CE - 200012333000202000401011SENTENCIASENTENCIA20230316152723

Demandante: Édgar Enrique Daza Martínez Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 20001-23-33-000-2020-00401-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 20001-23-33-000-2020-00401-01

Demandante: ÉDGAR ENRIQUE DAZA MARTÍNEZ

Demandados: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

Temas: Tutela de fondo – modifica –ordena desvinculación – rechazo por temeridad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de primera instancia del 1 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar . En esta providencia se declaró improcedente la presente solicitud de amparo y se le advirtió por segunda vez al peticionario que en lo sucesivo se inhibiera de presentar acciones de tutela1.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 9 de septiembre de 2020 ante el Tribunal

inhibiera de presentar acciones de tutela1.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 9 de septiembre de 2020 ante el Tribunal Administrativo del Cesar , el señor Édgar Enrique Daza Martínez interpuso acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, el presidente de la República, la Defensoría del Pueblo de Valledupar y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – en adelante UARIV–.

2. El tutelante consideró que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, al debido proceso y a la dignidad humana. Esto, debido a: i) la falta de respuesta a las peticiones que presentó en las que solicitó ser escuchado sobre los hechos en torno a su secuestro y de traslado a otra ciudad, porque es objeto de amenazas; ii) la no entrega por parte de la UARIV de algún componente humanitario y de la indemnización administrativa a la que con sidera tener derecho por ser víctima del conflicto armado interno.

1 Esto en el entendido que en una anterior oportunidad presentó una acción de tutela en la que se le advirtió que se abstuviera de presentar solicitudes de amparo por los mismos hechos.Demandante: Édgar Enrique Daza Martínez Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 20001-23-33-000-2020-00401-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.2. Pretensiones

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, el accionante solicitó:

1. Ordenar a la defensoría del pueblo escucharme en declaración sobre los hechos de secuestro y amenazas presentados ante la Fiscalía y la Policía.

2. Ordenar a la Unidad para las Víctimas, tener en cuenta las declaraciones rendidas ante la Fiscalía y la Policía Nacional y el riesgo en que me encuentro para dar prioridad a mi indemnización administrativa por desplazamiento.

3. Ordenar a la Procuraduría General de la Nación garantizar la protección a mi vida y ordenar a los tutelados actuar con celeridad. (Sic en toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

5. El accionante indicó que fue víctima de secuestro por parte de las disidencias de la FARC, debido a su trabajo como líder social, por lo cual rindió declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional sobre aquellas circunstancias. Por esto, el ente investigador le brindó como solución, su vinculación al programa de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

6. Señaló que en el mes de abril de 2020 presentó derecho de petición ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el fin rendir declaración y que aquella fuera enviada a la UARIV. Sin embargo, aquellas entidades no han atendido su solicitud.

Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el fin rendir declaración y que aquella fuera enviada a la UARIV. Sin embargo, aquellas entidades no han atendido su solicitud.

7. También, manifestó que remitió a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación copia de la declaración rendida ante la Fiscalía General de la Nación, pero no fue atendida.

8. Por otro lado, mencionó que solicitó a la UARIV su reubicación en 3 ciudades, en aras de garantizar su integridad, así como su respectiva indemnización administrativa. Sin embargo, aquellos requerimientos tampoco han sido resueltos por dicha entidad.

1.4. Fundamentos de la vulneración

9. El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales, bajo los

siguientes argumentos:

10. Al efecto, mencionó que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación no han dado respuesta a sus peticiones y solo le han manifestado que en estos momentos no pueden acceder a su solicitud, sin tener en cuenta el riesgo que corre su vida.Demandante: Édgar Enrique Daza Martínez Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 20001-23-33-000-2020-00401-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

11. También, refirió que, pese a que envió a las entidades antes mencionadas copia de l a declaración rendida ante la Fiscalía, aquellas le manifestaron vía telefónica que no podía tener en cuenta su versión. Sin embargo, tampoco le ha

11. También, refirió que, pese a que envió a las entidades antes mencionadas copia de l a declaración rendida ante la Fiscalía, aquellas le manifestaron vía telefónica que no podía tener en cuenta su versión. Sin embargo, tampoco le ha sido brindada la oportunidad para ser escuchado en una nueva diligencia.

12. Indicó que ha solicitado en difer entes oportunidades a la UARIV su reubicación en 3 ciudades y su indemnización administrativa. Sin embargo, esta entidad no ha atendido su requerimiento y tampoco ha realizado ninguna acción tendiente a garantizar la protección de su integridad. Con ocasión de ello, adujo que vive en constante “miedo y angustia”.

13. También señaló que la UARIV no le ha entregado ningún componente de atención humanitaria y mucho menos le ha dado prioridad a su indemnización administrativa, a la cual, considera, tiene derecho a recibir en forma prioritaria. Esto, debido a que no tiene los recursos para brindarse protección, ni para viajar y reubicarse en otra ciudad en la que se sienta más seguro.

14. Por último, reprochó el hecho de que la única solución de la Fiscalía General de la Nación fue “ vincularlo a un programa de protección de UNP ”, lo cual atenta contra su vida, ya que los grupos al margen de la ley se enterarían que había “declarado” sobre los hechos antes mencionados.

1.5. Trámite de la acción de tutela e intervenciones

15. En auto del 9 de septiembre de 202 02, el magistrado ponente de primera instancia admitió la demanda y dispuso su notificación a la Procuraduría General de la Nación, al presidente de la República, a la Defensoría del Pueblo de Valledupar

instancia admitió la demanda y dispuso su notificación a la Procuraduría General de la Nación, al presidente de la República, a la Defensoría del Pueblo de Valledupar y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV–.

16. Realizadas las notificaciones ordenadas, de manera electrónica, se

presentaron las siguientes intervenciones:

17. El Asesor del Procurador General de la Nación adscrito a la Oficina Jurídica de esa entidad rindió informe3 en el que señaló que el señor Daza Martínez ha presentado 2 solicitudes de amparo sobre hechos idénticos a los que aquí se estudia4. Por esto, solicitó que se realizara las actuaciones pertinentes con el fin de evitar una duplicidad de acciones de tutela y de decisiones en el mismo sentido.

18. El Procurador Regional del Cesar dio respuesta5 a la acción de tutela y solicitó su desvinculación del presente proceso. Esto, porque ha actuado conforme a las competencias constitucionales y legales, sin que pudiesen establecer

2 Índice 2 SAMAI. 3 Índice 2 SAMAI. 4 Radicados No. 20-0001-31-03-004-2020-00396-00 que cursaba para ese momento en el Tribunal Administrativo del Cesar y 20-0001-31-03-004-2020-00090 en el Juzgado 4º Civil del Circuito Judicial de Valledupar. 5 Ibídem.Demandante: Édgar Enrique Daza Martínez Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 20001-23-33-000-2020-00401-01

de Valledupar. 5 Ibídem.Demandante: Édgar Enrique Daza Martínez Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 20001-23-33-000-2020-00401-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

responsabilidades que pudieran amenazar o atentar contra los derechos enunciados por el peticionario.

19. Además de lo anterior, el Ministerio Público Regional del Cesar mencionó que el señor Daza en el escrito de tutela refirió haber solicitado en ejercicio del derecho de petición, la recepción de la declaración para iniciar el t rámite ante la UARIV. Sin embargo, revisado el sistema de información misional (SIM), aquel no arrojó registro sobre la interposición de quejas, solicitudes o peticiones ni de iniciación de actuaciones de oficio de carácter disciplinario, preventivo o de intervención con los datos personales del accionante.

20. También, señaló que la búsqueda en dicho sistema arrojó como resultado que, mediante oficio del 27 de abril de 2020, la entidad le brindó respuesta a un derecho de petición que presentó el accionante a través del correo electrónico institucional el día 23 de abril de ese año, en el que solicitó que se expidiera copia de la declaración rendida en las instalaciones de la entidad.

21. Por ello, la entidad le manifestó en aquella oportunidad que su búsqueda arrojó resultados negativos sobre la declaración solicitada.

22. Por último, informó que por los mismos hechos y el mismo accionante, la

21. Por ello, la entidad le manifestó en aquella oportunidad que su búsqueda arrojó resultados negativos sobre la declaración solicitada.

22. Por último, informó que por los mismos hechos y el mismo accionante, la Procuraduría General de la Nación había sido accionada en otras 2 oportunidades6.

23. El DAPRE a través de apoderado judicial solicitó su desvinculación y del presidente de la República 7. Esto, porque en su sentir, no existe ningún hecho u omisión atribuible en su contra del que pueda predicarse una afectación de los derechos fundamentales invocados.

24. También, señaló que de conformidad con lo establecido en el Artículo 189 de la Constitución Política ni en el Decreto 1784 de 2019, el DAPRE ni el presidente de la República tienen que ver con la inscripción y/o inclusión y/o actualización y/o registro en los programas de ayudas sociales, ni tampoco tiene competencia para atender la solicitud de indemnización por vía administrativa solicitada por el demandante.

25. La Defensoría del Pueblo Regional Cesar rindió informe8 y puntualizó que en oficio del 4 de septiembre de 2020 se le dio respuesta a su solicitud, en el que se manifestaron las razones legales por las que se hacía imposible acceder a su petición. Así, se le informó que en tanto perdurara la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y hasta que la misma terminara no podría realizarse el “proceso de toma física o en línea al [solicitante] de inscripción en el registro, dado que esta actividad [conllevaba] la ruptura necesaria de las disposiciones de aislamiento social decretadas por la Ley”.

6 Rads. 200012333000202000039600 y 20001233300020200009000

que esta actividad [conllevaba] la ruptura necesaria de las disposiciones de aislamiento social decretadas por la Ley”.

6 Rads. 200012333000202000039600 y 20001233300020200009000 7 Ibídem. 8 Ibídem.Demandante: Édgar Enrique Daza Martínez Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 20001-23-33-000-2020-00401-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

26. Además de ello, la entidad mencionó que el accionante alegó en sus relatos ser víctima de secuestro por parte de grupos armados al margen de la ley y vivir en condiciones precarias. Por esto, consideró que las obligaciones d e protección de los derechos a los que aludía, tales como petición y ayudas humanitarias recaían sobre las autoridades territoriales y la UARIV.

27. Por otro lado, se opuso a la prosperidad de la presente acción de tutela, en la medida, que el accionante ha actuado de mala fe y en forma temeraria al presentar 4 acciones de tutela frente a los mismos hechos y pretensiones. Por esta razón, consideró que era viable que se negaran sus solicitudes por ser asuntos ya conocidos por la Jurisdicción Constitucional.

28. La UARIV pese a que fue notificada, guardó silencio.

1.6. Fallo de primera instancia

29. El Tribunal Administrativo del Cesar , mediante sentencia del 22 de septiembre de 2020 9, decidió tutelar el derecho fundamental de petición del

1.6. Fallo de primera instancia

29. El Tribunal Administrativo del Cesar , mediante sentencia del 22 de septiembre de 2020 9, decidió tutelar el derecho fundamental de petición del accionante y ordenó a la Defensoría del Pueblo – Regional Cesar – que procediera a agendar una cita con el señor Edgar Enrique Daza Martínez a fin de que pudiera rendir la declaración sobre los hechos de secuestro de los que dice ser víctima.

30. También, exhortó a la UARIV para que realizara las actividades necesarias para orientar al accionante en los trámites que debía cumplir para acceder a los beneficios que la ley había establecido a favor de las personas en su condición y emitiera una decisión de fondo tendiente a determinar si el peticionario tiene derecho o no al reconocimiento de la indemnización administrativa.

31. Inconforme con lo resuelto el 22 de septiembre de 2020, el señor Daza Martínez presentó recurso de impugnación en el que afirmó que s í está inscrito en el RUV y que sí presentó solicitud de la indemnización administrativa por desplazamiento ante la UARIV10.

32. Por otro lado, señaló que la UARIV mediante oficio del 13 de mayo de 2020 le mencionó que contaba con 120 días hábiles para brindarle una respuesta de fondo en la que se le informara si tenía o no derecho a la indemnización administrativa. Asimismo, se le indicó que de ser pro cedente la medida se debía verificar la situación de urgencia o extrema vulnerabilidad para establecer la prioridad de entrega de dicha indemnización.

33. La Defensoría del Pueblo de Valledupar allegó un memorial en el que

verificar la situación de urgencia o extrema vulnerabilidad para establecer la prioridad de entrega de dicha indemnización.

33. La Defensoría del Pueblo de Valledupar allegó un memorial en el que manifestó que cumplió con la orden dictada en el fallo de 22 de septiembre de 2020,

9 El fallo de primera instancia fue notificado el 22 de septiembre de 2020. 10 Para esto, aportó copia del Oficio 20207209916061 de 13 de mayo de 2020 en el que el director técnico de la UARIV le respondió una petición radicada el 15 de abril de 2020 a través de la cual, solicitó la indemnización administrativa por desplazamiento.Demandante: Édgar Enrique Daza Martínez Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 20001-23-33-000-2020-00401-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

pues mediante correo electrónico le agendó una cita en la que podría rendir su declaración.

34. Esta entidad aclaró que no vulneró los derechos fundamentales que se alegan por esta vía y que no se tuvo en cuenta que el actor presentó otras acciones de tutela incoando los mismos hechos y derechos. Adujo que dentro de esos procesos, el que se identifica con el radicado 20001 -23-33-000-2020-00396-00 fue fallado el 18 de septiembre de 2020.

35. Posterior a ello, el Tribunal Administrativo del Cesar remitió la acción de tutela a esta Corporación para decidir en segunda instancia sobre aquella.

fallado el 18 de septiembre de 2020.

35. Posterior a ello, el Tribunal Administrativo del Cesar remitió la acción de tutela a esta Corporación para decidir en segunda instancia sobre aquella.

1.7. Trámite de la tutela surtido al interior del Consejo de Estado

36. El 21 de octubre de 2020 11, el asunto fue repartido al despacho de la entonces magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez donde inicialmente se

surtieron las siguientes actuaciones:

37. El 23 de octubre de 2020 profirió auto en el que ordenó la vinculación de la Fiscalía General de la Nación y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía

Nacional12.

38. La Policía Nacional rindió informe en el que solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional. Esto, porque no ha incurrido en una aparente vulneración o violación algun a a los derechos fundamentales del accionante por parte de la institución castrense13.

39. A su vez, la Fiscalía General de la Nación rindió informe en el que solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado en el proceso debido a que solamente fue notificada hasta el auto de 23 de octubre de 2020, con lo cual, consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso14.

40. A continuación, el despacho ponente en auto del 4 de noviembre de 2020,

solicitó15-16:

1. al Tribunal Administrativo del Cesar para que allegara copia de la acción de tutela Rad. 20001-23-33-000-2020-00396-00;

11 Índice 3 – SAMAI.

solicitó15-16:

1. al Tribunal Administrativo del Cesar para que allegara copia de la acción de tutela Rad. 20001-23-33-000-2020-00396-00;

11 Índice 3 – SAMAI. 12 El 26 de octubre de 2020 fue notificada esta providencia a las partes. 13 Índice 7 – SAMAI. 14 Índice 8 – SAMAI. 15 Índice 10 – SAMAI. El 12 de noviembre de 2020 fue notificada esta providencia a las partes. 16 Posterior a ello, el accionante solicitó la entrega de una ayuda humanitaria, la Defensoría allegó un oficio en el que mencionó que el 5 de octubre de 2020 había sido recepcionada la declaración del señor Édgar Enrique Daza Martínez. El 23 de noviembre de 2020 pasó al despacho nuevamente para decidir en segunda instancia el asunto. Posterior a ello, el 25 de noviembre de 2 020 se remitió el expediente de la tutela rad. 2020-00396-00. Por esto, el 30 de noviembre de 2020 se realizó nuevamente un paso al despacho.Demandante: Édgar Enrique Daza Martínez Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 20001-23-33-000-2020-00401-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. al Juzgado 4.º Civil del Circuito de Valledupar para que allegara copia de la acción de tutela Rad. 20001-31-03-004-2020-00090-00; y

www.consejodeestado.gov.co

1. al Juzgado 4.º Civil del Circuito de Valledupar para que allegara copia de la acción de tutela Rad. 20001-31-03-004-2020-00090-00; y

1. A la UARIV para que informara si el señor Edgar Enrique Daza Martínez se encontraba inscrito en el RUV, si había iniciado algún tipo de trámite en la entidad y se había recibido cualquier tipo de ayuda o beneficio producto de ello.

41. Luego, el 3 de diciem bre de 2020, el entonces despacho ponente decidió , previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, declarar la nulidad procesal a partir de la sentencia de tutela primera instancia y devolver el expediente al tribunal de origen para que notificara el auto admisorio de la presente acción de tutela al ente investigador17.

42. Lo anterior, porque esa autoridad solo fue notificada del presente trámite tuitivo hasta el auto del 23 de octubre de 2020, con lo cual consideró que se incurrió en la causal 8.º del artículo 133 del CGP que señala que el proceso es nulo cuando no se practica en forma legal la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas.

43. Una vez notificado el accionante de la anterior decisión, mediante escrito enviado al b uzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado el 10 de diciembre de 2020, el señor Daza Martínez allegó al proceso de la referencia una petición en la que solicitó que se ordenara la entrega de una ayuda humanitaria de emergencia para suplir sus necesidades básicas, así como de la indemnización administrativa y la vinculación a los programas de reubicación para salvaguardar su integridad.

petición en la que solicitó que se ordenara la entrega de una ayuda humanitaria de emergencia para suplir sus necesidades básicas, así como de la indemnización administrativa y la vinculación a los programas de reubicación para salvaguardar su integridad.

44. Por lo anterior, mediante auto del 14 de diciembre de 2020, la entonces magistrada ponente dispuso por segunda vez, que de manera inmediata se remitiera el expediente de la referencia al Tribunal Administrativo del Cesar para lo de su competencia18.

45. En cumplimiento de la anterior decisión, el 19 de enero de 2021, la Secretaría General de esta Corporación remitió el expediente al tribunal de origen19.

1.8. Trámite posterior surtido en el Tribunal Administrativo del Cesar

46. El Tribunal Administrativo del Cesar mediante auto del 21 de enero de 2021, dispuso la notificación del auto admisorio del 9 de septiembre de 2020, a la Fiscalía General de la Nación20.

17 Índice 24 – SAMAI. El 4 de diciembre de 2020, esta decisión fue notificada a las partes. 18 Índice 30 – SAMAI. El 15 de diciembre de 2020 esta decisión fue notificada a las partes. 19 Índice 33 – SAMAI. 20 Índice 2 – SAMAI.Demandante: Édgar Enrique Daza Martínez Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 20001-23-33-000-2020-00401-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

47. Una vez surtida la notificación 21, el ente acusa dor rindió informe en el que señaló que consultados los Sistemas de Información Institucionales (–SIJUF–) y SPOA, que se llevaban en la Dirección Seccional, no se encontró investigación por el secuestro señalado por el accionante en la documentación aportada en varias oportunidades y en las que aseveró que dicho delito ocurrió en jurisdicci ón de la

Dirección Seccional de La Guajira.

1.8.1. Fallo impugnado

48. El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 1.º de febrero de 2021 declaró improcedente la acción de tutela y le advirtió por segunda vez al señor Edgar Enrique Daza Martínez que en lo sucesivo se abstuviera de presentar acciones de tutela con fundamento en los mismos hechos y pretensiones. Esto, bajo

los siguientes argumentos:

49. Al efecto, señaló que la solicitud de amparo elevada por el señor Édgar Enrique Daza Martínez resultaba temeraria en la medida en que lo pretendido por el accionante en una oportunidad anterior y los hechos que dieron lugar a la presente acción de tutela, guarda ban total coincidencia, sin que mediara justificación válida que le permitiera a la Sala concluir que la pluralidad de acciones de tutela se encontraba razonablemente sustentada. De esta manera, dicha conducta resultaba reprochable , pues constituía un ejercicio temerario de este mecanismo constitucional.

justificación válida que le permitiera a la Sala concluir que la pluralidad de acciones de tutela se encontraba razonablemente sustentada. De esta manera, dicha conducta resultaba reprochable , pues constituía un ejercicio temerario de este mecanismo constitucional.

50. Sin embargo, el juez de tutela de primera instancia consideró que a pesar de que el señor Edgar Enrique Daza Martínez presentó la actual solicitud de amparo con fundamento en los mismos hechos en que fundó otra acción de tutela, en razón a que no se trata de un profesional del derecho, su conducta no se podía vislumbrar de mala fe. Por esto, mencionó que no había lugar a imponerle una sanción pecuniaria. Sin embargo, le advirtió por segunda vez que en lo sucesivo se abstuviera de presentar acciones de tutela con fundamento en los mismos hechos y pretensiones.

1.9. Escrito de impugnación

51. El 1.º de febrero de 2021 , el accionante presentó escrito de impugnación contra el fallo de tutela de ese mismo día. Como fundamento de su alzada, señaló:

52. En primer lugar, mencionó que pese a que fue escuchado en declaración por las entidades accionadas y aquellas reconocieron el riesgo en que se encontraba, lo cierto es que no le habían dado prioridad para garantizar la protección de sus derechos fundamentales. Por esto, el accionante consideró que puso en riesgo su vida con ese accionar.

21 El 21 de enero de 2021, las partes fueron notificadas del auto del 21 de enero de 2021 .Demandante: Édgar Enrique Daza Martínez Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros

vida con ese accionar.

21 El 21 de enero de 2021, las partes fueron notificadas del auto del 21 de enero de 2021 .Demandante: Édgar Enrique Daza Martínez Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 20001-23-33-000-2020-00401-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

53. En segundo lugar, señaló que no es posible que lo “amenacen diciendo que no reclame por [sus] derechos fundamentales” y manifestándole que no puede demandar, pues se encu entra en una situación de riesgo al igual que a la de su familia.

54. En tercer lugar, realizó la siguiente afirmación:

“[E]s difícil comprender como podemos tener justicia si los que la administran no son justos y solo buscan proteger a esta perversa entidad que solo pone en riesgo la vida de lideres sociales y son los principales opresores de las víctimas del conflicto, en mi caso quiero dejar constancia que si algo me llega a pasar es por culpa de esta entidad y de los jueces que han blindado a esta entidad amenazando a los tutelantes para que no sigan demandándolos.

Es necesario honorables magistrados de revisión de la corte suprema (sic) que tenga en cuenta que la entidad no ha negado mi situación de riesgo pero no hacen nada para sacarme de este riesgo y mi situación es cada día peor ya que no puedo desempeñar mi labor como líder y necesito una solución inmediata y no que me amenacen nuevamente ahora estas entidades del Estado”.

nada para sacarme de este riesgo y mi situación es cada día peor ya que no puedo desempeñar mi labor como líder y necesito una solución inmediata y no que me amenacen nuevamente ahora estas entidades del Estado”.

55. Por lo anterior, solicitó que se cambiara “el fallo de [primera instancia] de forma inmediata y proteja mis derechos fundamentales que es su obligación no es un favor”.

1.10. Trámites de impugnación y de segunda instancia

56. Mediante auto del 10 de febrero de 2021 , el juez de tutela de primera instancia concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante y ordenó remitir el expediente a esta Corporación para que se tramitara la alzada22.

57. En cumplimiento de la anterior decisión, el 16 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar dispuso la devolución del expediente de tutela a esta

Corporación.

58. Por ello, el 17 de febrero de 2021, la Secretaría General de esta Corporación hizo paso al despacho del expediente de la acción tuitiva 23. Sin embargo, por error el proceso fue registrado como inactivo y, en consecuencia, dicho paso al despacho no se materializó. Así las cosas, solo hasta el 7 de marzo de 2023 el proceso fue desarchivado y remitido al despacho sustanciador de esta providencia24.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

59. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 1.º de febrero de 2021 dictado por el Tribunal Administrativo del Cesar . Lo

22 Esta decisión fue notificada el 10 de febrero de 2021. 23 Índice 35 – SAMAI.

del 1.º de febrero de 2021 dictado por el Tribunal Administrativo del Cesar . Lo

22 Esta decisión fue notificada el 10 de febrero de 2021. 23 Índice 35 – SAMAI. 24 Índice 36 – SAMAI.Demandante: Édgar Enrique Daza Martínez Demandados: Procuraduría General de la Nación y otros Radicado: 20001-23-33-000-2020-00401-01

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

60. La Sala considera pertinente aclarar que, pese a que existe un a tardanza para proferir el fallo de segunda instancia dentro del presente trámite de tutela, aquel no se debe a una negligencia del despacho sustanciador. Esto, en la medida en que tiene su origen en un error involuntario por parte de la Secretaría Genera l de esta Corporación, el cual una vez superado, se adelantaron las actuaciones correspondientes para decidir este asunto.

61. Por lo anterior, en aras de garantizar el acceso material y efectivo a la administración de justicia, así como el debido proceso del señor Édgar Enrique Daza Martínez, la Sala procede rá a pronunciarse en segunda instancia sobre el mérito del asunto.

administración de justicia, así como el debido proceso del señor Édgar Enrique Daza Martínez, la Sala procede rá a pronunciarse en segunda instancia sobre el mérito del asunto.

2.3. Legitimación en la causa

62. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

63. Con fundament