CE - 200012333000202200361011SENTENCIA20230316155046

Demandante: Melkis de Jesús Kammerer Diaz Demandados: presidente de la República y otros Radicado: 20001-23-33-000-2022-00361-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 20001-23-33-000-2022-00361-01

Accionante: MELKIS DE JESÚS KAMMERER DIAZ

Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Revoca decisión que rechaz ó la acción de cumplimiento y, en su lugar, declara la improcedencia del mecanismo constitucional por subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 18 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que rechazó por improcedente la acción de cumplimiento.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

1. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022, el señor Melkis de Jesús Kammerer Díaz ejerció la acción de cumplimiento contra el presidente de la

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

1. Mediante correo electrónico del 17 de noviembre de 2022, el señor Melkis de Jesús Kammerer Díaz ejerció la acción de cumplimiento contra el presidente de la República, la Superintend encia de la Servicios Públicos Domiciliarios y las empresas Caribemar de la Costa S.A.S. ESP (Afinia), Caribesol de la Costa S.A.S. ESP (AIR -E), Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Empudar),

Gases del Caribe y Aseo del Norte S.A. ESP.

1.2. Pretensiones de la demanda

PRIMERO: Que el Presidente de Colombia en cumplimiento de sus funciones vigile la buena prestación de los servicios públicos y el cumplimiento de las normas legales y constitucionales en el territorio nacional tal y como lo manda el numeral 22 del artículo 189 de la constitución política de Colombia.

SEGUNDO: Que Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, Caribemar De La Costa S.A.S ESP (AFINIA), Caribesol De La Costa S.A.S ESP (AIR -E), Empresa DeDemandante: Melkis de Jesús Kammerer Diaz Demandados: presidente de la República y otros Radicado: 20001-23-33-000-2022-00361-01

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Servicios Públicos De Va lledupar (EMDUPAR), Gases Del Caribe, Aseo del Norte le den cumplimiento al 29 de la constitución política de Colombia y garanticen el debido proceso

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Servicios Públicos De Va lledupar (EMDUPAR), Gases Del Caribe, Aseo del Norte le den cumplimiento al 29 de la constitución política de Colombia y garanticen el debido proceso administrativo en las peticiones y recursos que se llevan ante las entidades aquí llamadas a cumplir.

TERCERO: Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, Caribemar De La Costa S.A.S ESP (AFINIA), Caribesol De La Costa S.A.S ESP (AIR -E), Empresa De Servicios Públicos De Valledupar (EMDUPAR), Gases Del Caribe, Aseo del Norte le den cumplimiento a los numerales 4, 5, 8, 9, 10 y 12 del artículo 9 y a los artículos 10 y 79 de la ley 1437 del

2011.

CUARTO: Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, Caribemar De La Costa S.A.S ESP (AFINIA), Caribesol De La Costa S.A.S ESP (AIR -E), Empresa De Servicios Públicos De Valledupar (EMDUPAR), Gases Del Caribe, Aseo del Norte le den cumplimiento al artículo 8 de la ley 2213 del 2022.

QUINTO: Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, Caribemar De La Costa S.A.S ESP (AFINIA), Caribesol De L a Costa S.A.S ESP (AIR -E), Empresa de Servicios Públicos De Valledupar (EMDUPAR), Gases Del Caribe, Aseo del Norte le den cumplimiento a los artículos 130, 154 y 158 de la ley 142 de 1994.

SEXTO: Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, Cari bemar De La Costa

a los artículos 130, 154 y 158 de la ley 142 de 1994.

SEXTO: Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, Cari bemar De La Costa S.A.S ESP (AFINIA), Caribesol De La Costa S.A.S ESP (AIR -E), Empresa De Servicios Públicos De Valledupar (EMDUPAR), Gases Del Caribe, Aseo del Norte en cumplimiento del artículo 10 de la ley 1437 del 2011 y el artículo 230 de la constituc ión política le den estricto cumplimiento y validez legal a las sentencias T - 636 del 2006, T793 del 2012 y C - 186 del 2022 sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, que resuelven y aclaran cualquier duda sobre el tema de los servicios públicos domiciliarios.

SEPTIMO: Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, Caribemar De La Costa S.A.S ESP (AFINIA), Caribesol De La Costa S.A.S ESP (AIR -E), Empresa De Servicios Públicos De Valledupar (EMDUPAR), Gases Del Caribe, Aseo del Norte le den cum plimiento al concepto 968 del 2014 expedida por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios que desarrollo la ruptura de solidaridad consagrada en el artículo 130 de la ley

142/94.

SEPTIMO: Que el cumplimiento de estas disposiciones se apliqu e de forma general a todos los usuarios y a todas sus actuaciones administrativas de estas entidades . (sic a toda la transcripción).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

2. El accionante denunció que las entidades accionadas incurren en distintas prácticas que desconocen las normas legales . En ese sentido, citó el artículo 8 de

transcripción).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

2. El accionante denunció que las entidades accionadas incurren en distintas prácticas que desconocen las normas legales . En ese sentido, citó el artículo 8 de la Ley 2213 de 2012, que, según aquel, amplió el término de la contabilización de las notificaciones personales del artículo 142 de 1994. También aludió el Concepto 968 de 2014 de la Su perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios , que autoriza la ruptura de la solidaridad en materia de servicios públicos domiciliarios, pero denunció que las accionadas piden requisitos adicionales a los que exigen las normas aplicables 1, lo que se t raduce en obstáculos administrativos para los

1 Refirió que se exige, por ejemplo: constancias y documentos que reposan en la entidad, la c opia de cédula de ciudadanía del propietario y del inquilino , el c ertificado de nomenclatura expedido por el IGAC y que esta dirección debe ser la misma que tiene la factura de energía , o la s c artas de renovación del contrato de arrendamiento. También afirmó que las empresas Afinia, AIRE -E y Empudar registran direcciones inventadas que no corresponden a la nomenclatura. Agregó que no tienen en cuenta las declaraciones extraproceso que se allegan a los trámites. Entre otras situaciones.Demandante: Melkis de Jesús Kammerer Diaz Demandados: presidente de la República y otros Radicado: 20001-23-33-000-2022-00361-01

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usuarios (quienes muchas veces desisten de la petición y terminan pagando la factura por servicios que no consumieron).

3. Igualmente, afirmó que las empresas de servicios públicos vulneran el debido proceso2 de los usuarios porque suspenden la prestación del servicio sin haberle notificado de la actuación.

4. Afirmó que la empresa Aseo del Norte:

(…) viene burlándose de los usuarios del servicio público ya que cuando el usuario reclama ante la empresa que no cob re servicio no prestado por inmueble desocupado o que cobre tarifas por inmueble desocupado por que el inmueble está consumiendo menos de (50 KW/h), la empresa emite una resolución en la que siempre accede parcialmente pero dicha resolución la empresa afin ia y air-e no le dan cumplimiento ya que al momento de ponerles en conocimiento los descuentos a los que me hace beneficiario la empresa de aseo ellos manifiestan que son simples recaudadores y que es la empresa de aseo quien tiene que acceder a los descue ntos sin importar que a las empresas afinia y air -e les aporte la resolución de la empresa de aseo

Ahora bien, la respuesta que emite la empresa air -e o afinia se le notifican a la empresa de aseo para que esta pase los descuentos en la cuenta de cobro y la empresa de aseo manifiesta que ya ella emitió la resolución en la que me acceden a los descuentos de aseo pero a la final siempre terminan cobrándome una deuda como si el inmueble este ocupado,

manifiesta que ya ella emitió la resolución en la que me acceden a los descuentos de aseo pero a la final siempre terminan cobrándome una deuda como si el inmueble este ocupado, siendo una burla para los usuarios ya que no hay un entidad que resuelva ese problema (sic a toda la transcripción).

5. El señor Kammerer Díaz sostuvo que la Superintendencia accionada no ejerce sus funciones porque tarda aproximadamente 200 días en resolver los recursos que presentan los usuarios contra las decisio nes de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Con tal omisión, consideró que se desconocen los artículos 10 -9, 79 de la Ley 1437 de 2011 y 158 de la Ley 142 de 1994.

Finalmente manifestó que:

El mínimo vital de subsistencia es un derecho consti tucional inalienable e irrenunciable el cual las empresas de servicios públicos aquí mencionadas en especial EMDUPAR AFINIA Y AIR-E violan este derecho aun habiendo sujetos de protección constitucional en el inmueble, como lo es mi caso en particular que y o vivo con mis 2 abuelos ARNALDO DIAZ y AURORA ATENCIO mi abuelo de 89 años y mi abuela de 83 años ambos enfermos por su avanzada edad, además vivo con mi hijo SAMUEL KAMMERER con tan solo 11 meses de nacido.

Esta información se la puse en conocimiento a la empresa AFINIA y EMDUPAR debido a que por cuestiones de fuerza mayor me había atrasado en el pago del ultimo mes de consumo y a través de un derecho de petición les solicite a estas entidades que se abstuvieran de suspender el servicio ya que en la viv ienda habitan 3 personas sujetos de

que por cuestiones de fuerza mayor me había atrasado en el pago del ultimo mes de consumo y a través de un derecho de petición les solicite a estas entidades que se abstuvieran de suspender el servicio ya que en la viv ienda habitan 3 personas sujetos de protección constitucional, en la petición además aporte copia de cedula de mis abuelos y copia del registro civil de mi hijo, les solicite a estas entidades que aun si pretendían suspender el servicio la empresa EMDUPAR debía garantizar 50 litros de agua por cada persona que habita el inmueble y la empresa AFINIA debía garantizar 183.6 KW/h que es el mínimo vital de subsistencia, a estas pretensiones las empresas se abstuvieron de

2 En este punto, citó como ejemplo: “yo como usuario reclamar una deuda por $1.000.000 la empresa debe asociar esa deuda a la reclamación con el único objetivo de que la misma no le sea cobrada en las facturas siguientes y que la misma no genere orden de suspensión, pero estas entidades tales como AFINIA y AIR -E manifiestan que por incidencia del sistema no se pudo asociar la factura a reclamo, pero que la factura ya fue asociada al reclamo, en donde esto es men tira ya que en la factura siguiente sigue apareciendo la misma deuda que el usuario viene reclamando y es allí donde se viola el debido proceso”.Demandante: Melkis de Jesús Kammerer Diaz Demandados: presidente de la República y otros Radicado: 20001-23-33-000-2022-00361-01

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garantizar el mínimo vital y en respuesta manifiestan que pueden suspender el servicio ya

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garantizar el mínimo vital y en respuesta manifiestan que pueden suspender el servicio ya que ellas no están facultadas para garantizar el mínimo vital (sic a todo el texto).

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Admisión de la demanda

6. Por auto del 29 de noviembre de 2022, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó notificar al presidente de la República, a la Superintendencia de la Servicios Públicos Domiciliarios, a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP (Afinia), a Caribesol de la Costa S.A.S. E SP

(AIR-E), a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Empudar), a Gases del Caribe y a la empresa Aseo del Norte S.A. ESP.

1.4.2. Contestación de la demanda

7. La asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República contestó la acción y solicitó que se declare la improcedencia porque no se agotó en debida forma la constitución en renuencia, dado que la petición presentada por el demandante , el 21 de octubre de 2022, fue remitida por competencia al “Ministerio de Relaciones Exteriores” (sic) el 28 del mismo mes y año.

8. Agregó que no está legitimada en la causa porque no ha vulnerado ningún derecho, pues las conductas reprochadas se predican de la Superintendencia y las empresas accionadas.

9. Finalmente, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por

8. Agregó que no está legitimada en la causa porque no ha vulnerado ningún derecho, pues las conductas reprochadas se predican de la Superintendencia y las empresas accionadas.

9. Finalmente, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

10. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios , mediante apoderado, manifestó que la acción es improcedente y, por tanto, pidió que fuera rechazada. Primero, señaló que no se agotó en debida forma el requisito de renuencia. Segundo, afirmó que no se cumple con la subsidiariedad porque el demandante cuenta con otros medios de defensa judiciales como la acción de tutela o los medios de control ante los jueces administrativos. Tercero, explicó que la Ley 2213 de 2022 aplica a actuaciones judiciales y no administrativas. Cuarto, negó que exija documentos adicionales a los que exigen las Leyes 142 de 1994 y 689 de 2001. En este último punto, repro chó que en esta demanda se generalizara una actuación sin explicar la situación concreta en que se pidieron las pruebas no debidas.

11. La empresa Aseo del Norte S.A.S. ESP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones porque carecen de sustento fáctico, jurídico y probatorio. Por lo tanto, pidió que se declarara la improcedencia porque el actor cuenta con otro medio de defensa judicial para solicitar la protección de los derechos fundamentales, por ejemplo: la acción de tutela y el medio de control de nulidad yDemandante: Melkis de Jesús Kammerer Diaz Demandados: presidente de la República y otros

medio de defensa judicial para solicitar la protección de los derechos fundamentales, por ejemplo: la acción de tutela y el medio de control de nulidad yDemandante: Melkis de Jesús Kammerer Diaz Demandados: presidente de la República y otros Radicado: 20001-23-33-000-2022-00361-01

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restablecimiento del derecho. Además, en el asunto bajo estudio, no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

12. Afirmó que la Ley 2213 de 2022 no resulta aplicable a las actuaciones de las empresas de servicios públicos por que no ejercen funciones jurisdiccionales.

Sobre los cobros a inmuebles que no se encuentran ocupados, explicó que es deber del usuario informar les a las prestadoras de servicios públicos, por lo que dicha omisión y la consecuente facturación del servicio, no pued e endilgársele a la empresa.

13. El apoderado de la empresa AIR-E S.A.S. ESP se opuso a las pretensiones y pidió que se declarara la improcedencia de este medio constitucional. Esto porque lo denunciado en la acción se predica de cuestiones genéricas y por h echos indeterminados, lo cual no pude ser controvertido por aquella. Para finalizar, mencionó que el peticionario puede reclamar las infracciones en situaciones concretas a través de otros mecanismos de defensa judicial.

14. La empresa Gases del Caribe S.A., a través de apoderado, se opuso a las pretensiones. Expuso que sus actuaciones se han ajustado a la legalidad (las

judicial.

14. La empresa Gases del Caribe S.A., a través de apoderado, se opuso a las pretensiones. Expuso que sus actuaciones se han ajustado a la legalidad (las Leyes 142 de 1994 y 1437 de 2011 , así como el Concepto 968 de 2014 expedido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) y, en ese contexto, no ha vulnerado ningún derecho.

15. Frente a la ruptura de la solidaridad, explicó que este procedimiento tiene como objetivo liberar al propietario del inmueble de las obligaciones de otras personas en el marco de la ejecución del contrato de prestación del servicio público de gas natural domiciliario. Agregó que este debe ser tramitad o por el propietario o arrendador del inmueble, por lo que es necesario demostrar tales calidades con el certificado de tradición y libertad o la copia del co ntrato de arrendamiento (donde se acredite que, durante el período reclamado, el propietario no se encontraba ocupando el bien). En el caso de que el predio no tenga dirección o esta sea distinta a la registrada , debe allegarse la copia del certificado de nomenclatura, para verificar que el certificado pertenece al mismo inmueble. Señaló que estas actuaciones son imprescindibles para adelantar la actuación.

16. El abogado de la empresa Empudar S.A. E.S.P afirmó que los hechos que denunció el demandante son cuestiones subjetivas y no se aportó ninguna prueba que demostrara la afectación de los derechos fundamentales, por lo que la acción es improcedente. Adicionalmente, negó el incumplimiento de las normas cuyo

denunció el demandante son cuestiones subjetivas y no se aportó ninguna prueba que demostrara la afectación de los derechos fundamentales, por lo que la acción es improcedente. Adicionalmente, negó el incumplimiento de las normas cuyo acatamiento se reclama. Explicó que , dentro del t rámite de las peticiones de ruptura de la solidaridad, les solicita a los usuarios los documentos (por ejemplo: la copia del contrato de arrendamiento o el certificado de libertad y tradición delDemandante: Melkis de Jesús Kammerer Diaz Demandados: presidente de la República y otros Radicado: 20001-23-33-000-2022-00361-01

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inmueble) que considera necesarios para verificar la informa ción que estos reportan, de conformidad con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

1.4.3. Fallo impugnado

17. Mediante la sentencia de 18 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo del Cesar rechazó por improcedente la acción. Esto porque el demandante refirió, en abstracto, situaciones que, según él, contrarían el debido proceso, pero no allegó ninguna prueba de que, en su caso particular, las accionadas hubieren incurrido en una actuación arbitraria o irregular.

18. Para el a quo, esto impide valorar los presupuestos fácticos narrados en contraposición con las normas expuestas, máxime si se observa que las irregularidades descritas por el actor, surgen de la prestación de los servicios públicos por parte de las distintas empresas (que tienen origen en solicitudes de

contraposición con las normas expuestas, máxime si se observa que las irregularidades descritas por el actor, surgen de la prestación de los servicios públicos por parte de las distintas empresas (que tienen origen en solicitudes de rompimiento de solidaridad, no cobro de servicios en viviendas no habitadas, exigencias de requisitos no previstos en la ley o el incumpliento de los términos en el proceso de notificación personal de las decisiones), lo cual debe ser expuesto por el correspondiente usuario ante el prestador que corresponda y agotar el trámite administrativo o jurisdiccional.

1.4.4. Impugnación

19. La parte actora impugnó la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar para que se revocara y , en su lugar , se accediera a las pretensiones de la demanda. El señor Kammerer Díaz insistió en que pide el cumplimiento de normas con fuerza de ley.

20. Además, aseveró que aportó pruebas suficientes para demostrar el incumplimiento de las normas reclamadas. Añadió que suponer q ue cada usuario debe reclamar de manera individual es inconstitucional “ ya que para eso la ley creo las asociaciones de vocales de control, con el objetivo de que estas personas protejan los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios ”.

Afirmó que accionó para evitar múltiples demandas que colapsarían el sistema de justicia.

21. Advirtió que existe un perjuicio irremediable porque las empresas suspenden el suministro del servicio por las deudas del usuario , por lo que este mecanismo es idóneo para evitar que acaezca el daño irreparable.

22. Para finalizar enlistó las pruebas que aportó con la demanda, las cuales

suspenden el suministro del servicio por las deudas del usuario , por lo que este mecanismo es idóneo para evitar que acaezca el daño irreparable.

22. Para finalizar enlistó las pruebas que aportó con la demanda, las cuales acreditan distintos casos que, según el demandante, demuestran el incumplimiento de las normas.Demandante: Melkis de Jesús Kammerer Diaz Demandados: presidente de la República y otros Radicado: 20001-23-33-000-2022-00361-01

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

23. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia del 18 de enero de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 3, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20114, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las “apelaciones contra las providenc ias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.

2.2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento

24. Corresponde a la Sala determinar si modifica , confirma o revoca la sentencia del 18 de enero de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo de l

2.2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento

24. Corresponde a la Sala determinar si modifica , confirma o revoca la sentencia del 18 de enero de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo de l Cesar, que rechazo por improcedente de la acción de cumplimiento.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

25. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de procedibilidad; y (iii) análisis del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

26. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política; como un mecanismo para que toda persona pueda , "acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que , "Toda persona podrá acudir ante la

3 “ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fu erza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo. PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien

PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará por el presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria. PARÁGRAFO TRANSITO RIO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”. 4 Modificado por la Ley 2080 de 2021.Demandante: Melkis de Jesús Kammerer Diaz Demandados: presidente de la República y otros Radicado: 20001-23-33-000-2022-00361-01

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autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

27. Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución ; teniendo en cuenta lo anterior y q ue las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política) , la acción en estudio permite la realización de este

autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política) , la acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

28. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

29. Como lo señaló la Corte Constitucional:

“[E]l objeto y finalida d de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos , lo cual conlleva la concreción de princ ipios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” 5 (Subrayado por fuera del texto).

30. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 19 97, se desprende que , se deben acreditar los siguientes

requisitos mínimos:

30.1 Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en

de la Ley 393 de 19 97, se desprende que , se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

30.1 Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1.º)6.

30.2 Que el mandato sea imperativo e inobjetable, y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir; y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento.

30.3 Que el actor pruebe la renuencia d e la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u

5 Corte Constitucional, sentencia C -157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara. 6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: Melkis de Jesús Kammerer Diaz Demandados: presidente de la República y otros Radicado: 20001-23-33-000-2022-00361-01

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omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

30.4 El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro

deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

30.4 El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

30.5 Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace pro cedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela ; o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9.º).

2.3.2. De la renuencia

31. El inciso segundo del artículo 8 .° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5 .° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción consti