CE - 200012339000201500510011SENTENCIAFALLO20230704160634

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 20001-23-39-000-2015-00510-01 (2321-2017)

Demandante: LETICIA ISABEL ROYERO MORÓN

Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio en plazas del orden nacionalizado y territorial . Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. MODIFICA Y CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo del Cesar , por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora LETICIA ISABEL ROYERO MORÓN, obrando por medio de apoderado debidamente constituido , instauró demanda en contra de la UNIDAD

pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora LETICIA ISABEL ROYERO MORÓN, obrando por medio de apoderado debidamente constituido , instauró demanda en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes2

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00510-01 (2321-2017)

Demandante: Leticia Isabel Royero Morón

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones, i) RDP 010789 del 19 de marzo de 2015 mediante la cual la entidad demandada negó el reconocimiento de una pensión gracia a favor de la actora; así como ii) RDP 017198 del 30 de abril de 2015 y iii) RDP 023779 del 11 de junio del mismo año, con las que la UGP P confirmó la decisión inicial al resolver respectivamente los recursos de reposición y apelación formulados contra el primer acto en mención.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y pagar a la accionante la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la constitución del estatus

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y pagar a la accionante la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la constitución del estatus pensional. Asimismo, que se cancelen los reajustes sobre la prestación y los intereses moratorios que se causen por su falta de pago.

Que la autoridad demandada dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 187, 188, 192 y 195 del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente manera.

Que la señora Leticia Isabel Royero Morón nació el 24 de junio de 1955 , y en su vida laboral , mediante la Resolución 01124 del 18 de agosto de 1977 , esta fue vinculada como docente oficial del orden nacionalizado al servicio del departamento del Cesar , desde aquella fecha hasta el 2 de abril de 1979. Posteriormente, la demandante fue nombrada en virtud del Decreto 404 del 18 de febrero de 1994 como educadora departamental de dicha entidad territorial a partir del 23 de febrero de 1994, y al menos, hasta el momento de radicación de la demanda (21 de octubre de 2015), aún continuaba ejerciendo dicho cargo.

1 Folios 1 a 2, C1. 2 Folios 3 a 4, C1.3

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00510-01 (2321-2017) Demandante: Leticia Isabel Royero Morón Que el 25 de noviembre de 2014, la actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, a lo cual dicha entidad expidió la Resolución RDP 010789 del 19 de marzo de 2015 con la que negó la prestación, bajo el entendido de que solo podía tenerse en cuenta como tiempo válido para adquirir esta prerrogativa, el acumulado antes de 1980 por haber tenido un nombramiento del orden departamental, dado que el laborado desde 1994 en adelante, lo fue como docente del orden nacional y por lo tanto no podía ser tenido en cuenta para el efecto.

Que el 14 de abril de 2015 , la accionante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el anterior acto administrativo , ello al asegurar que el período de labor como maestra oficial desde 1994 fue de carácter departamental, para lo cual aportó las certificaciones y resolución de nombramiento que indicaban lo propio. No obstante, a través de las Resoluciones RDP 017198 del 30 de abril de 2015 y RDP 023779 del 11 de junio del mismo año, la parte demandada confirmó la decisión inicial de negar el derecho reclamado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 5 de noviembre de 2015 y notificada a

decisión inicial de negar el derecho reclamado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 5 de noviembre de 2015 y notificada a la UGPP3, quien presentó memorial de contestación4, para lo cual manifestó que, el tiempo prestado por la reclamante como docente en el departamento del Cesar entre 1980 y 1981 está revestido por un nombramiento del orden nacional, pues la primera certificación allegada al proceso así lo especifica, por lo que dicho período acumulado no puede computarse para la pensión gracia por ser incompatible con la naturaleza propia de esta prestación.

Propuso como excepciones que las denominó , falta de requisitos pensionales (pensión gracia) o inexistencia de la obligación y prescripción.

En la audiencia inicial5 se indicó que las excepciones por ser de fondo se resolverían

3 Folios 49 a 55, C1. 4 Folios 66 a 71, C1. 5 Folios 121 a 133, C1.4

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00510-01 (2321-2017) Demandante: Leticia Isabel Royero Morón con la sentencia. Adicionalmente en esta diligencia se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011 . En la

decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011 . En la audiencia de pruebas 6 se recaudaron los medios de convicción pendientes y se corrió traslado para alegar de conclusión en orden de dictar sentencia escrita con posterioridad.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo del Cesar dictó sentencia escrita el 16 de marzo de 2017, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de ordenar a la entidad accionada que reconociera una pensión gracia a favor de la actora, efectiva desde el 8 de julio de 2012. Para ello desarrolló el régimen especial de la pensión gracia de los docentes oficiales dispuesto por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 , para posteriormente analizar la aplicación de los requisitos previstos en estas normas en el caso específico de la demandante.

Al respecto manifestó que fue debidamente demostrado el hecho de que la accionante estuvo vinculada al servicio del municipio de Valledupar como docente oficial antes del 31 de diciembre de 1980, puntualmente durante el período comprendido entre el 18 de agosto de 1977 y el 2 de ab ril de 1979 . Que adicionalmente, de acuerdo con los actos de nombramiento y posesión, así como con las diferentes certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación de dicha entidad territorial, también se encuentra acreditado que la señora Leticia I sabel Royero Morón fue nombrada para tal lapso como educadora nacionalizada, lo cual

con las diferentes certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación de dicha entidad territorial, también se encuentra acreditado que la señora Leticia I sabel Royero Morón fue nombrada para tal lapso como educadora nacionalizada, lo cual le confiere uno de los requisitos para tener la posibilidad de percibir la pensión gracia de jubilación de acuerdo con los previsto en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.

Que al verificar la Resolución 404 del 18 de febrero de 1994, es dable deducir que el nombramiento realizado a la demandante desde el 23 de febrero de dicha

6 Folios 409 a 413, 424 a 428, y 446 a 449, C1. 7 Folios 472 a 492, C1.5

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00510-01 (2321-2017) Demandante: Leticia Isabel Royero Morón anualidad fue para ocupar un cargo docente departamental, pues ello correspondió a la decisión del gobernador como nominador. Que en todo caso, respecto a la participación del representante del Ministerio de Educación ante el FER en la suscripción del mencionado acto, es de destacar que al indagarse a la Secretaría de Educación de Valledupar, esta precisó que ello se debía a que por disposición legal, el referido delegado estaba obligado a firmar el aval de todos los nombramientos que cumplieran con los requisitos, lo cual también se predicó para el nombramiento realizado posteriormente a la actora a través de la Resolución

legal, el referido delegado estaba obligado a firmar el aval de todos los nombramientos que cumplieran con los requisitos, lo cual también se predicó para el nombramiento realizado posteriormente a la actora a través de la Resolución 01124 del 18 de agosto de 1977, periodo que también fue reconocido con vinculación departamental.

Que en consecuencia, se estima que el lapso laborado por la reclamante a partir del 23 de febrero de 1994, es computable para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, pues según la constancia del 15 de julio de 2016 emitida por la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar , la señora Royero Morón ha continu ado vinculada como docente territorial desde su nombramiento en la Escuela Mixta n.° 3 de la mentada entidad , en el Colegio José Eugenio Martínez y en el Plantel Educativo La Esperanza. Que, por lo tanto, la demandante cumplió el requisito de 20 años de servicio como maestra oficial.

Que, en lo referente al requisito de edad, se encuentra acreditado dentro del proceso que la actora nació el 24 de junio 1955, por lo que se puede inferir que los 50 años exigidos por ley para acceder a la pensión gracia, los cumplió 24 de junio 2005.

Que finalmente, conforme a la documentación que hace parte de los antecedentes administrativos, se encuentr a debidamente acreditado que la demandante no ha sido objeto de sanciones disciplinarias con anterioridad a la fecha de adquisición de su estatus pensional, que ha desempeñado el cargo con honradez y consagración, y que no recibe otra recompensa de carácter nacional, con lo cual se satisfacen la totalidad de requisitos exigidos para acceder al reconocimiento de la prestación solicitada.6

y que no recibe otra recompensa de carácter nacional, con lo cual se satisfacen la totalidad de requisitos exigidos para acceder al reconocimiento de la prestación solicitada.6

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00510-01 (2321-2017)

Demandante: Leticia Isabel Royero Morón

EL RECURSO DE APELACIÓN8

La parte demanda da en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, toda vez que la reclamante presentó ante la UGPP una solicitud para el reconocimiento y pago de la pensión gracia por haber cumplido los 50 años de edad y los 20 años de servicio, con la cual aportó al expediente administrativo documentos de los que se puede destacar la c ertificación laboral donde registra haber laborado como docente de carácter nacional en el departamento del Cesar, documento que si bien posteriormente fue corregido, no desdice el hecho de que la educadora tuvo una segunda vinculación después de la Ley 91 de 1989, que a su vez implica que su nombramiento fue del orden nacional y no nacionalizado, situación que impide tener dicho tiempo como computable para acceder al derecho reclamado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Ambas partes presen taron aleg atos de concl usión en los cuales ratificaron los argumentos de la demanda y la contestación.9

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO10

El agente del Ministerio Público rindió concepto en el presente caso, para lo cual

argumentos de la demanda y la contestación.9

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO10

El agente del Ministerio Público rindió concepto en el presente caso, para lo cual solicitó que se confirme el fallo recurrido, bajo el entendido de que de acuerdo con la precisión hecha por el secretario de educación del municipio de Valledupar , y adicionalmente según todos los actos administrativos de nombramiento que fueron suscritos por el gobernador del departamento del Cesar, la docente Leticia Isabel Royero Morón sería beneficiaria de la pensión gracia por cuanto son destinatarios de dicha prestación los docentes de enseñanza primaria oficial, empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción pública y maestros que hubieran completado los servicios en establecimientos de enseñanza del orden territorial o nacionalizado autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional , tal

8 Folios 500 a 503, C1. 9 Folios 537 a 543, C2. 10 Folios 544 a 549, C2.7

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00510-01 (2321-2017) Demandante: Leticia Isabel Royero Morón como se evidencia que ocurrió para el caso de la demandante, quien acreditó más de 20 años en dicha calidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión

de 20 años en dicha calidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estad o de la siguiente forma, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1° señaló,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Asimismo, el a rtículo 3° de la norma en cita estableció que: «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó », mientras que el artículo 4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un8

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00510-01 (2321-2017) Demandante: Leticia Isabel Royero Morón Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]

escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley »11. Asimismo, con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos inicialmente previstos para el efecto.

Por su parte, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo 4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

marco normativo aplicable al caso, que m ediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

11 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.9

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00510-01 (2321-2017) Demandante: Leticia Isabel Royero Morón Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

(..)

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de

las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los re quisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de me dio año equivalente a una mesada pensional.»

Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado , es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199712 señaló,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,

sentencia S-699 del 26 de agosto de 199712 señaló,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

12Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.10

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00510-01 (2321-2017) Demandante: Leticia Isabel Royero Morón De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 13 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto a l interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupues to general de la Nación, se arribó a las siguientes

conclusiones:

interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupues to general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación

factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del M inisterio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

13 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.11

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Radicado: 20001-23-39-000-2015-00510-01 (2321-2017) Demandante: Leticia Isabel Royero Morón vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos

Radicado: 20001-23-39-000-2015-00510-01 (2321-2017) Demandante: Leticia Isabel Royero Morón vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que se a de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importan te para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importan te para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una delegación mediante la cual dichas autoridades posesionan a los educadores en nombre y re presentación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 14 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,

14 Proceso identificado con radicación 15001 -23-33-000-2016-00278-01 (3018 -2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.12

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-39-000-2015-00510-01 (2321-2017)

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