CE - 200012333000201300150021SENTENCIA20230629153823

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 20001-23-33-003-2013-00150-02 (AG)

Actor: ASOCIACIÓN DE NEGRITUDES DE SABANA GRANDE [ASONESA]

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO [DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE-AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE GRUPO ACCIÓN DE GRUPO-Efectos de la inexequibilidad parcial de los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998. ACCIÓN DE GRUPO-Número mínimo de integrantes del grupo afectado. GRUPO AFECTADO Y NÚMERO MÍNIMO DE SUS INTEGRANTES-Reguiación de la Ley 472 de 1998. DAÑO O PERJUICIO-Concepto. DAÑO-Debe ser cierto, personal y directo. CERTEZA DEL DAÑO-Debe ser real y efectivo, no hipotético. CARGA DE LA PRUEBAIncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. La Sala, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 472 de 1998, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 9 de diciembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO La Asociación de Negritudes de Sabana Grande [ASONESA] y otros constituidos

diciembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO La Asociación de Negritudes de Sabana Grande [ASONESA] y otros constituidos como miembros de un grupo de afrodescendientes, asentados en el municipio de Curumaní, pidieron la indemnización del daño originado por la Empresa Transportadora de Gas Internacional TGI SA ESP y el Consorcio SAVEDEN SA-— TECNA con la construcción de una estación compresora de gas natural, obra que, se afirma, se adelantó sin consulta previa y su puesta en funcionamiento afectó el ecosistema. ANTECEDENTES El 9 de mayo de 2013, ASONESA y un grupo constituido por 37 personas afrodescendientes, mediante apoderado judicial, formularon demanda de acción de grupo contra la Nación—Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad2 Expediente n. 20001-23-33-003-2013-00150-02 (AG) Demandante: Asociación de Negritudes de Sabana Grande [ASONESA] Niega pretensiones Nacional de Licencias Ambientales [en adelante ANLA] y la Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP [en adelante TGI]. Solicitaron $200.000.000 por perjuicios materiales, 50 SMLMV para cada uno de los miembros del grupo por perjuicios morales y la misma cantidad por alteración de las condiciones de existencia. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que la ANLA es patrimonialmente responsable por los perjuicios que se causaron al grupo, al autorizar a TGI la construcción de una estación compresora de gas en el municipio de Curumaní, vereda Guaymaral, área de asentamiento de la comunidad afro. La

es patrimonialmente responsable por los perjuicios que se causaron al grupo, al autorizar a TGI la construcción de una estación compresora de gas en el municipio de Curumaní, vereda Guaymaral, área de asentamiento de la comunidad afro. La obra, a cargo del Consorcio SADEVEN S.A.—TECNA, se llevó a cabo sin consulta previa y sin tener en cuenta la afectación al ecosistema. Arguyó que, además del deterioro ambiental por la obra, el inicio de operación de la planta aumentó la temperatura del área —por la combustión permanente de gas—, produjo contaminación auditiva y del aire, por el tránsito de vehículos de mantenimiento y transporte de operarios. Sostuvo que la comunidad no recibió contraprestación alguna por esos daños. El 4 de julio de 2013 se admitió la demanda, se ordenó su notificación y la publicación en un medio de comunicación para informar la existencia del proceso. El 26 de septiembre de 2013, la Nación—Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [en adelante Minambiente] interpuso recurso de reposición contra la admisión de la demanda, por indebida notificación. El 10 de octubre siguiente, el Tribunal confirmó la decisión recurrida. En el escrito de contestación de la demanda, TGI se opuso a las pretensiones. Arguyó que, antes de iniciar la obra, consultó al Ministerio del Interior y al INCODER si tenían registro de comunidades étnicas asentadas en el área de la obra y esas autoridades informaron que no tenían registro alguno. La planta se construyó porque obtuvo licencia ambiental y permisos de aprovechamiento forestal. Indicó que «socializó» el proyecto con la Alcaldía de

área de la obra y esas autoridades informaron que no tenían registro alguno. La planta se construyó porque obtuvo licencia ambiental y permisos de aprovechamiento forestal. Indicó que «socializó» el proyecto con la Alcaldía de Curumaní, pues la asociación demandante se constituyó mucho después la obtención de los permisos legales para el desarrollo del proyecto. Adujo falta de legitimación en la causa por pasiva y llamó en garantía a la aseguradora CHUBB de Colombia y al Consorcio SAVEDEN-TECNA. Minambiente también se opuso a la demanda, porque concedió licencia ambiental a TGI, al verificar el cumplimiento de requisitos y la inexistencia de resguardos o territorios de comunidades afro. Afirmó que como la ANLA es la encargada del seguimiento al plan de manejo ambiental,3 Expediente n. 20001-23-33-003-2013-00150-02 (AG) Demandante: Asociación de Negritudes de Sabana Grande [ASONESA] Niega pretensiones debe representar a la Nación en el proceso. El 28 de noviembre de 2013, el Tribunal aceptó los llamamientos en garantía. El Consorcio SAVEDEN-TECNA alegó la falta de prueba de los hechos de la demanda, del daño y de la constitución del grupo. La aseguradora CHUBB de Colombia formuló las excepciones previas de caducidad y falta de jurisdicción por cláusula compromisoria con TGI. El 17 de julio de 2014, el Tribunal declaró probada la existencia de la cláusula compromisoria y revocó el llamamiento en garantía de la aseguradora. TGl apeló esa decisión. El 10 de diciembre de 2014, el Consejo de

la existencia de la cláusula compromisoria y revocó el llamamiento en garantía de la aseguradora. TGl apeló esa decisión. El 10 de diciembre de 2014, el Consejo de Estado confirmó la providencia recurrida. El 4 de junio de 2015 se celebró la audiencia de conciliación, que resultó fallida. El 5 de noviembre siguiente se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. La parte demandante y TG|l reiteraron lo expuesto. Minambiente agregó que se configuró el hecho de un tercero. El Ministerio Público y el Consorcio SAVEDEN-TECNA guardaron silencio. El 9 de diciembre de 2016, el Tribunal Administrativo del Cesar en la sentencia negó las pretensiones. Estimó que TGI cumplió los requisitos de la obra y que los demandantes no probaron el daño. La parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 17 de enero de 2017 y admitido el 23 de junio siguiente. Esgrimió que la demanda da cuenta del daño y que procede una condena en abstracto contra los demandados. El 2 de marzo de 2018 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión en segunda instancia. La parte demandante alegó que, por la construcción de la obra, se afectaron los derechos a la libre determinación, participación e integridad cultural del grupo. TGI reiteró lo expuesto. El Ministerio Público, Minambiente y el Consorcio SAVEDEN— TECNA guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

reiteró lo expuesto. El Ministerio Público, Minambiente y el Consorcio SAVEDEN— TECNA guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las4

Expediente n. 20001-23-33-003-2013-00150-02 (AG) Demandante: Asociación de Negritudes de Sabana Grande [ASONESA] Niega pretensiones controversias que se susciten con ocasión de la acción de grupo por la actividad de una entidad pública o de una persona privada que desempeñe funciones administrativas, según los artículos 50 de la Ley 472 de 1998 y 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto de conformidad con el artículo 150 del CPACA. Acción procedente

2. La acción de grupo es el medio de control idóneo para que un número plural o un conjunto de personas, que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios, reclame su indemnización. El grupo debe estar integrado, al menos, por veinte personas (artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998 y

145 CPACA).

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en procesos de acción de grupo, de conformidad con el artículo 164, numeral 2, literal h CPACA, es de dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño. La demanda se interpuso en tiempo — 9 de mayo de 2013—, porque la construcción de la planta condensadora de gas de TGI, en la vereda Guaymaral, del municipio de Curumaní, finalizó el 30 de

9 de mayo de 2013—, porque la construcción de la planta condensadora de gas de TGI, en la vereda Guaymaral, del municipio de Curumaní, finalizó el 30 de septiembre de 2011 [hecho probado 8.12]. Legitimación en la causa

4. El artículo 48 de la Ley 472 de 1998 prescribe que las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido un perjuicio individual podrán presentar la acción de grupo. Asimismo, el defensor del pueblo, los personeros municipales y distritales podrán, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer acciones de grupo en nombre de cualquier persona que lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión. Cuando el representante del Ministerio Público formula la acción de grupo integrará la parte demandante, junto con las personas afectadas o agraviadas en cuyo nombre actúa.

ASONESA representada legalmente por José Cristóbal Torres Rojasy los5 Expediente n. 20001-23-33-003-2013-00150-02 (AG) Demandante: Asociación de Negritudes de Sabana Grande [ASONESA] Niega pretensiones miembros del grupo demandante Julio César Arévalo Ochoa, Deud Lucero Yépez, Eduvina Chica Sandoval, Nancy Torres Rojas, Jorge Misal Sandoval, Doralbys Pabón Yépez, Luis Roberto Munive Ávila, Yamile Arévalo Ochoa, Milagros Medina Muñoz, Luis Fernando Amaya León, William Yépez Arévalo, Gustavo Yépez Arévalo, Daneirys Correa Zuleta, Germán Gómez Machado, Cristóbal Machado Misal, Daniel

Muñoz, Luis Fernando Amaya León, William Yépez Arévalo, Gustavo Yépez Arévalo, Daneirys Correa Zuleta, Germán Gómez Machado, Cristóbal Machado Misal, Daniel José Muñoz Montes, Armando Machado Misal, James Gómez Machado, Anyis Elles Mayorca, Wilson Pabón Espinosa, Luis Alfonso Ramírez Coronel, Ángel Herney Ramírez Mercado, Édgar Negrete Vega, Nelson Cano Parra, Julia María Gómez Márquez, Yesenia Reales Chávez, Héctor Manuel Beleño, Viselvis Solano Chica, Manuel Dolores Misal Ramos, Jaifa Lara Guerra, Damaris Machado Pabón, Luis Antonio Rojas Arévalo, Aledis Coromoto Villalobos Misal, Mariluz Yépez Arévalo, Luz Mila López Ramos, Solfany Muñoz Sandoval e Isauro Gómez Pontón están legitimados en la causa por activa, por su condición de miembros de la comunidad de afrodescendientes, residentes en la vereda Guaymaral, municipio de Curumaní, que alegan haber sufrido un daño que presuntamente tiene una causa común —la construcción de la planta condensadora de gas—. TGI SA ESP y la Nación—Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales [ANLA] están legitimadas en la causa por pasiva. La empresa transportadora de gas es propietaria de la planta condensadora de gas, ubicada en el municipio de Curumaní. La ANLA, a su vez, tiene a cargo el otorgamiento de licencias ambientales (artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y artículo 3 del Decreto 3573 de 2011).

ubicada en el municipio de Curumaní. La ANLA, a su vez, tiene a cargo el otorgamiento de licencias ambientales (artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y artículo 3 del Decreto 3573 de 2011). Número mínimo de integrantes para la procedencia de la acción de grupo

5. El artículo 46 de la Ley 472 de 1998 disponía que, mediante la acción de grupo, un número plural o un conjunto de personas, que reunieran condiciones uniformes respecto de una misma causa que les produjo perjuicios de manera individual, podrían reclamar el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios. Las condiciones uniformes debían tener también lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad. La Corte Constitucional, al declarar inexequible la expresión «las condiciones uniformes también deben tener lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad» de los artículos 3 y 46 de la Ley 4726

Expediente n”. 20001-23-33-003-2013-00150-02 (AG) Demandante: Asociación de Negritudes de Sabana Grande [ASONESA] Niega pretensiones de 1998, dejó sin sustento el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado! que permitía distinguir la acción de grupo de la acción de reparación directa?. El fallo desapareció el criterio diferenciador entre la acción de grupo y una simple acumulación subjetiva de pretensiones. Solo queda como «parámetro» de distinción de la «acción de grupo» el requisito obligatorio del número de, al menos, veinte personas afectadas con un daño proveniente de una misma causa, es decir, en el mismo hecho u omisión. Si el daño originado en una misma causa afecta de manera individual a veinte o más personas, procede la acción de grupo. Si los afectados son

personas afectadas con un daño proveniente de una misma causa, es decir, en el mismo hecho u omisión. Si el daño originado en una misma causa afecta de manera individual a veinte o más personas, procede la acción de grupo. Si los afectados son menos de veinte, proceden las acciones indemnizatorias establecidas en los códigos procesales. Para el caso del contencioso administrativo, se debe acudir a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y contractual, según sea la causa del daño. Conforme al artículo 46 de la Ley 472 de 1998 no es necesario para instaurar la demanda de acción de grupo que acudan directamente las veinte personas. Basta con que una sola persona formule la demanda, en nombre de los afectados, y señale los criterios que permitan identificar a dicho grupo?. En consonancia, el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998 establece que, en la acción de grupo, el demandante representa a las demás personas —por lo menos veinte— que hayan sido afectadas individualmente por los perjuicios originados en una causa común. Por ello, no se requiere que cada uno de los afectados interponga, por separado, su propia demanda. Tampoco es indispensable que los veinte integrantes del grupo concurran a la acción desde la presentación de la demanda. La legitimación en la causa por activa estará satisfecha si quien actúa como demandante, en nombre del grupo, señala los criterios que permitan identificar los veinte afectados. De modo que, en la acción de grupo, a su vez, se pueden diferenciar dos grupos: (i) el grupo demandante, integrado por quienes formulan la acción en nombre de todos los afectados (incluso podría formular la demanda una sola persona). (ii) El grupo

De modo que, en la acción de grupo, a su vez, se pueden diferenciar dos grupos: (i) el grupo demandante, integrado por quienes formulan la acción en nombre de todos los afectados (incluso podría formular la demanda una sola persona). (ii) El grupo afectado, integrado por un número no inferior a veinte personas que hayan sufrido 1 Cfr. Consejo de Estado-Sección Tercera, sentencia del 6 de octubre de 2005, rad. n”. 41001-23-31-000-200100948-01 (AG) [fundamento jurídico 1]. ? Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-569 de 2004 [fundamento jurídico 80]. 3 Declarado exequible Corte Constitucional, sentencia C-116 de 2008 [fundamento jurídico 6].7 Expediente n. 20001-23-33-003-2013-00150-02 (AG) Demandante: Asociación de Negritudes de Sabana Grande [ASONESA] Niega pretensiones un perjuicio individual procedente de una misma causa —siempre que no se excluyan de manera expresa o inicien una acción individual para obtener la indemnización—. Los integrantes de este grupo deben identificarse por sus nombres en la demanda, o en su defecto, en la misma oportunidad se debe indicar los criterios para su identificación, de conformidad con el artículo 52, numerales 2 y 4, de la Ley 472 de 1998.

6. En este orden de ideas, ASONESA y las 37 personas afrodescendientes, que presentaron la demanda y concurrieron desde el inicio al proceso, constituyeron un grupo idóneo para interponer la acción de grupo, pues los perjuicios individuales que alegaron tienen como causa común la construcción de una planta condensadora de

presentaron la demanda y concurrieron desde el inicio al proceso, constituyeron un grupo idóneo para interponer la acción de grupo, pues los perjuicios individuales que alegaron tienen como causa común la construcción de una planta condensadora de gas, en la vereda Guaymaral, municipio de Curumaní (Cesar), en donde se encuentran asentados [núm. 4]. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se acreditó el daño originado en una causa común, que sirve de sustento a la indemnización pretendida por el grupo afectado. Il. Análisis de la Sala

7. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 328 CGP.

Hechos probados

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 8.1. El 1 de septiembre de 2008, TGI consultó a la Nación—Ministerio del Interior, Direcciones de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y de Asuntos Indígenas y Rom, si en la zona del municipio de Curumaní, donde se iba a construir la planta condensadora de gas, estaba asentada alguna comunidad indígena oO afrodescendiente. La empresa 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 2011, rad. 25000-23-24-000-2000-0001601 (AG) [fundamento jurídico 3].8

Expediente n. 20001-23-33-003-2013-00150-02 (AG) Demandante: Asociación de Negritudes de Sabana Grande [ASONESA] Niega pretensiones

01 (AG) [fundamento jurídico 3].8 Expediente n. 20001-23-33-003-2013-00150-02 (AG) Demandante: Asociación de Negritudes de Sabana Grande [ASONESA] Niega pretensiones transportadora de gas presentó la misma consulta a la Coordinación de Asuntos Étnicos del INCODER, según da cuenta copia de los oficios n. 0006664, 0006665 y 0006666 de esa fecha (f. 906, 909 y 911, c. 3). 8.2. El 24 de septiembre de 2008, la Nación—Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom, al responder la consulta de TGI, informó que no tenía registro de comunidades indígenas con asentamiento en el municipio de Curumaní, según da cuenta copia del Oficio n. 08-28924-DAI-1400 de esa fecha (f. 910, c. 3). 8.3. El 10 de octubre de 2008, la Nación—Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, al responder la consulta de TGI, informó que no tenía registro de comunidades afrodescendientes con asentamiento en el municipio de Curumaní, según da cuenta copia del Oficio n. 08-30976-DCN-1500 de esa fecha (f. 908, c. 3). 8.4. El 19 de noviembre de 2008, la Unidad Nacional de Tierras Rurales [UNATI, al responder la consulta de TGI, informó que el área destinada a la construcción de la planta compresora de gas, en el municipio de Curumaní, no se sobrepone con el área de territorios titulados a comunidades afrodescendientes o resguardos

responder la consulta de TGI, informó que el área destinada a la construcción de la planta compresora de gas, en el municipio de Curumaní, no se sobrepone con el área de territorios titulados a comunidades afrodescendientes o resguardos indígenas, según da cuenta copia del Oficio n. 20082110933 de esa fecha (f. 913, c. 3). 8.5. El 16 de diciembre de 2008, TGI se reunió con habitantes de la vereda Guaymaral del municipio de Curumaní para «socializar» el proyecto de construcción de la estación compresora de gas, según da cuenta copia del acta de reunión de esa fecha (f. 916-918, c. 3). 8.6. El 6 de agosto de 2009, la Nación—Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, por Resolución n”. 1526, otorgó la licencia ambiental para la construcción de la planta compresora de gas, en la vereda Guaymaral del municipio de Curumaní, según da cuenta copia de ese acto (f. 919-936, c. 3). 8.7. El 14 de agosto de 2009, TGI y el Consorcio SAVEDEN-TECNA celebraron el contrato de obra n”. 750069 para la construcción de la planta compresora de gas en9 Expediente n. 20001-23-33-003-2013-00150-02 (AG) Demandante: Asociación de Negritudes de Sabana Grande [ASONESA] Niega pretensiones la vereda Guaymaral del municipio de Curumaní, según da cuenta copia de ese documento (f. 944-950, c. 3). 8.8. El 25 de septiembre de 2009, la Asociación de Negritudes de Sabana Grande

la vereda Guaymaral del municipio de Curumaní, según da cuenta copia de ese documento (f. 944-950, c. 3). 8.8. El 25 de septiembre de 2009, la Asociación de Negritudes de Sabana Grande [ASONESA], creada para organizar y representar la comunidad afrodescendiente asentada en el municipio de Curumaní, registró el acta de constitución de la persona jurídica y de designación del representante legal en la Cámara de Comercio de Aguachica (Cesar), según da cuenta el certificado de existencia y representación legal n”. 254042 (f. 41-42, c. 1). 8.9. El 29 de octubre de 2009, TGI envió una comunicación a la Nación—Ministerio del Interior para informar que, el 21 de octubre de 2009, durante una reunión informativa con los habitantes de la vereda Guaymaral sobre el inicio de operaciones de la planta condensadora de gas, recibió manifestaciones de personas que afirmaron pertenecer a una comunidad afrodescendiente asentada en esa área. En la comunicación, TGI expresó su «sorpresa» al ministerio por la presunta presencia de una comunidad afro en los alrededores de la planta de gas, porque la información oficial que tenía, conforme a las consultas hechas en 2008, indicaba que allí no había comunidades étnicas. En la misma comunicación, TGI solicitó a la entidad un pronunciamiento sobre esa circunstancia para evitar dilaciones en la ejecución del proyecto, según da cuenta copia del Oficio n?. 0007388 (f. 914, c .3). El 6 de abril de 2010, TGI envió otra comunicación al ministerio para reiterar el contenido del oficio del 29 de octubre de 2009, según da

0007388 (f. 914, c .3). El 6 de abril de 2010, TGI envió otra comunicación al ministerio para reiterar el contenido del oficio del 29 de octubre de 2009, según da cuenta copia del correo electrónico (f. 943, c. 3). 8.10. El 1 de diciembre de 2009, la Coordinación de Consulta Previa del Ministerio del Interior informó al representante del Consorcio SAVEDEN-TECNA que, entre el 17 y 20 de abril de 2010, realizaría una visita a la vereda Guaymaral del municipio de Curumaní para «verificar en campo» la presunta presencia de comunidades negras en la zona, según da cuenta copia del Oficio n”. 10-4210-GCP-201 (f. 942, c. 3). 8.11. El 15 de abril de 2010, empleados de TGI y algunas personas —entre otras, el representante legal de ASONESAque afirmaron ser miembros de la comunidad afro asentada cerca de la planta compresora de gas se reunieron y acordaron unos «mecanismos de comunicación efectiva» entre la empresa y la comunidad, según10 Expediente n”. 20001-23-33-003-2013-00150-02 (AG) Demandante: Asociación de Negritudes de Sabana Grande [ASONESA] Niega pretensiones da cuenta copia del acta (f. 48-49, c. 1). 8.12. El 30 de septiembre de 2011 finalizó la construcción de la planta compresora de gas, según da cuenta copia del acta de liquidación del contrato n”. 750069 (f. 973-977, c. 3). El daño originado en una misma causa, presupuesto para la prosperidad de la acción de grupo

de gas, según da cuenta copia del acta de liquidación del contrato n”. 750069 (f. 973-977, c. 3). El daño originado en una misma causa, presupuesto para la prosperidad de la acción de grupo

9. En los procesos de responsabilidad civil del Estado, entre ellos, por supuesto la acción de grupo, el primer elemento que debe quedar demostrado es el daño. La noción de daño en el ámbito de la responsabilidad administrativa no difiere de aquella propia del derecho común. Su esencia es la misma: una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico. Esa afectación relevante para el derecho, al ser opuesta al ordenamiento jurídico —antijuricidad—, permite a su titular obtener una indemnización?. La responsabilidad supone la existencia de un perjuicio. El perjuicio es, pues, uno de los elementos esenciales constitutivos de la responsabilidad civil, sin cuya existencia y demostración no nace a la vida jurídica la obligación indemnizatoria. El daño, como tiene determinado la jurisprudencia civil, es la base o punto de partida de toda acción reparatoriaf.

Según el artículo 90 CN, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ausencia de una definición constitucional de «daño antijurídico», el Consejo de Estado —en algunos pronunciamientos, sustentados en ciertos sectores de la doctrina española— ha entendido que para estudiar la antijuricidad del daño no es relevante la conducta que lo causa, sino que lo esencial es determinar si la víctima estaba en el deber o no de soportarlo. Esa noción de daño antijurídico podría llevar a una idea: que el artículo 90 CN prevé una

lo esencial es determinar si la víctima estaba en el deber o no de soportarlo. Esa noción de daño antijurídico podría llevar a una idea: que el artículo 90 CN prevé una responsabilidad objetiva, es decir, sin importar cómo se causó el daño. Esa tesis, sin embargo, fue superada por esta Corporación desde 19937, pues antijuridicidad significa contrariedad al derecho y, por ello, no puede hablarse de antijuridicidad o 5 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 4 de abril de 1968, Gaceta Judicial, Tomo CXXXIV, n”. 2297-2299, p.58-65, [fundamento jurídico 2]. $ Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de octubre de 1982 [fundamento jurídico 2]. 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 1993, Rad. 7429 [fundamento jurídico párr. 19 a 24] y sentencia del 13 de julio de 1993, Rad. 8163 [fundamento jurídico párr. 12 a 22].11 Expediente n. 20001-23-33-003-2013-00150-02 (AG) Demandante: Asociación de Negritudes de Sabana Grande [ASONESA] Niega pretensiones ilicitud al margen de los actos humanos. Además, la responsabilidad del Estado no puede estar basada en criterios de solidaridad —como el deber de soportar—, que no son propios del juez de la Administración. La regla general, entonces, debe ser la atribución de culpa de la Administración. Ahora bien, el daño —entendido como una afectación de un derecho o interés

son propios del juez de la Administración. La regla general, entonces, debe ser la atribución de culpa de la Administración. Ahora bien, el daño —entendido como una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídicose caracteriza por ser cierto, personal y directo?. La certeza del daño supone el conocimiento seguro y claro de su existencia, es decir, que aparezca como real y efectivamente causado, pues si se trata solo de una posibilidad de producirse o una hipótesis, no es un daño indemnizable?. En otros términos, el daño o perjuicio debe ser real y efectivo, no hipotético. El juicio de responsabilidad, entonces, supone analizar el daño, el nexo causal entre la conducta del Estado y ese daño, y un juicio de atribución que permita explicar por qué su causación genera el deber de indemnizar.

10. Según la demanda, TGI celebró un contrato para la construcción de una planta compresora de gas, en la vereda Guaymaral del municipio de Curumaní. La autoridad de licenciamiento ambiental autorizó esa obra, sin reparar en que en el área próxima al proyecto estaba asentada una comunidad afro y, por ello, era obligatorio adelantar una consulta previa. Asimismo, la entrada en funcionamiento de dicha planta originó un deterioro ambiental, por el aumento de la temperatura, a raíz de la combustión permanente de gas, por la contaminación auditiva y del aire, originada en el tránsito de vehículos de mantenimiento y transporte de operarios. La demanda también alegó que la obra afectó los derechos a la autodeterminación de la comunidad y su integridad cultural. No obstante, los afectados por esos perjuicios no recibieron compensación alguna.

demanda también alegó que la obra afectó los derechos a la autodeterminación de la comunidad y su integridad cultural. No obstante, los afectados por esos perjuicios no recibieron compensación alguna. Conforme a las pruebas, antes del inicio de la obra, TGI consultó a las Direcciones de Comunidades Negras e Indígenas del Ministerio del Interior sobre la presencia de comunidades afro en la zona de construcción de la planta compresora de gas. Idéntica consulta presentó a la autoridad de tierras [hecho probado 8.1.]. Las mencionadas direcciones y la UNAT, al responder las consultas, indicaron que no tenían registradas comunidades de afro o de indígenas en el municipio de Curumaní 8 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 29 de agosto de 1960 [fundamento jurídico VJ. 2 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de agosto de 1976, Gaceta Judicial. Tomo CLIl, n. 2393, p 320, [fundamento jurídico 1].12 Expediente n”. 20001-23-33-003-2013-00150-02 (AG) Demandante: Asociación de Negritudes de Sabana Grande [ASONESA] Niega pretensiones y que el área de construcción no se sobreponía con resguardos o predios titulados a etnias [hechos probados 8.2. a 8.4]. TGI adelantó una reunión de «socialización del proyecto» con vecinos de la obra, sin