CE-20001-23-33-000-2019-00271-01(AC)-2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD - Mecanismo de defensa idóneo y eficaz a través del cual se pueden controvertir decretos municipales / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Mecanismo de defensa idóneo y eficaz para controvertir decisiones administrativas de carácter particular / ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - Mecanismo de control idóneo y eficaz para solicitar el cumplimiento de normas con fuerza material de Ley y actos administrativos / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN - La accionante no ha elevado petición alguna / PERJUICIO IRREMEDIABLE - No acreditado [L]a Sala advierte que lo pretendido por la parte actora es que se declare la ilegalidad de los decretos municipales contentivos de normas de tránsito y transporte en relación con los motociclistas usuarios de la vías de la ciudad de Valledupar, finalidad para la cual el ordenamiento jurídico previó el medio de control de nulidad.(…) Para el caso concreto, se observa que la parte accionante no acreditó haber acudido al mencionado medio de defensa, pese a que es el mecanismo judicial idóneo y eficaz, toda vez que pretende se dejen sin efectos los decretos nacionales y del orden municipal que regulan aspecto de la movilidad de motocicletas. (…) En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela frente a este cargo. (…) frente a las demás decisiones administrativas de

orden particular que pudieran resultar luego de llevar a cabo los procedimientos administrativos por infracciones de tránsito, el actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (…) la parte demandante pretende que se hagan efectivas disposiciones de las normas nacionales que cuestiona (Decretos 4116 de 2008 y 1079 de 2015), (…) la Sala precisa que el ordenamiento consagra el medio de control de cumplimiento (…) La Sala observa que la parte actora no ha elevado algún escrito en ejercicio del derecho de petición para acceder a la información y documentación que pretende se ordene se le suministre a través de este mecanismo constitucional. Por lo que, frente a este aspecto no se puede predicar una vulneración del derecho fundamental por parte de la administración municipal de Valledupar; en tal sentido, esta pretensión se negará. (…).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 1383 DE 2010 - ARTÍCULO 21 / CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO - ARTÍCULO 94 / CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO - ARTÍCULO 96 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 4116 DE 2008 / DECRETO 1079 DE 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 20001-23-33-000-2019-00271-01(AC)

Actor: ROQUE JACINTO HERRERA VITOLA

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA Decide la Sala la impugnación presentada por la parte demandante contra el fallo de 11 de septiembre de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, a través del cual declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo Por escrito radicado el 21 de agosto de 2019 ante la Oficina Judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar, el señor Roque Jacinto Herrera Vitola, instauró acción de tutela contra la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el municipio de Valledupar, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la educación, a una tutela judicial efectiva y a los principios de legalidad, de buena fe y de confianza legítima.

Tales garantías constitucionales las consideró vulneradas por las referidas autoridades pues demanda de estas que adopten las «medidas administrativas necesarias» para circular libremente en su motocicleta, así como una modificación de los Decretos 4116 de 20081 y 1079 de 20152, a través de los cuales se adoptaron medidas para controlar la prestación del servicio público de transporte en motocicletas, así como la reglamentación del mismo. En consecuencia, la parte demandante pretende lo siguiente:

«Primero. Pretendo (sic) con esta acción de tutela como mecanismo definitivo y excepcional contra el Presidente de la República, doctor Iván Duque, el Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo, el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Brigadier General, Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, la Superintendente de Puerto y Transporte, doctora Carmen Ligia Valderrama Rojas, para que el juez constitucional aplique la control de convencionalidad y la excepción de inconstitucionalidad, y el bloque de constitucionalidad y ordene al Presidente de Colombia, al Procurador General de la Nación, al Superintendente de Puerto y Transportes y a la Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, para que la Policía, que ejerce funciones de tránsito en sus operativos contra los motociclista aplique los artículos 6, 12, 94, y 96, del Código Nacional de Tránsito y el Decreto Nacional 1079 de 2015 (mayo 26) en su artículo 2.3.6.3, y entres las excepciones, permita que yo circule en mi moto a mi núcleo familiar como parrillero, así mismo el alcalde de Valledupar se abstenga de seguir expidiendo el decreto de forma 1 Presidencia de la República. (28 de octubre de 2008). «Por el cual se modifica el Decreto 2961 del 4 de septiembre de 2006, relacionado con las motocicletas». DO. 47.156. 2 Presidencia de la República. (26 de mayo de 2015). «Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector Transporte». DO. 49.523. absoluta y permanente, restringiendo de forma desproporcionada, la circulación de motociclista en el municipio de Valledupar que no son motociclista, con falsa motivación y sin fundamento legal, violando los artículos 6 y 12 del Código Nacional de Tránsito, de igual forma ordenen a la Policía de Tránsito que concedan los 60 minutos para que el presunto infractor subsane la infracción en el lugar de los hechos, conforme al artículo 125 del Código Nacional de Tránsito y por los hechos, conforme al artículo ordenado por el Consejo de Estado, le dé cumplimiento a la sentencia de acción de cumplimiento (sic) y antes de que inicien el remate de vehículos, de igual forma que la Policía de Tránsito de Carreteras y de Valledupar se abstenga de impedir que los conductores de vehículos de otros municipios entren a Valledupar con pasajero pagando o sin pagar, garantizando la entrada y salida de cualquier municipio del país, debido que la norma del servicio no autorizado se aplica es a los carros que circulen en el municipio de Valledupar no lo que entran al municipios y, por último, se investiguen la presuntas violación a la Constitución y la ley por la miles de inmovilizaciones realizada por la Policía de Tránsito violando las instrucciones impertidas por la Dirección Nacional de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional y se garanticen mis derechos fundamentales … Segundo. Que el juez del conocimiento ordene al señor Presidente, Iván Duque, como jefe de estado jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, a través

de sus Ministros, al señor Procurador ordenen a la Policía Nacional de Tránsito a la administración municipal de Valledupar darle cumplimiento al artículo 6 parágrafo 3, artículo 12 del literal a del artículo 131 adicionado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, 94, y 96 del Código Nacional de Tránsito conforme a las sentencias C-981 del 2010, y la C-568 del 2003 y se abstenga de seguir modificando de forma permanente el Código Nacional de Tránsito y acabar con las cuatro medidas que existe actualmente en el municipio de Valledupar, así mismo el Presidente modifique los Decretos Nacionales 4116 de 2008, el 1079 del 2015 artículos 2.3.6.1, 2.3.6.3, conforme al Código Nacional de Tránsito teniendo en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional, así mismo permitan que el propietario de vehículos lleven como parrillero a su núcleo familiar, así mismo, el cumplimiento a las sentencia del Consejo de Estado y concedan los 60 minutos para que el presunto infractor subsane la infracción, en el lugar de los hechos y no sea llevado el vehículo inmovilizado al cementerio municipal, donde el señor Presidente, el señor Procurador y la Superintendente deben de ordenar una inspección judicial y así poder obligar al alcalde a darle cumplimiento a la sentencia de acción de cumplimiento ganada por nuestro defensor Melkis Kammerer, expedida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, sentencia del 16 de

mayo del 2019, radicado No 2018-00414, este juzgado ordenó al municipio de Valledupar que en un término de 15 días inicien las actuaciones administrativa necesaria para darle cumplimiento al artículo 128 del Código Nacional de Tránsito, donde al día de hoy, señor Procurador no me han notificado ninguna gestión, así mismo, el parqueadero cómo va a responder por más de 5 mil motos y vehículos, que no sirven. Tercero. Que el Magistrado ordene a la Superintendente de Puerto y Transporte que se investigue por qué la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar no viene realizando las audiencias, ordenada por los artículos 134 al 136 del Código Nacional de Tránsito, así mismo porque se demoran hasta 30 días para escucharlos en audiencia, obligando a los presunto infractores a aceptar cargo para poder sacar el vehículos. Cuarto. Que el señor Presidente, el señor Procurador, la señora Superintendente, el señor Director de Tránsito y Transporte ordenen a la Secretaría de Tránsito de Valledupar, de expedir un listado de todas las inmovilizaciones realizada desde marzo del 2019, hasta el 20 de agosto del 2019, para comprobar cuáles de estas infracciones se podía subsanar en el lugar de los hecho, para que se investiguen los agentes de tránsito que incurrieron en presuntas sanciones disciplinarias, para que sean destituidos de esa función, alterando el orden público y la convivencia pacífica. Quinto. Que el señor Presidente, el señor Procurador, la señora Superintendente y

el señor Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional ordenen al alcalde de Valledupar que envié copia de todos los decreto expedidos desde el 2006 hasta el 2019, reglamentando de forma permanente el Código Nacional de Tránsito, así mismo digan, cuántos vehículos han inmovilizado en los 14 años que llevan expidiendo los decretos y cuánto han recaudado y con qué fundamento legal lo han expedido. Sexto. Que el señor Presidente, el señor Procurador, la señora Superintendente y el señor Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional ordene a la Policía de Tránsito que se encuentra a la entrada del municipio de Valledupar que respeten los derechos fundamentales a la libre circulación, a la presunción de inocencia, a un debido proceso administrativo y derechos de defensa y contradicción, a la buena fe, a la confianza legítima y se abstengan de seguir inmovilizando los vehículos que vienen de otros municipios como Villanueva, Urumita, etc, que vienen con sus familias, amigos y les inmovilizan sus vehículos, alegando que venían pirateando o prestando un servicio no autorizado, cuando esta infracción solo debe aplicarse dentro del municipio de Valledupar y a los conductores que ejerzan esta actividad en los barrios de Valledupar, no en las carreteras nacionales, además, esta infracción se subsana en el lugar de los hechos, pero ellos inmovilizan los vehículos, y duran hasta 20 días, y le exigen a los conductores que deben de llevar a las personas que venían con ellos a las audiencias para que declaren que no

venían pagando pasajes, donde este procedimiento llevan 14 años de estar realizándolo.»3 La petición de tutela, tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos Sostuvo que con el Decreto 2961 de 20064, en su artículo tercero dispuso: «Artículo 3°. Se exceptúa de la medida de que tratan los artículos 1° y 2° del presente decreto los motociclistas miembros de la Fuerza Pública, autoridades de tránsito, personal de seguridad de las entidades del Estado, personal de los organismos de socorro, escoltas de los funcionarios del orden nacional, departamental y municipal siempre y cuando se encuentren en ejercicio de sus funciones. También se exceptúa el acompañante de motocicleta que adelante curso de capacitación automovilística en un centro de enseñanza legalmente autorizado, así como los miembros del núcleo familiar del propietario o conductor.» 3 La transcripción de las pretensiones fue corregida. 4 Presidencia de la República. (4 de septiembre de 2006). «Por el cual se dictan medidas para controlar la prestación del servicio público de transporte en motocicletas, previsto en el literal d) del artículo 131 de la Ley 769 de 2002». DO. 46.381.

Indicó que mediante el Decreto 4116 de 20085, por el cual se modificó el artículo primero del Decreto 2961 del 4 de septiembre de 2006, el cual quedó en los siguientes términos: «En los municipios o distritos donde la autoridad municipal o distrital verifique que se está desarrollando una modalidad ilegal de servicio público de transporte de pasajeros utilizando la movilización de personas en motocicletas, dicha autoridad

deberá tomar las medidas necesarias para restringir la circulación de acompañantes o parrilleros, por zonas de su jurisdicción o en horarios especiales, de acuerdo con la necesidad. Dichas medidas se tomarán por períodos inferiores o iguales a un año. Parágrafo. Para la circulación de motocicletas con acompañante o parrillero en todo el territorio nacional, la autoridad de tránsito competente podrá exigir que su conductor sea a la vez el propietario de la misma. Para efectos del control de esta medida por parte de los agentes de tránsito, el conductor de la motocicleta deberá corresponder al propietario registrado en la Licencia de Tránsito.» Añadió que a través del Decreto 1079 de 20156, por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, también se establecieron excepciones respecto de dicha medida, específicamente en su artículo 2.3.6.3 se refirió a la excepción que cobijaba al núcleo familiar del propietario o conductor de la motocicleta. Agregó que el alcalde de Valledupar y la Policía de Tránsito de la misma ciudad le han coartado su libre circulación, por restringirle el uso del parrillero, pese a que en la mayoría de los casos solo transporta a sus familiares y amigos. Adujo que tales limitaciones han ocasionado múltiples enfrentamientos entre motociclistas y «mototaxistas» con miembros de la Policía Nacional en la mencionada municipalidad, sin que las autoridades adopten las medidas necesarias para conjurar la situación. Hizo referencia a un pronunciamiento del Consejo de Estado dictado en el proceso

«…11001-03-24-000-2016-00123-00 la suspensión del término ‘podrá’ del código de tránsito (sic)», frente a lo cual expresó que se incumplió la medida cautelar allí decretada.

3. Sustento de la petición Sostuvo que la alcaldía municipal de Valledupar así como la referida Policía de Tránsito le coartan su libre circulación por el territorio, al impedirle transportar como parrilleros a sus familiares y amigos. 5 Presidencia de la República. (28 de octubre de 2008). «Por el cual se modifica el Decreto 2961 del 4 de septiembre de 2006, relacionado con las motocicletas». DO. 47.156. 6 Presidencia de la República. (26 de mayo de 2015). «Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector Transporte». DO. 49.523. Afirmó que considera vulnerados sus derechos fundamentales, puesto que las autoridades ni siquiera le conceden el término de 60 minutos para subsanar la infracción cuando proceden a inmovilizar el vehículo. Precisó que tampoco las autoridades del nivel nacional ni territoriales han adoptado las medidas necesarias para conjurar los conflictos que se presentan entre los transportadores que laboran como «mototaxistas». Consideró que con la expedición de los Decretos aludidos en el acápite de los hechos (Decretos 4116 de 2008 y 1079 de 2015), se desconocen las sentencias C – 568 de 2003 y C – 981 de 2010 de la Corte Constitucional, por lo cual pretende que las autoridades del caso los modifiquen, en aras de garantizar sus derechos

fundamentales.

4. Trámite en primera instancia Por auto de 27 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda de la referencia y, en consecuencia, ordenó la notificación a las autoridades demandadas: Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Superintendencia de Puertos y Transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el municipio de Valledupar.

5. Contestaciones Surtidas las notificaciones correspondientes, solo se presentaron las siguientes intervenciones: 5.1. Procuraduría General de la Nación En representación de dicho ente de control, la procuradora regional del Cesar se opuso a la prosperidad del amparo solicitado, al considerar que ninguno de los hechos y fundamentos de derecho se dirigen a cuestionar su actuar.

Adujo que lo pretendido por el actor se dirige en contra de la Policía Nacional, de Tránsito y a la alcaldía de Valledupar, por lo que solicitó su desvinculación. Indicó que sus funciones de carácter preventivo no le permiten la intromisión en las gestiones propias de los demás entes administrativos. Solicitó que se les exonere de cualquier responsabilidad y se declare improcedente la acción de tutela. 5.2. Municipio de Valledupar La aludida entidad territorial señaló que la solicitud de amparo es improcedente, ya que la parte accionante cuenta con otro medio de defensa judicial como lo es el medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. Hizo referencia a los Decretos 2961 de 2006 y 4116 de 2008, para destacar que la

autoridad administrativa debía adoptar las medidas necesarias para contrarrestar las infracciones de tránsito producto del denominado «mototaxismo». Resaltó que no todas las infracciones son subsanables, de manera que para los 60 minutos que alega el actor debe tenerse en cuenta que la entrega de la motocicleta se condiciona al pago previo de la multa, conforme al literal «D.7» del artículo 21 de la Ley 1383 de 20107. 5.3. Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional Esta dependencia solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que lo solicitado no se encuadra dentro de sus competencias ni funciones, ni a su misión, de las cuales hizo referencia. Manifestó que no vulneró derecho alguno de la parte actora, la cual, a su juicio, cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, por lo que señaló que la acción de tutela debe declararse improcedente.

6. Sentencia de primera instancia A través de providencia del 11 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la improcedencia de la acción de tutela, por los siguientes motivos: Sostuvo que el amparo solicitado es improcedente, por cuanto no es el medio para cuestionar las decisiones administrativas ni los decretos que según el demandante son contraventores, pues vulneraron sus derechos fundamentales.

Alegó que tampoco el actor acreditó haber agotado los mecanismos ordinarios de defensa idóneos y eficaces contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Arguyó que la modificación que se demanda de los Decretos 4116 de 2008 y 1079

de 2015, conduce a revisar y rebatir una decisión contenida en unos actos administrativos, lo cual es propio de un proceso ordinario, mas no de la acción de tutela. Resaltó que el accionante tampoco logró acreditar la configuración de un perjuicio irremediable, que pudiera permitir el análisis de fondo del asunto, pese a la existencia de los medios judiciales de defensa que consagra el ordenamiento jurídico.

7. Impugnación 7 Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones.

La parte actora «apeló» la sentencia de primera instancia el 17 de septiembre de 2019, tal como consta en el oficio del 13 del mismo mes y año, a través del cual se le remitió «…copia íntegra del fallo proferido dentro de la acción de tutela, con el fin de realizar la notificación de la misma.»

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 19918, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Cuestiones previas 2.1. Legitimación en la causa por activa: Dentro de las pretensiones elevadas, la parte accionante alegó una presunta desobediencia de la sentencia del 16 de mayo del 2019, proferida por el Juzgado

Tercero Administrativo Oral de Valledupar, dentro de la acción de cumplimiento, radicada con el 20001-33-33-003-2018-00414-00. Revisada la copia allegada como anexo de la solicitud de amparo, se observa que el único demandante allí reseñado fue el ciudadano Melkis Kammerer Kammerer. Ahora bien, de encontrarse en firme la referida providencia, sería el señor Kammerer Kammerer quien esté legitimado para entablar el correspondiente incidente desacato, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 393 de 1997, mas no el aquí accionante; motivo por el cual, la Sala declarará su falta de legitimación en la causa por activa, respecto a la mencionada solicitud. 2.2. Solicitudes de desvinculación: La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional manifestó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó se declarar en su favor. De igual manera, la Procuraduría General de la Nación, a través de la regional, solicitó su desvinculación. La Sala negará tales peticiones toda vez que dicha autoridad se encuentra referida entre los argumentos expuestos por la parte actora en la solicitud de amparo. De 8 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». manera, que formalmente les asiste legitimación en la causa por pasiva.

3. Problema jurídico De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión de primera instancia, que declaró improcedente el amparo solicitado, al considerar que la parte actora cuenta con

otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales.

4. De la procedencia de las acciones de tutela contra actos administrativos.

Perjuicio irremediable El artículo 86 de la Constitución Política prevé que toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Por su parte, el Decreto 2591 de 1991, norma que regula el trámite de la acción de tutela, estableció que: «Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: …

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.» Esta causal general de improcedencia de la acción de tutela se encuentra relacionada con la existencia de otros medios de defensa judiciales para demandar los actos de carácter general, impersonal y abstracto cuya competencia se encuentra atribuida a los respectivos órganos judiciales encargados de definir definitivamente sobre su constitucionalidad o ilegalidad.

De conformidad con lo expuesto por la Sección Quinta de esta Corporación en sentencia del 14 de abril de 20119, indicó que la razón de ser de dicha causal «… está en que los actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, no afectan los derechos fundamentales de las personas, toda vez que versan sobre situaciones inasibles por sus mismas características. También porque, de

existir contradicción entre ese acto y el ordenamiento jurídico superior, existen los mecanismos procesales ordinarios para que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conozca de las controversias sobre ello»10. 9 Dentro de la tutela identificada con el radicado 05001-23-31-000-2011-00131-00, con ponencia del magistrado Mauricio Torres Cuervo. 10 En la aludida providencia se encontró acreditados los presupuestos especiales y muy excepcionales requeridos para brindarle a la parte actora el amparo que reclamaba, dado que demostró que la aplicación del decreto demandado, en esa ocasión, afectaba los derechos fundamentales de aquella. No obstante, en dicha decisión se consideró que la referida causal no podía acogerse de forma absoluta, cuando ese acto general, impersonal y abstracto: i) Vulnere o amenace de derechos fundamentales y siempre que la no intervención oportuna del juez constitucional conduzca a la realización de un perjuicio irremediable y, ii) para salvaguardar la supremacía normativa de la Constitución Política, prevista en el artículo 4° «…cuando se logre advertir que el contenido de las prescripciones del acto general se oponen a los dictados de la Constitución, sin que sea suficiente esa sola circunstancia porque a ella deberá adicionarse la efectiva violación o amenaza de los derechos fundamentales del actor, así como la inminencia de un perjuicio irremediable». En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha admitido procedencia excepcional de las tutelas contra actos de tal naturaleza, como mecanismo transitorio, cuando se comprueba que la aplicación o ejecución de ese acto general, impersonal y

abstracto afecta directamente y de manera clara un derecho fundamental y cuya protección se hace necesaria y urgente para evitar la consumación de un perjuicio irremediable11. A la luz de las normas trascritas, la excepción a la regla de improcedencia de la acción de tutela cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección de los derechos invocados, es la existencia de un perjuicio irremediable el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «…cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen…»12

5. Caso concreto Para resolver el asunto particular, la Sala encuentra que la parte accionante se opuso a la decisión de primera instancia, limitándose a indicar que la impugnaba, sin exponer las razones por las cuales se encuentra en desacuerdo con la misma.

Por efectos metodológicos, la Sección analizará cada una de las pretensiones planteadas en la solicitud de amparo constitucional por la parte actora. Frente a lo cual, en todo caso, se anticipa que: a) Se declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto de algunas de las solicitudes elevadas por el peticionario, en la medida en que existen en el ordenamiento jurídico otros medios de defensa judicial para someter a un juicio estricto de legalidad las presuntas modificaciones de los decretos relativos a las normas de tránsito y transporte en motocicletas «que prohíben el mototaxismo». Lo anterior, en atención a que frente a las demás decisiones administrativas que

11 Corte Constitucional, sentencias T - 823 de 1999, T-964 de 2004. 12 Corte Constitucional, sentencia T - 636 de 2006. pudieran resultar luego de llevar a cabo los procedimientos administrativos por infracciones de tránsito, entre otros asuntos., también están previstos los medios de control consagrados en la ley 1437 de 2011, tal como se detallará más adelante. Asimismo, porque en relación con las peticiones orientadas al cumplimiento de normas con fuerza material de Ley y actos administrativos, se prevé la acción de cumplimiento. Y porque, con el fin de hacer cumplir la medida cautelar decretada en el proceso de simple nulidad, mediante auto del 2 octubre de 2018, en el proceso identificado con el radicado 11001-03-24-000-2017-00092-00, el actor contó con la posibilidad de intervenir con tercero en el trámite del medio de control de simple nulidad, en el marco del cual, está previsto el incidente de desacato para hacer cumplir las medidas cautelares. En consecuencia, la solicitud de amparo constitucional también será declarada improcedente respecto de esta pretensión. b) Adicionalmente, se evidencia que existen otras solicitudes elevadas por la parte actora, frente a las cuales la petición de amparo constitucional debe negarse en la medida en que no acreditó la vulneración de los derechos fundamentales. Específicamente en lo que se refiere a las pretensiones relacionadas con la iniciación de investigaciones administrativas y sanciones disciplinarias y, la entrega de información y documentos por parte de las entidades demandadas.

c) Finalmente, se analizará el caso concreto respecto del perjuicio irremediable. De conformidad con lo expuesto, se procede con el siguiente estudio: 5.1. Pretensiones frente a las cuales se declara la improcedencia de la acción: 5.1.1. Pretensiones contra actos de carácter general, impersonal y abstracto: Para la Sala revisados los argumentos y pretensiones elevada por la parte tutelante, se observa que con la presente acción constitucional pretende cuestionar actos administrativos por medio de los cuales la Alcaldía Municipal de Valledupar reguló la prestación del servicio público de transporte en motocicletas, normativas de contenidos generales, impersonales y abstractos. En la acción de tutela el demandante, expuso que los actos mencionados imponen unas restricciones a los motociclistas de la ciudad, contraviniendo lo