CE - 200012333000202300103011SENTENCIA20230825113312

Radicado: 20001-23-33-000-2023-00103-01

Demandante: Isabel Cristina Hernández Carranza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 20001-23-33-000-2023-00103-01

Demandante: ISABEL CRISTINA HERNÁNDEZ CARRANZA

Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA -GERENCIA

DEPARTAMENTAL

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho a la estabilidad laboral reforzada de no mbramiento en provisi onalidad por la condición de madre cabeza de f amilia. Requisito objetivo de subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la actora, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia de 20 de junio de 202 3, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar , en la que se declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de la subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de la subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que por medio de la Resolución No. ORD-81117-000-05246-2020 de 7 de diciembre de 2020 fue nombrada en el cargo de auxiliar operativo , nivel asistencial grado 01 en la Gerencia Departamental del Cesar , en una vacante provisional por el encargo del titular en otro empleo de ntro de la misma ent idad. Agregó que se posesionó el 5 de enero de 2021.

Indicó que el 7 de febrero de 2023 , a tr avés de la Resolución No. ORD-811702169-2023 la entidad demandada dio por terminado el nombramiento en el precitado cargo. Lo anterior, teniendo en c uenta que el titular del cargo soli citó el traslado a la Gerencia Departamental de Nariño y, por lo tanto, surgió respecto de ese cargo una vacante definitiva que tiene que ser provisto a través del sistema de mérito.

Por último, m anifestó que es madre ca beza de familia y tiene a cargo a su hija quien se encuentra en situación de discapacidad cognitiva por la enfermedad que presenta “trastorno del espectro autista”.

2. Fundamentos de la acción

La actora presentó acción de tutela en de fensa de los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, vi da en condiciones dignas, seguridad social y estabilidad laboral reforzada , los cuales consider a vulnerados con la Resolución No. ORD-Radicado: 20001-23-33-000-2023-00103-01

Demandante: Isabel Cristina Hernández Carranza

laboral reforzada , los cuales consider a vulnerados con la Resolución No. ORD-Radicado: 20001-23-33-000-2023-00103-01

Demandante: Isabel Cristina Hernández Carranza

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2 8117-02169-2023 por medio de la cual la entidad demandada dio por terminado su nombramiento en el cargo de auxiliar operativo, ni vel asistencial grado 01 en la Gerencia Departamental del Cesar el cual ocupaba , en provisionalidad, desde el 5 de enero de 2021.

Al respecto, afirmó que esa decisión desconoce su con dición de madre cabeza de familia y la situación de discapacidad cogniti va en la que se encuentra su hija por la enfermedad que presenta “síndrome del espectro autista”, circunstancias que la hacen titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada.

Finalmente, s e refiri ó a la sentencia SU -917 de 2010 para señalar que en los casos e n que un funcionario público amparado por el derecho de estabilidad laboral reforzada ocupe un cargo en provisionalidad, la desvinculación laboral solo podrá hacerse por acto administrativo motivado.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“Que se declaren violados los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada, y se ordene a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA a reintegrar a la trabajadora al mismo cargo o a uno de superior jerarquía”.

vida en condiciones dignas, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada, y se ordene a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA a reintegrar a la trabajadora al mismo cargo o a uno de superior jerarquía”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Copia de la Resolución No. ORD-81117-000-05246 de 7 de diciembre de 2020 , mediante la cual se efectúa el nombramiento de la señora Isabel Cristina Hernández Carranza mientras dura el encargo del titular del cargo.

• Copia de la Resolución No. ORD-81117-02169-2023 de 7 de febrero de 2023, por medio de la cual se dio por terminado el nombramiento provisional a par tir de la fecha a la señora Isabel Cristina Hernández Carranza.

5. Trámite procesal

5.1. Inicialmente , la solicitud de tutela fue radicada en el Juzgado Segundo del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar , que por auto de 5 de junio de 2023 dispuso remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Cesar atendiendo las reglas de reparto establecidas en el Decreto 333 de 2021 , en tanto la autoridad demandada es la Contraloría General de la República.

5.2. Posteriormente, por auto de 9 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad demandada.

6. Oposición

Respuesta de la Contraloría General de la República

La Gerente de Talento Humano de la entidad solicitó que se declare improcedente la acción de tutela promovida por la accionante.

autoridad demandada.

6. Oposición

Respuesta de la Contraloría General de la República

La Gerente de Talento Humano de la entidad solicitó que se declare improcedente la acción de tutela promovida por la accionante.

Aseveró que la acción de tutela no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto la actora dispone de otro mecanismo de defensa judicial ordinario para controvertir el acto administrativo que dispuso la terminación delRadicado: 20001-23-33-000-2023-00103-01

Demandante: Isabel Cristina Hernández Carranza

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3 nombramiento en el cargo d e auxiliar operativo, nivel asistencial grado 01 en la Gerencia Departa mental del Cesar , como e s el med io de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Manifestó que la desvinculación laboral no pone en riesgo el mínimo vital de la demandante porque se reconoció en su favor la liquidación definitiva por valor de $12.092.183, por lo que con esos recursos podrá solventar sus gastos mientras se adelanta el proceso judicial correspondiente. Agregó que , de igual modo , puede ejercer su profesión de contadora pública.

También indicó que no se cumple el presupuesto de la inmediatez por que presentó la acció n de tutela transcurridos cinco meses desde que se produjo el retiro, además resaltó que no acreditó que se encuentre en una situación de amenazada real e inminente de sus derechos fundamentales.

presentó la acció n de tutela transcurridos cinco meses desde que se produjo el retiro, además resaltó que no acreditó que se encuentre en una situación de amenazada real e inminente de sus derechos fundamentales.

Explicó que por medio de la Resolución No. ORD-81117-05010-2019 de 29 de noviembre de 2019 se encargó al funcionario Daniel Rodríguez Solarte , en el cargo de auxiliar administrativo - grado 03 del despacho del Gerente departamental del C esar y, con ocasión a la vacante temporal que quedó en el cargo que aq uél ocup aba se nombr ó a la señora Isabel Cristina H ernández Carranza, por medio de la Resolución No. ORD-81117-05246-2020 de 7 de diciembre de 2020.

Informó que en el marco de la emergencia sanitaria por el C OVID-19, esos nombramientos fueron prorrogados a través de las Resoluciones Nos. 2193 de 29 de mayo de 2020 , 1317 de 30 de junio de 2022 , 1350 de 12 de agosto de 2022 y 4962 de 18 de agosto de 2022.

Relató que por medio de Resolución No. ORD-81117-1731-2023 de 31 de enero de 2023, se dispuso el trasla do del señor Daniel Rodríguez Solarte al despacho del Gerente Departamental Nariño y afirmó que, como consecuencia de ello, se presentó una vacante definitiva de l cargo y teniendo en cuenta que la misma se debe proveer a través del sistema de mérito se tuv o que dar por terminado el nombramiento provisional de la actora.

En ese orden, explicó que la Contraloría General de la República tiene un régimen

debe proveer a través del sistema de mérito se tuv o que dar por terminado el nombramiento provisional de la actora.

En ese orden, explicó que la Contraloría General de la República tiene un régimen especial de carrera administrativa y en virtud de lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, la provisión de cargos que presentan vacantes definitivas se realiza bajo el sistema de mérito.

Finalmente, s e refirió a la sentencia T -269 de 2017 para señalar que las condiciones de estabilidad laboral reforzada que alega la actora por su condición de madre cabeza d e familia no resul ta aplicable a nombramientos en provisionalidad en una vacante temporal , pues “ la naturaleza y los elementos esenciales del vínculo de los empleos temporales creados conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, se desdibujarí an si las personas próximas a pensionarse, con fundamento en su calidad de prepensionados, logran extender su vinculación a la planta de personas más allá del ve ncimiento o la expiración del término de duración del empleo transitorio”.

7. Sentencia de tutela impugnada

Por sentencia de 20 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró improcedente la acción de tutela , al considerar que no se cumpl e el presupuesto de la subsidiariedad.Radicado: 20001-23-33-000-2023-00103-01

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4 Al respecto, evidenció que la actora fue desvinculada p or medio de un acto administrativo debidamente motivado, en el que se expresaron los fundamentos de esa decisión, esto es, que finalizó el encargo que generó la vacancia temporal que permitió la vinculación de la actora provisionalmente.

Asimismo, afirmó que la jurisprudencia constitucional ha establecido que, por regla general, la acción de tutela resulta improcedente para solicitar el reintegro laboral, en tan to el ordenamiento jurídico consagra un mecanismo de defensa judicial ordinario para tal efecto, como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

También señaló que , en ese proceso j udicial, en virtud de lo establecido en el artículo 233 de esa misma normativa, en cualquier mo mento del trámite la actora podrá solicitar que se decreten medidas cautelares , dentro de las cuales se encuentra la suspensión del acto administrativo demandado hasta que se profiera sentencia, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Manifestó que la actora no aportó algún elemento probatorio “que permitiera dar cuenta de la condición de madre cabeza de familia con hija menor con disminución física, razón por la cual resulta imposible establecer la configuración de los requisitos mencionados, que tornaran procedente la solicitud de amparo que nos convoca”, por lo que no es posible acreditar la imperiosa necesidad de

física, razón por la cual resulta imposible establecer la configuración de los requisitos mencionados, que tornaran procedente la solicitud de amparo que nos convoca”, por lo que no es posible acreditar la imperiosa necesidad de intervención del juez constituc ional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

De igual forma, aseveró que llam a la atención el hecho de que hiciera alusión al estado de salud de su hija, empero , que no aportara la historia clínica que acreditara dicha condición. A lo que agregó que la actora presentó la demanda transcurridos cinco meses desde la vinculación labora l, por lo que se desdibuja el argumento de que no cuenta con los recursos económicos suficientes para garantizar su subsistencia mientras se adelanta el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previ sto en el artículo 31 d el Decreto 2591 de 1991, la actora impugnó la sentencia de primera instancia , solicitó que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pret ensiones de la demanda, en virtud de los siguientes argumentos:

Consideró que el fallo de prim era instancia es discriminatorio al exigirle demostrar su condición de madre cabeza de familia, más aún cuando no fue un aspecto controvertido por la autoridad administrativa demandada.

De igual forma, señaló que la condición de madre cabeza de familia se demuestra a partir de dos aspectos:

“• Tener a cargo la responsabilidad de los hijos menores o de otras personas que se encuentren incapacitadas para trabajar.

• Que dicha responsabilidad sea permanente, es decir que se lleve mucho tiempo

a partir de dos aspectos:

“• Tener a cargo la responsabilidad de los hijos menores o de otras personas que se encuentren incapacitadas para trabajar.

• Que dicha responsabilidad sea permanente, es decir que se lleve mucho tiempo y a futuro sea la única persona encargada del hogar. Que la suscrita es soltera y tiene toda la responsabilidad de su hija, quien se encuentra en condiciones de discapacidad, tal como se acredit ó en la tutela, que es medicada y no puede estar sin dichos medicamentos y sin seguridad social”.

En relación con este último , la actora señal ó que acreditó la situación de discapacidad de su hija con la demanda.Radicado: 20001-23-33-000-2023-00103-01

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5 Por lo anterior, pidió que se revoque el fallo impugnado y se amparen los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, vida, seguridad social y estabilidad laboral reforzada.

9. Manifestación de impedimento

9.1. Mediante escrito del 3 de agosto de 2023, el consejero Milton Chaves García manifestó impedimento para conocer del presente asunto , al considerar q ue su hermana, quien asesora varias entidade s públicas y privadas en gestión de riesgos profesionales, suscribió un contrato de prestación de servic ios que se encuentra en ejecución, con la Contraloría General de la República, quien es la autoridad demandada en esta acción constitucional.

riesgos profesionales, suscribió un contrato de prestación de servic ios que se encuentra en ejecución, con la Contraloría General de la República, quien es la autoridad demandada en esta acción constitucional.

La manifestación de impedimento la sustentó en lo previsto en el artículo 130 de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-1, a lo que agregó que tiene como propósito s alvaguardar la imparcialidad y transparencia que debe regir la función judicial.

9.2. Por auto de 22 de agosto de 2023 se declaró infund ado dicho impedimento, teniendo en cuenta que la causal de impedimento invocada no c orresponde a ninguna de las establecidas taxativamente en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, normatividad aplicable al trámite de la acción de tutela.

Del mismo modo, no se advirtió que se comprometiera su imparcialidad dado que, si bien su hermana es una contratista que asesora en gestión de ries gos profesionales a la Contraloría General de la República, en virtud de ese vínculo contractual no se demostró que h ubiera intervenido en el asunto objeto de la acción de tutela, consistente en la expedición de la Resolución No. ORD-811702169-2023, por medio de la cual la entidad demandada dio por terminado el nombramiento de la actora en el cargo de auxiliar operativo, nivel asistencial grado 01 en la Gerencia Departamental del Cesar.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29

01 en la Gerencia Departamental del Cesar.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar , en los términos del escrito de impugnac ión, si debe revocar la sente ncia de 20 de junio de 202 3, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar que declaró la improcedencia de la acci ón de tutela p or no cumplir el requi sito de la subsidiariedad, en tanto la autoridad accionada vulneró los de rechos fundamentales al trabajo, mínimo v ital, vida en condiciones

1 La disposición en cita estable ce: “Artículo 130. CAUSALES. Los magistrados y juec es deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: (…) 4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o algu no de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición de representantes legales o s ocios mayoritarios de una de las sociedades c ontratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados”.Radicado: 20001-23-33-000-2023-00103-01

representantes legales o s ocios mayoritarios de una de las sociedades c ontratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados”.Radicado: 20001-23-33-000-2023-00103-01

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6 dignas, seguridad social y estabilidad laboral ref orzada con la Resolución No . ORD-8117-02169-2023 de 7 de febrero d e 2023 , mediante la cual se dio por terminado su nombramiento en el cargo de auxiliar operativo, nivel asistencial, grado 01 en la Gerencia Departamental de Cesar que ocupaba de sde el 5 de enero de 2021, en virtud de la vacante temporal por el encargo en otro empleo del titular.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos

El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo constitucional de la tutela, salvo que sea utiliza do de manera transitoria con el fin de evitar un perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteri za por su naturaleza excepcional y subsidiaria, es deci r, solo procede cuando el afectado n o disponga de otro medio de defensa judicial, sa lvo que éste no resulte eficaz para la protección de lo s derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida tr ansitoria para evitar un perjuicio irremediable.

de defensa judicial, sa lvo que éste no resulte eficaz para la protección de lo s derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida tr ansitoria para evitar un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 que apunta al requisito de la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencio nada, dispo ne que la eficacia del mecanismo ordinario de defe nsa judicial será evaluada por el juez de tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativ os”, toda vez que para controvertir su legalidad, el leg islador estableció diferentes medios de control en la jurisdicción contencioso admi nistrativa, que se presumen idóneos para restablecer el derecho conculcado.

No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el respectivo proceso.

Dentro del marco expuesto, es importan te tener en cuenta que la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos ha reiterado el carácter residual y

acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el respectivo proceso.

Dentro del marco expuesto, es importan te tener en cuenta que la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos ha reiterado el carácter residual y excepcional de la tutela, por lo que, en principio , no constituye el mecanismo adecuado para controvertir las actuaciones administrativas. Al respecto, en la sentencia T-514 de 2003, reiter ada por las sentencias T -451 de 2010 y T -956 de 2011, expresó lo siguiente:

“La Corte concluye (i) que por regla gen eral, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de der echos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administ rativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto admin istrativos como judiciales para su defensa; (ii) que pro cede la acción de tutela como mecani smo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del act o administrativo (artículo 7 del Dec reto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991), mientras se surte e l proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.Radicado: 20001-23-33-000-2023-00103-01

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7 Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 5 de marzo de 2014, consideró que no todo perjuicio irremediable con duce a la p rocedencia de la tutela como mecanismo transitori o, pues es necesario que además de esa entidad, tal daño sea injustificado, que no provenga de una acción legítima de la autoridad contra q uien se interpone, que en términos generales corresponde a lo que la jurisprudencia sobre la materia, tanto de la Cor te Constitucional como de esta Corporación, han denomina do presupuestos de procedibilidad.

Precisado lo anterior, se observa que, con la f inalidad de garantizar el acceso efectivo a la administra ción de jus ticia, el cual se puede ver afectado por la extensa duración de los procesos ante la jurisdicción contenc ioso administrativa, a petición del interesado, debidamente sustentada en el respectivo medio de control, el juez podrá decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar, prov isionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Al respecto, el capítu lo XI del Código de Procedimiento Administrati vo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) ha dispuest o las medid as cautelares como un mecanismo de defensa provis ional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar un perjuicio irremediable, razón por l a que es deber del actor agotar dicho

un mecanismo de defensa provis ional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar un perjuicio irremediable, razón por l a que es deber del actor agotar dicho medio, en primer término, debido a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela. Según el artículo 230, las me didas cautelares podrán ser: i) preventivas, cuando se ordene la adopción de una decisión adm inistrativa con el fin de evitar un perjuicio irremediable o la agravación de los efectos; ii) conserva tivas, cuando el juez ordena mantener la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulneradora o amenazadora; ii i) anticipativas, cuando se ordene la adopció n de una decisión administrativa; iv) suspensivas, cuando se ordene s uspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

El artículo 231 de la misma normativid ad contempla los requisitos que deben acreditarse para decretar las medidas cautela res, ya sea que se trate de suspensión provisional o de ot ras medidas . Cuando se pretenda la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, ésta pr ocederá por violación de las disposici ones invocadas en la demanda o en solicitud s eparada, que surja del análisis y confrontación del acto c on las norm as superiores invocadas como vulneradas o del es tudio de las pruebas del expediente. Así mismo, cuando se pretenda el restablecimiento del der echo y la indemnización de perjuicios, deberá acreditarse la existencia de aquellos.

De acuerdo con el artículo 234 del CPACA, las medidas cautelares de urgencia pueden ser adoptadas por el juez o magistrado desde la presentación de la

perjuicios, deberá acreditarse la existencia de aquellos.

De acuerdo con el artículo 234 del CPACA, las medidas cautelares de urgencia pueden ser adoptadas por el juez o magistrado desde la presentación de la solicitud sin previa notificación a la otra parte, siempre y cua ndo se evidencie que por la urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del CPACA.

En sum a, la acción de tutela , en principio, no es el medio judicial idóneo para debatir la legalidad d e actos administrativos, pues para el efect o la Ley 1437 de 2011 establece diferentes medios de control en los que son procedentes las medidas cautelare s contempladas en dicha normatividad. Solo en casos muy excepcionales, en los que sea evidente la c onfiguración de un perjuicio irremediable o que el mecanismo de defensa judicial ordinario no goza de la idoneidad requerida, le corresponde al juez constitucional restablecer los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.Radicado: 20001-23-33-000-2023-00103-01

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4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La actora presentó ac ción de tutela con el fin de que se garanticen los derechos fundamen tales al trabajo, mínimo vital, vida en condicion es dignas, seguridad social y estabilidad laboral reforzada , los cuales considera vulnerados

4.1. La actora presentó ac ción de tutela con el fin de que se garanticen los derechos fundamen tales al trabajo, mínimo vital, vida en condicion es dignas, seguridad social y estabilidad laboral reforzada , los cuales considera vulnerados con la Resolución No. ORD-8117-02169-2023 de 7 de febrero de 2023 , por medio del cual la entidad demandada dio por terminado su nombramiento en el cargo de auxiliar operativo, nivel asistencial grado 01 en la Gerencia Departamental del Cesar, el cual ocupaba en provisionalidad desde el 5 de enero de 2021.

Concretamente, consideró que la autoridad administrativa demandada al momento de la expedición del acto admin istrativo demandado , desconoció que tenía la condición de madre cabeza de familia y su hija se encuentra e n situación discapacidad por la e nfermedad que presenta “síndrome del espectro autista” y que, por lo tanto, debía garantizarle el derecho a la estabi lidad laboral reforzada y mantener su vinculación en un cargo de igual o superior categoría.

4.2. En prim era instancia, el Tribunal Admin istrativo de Cesar declaró improcedente la acción de tutela , bajo el ar gumento de que no se cumple el requisito de subsidiariedad , toda vez que existe otro mecanismo de defensa judicial ordinario para controvertir el acto administrativo que dispuso la terminación del nombramiento del cargo de auxiliar operativo, nivel asisten cial grado 01 que ocupaba la act ora en provisionalidad, como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso judicial en el que podrá pedir la suspensión provisional del acto administrativo.

ocupaba la act ora en provisionalidad, como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso judicial en el que podrá pedir la suspensión provisional del acto administrativo.

Asimismo, se refirió a los criterios establecidos por la Corte Consti tucional para acreditar un perjuicio irremediable, en los casos en que se reclama el r eintegro de un servidor público, tales como: “(i) la edad de la persona; (ii) su estado de salud y el de su familia y, (iii) sus condicione s económicas y la de las perso nas obligadas a acudir a su auxilio 2” a lo que agregó que debe tenerse en cuenta que al gunas personas, entre ellas las madr es o padr es cabeza de familia, pueden hallarse en estado de debilidad manifiesta y encontrar amenazado el mínimo vital.

No obstante, advirtió que en el caso concreto no se demostró alguna de esas circunstancias, pues la actora no allegó algún elemento pro batorio que permitiera acreditar su condición de madre cabeza de familia y la situación de discapacidad en la que s e encuentra su hij a. Además, afirmó que la entidad demandada acreditó el pago por concepto de liquidación laboral y cesantías la suma de $12.092.183.

4.3. En el escrito de impugnación, de manera general, la accionante manifestó que su desacue rdo con la d ecisión de p