CE-20001-23-33-000-2020-00442-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE LA CARENCIA ACTUAL DE

OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO SUPERADO /

ACREDITACIÓN DE LA RECONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA / DERECHO DE PETICIÓN ANTE ENTIDADES PÚBLICAS – Para realizar consultas frente a las condiciones de la cesión contractual entre entidades [A]dvierte la Sala que ya tuvo lugar la actuación relacionada con la reconexión del servicio de energía frente al NIC 5833185, como consta en el Acta de Suspensión, Corte y Reconexión S-19 5785838, en la que observa que el 26 de octubre de 2020, entre las diez horas y dieciocho minutos de la mañana (10:18 a.m.) y las dos horas y cincuenta y seis minutos de la tarde (14:56 p.m.) se realizó la reconexión del trasformador a la red eléctrica. Situación que genera, entonces, la extinción del objeto jurídico principal del amparo, razón por la que cualquier orden de protección emitida por el juez en este momento procesal pierde sentido frente a la primera, cuarta y quinta pretensión de la tutela, que corresponden a los pedimentos relacionados con la reanudación del servicio; por la configuración del fenómeno denominado carencia actual de objeto por hecho superado. Por otra parte, en cuanto a las pretensiones segunda y tercera, atinentes a que se ordene a la

empresa accionada explicar las condiciones de la cesión contractual realizada entre Electricaribe S.A. E.S.P. y la actual prestadora Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., la Sala advierte que estas no son del resorte del juez constitucional y resultan improcedentes, pues la parte actora puede elevar tales consultas ante las autoridades pertinentes a través del derecho de petición consagrado a partir del artículo 23 de la Constitución Política. A igual conclusión se arriba frente a las pretensiones sexta y séptima, que buscan censurar las actuaciones de la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., toda vez que la tutelante cuenta con las vías disciplinarias para reprochar las actuaciones que estima como ilegales o irregulares. Como corolario de lo anterior, resulta improcedente el amparo, pues, en lo atinente a las pretensiones relacionadas con la reconexión y reanudación del servicio de energía eléctrica, se verificó la carencia de objeto por hecho superado; y, frente a las demás, no se supera el requisito de subsidiariedad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 20001-23-33-000-2020-00442-01(AC)

Actor: NANCY DEL SOCORRO CHACÓN QUINTERO Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y OTROS Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

Tema: Acción de tutela por la violación de derechos fundamentales derivada de la suspensión del servicio público de energía eléctrica. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en servicios públicos – subsidiariedad. Subtema 2: Carencia actual de objeto por hecho superado.

Decisión: Se revoca el fallo de primera instancia para declarar improcedente el amparo.

La Sala decide la impugnación presentada por Nancy del Socorro Chacón Quintero en contra del fallo de tutela proferido el 28 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Cesar. I.- ANTECEDENTES 1.1.- La solicitud de amparo constitucional El 14 de octubre de 2020, actuando en nombre propio, la señora Nancy del Socorro Chacón Quintero, presentó acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, de contradicción y de acceso a la administración de justicia, para confutar la decisión de la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. en cuanto a la suspensión del servicio de energía eléctrica en el inmueble de su propiedad. 1.2.- Hechos 1.2.1.- La parte actora manifiesta que es propietaria de un bien inmueble, dedicado a prestar el servicio de alojamiento y hospedaje, ubicado en Curumaní, Cesar, el cual, para los efectos del servicio de electricidad, se identifica con número de suministro o NIC 5833185; el que, además, se encontraba en mora frente al pago del servicio de energía. 1.2.2.- El 5 de agosto de 2020, la accionante presentó petición de ruptura de

solidaridad entre ella y la persona que ostentaba la tenencia del bien, en virtud de un contrato de arriendo, la que se radicó con el número RE3150202001128 ante la empresa de servicios accionada. Su petición se sustentó en que la arrendataria fue quien no realizó el pago de las facturas adeudadas, motivo por el cual no se la puede considerar solidariamente responsable. 1.2.3.- Mediante comunicación No. 202030549730 del 19 de agosto de 2020, notificada el 24 de agosto de ese mismo año, la prestadora del servicio de energía negó la aludida solicitud, al señalar que existe solidaridad entre arrendador y arrendatario frente al pago del servicio de energía. Inconforme con lo anterior, la parte actora formuló reposición y, en subsidio, apelación. 1.2.4.- Mediante acto administrativo del 7 de septiembre de 2020, con No. 202030600169, se confirmó la determinación recurrida, al insistirse en que los propietarios del inmueble y sus tenedores, a cualquier título, son solidariamente responsables por el pago de los servicios públicos; además, se concedió el recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 1.2.5.- Señala la accionante que el 14 de octubre de 2020, fecha de presentación de la tutela, funcionarios de la empresa de energía arribaron al inmueble, suspendieron el servicio de energía eléctrica, retiraron el cableado y el transformador de energía, sin tener en cuenta que, además de Chacón Quintero y su familia, en el establecimiento estaban hospedados adultos mayores y niños.

1.3.- Fundamentos de la acción de tutela La tutelante adujo que la entidad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales con base en las circunstancias que siguen: 1.3.1.- Que la empresa accionada suspendió el servicio de energía en el predio de su propiedad, aun cuando se encontraba al día por los meses de septiembre y octubre de 2020, que corresponden a los meses que ella debía asumir, pues el pago de las demás facturas le corresponde a la anterior tenedora del inmueble. 1.3.2.- Que la empresa accionada, cuando suspendió el servicio, no tuvo en cuenta que el suministro de energía eléctrica se trata de un servicio público esencial. 1.3.3.- Que la deuda que pretende cobrar la empresa accionada, cuya operación inició el 01 de octubre de 2020, fue adquirida con Electricaribe y no con aquella, por ende, no puede pretender su pago al no ser la titular. 1.3.4.- Que la única entidad autorizada, legal y constitucionalmente, para suspender el servicio de suministro eléctrico, es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, una vez agotada la vía gubernativa, como lo ha indicado la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos. 1.4.- Pretensiones de la acción de tutela Elevó las siguientes: “PRIMERO Pretendo con esta [a]cción de tutela (…) QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL APLIQUE la excepción de inconstitucionalidad y el bloque de constitucionalidad y [deje] sin efecto[s] y [valor] la suspensión del servicio de

energía el[é]ctrica (…) SEGUNDO [Que] [e]l magistrado constitucional [le] ordene al presidente [I]van [D]uque, [al] [s]eñor procurador, [al] ministro de minas y energía por el intermedio de la superintendent[e] de servicio[s] público[s][,] la doctora NATASHA AVENDAÑO GARC[Í]A, para que explique en esta acción de tutela si la nueva empresa CARIBEMAR DE LA COSTA se encuentra facultada para suspender el servicio de energía eléctrica de forma unilateral (…) TERCERO: [Que] [e]l magistrado constitucional [le] ordene al presidente [I]van [D]uque, al] [s]eñor procurador, [al] ministro de minas y energía por el intermedio de la superintendent[e] de servicio[s] público[s][,] la doctora NATASHA AVENDAÑO GARC[Í]A, para que explique en esta acción de tutela si la nueva empresa CARIBEMAR DE LA COSTA se encuentra facultada para suspender el servicio de energía eléctrica cuando estas deudas fueron adquiridas con la empresa Electricaribe y no con CARIBEMAR DE LA COSTA (…) CUARTO: [Que] [e]l magistrado constitucional [le] ordene al presidente [I]van [D]uque, al] [s]eñor procurador, [al] ministro de minas y energía por el intermedio de la superintendent[e] de servicio[s] público[s][,] la doctora NATASHA AVENDAÑO GARC[Í]A, para que ordene a la nueva empresa CARIBEMAR DE LA COSTA a in[s]talarme el servicio de energía eléctrica, colocar el transformador,

as[í] mismo [le] ordene que en lo sucesivo se abstenga de seguir utilizando este procedimiento inconstitucional (…) QUINTO. Que el juez constitucional como medida cautelar urgente y para evitar un perjuicio irremediable [le] ordene a la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA a colocar la acometida y el transformador y de igual forma que [espere] que se agote la v[í]a gubernativa como lo establece[n] los artículos 154 y 155 de la [L]ey 142 del 1994 debido [a] que con el consecutivo No. 202030600169 del 7/09/2020 la empresa concedi[ó] los recursos de apelación ante la [S]uperintendencia de [S]ervicios [P]úblicos [D]omiciliarios, de igual forma [que declare que] los cobros adeudados del 2016 hasta el 2019 se encuentran prescritos conforme al art. 150 de la ley 142 del 1994 por lo que la empresa debe de cobrar esta deuda a través de la jurisdicción ordinaria como lo establece el art. 130 de la ley 142 del 1994. SEXTO [Que] [e]l magistrado constitucional [le] ordene al presidente [I]van [D]uque, [al] [s]eñor procurador, [al] ministro de minas y energía por el intermedio de la superintendent[e] de servicio[s] público[s][,] la doctora NATASHA AVENDAÑO GARC[Í]A, [que nos ayude] debido [a que la aludida empresa] [ha ido de] casa [en] casa, negocio por negocio con [apoyo de] la [P]olicía [N]acional suspendiendo el servicio de energía eléctrica por encima de los derechos

fundamentales y humanos asumiendo una posición dominante al ser la única empresa que presta el servicio de ene[r]g[í]a eléctrica. (…) S[É]PTIMO. Señor juez constitucional, conforme al art. 4 de la [C]onstitución solicito muy respetuosamente [s]e inaplique el procedimiento [realizado por] esta nueva empresa [mediante el cual suspendió] el servicio de energía eléctrica, as[í] mismo proh[í]bale la suspensión del servicio por deudas adquiridas por la antigua empresa Electricaribe (…)”1. 2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia 2.1.- Mediante auto del 16 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la solicitud de amparo; negó la medida provisional solicitada y ordenó notificar a las autoridades accionadas. 2.2.- La empresa Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. manifestó que la accionante aportó peticiones de 3 números de suministros diferentes, que pertenecen, incluso, a predios ubicados en municipios diferentes. Explicó que a partir del 1º de octubre de 2020 inició operaciones en la costa caribe en virtud del contrato de cesión suscrito con la empresa Electricaribe S.A.S. E.S.P. Señaló que revisó en el sistema la situación del NIC 5832310 y no encontró que se hubiese ejecutado orden de suspensión del servicio. Agregó que la accionante cuenta con los recursos de reposición y apelación establecidos en el artículo 1542 de la Ley 142 de 1994 para discutir los asuntos

relativos a la facturación en materia de servicios públicos. Igualmente, que tiene la posibilidad de incoar un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción administrativa, lo que torna improcedente la petición de amparo. 1 Del folio 21 al 23 del archivo digital subido en SAMAI con certificado 59E7993FD59EC005 B6200AABD5D148AA 779FA44D7C909B83 79BE9AE0F6A16702. 2 “Artículo 154. De los recursos. El recurso es un acto del suscriptor o usuario para obligar a la emp resa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato. C ontra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación en los casos en que expresamente lo consagre la ley. (...)”. Concluyó aseverando que la parte actora no acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 2.2.1.- En escrito posterior, la empresa adicionó su respuesta; precisó que fue notificada de 11 tutelas presentadas por diferentes accionantes, pero con base en los mismos hechos y pretensiones, también acotó que las 11 acciones se presentan sobre el NIC 5833185 y tienen la misma dirección de notificación física y electrónica, que corresponden al abogado Melkis Krammerer. Explicó que la suspensión del servicio de energía frente al aludido número de suministro ocurrió el 22 de octubre de 2020 por deudas correspondientes a los años 2016 y 2018. Sin embargo, indicó que el 26 de octubre de 2020, se realizó la

reconexión del servicio en virtud de un acuerdo de pago suscrito con la propietaria del bien, no obstante, el abogado Krammerer decidió continuar con el trámite de la tutela e impugnó el fallo de primera instancia, lo que denota mala fe, por lo que solicitó compulsar copias ante el Consejo Superior de la Judicatura. 2.3.- Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que no ha recibido el expediente correspondiente al recurso de apelación formulado por la parte actora en contra del acto emitido el 19 de agosto de 2020, por lo cual no se le puede endilgar violación alguna y carece de legitimación en la causa. Adicionalmente, expuso que los actos relacionados con la suspensión del servicio son susceptibles de ser recurridos en reposición y, subsidiariamente, en apelación, siempre que se propongan dentro del término de ley, incluso pueden estar sujetos al recurso de queja si se niega la concesión de la apelación. Aclaró que la suspensión del servicio se ejecuta directamente por la prestadora de este, sin necesidad de aprobación alguna. 2.4.- La apoderada del Presidente de la República y de la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se opuso al amparo; para lo cual, adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues ninguno de los hechos le son imputables a sus representados. Indicó que la Presidencia de la República y el Presidente son personas distintas; así mismo, afirmó que cuando se trata de una actuación proveniente de un Ministerio o de un Departamento

Administrativo, los ministros o los directores, serán los responsables. 2.5.- La Nación – Ministerio de Minas y Energía afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues las circunstancias descritas por la accionante no tienen relación con sus funciones. También anotó que no ha incurrido en actuación u omisión alguna que tenga injerencia en el sustento fáctico que motiva la petición de amparo. 2.6.- La Procuraduría Regional del Cesar, en igual sentido, señaló que no ha recibido petición o queja alguna referente a los hechos alegados en el escrito de tutela. Expuso que, en caso de recibir alguna queja con ocasión de los hechos narrados, su función sería preventiva y se limitaría a realizar un seguimiento sobre lo que se pone en su conocimiento, sin que ello implique que pueda intervenir en las actuaciones y decisiones propias de otras entidades. Así, aseveró que carece de legitimación en la causa, pues sus funciones no tienen relación alguna con las inconformidades planteadas por la parte actora y pidió su desvinculación de la acción. 3.- Fallo de tutela de primera instancia El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante el fallo del 28 de octubre de 20203, “negó por improcedente” el amparo. Para ello, expuso las razones que a continuación se anotan: 3.1.- Como marco jurídico, señaló que, según la Corte Constitucional y la Ley 142 de 1994, las cuestiones atinentes a la legalidad de las actuaciones efectuadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios, deben debatirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siendo procedente la tutela solo

cuando se vulnera o amenaza un derecho fundamental o cuando se demuestre la inminencia de un perjuicio irremediable. 3.2.- Al descender al caso concreto, indicó que la actora podía adelantar una reclamación directa ante la empresa prestadora del servicio, como ocurrió; así mismo, podía interponer recursos de reposición y apelación; este último que se encuentra en trámite. Además, en caso de persistir la inconformidad, la accionante puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 3.3.- Afirmó, así mismo, que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo como medio de protección transitorio, ya que no es suficiente la manifestación en ese sentido. 4.- Razones de la impugnación En contra de la decisión antes aludida, la accionante presentó escrito de impugnación, en el cual reiteró los argumentos expuesto en el escrito de tutela. Adicionalmente, adujo que el fallo impugnado no tuvo en cuenta los profusos pronunciamientos de la Corte Constitucional y omitió que los recursos de la vía gubernativa fueron formulados oportunamente, y están en trámite. En adición a lo anterior, indicó que el Presidente de la República debe fijar las políticas generales de administración y control de los servicios públicos. Por otra parte, manifestó que, históricamente, los administradores de justicia del Cesar han declarado improcedente las tutelas propuestas por los usuarios afectados por las empresas de servicios públicos. Aseveró que estas empresas no están facultadas para suspender el suministro de

un servicio domiciliario, pues ello es competencia exclusiva de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en segunda instancia, lo que se fundamenta en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Igualmente, expresó que la suspensión de un servicio público domiciliario debe estar precedida de un debido proceso, que incluye la posibilidad de los usuarios de interponer recursos legales para refutar las decisiones con las cuales no estén conformes. II.- CONSIDERACIONES 1.- Competencia Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo de tutela proferido el 28 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Cesar; de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. 3 Obra fallo de primera instancia en el archivo digital subido en SAMAI con certificado 65B0D6232759E3A7 422D51E7ECE5BA65 1665D32A9B8E3D40 6879916F88AD2DAA. 2.- Problema jurídico 2.1.- Corresponde a la Sala determinar si los tutelados han transgredido los derechos fundamentales de los que es titular la peticionaria. 2.2.- Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la subsidiariedad de la tutela en los casos en que se ventilan discusiones relacionadas con las actuaciones de las empresas prestadoras de servicios públicos; y (ii) la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto.

3.- Cuestión Preliminar De manera previa a examinar los requisitos de procedibilidad, se considera pertinente delimitar el asunto de la tutela, pues la parte actora aportó documentos relacionados con los números de suministro o NIC 5832310, 6882721, 5833185, que corresponden a diferentes inmuebles, como lo afirmó la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. En tal medida, la Sala precisa que el estudio que a continuación se expondrá, se ceñirá a lo ocurrido en relación con el NIC 5833185, pues la accionante, en su demanda de tutela4, expresó que su reclamación se centraba, específicamente, en ese número de suministro, el cual corresponde a un inmueble que presta el servicio de hotelería en el municipio de Curumaní, Cesar. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede a pronunciarse sobre el problema jurídico planteado. 4.- El requisito de subsidiariedad en relación con discusiones derivadas del contrato uniforme de servicios públicos 4.1.- La acción de tutela, contemplada en el artículo 86 de la Constitución, faculta a toda persona para reclamar ante cualquier juez, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, dentro de un plazo razonable, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que así se autoriza. Así, se debe resaltar la relevancia del requisito de subsidiariedad, pues la acción de tutela se instituyó como un mecanismo tendiente a solucionar situaciones de hecho creadas por acciones u omisiones que implican la trasgresión o amenaza a

derechos fundamentales, en los casos en que el ordenamiento jurídico no tiene previsto otra acción susceptible de ser invocada5. 4 Léase así: “NANCY DEL SOCORRO CHACH[Ó]N, identificada con la c[é]dula de ciudanan[í]a No. 36.590.577 y ante la empresa [Caribemar de la Costa S.A. E.S.P.] con el NIC: 5833185, acudo a su digno cargo indefensa [para que se respete] la [C]onstitución y la ley, con el objeto de [interponer] una acción de tutela (…) TERCERO. Que hoy lleg[ó] el nuevo operador a mi hotel y sin importar que [había] niños y ancianos hospedados, además [que] nosotros vivimos en este hotel, [y] suspendi[ó] el servicio de energía eléctrica (…)”. Folio 2 del archivo digital subido en SAMAI con certificado 59E7993FD59EC005 B6200AABD5D148AA 779FA44D7C909B83 79BE9AE0F6A16702. 5 Corte Constitucional, sentencia T-543 de 1992. Sobre el particular, es preciso referirse a la posición vertida por la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, en la cual consagró como un deber del accionante: “(…) desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de

concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”. Conforme con lo anterior, la acción constitucional es un mecanismo subsidiario que solo procede cuando el afectado no tiene otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales. Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que, excepcionalmente, procede la solicitud de amparo cuando el mecanismo disponible no salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental o este no es idóneo, por no ofrecer una solución integral y no resolver el conflicto en toda su dimensión6. Así también, cuando el tutelante se encuentra ante la presencia de un perjuicio irremediable7, caso en el cual la tutela funge como mecanismo transitorio. 4.2.- Teniendo en cuenta que la accionante busca, a través de las pretensiones primera, cuarta y quinta, que se reinstalen los equipos necesarios en el establecimiento comercial del cual es propietaria, a fin de que se reanude el servicio de energía eléctrica, la Sala abordará el requisito de subsidiariedad en materia de reclamaciones relacionadas con las actuaciones de las empresas prestadoras de servicios públicos. 4.3.- Ab initio, se debe que precisar que el artículo 1288 de la Ley 142 de 1994, definió el contrato de servicios públicos, como un acuerdo uniforme, en el cual una empresa atiende a un usuario, a cambio de una remuneración monetaria, según unas estipulaciones contractuales establecidas para indeterminados. El artículo 1529 ibídem, a su vez, dispone que se les debe garantizar a los

usuarios la posibilidad de formular peticiones, quejas y recursos en el marco de la ejecución del mencionado contrato de condiciones uniformes. En ese sentido, es del caso traer a colación lo dispuesto en el artículo 154 de la pluricitada legislación, el cual regula lo atinente a los recursos, en los siguientes términos: 6 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017. 7 Se tiene como perjuicio irremediable, aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad de la medida para proteger el derecho. Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 2010. 8 “Artículo 128. Contrato de servicios públicos. Es un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados. Hacen parte del contrato no solo sus estipulaciones escritas, sino todas las que la empresa aplica de manera uniforme en la prestación del servicio. Existe contrato de servicios públicos aun cuando algunas de las estipulaciones sean objeto de acuerdo especial con uno o algunos usuarios (…)”. 9 “Artículo 152. Derecho de petición y de recurso. Es de la esencia del contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos. Las normas sobre presentación, trámite y decisión de recursos se interpretarán y aplicarán teniendo en cuenta las costumbres de las empresas comerciales en el trato con su clientela, de modo que, en cuanto la ley no disponga otra cosa, se proceda de acuerdo con tales costumbres”.

“Artículo 154. De los recursos. El recurso es un acto del suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación en los casos en que expresamente lo consagre la ley. No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno. El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos. De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la empresa que enumera el inciso primero de este artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor o usuario, en la forma prevista en las condiciones uniformes del contrato. Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado aunque se emplee un mandatario. Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la superintendencia”. (Subrayado fuera del texto). Colofón de lo anterior, se debe destacar que son recurribles en reposición y,

subsidiariamente10, en apelación, los actos de las empresas de servicios públicos que tengan relación con (i) la negativa del contrato; (ii) la suspensión del servicio; (iii) la terminación de este; (iv) las relacionadas con la facturación; y (v) los actos administrativos que resuelven sobre la reclamación contra una factura11. Ahora bien, los recursos promovidos contra los actos de suspensión, corte o terminación del servicio, no serán procedentes si se pretende discutir decisiones relativas a la facturación que no fueron censuradas oportunamente. 4.3.1.- También resulta pertinente acotar que, además de contar con la vía gubernativa, los usuarios también pueden controlar la legalidad de las decisiones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sobre el particular, el órgano de cierre para asuntos constitucionales, explicó: “En esa medida, esta Sala de Revisión advierte que las facturas expedidas por las empresas de servicios públicos domiciliarios, así como también las respuestas a reclamaciones, además de ser recurribles en sede administrativa, son atacables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 10 De conformidad con el artículo 159 de la Ley 142 de 1994, el recurso de apelación solo puede interponerse como subsidiario del de reposición, y no de manera directa, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 11 Corte Constitucional, sentencia T-013 del 1º de febrero de 2018.

Por último, se advierte que el artículo 155 de la Ley 142 de 1994 le prohíbe a las empresas de servicios públicos exigirle a los usuarios el pago de la factura como requisito para atender la reclamación relacionada con esta, razón por la cual, para esta Sala de Revisión no existe obstáculo alguno que le impida a los usuarios agotar la vía gubernativa en materia de servicios públicos”12. 4.3.2.- En cuanto a la procedencia de la acción de tutela en los asuntos atinentes a la negación contractual, corte, terminación, suspensión o facturación, huelga mencionar que la jurisprudencia prohijada por la Corte Constitucional ha sido contundente al indicar que esta vía solo resulta procedente cuando se han interpuesto y agotado los recursos previstos en el ordenamiento jurídico, así: “En el presente caso, como quedó demostrado con las certificaciones enviadas a la Corte Constitucional tanto por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.P.S., como por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –Dirección Territorial Norte–, la a