CE - 200012339000201500359011SENTENCIAFALLO20230704152855

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 20001-23-39-000-2015-00359-01 (4089-2016)

Demandante: JORGE ENRIQUE SALINAS MEJÍA

Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos en plazas del orden nacionalizado. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. REVOCA, MODIFICA

Y CONFIRMA PARCIALMENTE SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016) por el Tribunal Administrativo del Cesar , por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor JORGE ENRIQUE SALINAS MEJÍA , obrando por medio de apoderado

Tribunal Administrativo del Cesar , por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor JORGE ENRIQUE SALINAS MEJÍA , obrando por medio de apoderado debidamente constituido, instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes2

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00359-01 (4089-2016)

Demandante: Jorge Enrique Salinas Mejía

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones UGM 018566 del 28 de noviembre de 2011 y RDP 010416 del 17 de marzo de 2013, a través de las cuales se le negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor del demandante.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y pagar al accionante la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de la asignación básica y todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la constitución del estatus pensio nal. Asimismo, a

pagar al accionante la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de la asignación básica y todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la constitución del estatus pensio nal. Asimismo, a cancelar de forma indexada las mesadas pensionales dejadas de abonar desde la fecha adquisición del derecho y teniendo en cuenta los aumentos previstos en la Ley 71 de 1988.

Que la autoridad demandada reconozca los intereses moratorios que se causen desde la ejecutoria de la sentencia y hasta que se materialice el pago de la condena, y que aquella dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 189, 192, 194 y 194 del CPACA , junto con la imposición de costas conforme al artículo 188 de esta norma.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que el señor Jorge Enrique Salinas Mejía nació el 28 de octubre de 1956 , y en su vida laboral se ha desempeñado como docente oficial mediante una vinculación del orden nacionalizado al servicio del municipio de Codazzi (Cesar) y de la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, por lo que supera los 20 años de labor en el magisterio como se precisa a continuación.

1 Folios 48 a 49. 2 Folios 49 a 54.3

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00359-01 (4089-2016)

Demandante: Jorge Enrique Salinas Mejía

ACTO

ADMINISTRATIVO DESDE HASTA TIPO DE

VINCULACIÓN

TOTAL DÍAS Resolución 000913 del 10 de mayo de 1979 Marzo 22 de 1979 Mayo 17 de 1979 Nacionalizado 56 Resolución 611 del 5 de marzo de 1981 Marzo 10 de 1981 Febrero 9 de 2015 Nacionalizado 12.210

Que el 16 de abril de 2009, el actor solicitó ante la extinta Cajanal el reconocimiento y pago de la pensión gracia , frente a lo cual dicha entidad expidió la Resolución UGM 018566 del 28 de noviembre de 2011 con la que negó la prestación, bajo el entendido de que solo podía tenerse en cuenta como tiempo válido el período comprendido entre el 10 de marzo de 1981 hasta el 25 de marzo de 2009, esto por no haberse allegado con la certificación emitida por la alcaldía de Valledupar , la copia de la Resolución 1136 del 6 de abril de 1979 y el acta de posesión de esa época.

Que el 22 de diciembre de 2011, el accionante presentó recurso de reposición en contra del anterior acto administrativo. No obstante, transcurrido más de 3 años sin obtener respuesta, el 23 de febrero de 2015 radicó ante la UGPP oficio de

contra del anterior acto administrativo. No obstante, transcurrido más de 3 años sin obtener respuesta, el 23 de febrero de 2015 radicó ante la UGPP oficio de insistencia a fin de que le fuera resuelta la impugnación, escrito al cual allegó, entre otros, los documentos faltantes.

Que a través de la Resolución RDP 010416 del 17 de marzo de 2015, la UGPP confirmó en todas y cada una de sus parte s el acto inicial al exponer que no se allegaron los elementos de juicio para tomar una decisión de fondo, como lo era el certificado de información laboral suscrito por el técnico administrativo de hojas de vida, así como el acto administrativo por medio el cual el secretario de educación departamental del Cesar le delegó las funciones de expedir certificaciones de salarios y tiempos de servicios.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 20 de agosto de 2015 y notificada a la UGPP3, quien presentó memorial de contestación 4, para lo cual manifestó que las

3 Folios 64 a 72. 4 Folios 120 a 126.4

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00359-01 (4089-2016) Demandante: Jorge Enrique Salinas Mejía argumentaciones dadas por la entonces Cajanal han sido debidamente sustentadas por la entidad en los actos administrativos expedidos en el trámite de la reclamación de pensión gracia, toda vez que el tiempo prestado por el reclamante como docente

argumentaciones dadas por la entonces Cajanal han sido debidamente sustentadas por la entidad en los actos administrativos expedidos en el trámite de la reclamación de pensión gracia, toda vez que el tiempo prestado por el reclamante como docente en el departamento del Cesar entre 1980 y 1981 está re vestido en calidad de educador nacional, pues la primera certificación allegada especifica dicha vinculación, razón por la cual, aquel tiempo no puede computarse para consolidar el derecho solicitado.

Propuso como excepciones que las denominó , falta de requisitos pensionales (pensión gracia) o inexistencia de la obligación y prescripción.

En la audiencia inicial5 se indicó que las excepciones por ser de fondo se resolverían con la sentencia, en ella se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la dem anda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011. En la audiencia de pruebas6 se recaudaron los medios de convicción pendientes y se corrió traslado para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia escrita con posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo del Cesar dictó sentencia escrita el 14 de julio de 2016, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de ordenar a la entidad accionada que reconociera una pensión gracia a favor del actor, efectiva desde el 28 de octubre de 2006 y liquidada sobre el 75% de los factores percibidos por este durante el año anterior a la adquisición del estatus . Para ello desarrolló el

a la entidad accionada que reconociera una pensión gracia a favor del actor, efectiva desde el 28 de octubre de 2006 y liquidada sobre el 75% de los factores percibidos por este durante el año anterior a la adquisición del estatus . Para ello desarrolló el régimen especial de la pensión gracia de los docentes oficiales dispuesto por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 , para posteriormente analizar la aplicación de los requisitos previstos en estas normas en el caso específico del accionante.

5 Folios 141 a 145. 6 Folios 153 a 156. 7 Folios 169 a 188.5

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00359-01 (4089-2016) Demandante: Jorge Enrique Salinas Mejía Al respecto manifestó que a pesar de que el señor Salinas Mejía encuadre en el concepto de personal territorial en atención a la clasificación realizada por el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, según la documentación obrante en el expediente, se deduce que este laboró como docente nacionalizado desde el 22 de marzo de 1979 hasta el 17 de mayo de 1979 conforme certificación expedida por la Secretaría de Educación del departamento del Cesar y desde el 10 de marzo de 1981 hasta la fecha en que fue expedida la certi ficación emitida por la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar (16 de abril de 2015).

Educación del departamento del Cesar y desde el 10 de marzo de 1981 hasta la fecha en que fue expedida la certi ficación emitida por la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar (16 de abril de 2015).

Que no son de recibo los argumentos esbozados en el acto administrativo que negó inicialmente el reconocimiento pensional al demandante, toda vez que, con anterioridad al 31 de octubre de 1980, este sí estuvo vinculado a la docencia oficial, tiempo que es posible sumarlo con los servicios prestados con posterioridad a esa fecha, a efectos de obtener el reconocimiento de la pensión gracia.

Que es admisible la c ertificación de tiempo de servicios docente suscrita por el técnico administrativo de hoja de vida del departamento del César y que fue rechazada por la entidad demandada, pues con el memorando expedido por el secretario de educación departamental que lo a utorizaba para dar respuestas relacionadas con la historia laboral del personal de esa dependencia, junto con el acto de su nombramiento y posesión, denota que tenía plena facultades para expedirla.

Que en tal sentido, se deduce que el actor ostentó la calidad de docente territorial durante más de 20 años y cumplió con los demás requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913 para acceder a la pensión gracia, por lo que la excepción de «falta de requisitos pensionales (pensión gracia) o inexistencia de obligación» no prospera.

Que en cuanto a la excepción de prescripción trienal, la norma y la jurisprudencia son claras en señalar que los derechos ciertos anteriores a los tres años hacia atrás de la fecha en que se presentó la solicitud quedan prescritos y como la solicitud fue

Que en cuanto a la excepción de prescripción trienal, la norma y la jurisprudencia son claras en señalar que los derechos ciertos anteriores a los tres años hacia atrás de la fecha en que se presentó la solicitud quedan prescritos y como la solicitud fue formulada el 16 de abril de 2009 y el derecho se hizo efectivo a partir del 28 de octubre de 2006, no se configuró dicha figura jurídica.6

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00359-01 (4089-2016)

Demandante: Jorge Enrique Salinas Mejía

EL RECURSO DE APELACIÓN8

La parte demanda da en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia , toda vez que la primera certificación allegada al expediente especifica que el tiempo de servicios prestado por el señor Salinas Mejía en el departamento del Cesar, anterior al año 1980, lo es en calidad de docente nacional y, en consecuencia, dicho lapso no puede ser computado para efectos de la pensión gracia, por cuanto esa prestación fue creada con la finalidad de equiparar los ingresos de los docentes provinciales respecto de los devengados por los docentes nacionales.

Que la anterior tesis jurídica ha sido respaldada por el Consejo de Estado en sentencias del 5 de junio de 2008 (0874-07) y del 19 de enero de 2006 (6024-05).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Ambas partes presentaron aleg atos de concl usión en los cuales ratificaron los

sentencias del 5 de junio de 2008 (0874-07) y del 19 de enero de 2006 (6024-05).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Ambas partes presentaron aleg atos de concl usión en los cuales ratificaron los argumentos de la demanda y la contestación.9

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO10

El agente del Ministerio Público rindió concepto en el presente caso, para lo cual solicitó que se confirme el fallo recurrido, bajo el entendido de que dicha decisión se adecua al ordenamiento jurídico aplicable para la pensión gracia, pues de las certificantes aportadas al proceso se advierte que el demandante trabajó en propiedad como docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980, en el municipio de Codazzi y después de esa fecha en el municipio de Valledupar. Al respecto debe tenerse en cuenta que aunque el período de la primera vinculación fue corto, está habilitado por la ley y la jurisprudencia para computarse con el tiempo trabajado con posterioridad, en aras de obtener la prerrogativa periódica económica.

8 Folios 195 a 198. 9 Folios 259 a 265. 10 Folios 266 a 274.7

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00359-01 (4089-2016) Demandante: Jorge Enrique Salinas Mejía Que los argumentos planteados por la entidad demandada no están acordes con las pruebas aportadas al proceso y comportan más bien, simples especulaciones

Demandante: Jorge Enrique Salinas Mejía Que los argumentos planteados por la entidad demandada no están acordes con las pruebas aportadas al proceso y comportan más bien, simples especulaciones sin soporte alguno, motivo por el cual la primera instancia acertó al declarar la nulidad de los actos nugatorios de un derecho adquirido conforme a la ley.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado de la siguiente forma, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Asimismo, el a rtículo 3° de la norma en cita estableció que: «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó », mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que

servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó », mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).8

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00359-01 (4089-2016)

Demandante: Jorge Enrique Salinas Mejía

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley »11. Asimismo, con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente previstos para el efecto.

Por su parte, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como

4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

11 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.9

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00359-01 (4089-2016) Demandante: Jorge Enrique Salinas Mejía Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de

será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los do centes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Por otro lado, la jurisprudencia de est a Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado , es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199712 señaló,

territorial y nacionalizado , es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199712 señaló,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalid ad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

12Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.10

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00359-01 (4089-2016) Demandante: Jorge Enrique Salinas Mejía De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 13 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto a l interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo

planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto a l interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los pres upuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo ed ucativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

13 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.11

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00359-01 (4089-2016)

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00359-01 (4089-2016) Demandante: Jorge Enrique Salinas Mejía vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su de fecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recu rsos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sal a en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que

texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se pue de advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen p ara su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una delegación mediante la cual dichas autoridades posesionan a los educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 14 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,

14 Proceso identificado con radicación 15001 -23-33-000-2016-00278-01 (3018 -2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.12

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