tutela no se acredita La parte actora solicitó que se den inicio a las investigaciones administrativas de la Superintendencia de Puerto y Transporte contra la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar. (…) De igual manera, pretende que la Procuraduría General de la Nación imponga las sanciones disciplinarias frente a los agentes de tránsito que se hubieran extralimitado en el ejercicio de sus funciones. (…) Frente a las precitadas pretensiones, la Sala observa que la parte actora puede elevar la queja correspondiente ante las autoridades competentes para que se den inicio a las averiguaciones administrativas pertinentes, pues no es la acción de amparo el medio para activar dichas actuaciones. (…) Al respecto, resulta del caso aclarar que si bien los mencionados medios constituyen una vía administrativa, lo cierto es que no existen elementos de juicio que ameriten la intervención del juez constitucional en las órbitas competenciales de dichas autoridades. (…) Así las cosas, la Sala negará tales solicitudes. (…) La Sala observa que la parte actora no ha elevado algún escrito en ejercicio del derecho de petición para acceder a la información y documentación que pretende se ordene se le suministre a través de

este mecanismo constitucional. (…) Por lo que, frente a este aspecto no se puede predicar una vulneración del derecho fundamental por parte de la administración municipal de Valledupar; en tal sentido, esta pretensión se negará. (…) Finalmente, la Sala evidencia que en la acción de tutela ni siquiera se planteó la existencia de un perjuicio irremediable, para que esta proceda de forma transitoria, no obstante, se observa que el a quo sí se pronunció al respecto. Es más de la lectura detalla da la primera de las pretensiones plateadas por el actor se advierte que este presentó la solicitud «Primero… como mecanismo definitivo y excepcional…». (…) No obstante, se observa que el a quo sí se pronunció al respecto. Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia SU 695 de 2015 expuso que a efectos de aceptar la procedencia de la acción de tutela ante la presencia de otros mecanismos de defensa judicial, se debe estar ante la configuración de un perjuicio irremediable, el cual debe cumplir con los requisitos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, que justifiquen la intervención del juez constitucional. (…) Conforme a lo anterior, la Sala considera que al existir otros mecanismos judiciales idóneos, lo cierto es que las medidas cautelares de urgencia permitirían evitar aquél perjuicio, por lo que, la tutela no sería procedente, prima facie. (…) Así mismo, se evidencia que en el específico caso de la solicitud de acatamiento del auto de 2 octubre de 2018, en el proceso identificado con el radicado 11001-03-24-000-2017-00092-00, considera que no es

procedente superar la subsidiariedad para estudiar la presunta vulneración de los derechos fundamentales como un mecanismo transitorio, puesto que la acción de tutela no puede empelarse para subsanar el agotamiento de los mecanismos de defensa

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA – ARTÍCULO 23.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 20001-23-33-000-2019-00265-01(AC)

Actor: FELIPE ESTEBAN MARTÍNEZ CASSIANI Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS Decide la Sala la impugnación presentada por la parte demandante contra el fallo de 11 de septiembre de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, a través del cual declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo Por escrito radicado el 21 de agosto de 2019 ante la Oficina Judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar, el señor Felipe Esteban Martínez Cassiani, instauró acción de tutela contra la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el municipio de Valledupar, con el fin de que se protejan sus derechos

fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la educación, a una tutela judicial efectiva y a los principios de legalidad, de buena fe y de confianza legítima. Tales garantías constitucionales las consideró vulneradas por las referidas autoridades pues demanda de estas que adopten las «medidas administrativas necesarias» para circular libremente en su motocicleta, así como una modificación de los Decretos 4116 de 20081 y 1079 de 20152, a través de los cuales se adoptaron medidas para controlar la prestación del servicio público de transporte en motocicletas, así como la reglamentación del mismo. En consecuencia, la parte demandante pretende lo siguiente: «Primero. Pretendo (sic) con esta acción de tutela como mecanismo definitivo y excepcional contra el Presidente de la República, doctor Iván Duque, el Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo, el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Brigadier General, Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, la Superintendente de Puerto y Transporte, doctora Carmen Ligia Valderrama Rojas, para que el juez constitucional aplique la control de convencionalidad y la excepción de inconstitucionalidad, y el bloque de constitucionalidad y ordene al Presidente de Colombia, al Procurador General de la Nación, al Superintendente de 1 Presidencia de la República. (28 de octubre de 2008). «Por el cual se modifica el Decreto 2961 del 4 de septiembre de 2006, relacionado con las motocicletas». DO. 47.156. 2 Presidencia de la República. (26 de mayo de 2015). «Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector Transporte». DO. 49.523. Puerto y Transportes y a la Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, para que la Policía, que ejerce funciones de tránsito en sus operativos contra los motociclista aplique los artículos 6, 12, 94, y 96, del Código Nacional de Tránsito y el Decreto Nacional 1079 de 2015 (mayo 26) en su artículo 2.3.6.3, y entres las excepciones, permita que yo circule en mi moto a mi núcleo familiar como parrillero, así mismo el alcalde de Valledupar se abstenga de seguir expidiendo el decreto de forma absoluta y permanente, restringiendo de forma desproporcionada, la circulación de motociclista en el municipio de Valledupar que no son motociclista, con falsa motivación y sin fundamento legal, violando los artículos 6 y 12 del Código Nacional de Tránsito, de igual forma ordenen a la Policía de Tránsito que concedan los 60 minutos para que el presunto infractor subsane la infracción en el lugar de los hechos, conforme al artículo 125 del Código Nacional de Tránsito y por los hechos, conforme al artículo ordenado por el Consejo de Estado, le dé cumplimiento a la sentencia de acción de cumplimiento (sic) y antes de que inicien el remate de vehículos, de igual forma que la Policía de Tránsito de Carreteras y de Valledupar se abstenga de impedir que los conductores de vehículos de otros municipios entren a Valledupar con pasajero pagando o sin pagar, garantizando la entrada y salida de cualquier

municipio del país, debido que la norma del servicio no autorizado se aplica es a los carros que circulen en el municipio de Valledupar no lo que entran al municipios y, por último, se investiguen la presuntas violación a la Constitución y la ley por la miles de inmovilizaciones realizada por la Policía de Tránsito violando las instrucciones impertidas por la Dirección Nacional de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional y se garanticen mis derechos fundamentales … Segundo. Que el juez del conocimiento ordene al señor Presidente, Iván Duque, como jefe de estado jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, a través de sus Ministros, al señor Procurador ordenen a la Policía Nacional de Tránsito a la administración municipal de Valledupar darle cumplimiento al artículo 6 parágrafo 3, artículo 12 del literal a del artículo 131 adicionado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, 94, y 96 del Código Nacional de Tránsito conforme a las sentencias C-981 del 2010, y la C-568 del 2003 y se abstenga de seguir modificando de forma permanente el Código Nacional de Tránsito y acabar con las cuatro medidas que existe actualmente en el municipio de Valledupar, así mismo el Presidente modifique los Decretos Nacionales 4116 de 2008, el 1079 del 2015 artículos 2.3.6.1, 2.3.6.3, conforme al Código Nacional de Tránsito teniendo en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional, así mismo permitan que el propietario de vehículos lleven como parrillero a su núcleo familiar, así mismo, el cumplimiento a las sentencia del Consejo de Estado y

concedan los 60 minutos para que el presunto infractor subsane la infracción, en el lugar de los hechos y no sea llevado el vehículo inmovilizado al cementerio municipal, donde el señor Presidente, el señor Procurador y la Superintendente deben de ordenar una inspección judicial y así poder obligar al alcalde a darle cumplimiento a la sentencia de acción de cumplimiento ganada por nuestro defensor Melkis Kammerer, expedida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, sentencia del 16 de mayo del 2019, radicado No 2018-00414, este juzgado ordenó al municipio de Valledupar que en un término de 15 días inicien las actuaciones administrativa necesaria para darle cumplimiento al artículo 128 del Código Nacional de Tránsito, donde al día de hoy, señor Procurador no me han notificado ninguna gestión, así mismo, el parqueadero cómo va a responder por más de 5 mil motos y vehículos, que no sirven. Tercero. Que el Magistrado ordene a la Superintendente de Puerto y Transporte que se investigue por qué la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar no viene realizando las audiencias, ordenada por los artículos 134 al 136 del Código Nacional de Tránsito, así mismo porque se demoran hasta 30 días para escucharlos en audiencia, obligando a los presunto infractores a aceptar cargo para poder sacar el vehículos. Cuarto. Que el señor Presidente, el señor Procurador, la señora Superintendente, el señor Director de Tránsito y Transporte ordenen a la

Secretaría de Tránsito de Valledupar, de expedir un listado de todas las inmovilizaciones realizada desde marzo del 2019, hasta el 20 de agosto del 2019, para comprobar cuáles de estas infracciones se podía subsanar en el lugar de los hecho, para que se investiguen los agentes de tránsito que incurrieron en presuntas sanciones disciplinarias, para que sean destituidos de esa función, alterando el orden público y la convivencia pacífica. Quinto. Que el señor Presidente, el señor Procurador, la señora Superintendente y el señor Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional ordenen al alcalde de Valledupar que envié copia de todos los decreto expedidos desde el 2006 hasta el 2019, reglamentando de forma permanente el Código Nacional de Tránsito, así mismo digan, cuántos vehículos han inmovilizado en los 14 años que llevan expidiendo los decretos y cuánto han recaudado y con qué fundamento legal lo han expedido. Sexto. Que el señor Presidente, el señor Procurador, la señora Superintendente y el señor Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional ordene a la Policía de Tránsito que se encuentra a la entrada del municipio de Valledupar que respeten los derechos fundamentales a la libre circulación, a la presunción de inocencia, a un debido proceso administrativo y derechos de defensa y contradicción, a la buena fe, a la confianza legítima y se abstengan de seguir inmovilizando los vehículos que vienen de otros municipios como Villanueva, Urumita, etc, que vienen con sus familias,

amigos y les inmovilizan sus vehículos, alegando que venían pirateando o prestando un servicio no autorizado, cuando esta infracción solo debe aplicarse dentro del municipio de Valledupar y a los conductores que ejerzan esta actividad en los barrios de Valledupar, no en las carreteras nacionales, además, esta infracción se subsana en el lugar de los hechos, pero ellos inmovilizan los vehículos, y duran hasta 20 días, y le exigen a los conductores que deben de llevar a las personas que venían con ellos a las audiencias para que declaren que no venían pagando pasajes, donde este procedimiento llevan 14 años de estar realizándolo.»3 La petición de tutela, tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos Sostuvo que con el Decreto 2961 de 20064, en su artículo tercero dispuso: «Artículo 3°. Se exceptúa de la medida de que tratan los artículos 1° y 2° del presente decreto los motociclistas miembros de la Fuerza Pública, 3 La transcripción de las pretensiones fue corregida. 4 Presidencia de la República. (4 de septiembre de 2006). «Por el cual se dictan medidas para controlar la prestación del servicio público de transporte en motocicletas, previsto en el literal d) del artículo 131 de la Ley 769 de 2002». DO. 46.381. autoridades de tránsito, personal de seguridad de las entidades del Estado, personal de los organismos de socorro, escoltas de los funcionarios del orden nacional, departamental y municipal siempre y cuando se encuentren en ejercicio de sus funciones. También se exceptúa el acompañante de

motocicleta que adelante curso de capacitación automovilística en un centro de enseñanza legalmente autorizado, así como los miembros del núcleo familiar del propietario o conductor.» Indicó que mediante el Decreto 4116 de 20085, por el cual se modificó el artículo primero del Decreto 2961 del 4 de septiembre de 2006, el cual quedó en los siguientes términos: «En los municipios o distritos donde la autoridad municipal o distrital verifique que se está desarrollando una modalidad ilegal de servicio público de transporte de pasajeros utilizando la movilización de personas en motocicletas, dicha autoridad deberá tomar las medidas necesarias para restringir la circulación de acompañantes o parrilleros, por zonas de su jurisdicción o en horarios especiales, de acuerdo con la necesidad. Dichas medidas se tomarán por períodos inferiores o iguales a un año. Parágrafo. Para la circulación de motocicletas con acompañante o parrillero en todo el territorio nacional, la autoridad de tránsito competente podrá exigir que su conductor sea a la vez el propietario de la misma. Para efectos del control de esta medida por parte de los agentes de tránsito, el conductor de la motocicleta deberá corresponder al propietario registrado en la Licencia de Tránsito.» Añadió que a través del Decreto 1079 de 20156, por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, también se establecieron excepciones respecto de dicha medida, específicamente en su artículo 2.3.6.3 se refirió a la excepción que cobijaba al núcleo familiar del propietario o conductor de

la motocicleta. Agregó que el alcalde de Valledupar y la Policía de Tránsito de la misma ciudad le han coartado su libre circulación, por restringirle el uso del parrillero, pese a que en la mayoría de los casos solo transporta a sus familiares y amigos. Adujo que tales limitaciones han ocasionado múltiples enfrentamientos entre motociclistas y «mototaxistas» con miembros de la Policía Nacional en la mencionada municipalidad, sin que las autoridades adopten las medidas necesarias para conjurar la situación. Hizo referencia a un pronunciamiento del Consejo de Estado dictado en el proceso «…11001-03-24-000-2016-00123-00 la suspensión del término ‘podrá’ del código de tránsito (sic)», frente a lo cual expresó que se incumplió la medida cautelar allí decretada.

3. Sustento de la petición Sostuvo que la alcaldía municipal de Valledupar así como la referida Policía de Tránsito le coartan su libre circulación por el territorio, al impedirle transportar como parrilleros a sus familiares y amigos. 5 Presidencia de la República. (28 de octubre de 2008). «Por el cual se modifica el Decreto 2961 del 4 de septiembre de 2006, relacionado con las motocicletas». DO. 47.156. 6 Presidencia de la República. (26 de mayo de 2015). «Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector Transporte». DO. 49.523. Afirmó que considera vulnerados sus derechos fundamentales, puesto que las autoridades ni siquiera le conceden el término de 60 minutos para subsanar la

infracción cuando proceden a inmovilizar el vehículo. Precisó que tampoco las autoridades del nivel nacional ni territoriales han adoptado las medidas necesarias para conjurar los conflictos que se presentan entre los transportadores que laboran como «mototaxistas». Consideró que con la expedición de los Decretos aludidos en el acápite de los hechos (Decretos 4116 de 2008 y 1079 de 2015), se desconocen las sentencias C – 568 de 2003 y C – 981 de 2010 de la Corte Constitucional, por lo cual pretende que las autoridades del caso los modifiquen, en aras de garantizar sus derechos fundamentales.

4. Trámite en primera instancia Por auto de 27 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda de la referencia y, en consecuencia, ordenó la notificación a las autoridades demandadas: Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Superintendencia de Puertos y Transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el municipio de Valledupar.

5. Contestaciones Surtidas las notificaciones correspondientes, solo se presentaron las siguientes intervenciones: 5.1. Procuraduría General de la Nación En representación de dicho ente de control, la procuradora regional del Cesar se opuso a la prosperidad del amparo solicitado, al considerar que ninguno de los hechos y fundamentos de derecho se dirigen a cuestionar su actuar.

Adujo que lo pretendido por el actor se dirige en contra de la Policía Nacional, de Tránsito y a la alcaldía de Valledupar, por lo que solicitó su desvinculación. Indicó que sus funciones de carácter preventivo no le permiten la intromisión en

las gestiones propias de los demás entes administrativos. Solicitó que se les exonere de cualquier responsabilidad y se declare improcedente la acción de tutela. 5.2. Municipio de Valledupar La aludida entidad territorial señaló que la solicitud de amparo es improcedente, ya que la parte accionante cuenta con otro medio de defensa judicial como lo es el medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. Hizo referencia a los Decretos 2961 de 2006 y 4116 de 2008, para destacar que la autoridad administrativa debía adoptar las medidas necesarias para contrarrestar las infracciones de tránsito producto del denominado «mototaxismo». Resaltó que no todas las infracciones son subsanables, de manera que para los 60 minutos que alega el actor debe tenerse en cuenta que la entrega de la motocicleta se condiciona al pago previo de la multa, conforme al literal «D.7» del artículo 21 de la Ley 1383 de 20107. 5.3. Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional Esta dependencia solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que lo solicitado no se encuadra dentro de sus competencias ni funciones, ni a su misión, de las cuales hizo referencia. Manifestó que no vulneró derecho alguno de la parte actora, la cual, a su juicio, cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, por lo que señaló que la acción de tutela debe declararse improcedente.

6. Sentencia de primera instancia A través de providencia del 11 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo

del Cesar declaró la improcedencia de la acción de tutela, por los siguientes motivos: Sostuvo que el amparo solicitado es improcedente, por cuanto no es el medio para cuestionar las decisiones administrativas ni los decretos que según el demandante son contraventores, pues vulneraron sus derechos fundamentales. Alegó que tampoco el actor acreditó haber agotado los mecanismos ordinarios de defensa idóneos y eficaces contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Arguyó que la modificación que se demanda de los Decretos 4116 de 2008 y 1079 de 2015, conduce a revisar y rebatir una decisión contenida en unos actos administrativos, lo cual es propio de un proceso ordinario, mas no de la acción de tutela. Resaltó que el accionante tampoco logró acreditar la configuración de un perjuicio irremediable, que pudiera permitir el análisis de fondo del asunto, pese a la existencia de los medios judiciales de defensa que consagra el ordenamiento jurídico.

7. Impugnación La parte actora «apeló» la sentencia de primera instancia el 17 de septiembre de 2019, tal como consta en el oficio del 13 del mismo mes y año, a través del cual se le remitió «…copia íntegra del fallo proferido dentro de la acción de tutela, con el fin de realizar la notificación de la misma.»

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591

7 Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones. de 19918, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Cuestiones previas 2.1. Legitimación en la causa por activa: Dentro de las pretensiones elevadas, la parte accionante alegó una presunta desobediencia de la sentencia del 16 de mayo del 2019, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Valledupar, dentro de la acción de cumplimiento, radicada con el 20001-33-33-003-2018-00414-00.

Revisada la copia allegada como anexo de la solicitud de amparo, se observa que el úni