CE-20001-23-33-000-2021-00022-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN AL TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Por parte de la Fiduprevisora S.A. / CONFIGURACIÓN DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / AUSENCIA DE INTERÉS LEGÍTIMO – No fue parte dentro del proceso ordinario La Sala advierte que el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A, solicitaron su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, es preciso indicar que el actor interpuso la solicitud de tutela de la referencia contra el auto de 1 de julio de 2020, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 20001-33-31-005-201000467-00, en el cual el Ministerio de Educación Nacional fungía como parte demandada. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Ministerio de Educación Nacional le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera respecto al proceso ejecutivo en el cual era parte. Ahora bien, en lo que respecta a la Fiduprevisora S.A, la Sala considera que no le asiste interés, en la decisión de tutela que se profiera dentro del proceso ejecutivo, toda vez que no fue parte. En tal virtud, la Sala no declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio de Educación Nacional, y declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por

la Fiduprevisora S.A.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / INTERPOSICIÓN TARDÍA E INJUSTIFICADA DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Superó los seis meses a partir de la notificación de la providencia acusada [L]a Sala considera que la acción de tutela fue presentada, superando el plazo razonable de los seis (6) meses, término que como se evidencia ha sido establecido tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. Al respecto, se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con prueba sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de protección constitucional contra la providencia que presuntamente violó su derecho fundamental invocado supra, ni demostró que la providencia objeto de la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el término de inmediatez. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación reciente, SU – 354 de 2017, reiteró la importancia del requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general como tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo un análisis particular del

caso, por lo que consideró que la acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia que no se observa en el presente caso. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable, teniendo en cuenta que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el amparo debe ser presentado dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir de la notificación de la providencia.

NOTA DE RELATORÍA: Con respecto al requisito de inmediatez, consultar la sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01,

Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado

– Sección Primera, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 20001-23-33-000-2021-00022-01(AC)

Actor: DANIEL ACUÑA PEDROZA

Demandado: JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

VALLEDUPAR Y OTRO Referencia: Acción de tutela Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito de inmediatez Derecho Fundamental Invocado: i) Debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 18 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual declaró improcedente el amparo. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar y el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la providencia de 1 de julio de 2020, dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 2000133-31-005-2010-00467-00, vulneró su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que presentó demanda contra el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Cesar, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio de 12 de marzo de 2010, por

medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes; y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a las entidades demandadas al pago de la respectiva pensión.

4. Expresó que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar mediante sentencia del 9 de mayo de 2014, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda.

5. Señaló que al interponerse el respectivo recurso de apelación por parte del Departamento del Cesar contra la sentencia de 9 de mayo de 2014, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar, el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 12 de marzo de 2015, dispuso en su parte resolutiva lo siguiente: “[…] PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR de fecha 9 de mayo de 2014 en la cual se accedió a las suplicas de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta decisión.

SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, esto es la proferida el 9 de mayo de 2014, de conformidad con lo indicado en la parte considerativa de esta providencia, ordinal que quedará redactado en los siguientes términos: “SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad, y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y a la

DEPENDENCIA QUE ACTUALMENTE TENGA LA FUNCIÓN DE EMITIR EL ACTO QUE SE REQUIERA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, en tanto actúa en representación del fondo, al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor del señor DANIEL ACUÑA PEDROZA, en los términos consagrados en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, a partir del 30 de agosto de 2005, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión […]”. […] “[…] Los demás ordinales de la sentencia de primera instancia quedan incólumes, al no haber prosperado los argumentos expuestos en el recurso de apelación […]”.

6. Manifestó que la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, cumplió parcialmente con lo ordenado en ambas sentencias, sin embargo, mediante Resolución núm. 00108 de 18 de enero de 2016, se efectuó el pago de forma incorrecta, por cuanto no se liquidó con lo ordenado y liquidaciones establecidas en las respectivas sentencias.

7. Afirmó que presentó demanda ejecutiva, contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se ejecutara el cumplimiento de las respectivas sentencias.

8. Agregó que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar, por medio del auto de 20 de septiembre de 2016, libró mandamiento de pago por la suma de $79.841.183.

9. Consideró que la entidad demandada presentó contestación de la demanda el

29 de noviembre de 2016, proponiendo la excepción de pago total de la obligación.

10. Expresó que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar, mediante providencia de 28 de febrero de 2017, ordenó remitir el expediente al profesional universitario grado 2 Contador, adscrito a los juzgados administrativos de Valledupar, con el fin de que determinara si los valores indicados en la Resolución núm. 108 del 18 de enero de 2016, satisfacían por completo las obligaciones derivadas de las sentencias proferidas.

11. Expresó que el Profesional Universitario G12, mediante liquidación efectuada, determinó que la Resolución núm. 108 del 18 de enero de 2016 no cumplió con la totalidad de la obligación del ejecutante, por lo que presentó la liquidación que a su juicio correspondía.

12. Indicó que en la Audiencia de instrucción y juzgamiento llevada a cabo el 24 de enero de 2018, con fundamento en la liquidación realizada por el Profesional Universitario G12, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar declaró no probadas las excepciones de pago de la obligación y compensación, ordenando seguir con la ejecución, y decretó practicar la liquidación del crédito.

13. Manifestó que en el trámite de las medidas cautelares, el 12 de junio de 2018 se decretó el embargo y retención de dineros de la entidad demandada, por la suma de $346.630.219,76.

14. Afirmó que el Gerente del banco BBVA informó al Juzgado Quinto

Administrativo del Circuito de Valledupar, que la entidad financiera retuvo la suma de $323.864.591.43, de la cuenta de titularidad del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo cual solicitó que se le informara el número de la cuenta la cual debería constituirse el depósito judicial.

15. Manifestó que el Gerente del banco BBVA, informó que la entidad financiera procedió a consignar en la cuenta del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar, la suma de dinero embargada a la demandada.

16. Expresó que presentó solicitud ante el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar, para efectos de que se resolviera “[:..] lo requerido por el banco BBVA y una vez constituido el depósito judicial se ordene la entrega del mismo […]”.

Auto proferido el 1 de julio de 2020 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 20001-33-31-005-2010-00467-00

17. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar, dispuso en su parte resolutiva lo siguiente: “[…] PRIMERO: Dejar sin efectos el auto de fecha 22 de mayo de 2018, por medio del cual se aprobó la liquidación del crédito, conforme a lo expuesto en esta providencia, en su lugar: SEGUNDO: Modificar de manera oficiosa la liquidación del crédito.

TERCERO: Téngase como crédito actualizado a la fecha 30 de abril de 2018 la suma de veinte millones cuatrocientos setenta mil quinientos cincuenta y tres mil

pesos con sesenta y siete centavos ($20.470.553,67) por concepto de capital, la suma de doce millones setenta y dos mil quinientos nueve pesos con tres centavos ($12.072.509,03) por concepto de intereses, y la suma de ocho millones cuarenta y cuatro mil ciento dieciocho pesos ($8.044.118) por concepto de costas y agencias en derecho.

CUARTO: FRACCIONAR el depósito judicial N° 424030000643553, en dos títulos, por las siguientes cantidades: uno por la suma de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS ($40.587.180,7) y, otro por la suma de TRESCIENTOS SEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO

SEIS CENTAVOS ($306.043.039,06).

QUINTO: ORDENAR la entrega del título cuyo fraccionamiento se dispuso en el numeral anterior, por valor de $40.587.180,7 al apoderado del ejecutante, verificando previamente que tenga vigente la facultad expresa de recibir, con lo que queda cancelado totalmente el valor del crédito aprobado y las costas procesales.

SEXTO: ORDENAR la entrega del remanente, por valor de $306.043.039,06 a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, una vez se realice la conversión dispuesta en el numeral cuarto de esta providencia.

SÉPTIMO: LEVANTAR de las medidas cautelares que se encuentren vigentes.

Por Secretaría líbrense los oficios correspondientes.

OCTAVO: TERMINAR el proceso por pago total de la obligación […]”.

18. Consideró que: “[…] Ahora bien, en el escrito de solicitud de ejecución de sentencia, la parte demandante reconoce el pago realizado por la entidad demandada por la suma de $134.398.200 derivados de la Resolución No. 00108 del 18 de enero de 2016, sin embargo, manifiesta que éste se constituye en un pago parcial, en la medida en que la entidad a través de la mencionada resolución, no efectuó la liquidación de la mesada pensional conforme se ordenó en la sentencia, pues indica que la entidad liquidó la mesada pensional con un ingreso base de liquidación de $1.310.817 por el 45% del promedio de los salarios sobre los cuales cotizó la docente durante los últimos 10 años, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, cuando debió liquidarse con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año antes de adquirir el status de pensionado, como lo indica la sentencia de unificación del Consejo de Estado, doctor VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, de fecha 4 de agosto de 2010, dentro del radicado 2006-07505-01 (0112-09).

De lo anterior, lo primero que advierte el despacho es que NO le asiste razón a la parte ejecutante cuando afirma que la mesada pensional debió liquidarse con el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, conforme a la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 y no con el 45% del promedio de los salarios sobre los cuales cotizó la docente durante los

últimos 10 años, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 tal y como lo hizo la entidad demandada, pues en esta oportunidad se trata de una pensión de sobrevivientes reconocida al tenor de lo dispuesto en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993 y no de una pensión de jubilación reconocida con fundamento en la Ley 33 de 1985, a la cual se refiere la sentencia de unificación por él citada […]”. […] “[…] Al efecto, se tiene que en la Resolución No. 00108 del 18 de enero de 2016, la entidad demandada liquidó la pensión de sobreviviente allí reconocida, teniendo en cuenta el promedio de los salarios devengados por la causante durante todo el tiempo laborado (por ser inferior a 10 años), los cuales fueron certificados por el coordinador del archivo y hoja de vida de la secretaría de Educación del Departamento del Cesar, salarios que fueron actualizados año por año desde el año 1997 hasta el 2005, lo cual arrojó un salario promedio de $1.310.817.00 que fue el que se tuvo en cuenta como base de liquidación, y aplicando el 45%, arrojó la suma de $589.868.00 que fue el valor que se reconoció como mesada pensional. De acuerdo con lo anterior, considera el despacho que la mesada pensional reconocida en la Resolución No. 00108, se encuentra ajustada a lo ordenado en la sentencia, en la medida en que se reitera, la misma al tratarse de una pensión de sobrevivientes conforme a la Ley 100 de 1993, debió liquidarse con el 45% del IBL y con el 75% como lo interpretó el demandante […]”.

19. Afirmó que teniendo en cuenta que se evidenció la equivocación en la interpretación de la orden dada en la sentencia que se ejecuta, en donde éste había repercutido en la liquidación, que para la respectiva liquidación del crédito había efectuado el profesional Universitario G12, por medio del auto de cúmplase de 19 de abril de 2020, se procedió nuevamente a remitir el expediente a dicho profesional, con el fin de que realizara una nueva liquidación, toda vez que la pensión de sobrevivientes reconocida en las sentencias que se ejecutan, “[…] se debían liquidar de conformidad con los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta lo reconocido en la Resolución No. 000108 del 18 de enero de

2016 […]”.

20. Indicó que: “[…] Conforme con lo expuesto, como se indicó en párrafos precedentes, en este caso se evidencia que existe un error de interpretación de la sentencia ejecutada desde la presentación de la solicitud de ejecución de la misma hasta la liquidación del crédito aprobada mediante providencia de fecha 22 de mayo de 2018, toda vez que la mesada pensional no fue liquidada con el 45% del IBL (tal como corresponde por tratarse (sic) una pensión de sobrevivientes reconocida con fundamento en la Ley 100 de 1993) sino que fue liquidada con el 75% del IBL del último año de servicio (interpretando erróneamente que se trataba de una pensión de jubilación).

Así las cosas, se procederá a dejar sin efectos el auto de fecha 22 de mayo de 2018, por medio del cual se aprobó la liquidación del crédito, toda vez que la

liquidación que fue aprobada no cumple con lo señalado en la sentencia que se ejecuta, en su lugar, de acuerdo con la liquidación del crédito realizada por el liquidador de esta agencia judicial, de fecha 4 de mayo de 2020 (fl.476-477), la suma que en realidad se encuentra insoluta con respecto al capital es la de veinte millones cuatrocientos setenta mil quinientos cincuenta y tres mil pesos con sesenta y siete centavos ($20.470.553,67) y por concepto de intereses la de doce millones setenta y dos mil quinientos nueve pesos con tres centavos ($12.072.509,03). Finalmente, por concepto de agencias en derecho y costas, se aprobó mediante auto del 12 de diciembre de 2018 la suma de ocho millones cuarenta y cuatro mil ciento dieciocho pesos ($8.044,118) […]”.

21. Por último, expresó que se ordenaría el i) levantamiento de las medidas cautelares que fueron decretadas en el proceso, y se daría por ii) terminado el proceso por pago total de la obligación.

La solicitud de tutela Pretensiones

22. El actor solicitó en su escrito de tutela: “[…] 1. Señores magistrados, previo a los estudios de los elementos probatorios, los aspectos facticos y jurídicos concédase acción de tutela contra el JUZGADO

QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALELDUPAR - LA NACIÓN –

MAGISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – RADICADO 20001-33-31-005-2010-00467-00, para que dentro del termino (sic) de 48 horas proceda dejar sin efecto el auto de

fecha 01/07/2020 y en su remplazo dejar en firme la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante y confirmada por la honorable tribunal contenciosos administrativo y por las violaciones de los derechos constitucionales fundamentales que hemos mencionados.

2. Previo al numeral 1, solicito respetuosamente oficiar a los accionados para que expliquen detalladamente cuales fueron las razones de transgredir los derechos constitucionales fundamentales a través del auto de fecha 01/07/2020.

3. Así mismo, sírvase ordenar a quien corresponda para que se oficie al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Oral de Valledupar, para que se expida fotocopia del proceso ejecutivo para tener mayor conocimiento, esto lo puede hacer a través de los correos electrónicos, ofíciese en tal sentido […]”. (Resaltado por la Sala).

23. El actor en su escrito de tutela, señaló que: “[...] En efecto, en lo que respecta a las sentencias de primera y segunda instancias, con el manejo del principio de la igualdad, el principio de favorabilidad y la condición más beneficiosa del trabajador. Lo importante es, la interpretación y el manejo de las dudas cuando surgen dos normas o aspectos jurídicos para la interpretación y la aplicación, sin embargo, en el caso concreto, surgió dos aspectos jurídicos en el manejo de aplicación, en el primero, estoy insistiendo que no se aplico (sic) el 75% del salario devengado por la docente, pero, lo anteriores jueces de la república, entendieron y conocieron que tenia (sic) que aplicarse el 75% y demás factores salariales.

En el segundo aspecto, la señora juez que actualmente despacha, a través de un

auto de fecha 11/12/2020, considero (sic) que existían una equivocación, esto fue incorrecto, procedió de manera oficiosa modificar la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante. De acuerdo con los Art. 53 de la constitución política y 21 del código sustantivo del trabajo, el principio de favorabilidad en materia laboral consiste en el imperativo que tiene el operador jurídico de optar por la situación más favorable al trabajador. No obstante, las sentencias de primera y segunda instancias, interpretaron y aplicaron la condición más beneficiosa a favor de mi poderdante, sin embargo, esto se ha aclarado reiteradamente por la corte constitucional en diversas jurisprudencias. “El principio de la “condición más beneficiosa”, se complementa con la favorabilidad, consagrado expresamente en los artículos 53 de la carta política y 21 del código sustantivo del trabajo, para ampliar el espectro de profesión de los derechos del trabajador. De acuerdo con el ultimo (sic), frente a la interpretación disonante de una o varias normas que regulan de manera diferente el mismo supuesto de hechos, el operador jurídico esta (sic) obligado a: acoger lo mas (sic) favorable a los intereses de trabajadores. Así, a juicio de la corte, la favorabilidad opera, entonces, no solo cuando existe conflicto entre dos normas distintas o entre dos normas de idéntica fuente, si no también cuando existe una sola norma que admiten varias interpretaciones”. Así mismo, reitero con respecto de la aplicación o interpretación de una forma laboral debe ser seria y objetiva, de suerte que no resulta admisible el desplazamiento de una interpretación consolidada para dar prevalencia a otra

débilmente emergente que, para el caso, resulte más favorable al trabajador. La honorable tribunal contenciosos administrativo del cesar en la fecha 29/11/2012, preciso (sic) y aclaro (sic) cuando surge dos normas para efecto de interpretación y aplicación, sin embargo, cito una jurisprudencia reiterada del honorable concejo de estado (sic). “Son elementos de la esencia del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión, previstos en la normatividad anterior. Si se altera alguno de tales presupuestos, el régimen de transición, deja de ser un beneficio. Si se liquida la pensión como lo indica el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se afecta el monto de la pensión y de paso también se afecta el beneficio que constituye la esencia del régimen de transición, pues una es la forma de liquidar la pensión prevista en la normatividad anterior y otra como lo prevé la nueva ley” [...] Se repite, el régimen de transición es un beneficio que la ley confiere al servidor que cumple los presupuestos que ella misma señala, consistentes en que, para efectos del reconocimiento y pago de la pensión, en cuanto a los aspectos de edad, tiempo de servicio y monto de la pensión, se aplica en su integridad la normatividad anterior. [...] En nuestro ordenamiento superior (ART.53) el principio de favorabilidad se halla) regulado en los siguientes términos: “situación más favorable al trabajador en caso de S (sic) duda en la aplicación e interpretación de las frentes (sic)

formales del derecho", precepto -que debe incluirse en el estatuto del trabajo que expida el Congreso. De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas frentes (sic) formales del derecho (Ley, costumbre, convención colectiva, etc.), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas, acoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica frente (sic), sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones, la norma así acogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso o crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador." -Resaltado y subrayado por fuera del texto original [...]”. Actuación

24. El Tribunal Administrativo del Cesar, por auto de 9 de febrero de 2021; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar y al Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de las partes demandadas

25. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar consideró que: “[...] Analizados los argumentos expuestos por la parte demandante, me opongo a la prosperidad de las pretensiones, por considerar que las actuaciones judiciales

adelantadas por este Juzgado dentro del proceso ejecutivo seguido de sentencia promovido por el señor DANIEL ACUÑA PEDROZA en contra de la NaciónMinisterio de EducaciónFomag, dentro del radicado 20001-33-31-005-201000467-00, se encuentran ajustadas a derecho y en ningún momento se han conculcado los derechos fundamentales mencionados en el escrito de tutela [...]”. [...] “[...] mediante providencia de fecha 1° de julio de 2020 se resolvió dejar sin efectos el auto de fecha 22 de mayo de 2018, por medio del cual se aprobó la liquidación del crédito. Así mismo, en dicha providencia se modificó de manera oficiosa la liquidación del crédito fijándola en la suma de $20.470.553,67 por concepto de capital y la suma de $12.072.509,03 por concepto de intereses; se ordenó fraccionar el titulo ejecutivo constituido en el proceso, se ordenó entregar lo correspondiente a las partes y, finalmente, se ordenó terminar el proceso por pago total de la obligación (fls. 478462). 11.Los motivos de la decisión fueron explicados detalladamente en la providencia, y como eje central de la misma se expuso que al momento de liquidar el crédito en este asunto, se incurrió en un error de interpretación de las sentencias que sirvieron de título ejecutivo, pues en éstas se ordenó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes en los términos de los artículo 46 a 48 de la Ley 100 de 1993 (el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 establece que el monto mensual de la

pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación…), mientras que en la liquidación aportada por la parte demandante y la tenida en cuenta para aprobar la liquidación en el auto de fecha 22 de mayo de 2018, se tuvo en cuenta un monto del 75% de todos los factores salariales devengados en el ultimo año por la causante, como si se tratara de una pensión de jubilación. Así mismo, se consideró que la liquidación efectuada por la entidad demandada mediante Resolución No. 00108 del 18 d enero de 2016, se ajustaba a los parámetros ordenados en la sentencia.

12. Para tomar la decisión, además se tuvo en cuenta que las Altas Cortes, de tiempo atrás han sostenido que las providencias ilegales no atan al Juez, más aún si se encuentran comprometidos recursos públicos, como se explicó en la providencia objeto de reproche [...]”.

26. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

27. La Fiduprevisora S.A. solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

La sentencia impugnada

28. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 18 de febrero de 2021, resolvió lo siguiente: “[…] PRIMERO: Declárase improcedente la presente acción de tutela interpuesta por DANIEL ACUÑA PEDROZA, a través de apoderado, en contra del JUZGADO

QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR y del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

29. Consideró que: “[…] En este punto advierte esta Colegiatura, que en el presente caso no se cumple con el requisito en estudio, pues el accionante tenía como mecanismo procesal para demostrar su inconformidad con la decisión que modificó de manera oficiosa la liquidación de crédito presentada por el actor, el recurso de apelación, al cual no recurrió de manera extemporánea.

Lo anterior, toda vez que, según el artículo 446 del CGP el cual resulta aplicable al presente asunto por la remisión que hace el artículo 306 del CPACA, sobre asuntos no contemplados, el auto que aprueba o modifica la liquidación del crédito dentro de un proceso ejecutivo, es apelable cuando se resuelva una objeción o se altere de oficio la cuenta respectiva, tal como aconteció en el caso bajo estudió, que el Juez de manera ofici