CE-20001-23-39-000-2014-00382-01(0905-16)-2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD / CONTRATO REALIDAD / ELEMENTOS DE LA RELACIÓN

LABORAL

[E]l contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia. En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional del ente estatal contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales. De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la

permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión.

FUENTE FORMAL: CP - ARTÍCULO 53 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32

NUMERAL 3

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020) Radicación número: 20001-23-39-000-2014-00382-01(0905-16)

Actor: DIANA MARCELA VÁSQUEZ SIERRA

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Referencia: CONTRATO REALIDAD Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 16 de diciembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro

del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES 1.1 El medio de control (ff. 130 a 137). La señora Diana Marcela Vásquez Sierra, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan. 1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio 2-2014-002401 de 8 de agosto de 2014, expedido por el subdirector de centro biotecnológico del Caribe del Sena

(regional Cesar), a través del cual negó la existencia de una relación laboral entre las partes y el pago de los emolumentos reclamados. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la accionada (i) «REINTEGRAR[LA] […] por haber OMITIDO la AFILIACIÓN Y PAGO DE APORTES a la Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y Aportes Parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), habiendo mantenido una relación laboral […] desde el 15 de [j]ulio de 2011» (sic); y (ii) reconocer desde esta fecha y «[…] hasta que se realice y se verifique el pago de los valores correspondientes a: a) Auxilio de Movilización, b) Subsidio de alimentación, c) Prima de Vacaciones, d) Vacaciones, e) Prima de Navidad, f) Auxilio de Cesantías, g) Intereses sobre las cesantías, h)

Prima de Antigüedad, i) Prima Académica, j) Prima de servicios, k) Bonificación por servicios prestados, [y l)] Reconocimiento por Coordinación» (sic) y los «[…] Salarios [c]ausados desde la ruptura del vínculo laboral […]» (sic), junto con los aportes pensionales. 1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que «[…] ingresó a laborar en el SENA Seccional Cesar – Sede Valledupar, en el cargo de COORDINADORA ACADÉMICA del CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE SENA REGIONAL CESAR, desde el 15 de [j]ulio de 2011» hasta el 31 de diciembre siguiente, cuando «[…] terminó la relación laboral […] so pretextando liquidación del contrato» (sic). Que «[d]urante el tiempo de prestación personal de servicios, estuvo SUBORDINADA a las órdenes directas de su jefe inmediato […] cumpliendo en todo el tiempo con los horarios de trabajo establecidos en el SENA […]»; además, el 19 de septiembre de 2011 recibió de aquel un llamado de atención. 1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto administrativo demandado los artículos 122 de la Constitución Política; 1, 7, 8, 12, 14 y 15 de la Ley 21 de 1982; 32 (numeral 3) de la Ley 80 de 1993; 29 (parágrafo 1º) de la Ley 789 de 2002; 41 del Decreto 2127 de 1945; 2 del Decreto 2400 de 1968 (modificado por el Decreto 3074 de 1968); 11 del Decreto

3135 de 1968 (adicionado por el Decreto 3148 de 1968); 51 del Decreto 1848 de 1969; 8, 17, 24, 25, 26, 33, 45, 46, 50, 51 y 59 del Decreto 1042 de 1978; 6 y 7 del Decreto 1950 de 1973; 10 del Decreto 11 de 1993; 1º. del Decreto 1381 de 1997; 20 y 21 del Decreto 785 de 2005; 8 a 10 del Decreto 916 de 2005; 6, 9, 14, 20 y 21 del Decreto 1031 de 2011; y 6, 7, 10, 15, 17, 22 y 23 del Decreto 853 de 2012. Asimismo, los Decretos 1029 de 2013 y 199 de 2014. Arguye que prestó sus servicios de manera personal, continua y subordinada, como elementos propios de una relación laboral, y por ello tiene derecho a que se le reconozcan las prestaciones propias de este vínculo, motivo por el cual el acto acusado está viciado de nulidad, pues niega el pago de las prestaciones reclamadas, dada la suscripción del contrato de prestación de servicios. Cita apartes de las sentencias C-555 de 1994, C-154 de 1997, C-793 de 2002, C614 de 2009 y C-171 de 2012, respecto de la configuración del contrato realidad. 1.5 Contestación de la demanda1 (ff. 199 a 205). Por conducto de apoderado, el Sena contestó la demanda con oposición a las súplicas, frente a los hechos afirmó

que unos son ciertos, otros no y los demás no le constan, y formuló las excepciones de inexistencia de relación laboral y mala fe. Asevera que «[…] no existe una sola prueba que demuestre a un modo de certeza tal que indique que entre la [accionante] y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA existió una relación laboral, pues bien, ante ello se ha venido manifestando en reiteradas oportunidades, que quien pretende la protección judicial o extrajudicial de un derecho debe siempre demostrar los supuestos de hecho y de derecho [que] le sirvan de fundamento, como quiera que quien tiene conocimiento de ellos es quien debe probar que tales aspectos sean tenidos por ciertos». Que la actora «[…] obró reconociendo su condición de contratista independiente (firmó libre y voluntariamente los contratos, no hubo vicios del consentimiento, constituyó pólizas de cumplimiento, se afilió al sistema de Seguridad Social como trabajador[a] independiente, cobró sus honorarios a satisfacción) y ahora pretende establecer una relación laboral» (sic). 1.6 La providencia apelada (ff. 632 a 656). El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia de 16 de diciembre de 2015, negó las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar que «[d]e acuerdo con el material probatorio allegado al proceso, […] en el asunto bajo examen no se encuentran acreditados 1 En la audiencia inicial celebrada el 6 de agosto de 2015 (ff. 416 a 428), se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación – Ministerio del Trabajo, motivo por el que se le desvinculó del proceso.

los elementos de la relación laboral que se aduce existió entre la [actora] […] y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, pues además que medió un solo contrato de prestación de servicios por un período de tiempo de 6 meses, […] no se puede considerar demostrado que las labores se desarrollaron bajo la total subordinación de la entidad contratante» (sic). Que «[…] evidentemente no existió celebración de múltiples contratos de prestación de servicios, que permitieran inferir que las actividades ejecutadas en el contrato eran indispensables y necesarias para la labor cotidiana de la dependencia de la entidad, incluso dicha contratación se celebró y se ejecutó conforme a la exigencia estipulada en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 […]», toda vez que «[…] si bien […] se impartieron algunas instrucciones y directrices en cuanto a las políticas adoptadas por la entidad, y se indicó el contenido de las labores a desarrollar por la actora en la COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL CENTRO BIOTECNOLÓGICO, ello se estima ínsito a las labores de coordinación que tenía a su cargo la entidad accionada para efectos de alcanzar el logro de los objetivos trazados y el cumplimiento de las metas institucionales […]» (sic). Sostiene que «[…] lo que se evidencia es una vinculación bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, en el cual, lo que se consolida es una relación de coordinación a la que se encuentra sujeta una de las partes, relación, que no fue desvirtuada con medios escritos idóneos, mediante los cuales se pudiera inferir la presencia de la subordinación aludida por la parte demandante».

Que «[…] lo único cierto y que a lo largo de todo el actuar procesal no ha sido objeto de controversia, es que la [accionante] […] prestó sus servicios en el SENA, mediante un contrato de prestación de servicios por el término de 6 meses, y en estas condiciones, encuentra la Sala que, tratándose de un contrato para tales fines, solo es dable inferir la realización de una actividad contratada por un tiempo específico, mediante la cual una de las partes se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de horarios, instrucciones, reportes, sin que ello sea considerado como una subordinación, por cuanto solo se debe a una coordinación en la prestación del servicio» (sic). 1.7 El recurso de apelación (ff. 666 a 672). Inconforme con la anterior sentencia, la demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que incurrió en una indebida valoración probatoria, por cuanto los medios recaudados son suficientes para probar la existencia de la relación laboral. Además, sí «[…] fungía como apoyo en los procesos de formación adelantados por la Coordinación académica del SENA», mientras que la asistencia a capacitaciones en iguales condiciones que el personal de planta, contrario a lo afirmado por el a quo, no desnaturaliza tal relación, sino que refuerza el argumento sobre su existencia. Que «[…] las obligaciones a [su] cargo […] ostentaban el carácter de permanente» y «[…] la mayoría de funciones además de ser ajenas al objeto contractual, debían ser ejecutadas […] a solicitud de su jefe inmediato, y en las cuales no se evidencia una Coordinación sino más bien una SUBORDINACIÓN».

Arguye que «[…] acept[ó] el cargo denominado TÉCNICO ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 19 y el SENA en ejercicio soberano de la SUBORDINACIÓN, desde los mismos requerimientos de contratación […] y Formato de Solicitud de bienes y Servicios […], decidió variar las funciones a desarrollar […]». Que el a quo invirtió las cargas probatorias al desconocer la presunción legal de subordinación que prevé el artículo 2 de la Ley 50 de 1990, conforme al cual «se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo».

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 4 de febrero de 2016 (f. 674) y admitido por esta Corporación a través de auto de 13 de febrero de 2017 (f. 679), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA. 2.1 Alegatos de conclusión. Admitido el recurso de apelación, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con auto de 3 de septiembre de 2018 (f. 685), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad en la que guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES. 3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia. 3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en

esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste razón jurídica o no para reclamar del Sena el pago de prestaciones salariales y sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculada como apoyo a la coordinación académica2, en aplicación del principio de «primacía de la realidad sobre formalidades», o por el contrario, si el contrato de prestación de servicios que celebró con dicha entidad se ajusta a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron los elementos de subordinación y continua dependencia que alega, propios de una relación laboral. 3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto. En principio, cabe precisar que respecto de los contratos estatales de prestación 2 Se advierte que, a pesar de que en el libelo introductorio se afirmó que el cargo desempeñado era el de «coordinadora académica», de los documentos aportados y los que comprenden el expediente administrativo se evidencia que en realidad se trató del denominado «apoyo administrativo de la coordinación académica». de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone: Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones

sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209 de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron «solo se realizarán para fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar». Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual. Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así: Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de

impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajose obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos. En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente. Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo. Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 19683, «[p]or el cual se modifican

las normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone: Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural. Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República. Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes. Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones. La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, expuso: La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino

3 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año. también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos. De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia. En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de

coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales4. De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda5 recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia , es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud , que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de 4 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-0001998-03542-01(0202-10). 5 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de

4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-2014), actora: Magda Viviana Garrido Pinzón, demandado: Unidad Administrativa Especial de Arauca. nombramiento o elección y su correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine. 3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se destaca: a) La accionante prestó sus servicios como apoyo administrativo de la coordinación académica del centro biotecnológico del Caribe del Sena (regional Cesar), desde el 18 de julio hasta el 31 de diciembre de 2011, en virtud del contrato de prestación de servicios 274 de 15 de julio de esa anualidad (ff. 73 a 77, 82, 109 y 110). b) El 21 de julio de 2014, la actora solicitó del director del Sena (regional Cesar) el reconocimiento de una relación laboral por su desempeño en el mentado cargo (ff. 2 a 6), negado mediante oficio 2-2014-002401 de 8 de agosto siguiente, por cuanto el vínculo de la reclamante con la entidad fue por contrato de prestación de servicios, regido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (ff. 121 a 125). c) Dentro de este proceso judicial se recaudó el testimonio del señor Julio César

Barrios de Luque (ff. 614 a 618) y el interrogatorio de parte de la demandante (ff. 438 a 444). El testigo relató circunstancias concernientes a la prestación de servicios de esta como apoyo administrativo de la coordinación académica de la referida entidad, así como el cumplimiento de las funciones que le encargaban. d) El subdirector del centro biotecnológico del Caribe del Sena (regional Cesar) certificó que «[…] revisada la planta de personal […] no existe personal […] suficiente ni con la especialización y las competencias requeridas para la Prestación de Servicios Temporales como apoyo administrativo para el desarrollo de las acciones propias de la Coordinación Académica […]» (sic) [f. 14], previo requerimiento de contratación del jefe de esta última dependencia (f. 8). De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que la actora (i) prestó sus servicios como apoyo administrativo de la coordinación académica del centro biotecnológico del Caribe del Sena (regional Cesar), desde el 18 de julio hasta el 31 de diciembre de 2011, vinculada a través del contrato de prestación de servicios 274 de 15 de julio de esa anualidad; y (ii) el 21 de julio de 2014, solicitó del director de tal seccional el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, negado con el acto demandado. Sobre la configuración del contrato realidad, resulta oportuno precisar que, de acuerdo con el contrato antes referido, su objeto fue la «[p]restación de [s]ervicios [t]emporales como apoyo administrativo para el desarrollo de las acciones propias de la [c]oordinación [a]cadémica del [c]entro [b]iotecnológico del Caribe del SENA

[r]egional Cesar». Asimismo, se encuentra demostrado con la copia del contrato de prestación de servicios y las pruebas recaudadas (documentos, testimonio e interrogatorio de parte), la existencia de dos de los elementos de la relación laboral, por un lado, (i) la prestación personal del servicio, por cuanto efectivamente la accionante fue contratada por el demandado, según el objeto contractual ya relatado, lo que implica que fue quien prestó el servicio; por otro, (ii) la remuneración por el trabajo cumplido, comoquiera que en dicho contrato se estipuló un «Valor y Forma de Pago» con cargo a los recursos presupuestales de la entidad, es decir, la suma de dinero que tenía derecho a recibir y la modalidad del pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario), que le era pagada de manera mensual, según la suma acordada. Sin embargo, cabe anotar que, si bien no se aportó prueba de los pagos recibidos, la entidad demandada no lo controvirtió ni se opuso a ello, razón por la cual ha de entenderse que sí los efectuó, al cumplir sus obligaciones contractuales. En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la relación laboral, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones desempeñadas por la accionante y su verdadero alcance, con el fin de establecer si existió o no. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) fue creado mediante Decreto ley 118 de 1957 y sus funciones iniciales consistían en brindar formación profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería,

según el Decreto 164 de 6 de agosto de 1957. Posteriormente, la Ley 119 de 19946 dispone que el Sena es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo, cuya misión, de acuerdo con su artículo 2, consiste en «[…] cumplir la función que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país». Así las cosas, la misión especial encomendada al Sena comprende la formación y capacitación de los trabajadores, funciones de carácter permanente que cumple en desarrollo de su actividad, lo que no guarda similitud con las desempeñadas por la accionante, en la medida en que tenía a su cargo labores de apoyo administrativo de carácter temporal para la coordinación académica del centro biotecnológico del Caribe, tal como fue requerido por el encargado de esa dependencia, en oficio de 9 de junio de 2011, en los siguientes términos: «[…] con el propósito de ejecutar las actividades asignadas a la Coordinación Académ