CE - 200012339000201700469011SENTENCIA20230831121435

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00469-01 (64.742) Actor: Agregados del Cesar E.U. y otros Demandado: Nación – Ministerio del Interior y otro

Referencia: Reparación directa

Temas: MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE / REPARACIÓN DIRECTA – cuando el daño se concreta en un hecho, en una omisión, en una operación administrativa o en la ocupación temporal o permanente de inmueble / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Mecanismo idóneo cuando el daño se deriva de un acto administrativo que se considera ilegal / CADUCIDAD – En el presente caso operó dicho fenómeno jurídico frente a todas las pretensiones.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparación de los daños causados con ocasión de la revocatoria de una licencia ambiental dentro de un contrato de concesión minera.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la sentencia proferida el 6 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se resolvió la demanda de reparación

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la sentencia proferida el 6 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se resolvió la demanda de reparación directa instaurada el 3 de octubre de 20171, por Agregados del Cesar E.U. y Julio Yamin Berardinelli (dueño de la empresa), Mercedes Castro Araujo (esposa), María Mercedes y José Guillermo Yamin Castro (hijos), este último actuando en nombre propio y en representación de sus hijas menores Juliana y Luciana Yamin Betancourt (nietas) y Carlos Adolfo Hernández Daza (yerno), contra la Nación – Ministerio del Interior y la Corporación Autónoma Regional del Cesar (en adelante Corpocesar), con el fin de que se les indemnice por los daños causados con ocasión del cierre del proyecto minero y de la empresa demandante.

2. Como perjuicios a indemnizar solicitó por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de ochocientos ochenta y tres millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos pesos ($883.923.400.00), correspondientes a los gastos en que incurrió para adelantar la consulta previa y, por lucro cesante, la suma de seiscientos treinta y tres millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos pesos ($2.633.923.400.00) , imputable al cierre del

1 Folio 46, c. 1.Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00469-01 (64.742) Actor: Agregados del Cesar E.U. y otros Demandado: Nación – Ministerio del Interior y otro

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proyecto minero 0167 — 20. Por último, deprecó la suma de cien (100) SMLMV para cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales.

3. Como fundamento fáctico de la demanda, se indicó que Agregados del Cesar E.U. era titular del contrato de concesión minera No. 0167 -20 suscrito el 29 de diciembre de 2004 con el Instituto Colombiano de Geología y Minería.

4. El 29 de octubre de 2009, con el fin de obtener la licencia ambiental para la explotación de materiales de construcción, solicitó al Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa–, certificara la presencia de comunidades indígenas en las zonas de e xploración. Mediante oficio OFI09 -38546-CGP-0201 del 9 de noviembre del mismo año, se informó acerca de la ausencia de tales comunidades, motivo por el cual elevó ante Corpocesar solicitud de la licencia ambiental global para el proyecto comprendido dentro del contrato de concesión referido, la cual fue otorgada mediante Resolución 1646 del 13 de diciembre de 2010.

5. Señaló que a raíz de una acción de tutela instaurada por las comunidades indígenas de esa región, la Corte Constitucional, en sede de revisión , mediante sentencia T -849 de 2014, dejó sin efectos la Resolución 1646 de 2010, al considerar que el proyecto minero se estaba desarrollando al interior de la zona ancestral denominada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta -sin que

sentencia T -849 de 2014, dejó sin efectos la Resolución 1646 de 2010, al considerar que el proyecto minero se estaba desarrollando al interior de la zona ancestral denominada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta -sin que el Ministerio lo hubiese advertido-, con lo que se vulneró el derecho fundamental de consulta previa de los indígenas y, como medida condicional, ordenó la realización de ese mecanismo de participación.

6. Agregó que el 1° de junio de 2015 solicitó al Ministerio del Interior iniciar el procedimiento de consulta previa, pero dicha entidad tardó en darle trámite y, paralelamente, a través de Resolución 0707 del 22 de junio del mismo año Corpocesar dispuso la pérdida de ejecutividad y ejecutoria del acto por medio del cual se había otorgado licencia ambiental global y el decaimiento de todos los actos posteriores, circunstancia que conllevó al cierre del proyecto minero y de la empresa.

7. Afirmó que, con el prop ósito de continuar con el proyecto, culminó el trámite de la consulta previa, el cual fue avalado por el Ministerio del Interior (16 de noviembre de 2015). Basado en esto, solicitó a Corpocesar la revocatoria de la Resolución 0707 de 2015, la que le fue negada mediante oficio DG0364 del 14 de diciembre de 2016, bajo el argumento de que lo resuelto por la Corte tenía efectos de nulidad de manera que la empresa debía iniciar un nuevo proceso de licenciamiento.

8. Adujo que el Ministerio era responsable por haberle otorgado el certificado de la no presencia de grupos étnicos de manera irregular y sin verificar la información;

de nulidad de manera que la empresa debía iniciar un nuevo proceso de licenciamiento.

8. Adujo que el Ministerio era responsable por haberle otorgado el certificado de la no presencia de grupos étnicos de manera irregular y sin verificar la información; mientras que Corpocesar estaba llamada a responder patrimonialmente por darleRadicación número: 20001-23-39-000-2017-00469-01 (64.742) Actor: Agregados del Cesar E.U. y otros Demandado: Nación – Ministerio del Interior y otro

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el alcance de nulidad a la decisión adoptada por la Corte Co nstitucional, cuando ese Tribunal no tenía la competencia para ello2.

La defensa

9. El Ministerio del Interior contestó la demanda y se opuso a las pretensiones.

Para tal efecto, manifestó que dentro de sus competencias no estaba la revocatoria de las licencias ambientales ni la suspensión de trabajos o actividades mineras, dado que ello correspondía a las autoridades minera y ambiental y que, en cualquier caso, fue el fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efectos la licencia previamente otorgada a la empresa demandante, de modo que no existía relación causal alguna entre la certificación emitida por esa entidad y los hechos objeto de la demanda; en ese sentido, formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e “inexistencia o inoperancia del nexo causal”3.

10. A su turno, Corpocesar propuso las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la actuación de la entidad se limitó a cumplir una orden impartida por la Corte Constitucional; al tiempo que,

10. A su turno, Corpocesar propuso las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la actuación de la entidad se limitó a cumplir una orden impartida por la Corte Constitucional; al tiempo que, dentro de su marco competencial respondió una petición al señor Yamin Berardinelli, en la que indicó que el paso a seguir era realizar la solicitud y allegar los documentos necesarios para el otorgamiento de una nueva licencia, sin que se evidenciara una omisión o una acción causante de un daño; (ii) falta de causa petendi y cumplimiento de los formalismos legales, en la medida en que al no adolecer de ningún vicio la Resolución 0707 de 2015, ni existir error alguno en la interpretación de la sentencia T -849 de 2014 ni en la exigencia del cumplimiento de los requisitos para la obtención de la licencia ambiental, carece de causa el demandante para solicitar la indemnización de perjuicios y, (iii) hecho de la víctima, por cuanto la demora en la expedición de la nueva licencia ambiental para desarrollar las actividades de explot ación se produjo porque el señor Yamin Berardinelli, a pesar de haber adelantado el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas no reunió oportunamente los demás documentos y requisitos para continuar con el trámite4.

2 Folios 1 a 46, c. 1. 3 Folios 270 a 276, c. 2. 4 Folio 280, c. 2.Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00469-01 (64.742) Actor: Agregados del Cesar E.U. y otros Demandado: Nación – Ministerio del Interior y otro

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6. Surtido el debate pro batorio5, la parte actora 6 y Corpocesar reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación; además, esta última entidad calificó de sospechosos los “testimonios” recibidos, en tanto que correspondieron exclusivamente a manifestaciones de l os integrantes de la parte demandante7. El Ministerio del Interior y el Ministerio Público guardaron silencio8.

La decisión objeto de impugnación

11. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo del Cesar negó las súplicas de la demanda, por conside rar que no se acreditó la configuración del daño patrimonial alegado por los demandantes, toda vez que, por un lado, si bien era cierto que el Ministerio del Interior certificó la no presencia de comunidades indígenas y/o negras en la zona correspondiente al contrato de concesión, también lo era que si al momento de adelantar las actividades de explotación se evidenciaba la presencia de dichos grupos, debía darse aviso a esa entidad para que se adelantara la respectiva consulta previa; en ese sentido, resul taba desacertado considerar que la revocatoria de la mencionada licencia hizo a la empresa demandante incurrir en gastos que no tenía la obligación de realizar5 En la audiencia inicial llevada a cabo el 14 de agosto de 2018, el Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas: documentales (demandante): 1. Copia Contrato de Concesión 0167 -20. 2. Copia adenda número 3

5 En la audiencia inicial llevada a cabo el 14 de agosto de 2018, el Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas: documentales (demandante): 1. Copia Contrato de Concesión 0167 -20. 2. Copia adenda número 3 al contrato de concesión referido. 3. copia solicitud de presencia de grupos étnicos en la zona del proyecto. 4. copia del oficio OF109 -38546-GCP-0201. 5. Copia de la licencia ambiental 1646 de 2010, emitida por CORPOCESAR. 6. Copia de la Resolución 837 de 1995 proferida por el Ministerio del Interior. 7. copia de la sentencia T-849 de 2014. 8. Copia de la solicitud de inicio de Consulta Previa del 1° de junio de 2015. 9. Copia de la Resolución 0707 de 2015, emitida por CORPOCESAR; 10. Certificación de cierre emitida por el representante legal de la empresa. 11.Certificación de cierre emitida por el contador de la empresa. 12. Copia del acta de protocolización de acuerdos. 13.Solicitud de revocatoria de la Resolución 0707 de 2015. 14. Copia de respuesta pidiendo prorroga a la solicitud de revocatoria de la Resolución 0707 de 2015. 15. Copia del oficio DG0364 de 2016, emitido por CORPOCESAR. 16.Certificado de existencia y representación legal de la empresa AGREGADOS DEL CESAR E.U. 17. Copia del contrato asesoría consulta previa. 18.Copia cuenta de cobro y paz y salvo de la asesoría consulta previa del ingeniero de minas. 19.Copia del contrato asesoría

empresa AGREGADOS DEL CESAR E.U. 17. Copia del contrato asesoría consulta previa. 18.Copia cuenta de cobro y paz y salvo de la asesoría consulta previa del ingeniero de minas. 19.Copia del contrato asesoría consulta previa suscrito con Carmen Tamayo. 20. Copia paz y salvo e informe de gestión asesoría consulta previa. 21. Balance general de la empresa 2014, 2015 y 2016. 22. Estado de pérdida y ganancias de la empresa 2014, 2015 y 2016; 23. Certificados financieros expedidos por Bancolombia de las obligaciones contraídas. 24. Copia del contrato de suministro de materiales suscrito con pavimentar S.A. 25. Copia del contrato de suministro materiales suscrito con Agregados y Construcciones Italia S.A.S. 26. Acuerdo de devolución de área suscrito entre Agregados del Cesar E.U. y Agregados y Construcciones Italia S.A.S. 27. Copia del contrato de cesión de área suscrito con Pavimentos del Dorado S.A.S. 28. Copia de los gastos generados en las reuniones de consulta previa. 29. Copia de las consignaciones del pago del protocolo a los pueblos de la Sierra. 30.Copia de los registros civiles de nacimiento de los demandantes y de matrimonio entre Julio Yamin Berardinelli y María Mercedes Castro Araujo. 31. Copia de la historia clínica de Julio Yamin Berardinelli. 32. Copia de la certificación de notificación por aviso de la Resolución 0707 de 2015. 33. Copia del cobro pre jurídico iniciado contra Pavimentos del Dorado, y poder para presentar demanda

Berardinelli. 32. Copia de la certificación de notificación por aviso de la Resolución 0707 de 2015. 33. Copia del cobro pre jurídico iniciado contra Pavimentos del Dorado, y poder para presentar demanda ejecutiva. 34.Copia del oficio del 29 de septiembre de 2015, dirigido a agregados Italia S.A.S suspendiendo todas las obras y el suministro de materiales. (Demandadas) 35. Copia del info rme de la visita realizada a Agregados del Cesar E.U., con el fin de verificar el cumplimiento de la sentencia T -849 de 2014 de la Corte Constitucional, y la resolución No. 0707 del 22 de junio de 2015 proferida por CORPOCESAR. 36. Copia de la Resolución que impone medida preventiva a la empresa Agregados Del Cesar E.U. 37. Consultar resolución No. 0170 del 01 de marzo de 2018, por medio de la cual se otorga licencia ambiental global a Agregados del Cesar E.U. http://www.corpocesar.gov.co/RESOLUCION-017001-03-2018-DG.pdf. Interrogatorio de parte a:

1. María Mercedes Castro Araujo. 2. José Guillermo Yamín Castro. 3. Carlos Adolfo Hernández Daza. 4. María Mercedes Yamín Castro (folios 359 y 365, c. principal). 6 Folios 552 a 557, c. 3. 7 Folio 558 a 560, c. 3. 8 Folio 561, c. 3.Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00469-01 (64.742) Actor: Agregados del Cesar E.U. y otros Demandado: Nación – Ministerio del Interior y otro

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daño emergente que reclama -, puesto que el trámite de ese mecanismo de participación era un deber que la Ley imponía al beneficiario del proyecto.

12. De otro lado, señaló que tampoco se causó el daño consistente en la imposibilidad de continuar con el proyecto de explotación minera, por cuanto la continuación de tal actividad estaba condicionada al agotamiento de la consulta previa; no obstante Agregados del Cesar E.U. continúo ejecutándola, sin cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T -849 de 2014, lo que se tradujo en un desacato a una orden de tutela, ante lo cual Corpocesar no tuvo otra opción que expedir una sanción de suspensión de las actividades de explotación de material desarrolladas en las instalaciones de esa empresa y, si en gracia de discusión, se admitiera que debido a la referida suspensión sufrió una pérdida e n sus ingresos -lo cual tampoco acreditó - ello era atribuible exclusivamente a su propio actuar reticente frente a la orden dada por el tribunal constitucional.

13. Por último, sostuvo que la supuesta demora para expedir una nueva licencia no se acreditó, pu es sólo se allegaron los contratos de prestación de servicios suscritos con diferentes profesionales para la elaboración de estudios técnicos y ambientales, sin que se hubiesen anexado los resultados de esas contrataciones ni mucho menos los documentos que demostraran el cumplimiento de los requisitos exigidos para que se expidiera la misma por Corpocesar, por lo que

ambientales, sin que se hubiesen anexado los resultados de esas contrataciones ni mucho menos los documentos que demostraran el cumplimiento de los requisitos exigidos para que se expidiera la misma por Corpocesar, por lo que declaró probadas las excepciones de “inexistencia del nexo causal”, “hecho de la víctima” e “incumplimiento de los formalismos legales”9.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

14. La parte actora cuestionó la decisión del a quo, en punto a la existencia del daño y la responsabilidad de las entidades demandadas. En relación con el Ministerio del Interior adujo que se probó su omisión en la observancia de la normatividad vigente y del principio de precaución al momento de proferir el certificado de no presencia de grupos étnicos, hecho que llevó a la violación de derechos fundamentales de los pueblos indígenas y produjo el cierre de la empresa, lo cual generó pérdidas económicas y cargas excepcionales que legalmente no tenía que asumir.

15. Agregó que debido a la tardanza para traducir el citado fallo a las lenguas de las comunidades que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, se retardó el agotamiento de la c onsulta previa. Respecto de Corpocesar manifestó que la negativa de dejar sin efectos la Resolución 0707 de 2015, incluso después de haber cumplido la condición impuesta por la Corte Constitucional consistente en realizar la consulta previa, causó grandes pérdidas económicas ante la imposibilidad de reabrir el proyecto minero, extralimitándose en sus funciones para

9 Folios 564 a 584, c. Ppal.Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00469-01 (64.742)

imposibilidad de reabrir el proyecto minero, extralimitándose en sus funciones para

9 Folios 564 a 584, c. Ppal.Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00469-01 (64.742) Actor: Agregados del Cesar E.U. y otros Demandado: Nación – Ministerio del Interior y otro

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adoptar esa decisión, pues le otorgó un alcance diferente a lo resuelto por la Corte, esto es, efectos de nulidad a la Resolución 1646 de 2010, ordenando un nuevo proceso de licenciamiento.

16. Agregó que el a quo omitió valorar que luego de la visita de Corpocesar, en cumplimiento de la Resolución 0707 de 2015, se procedió al cierre de la empresa y a la suspensión de las actividades de exploración y explotación minera realizadas, por manera que no fue “el hecho de la víctima”, como lo afirmó el Tribunal, lo que causó los perjuicios cuya indemnización se demanda10.

17. En el término para alegar de conclusión en la segunda instancia, la parte actora11 y el Ministerio del Interior reiteraron íntegramente los argumentos esbozados en el desarrollo del proceso; además, este último señaló que la consulta previa era un mecanismo de participación en continuo movimiento y en el caso sub júdice, la orden de surtir la consulta previa en todo el territorio de la línea negra de la Sierra Nevada de Santa Marta fue producto de un fallo de la Corte Constitucional, cuya decisión fue obedecida y aplicada desde su notificación 12.

Corpocesar y el Ministerio Público guardaron silencio13.

negra de la Sierra Nevada de Santa Marta fue producto de un fallo de la Corte Constitucional, cuya decisión fue obedecida y aplicada desde su notificación 12. Corpocesar y el Ministerio Público guardaron silencio13.

III. CONSIDERACIONES

18. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

19. Previo a desatar la alzada, se debe determinar el medio de control procedente dadas las distintas imputaciones realizadas contra el extremo pasivo de la litis.

Una vez establecido el cauce procesal correspondiente, se procederá a verificar la oportunidad de su ejercicio.

Lo pretendido por la parte demandante y la causa que lo sustenta

20. De manera uniforme esta Corporación, sobre la base de las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo –CCA– y hoy de las del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA–, ha señalado que la procedencia de la acción o medio de control se encuentra determinada por la génesis del daño en que se fundamenta la causa petendi y, en ese sentido, ha explicado que el criterio útil para la determinación de la vía procesal adecuada para reparar los daños generados por la Administración es el origen de los mismos, la que determina, a su vez, el plazo dispuesto por el legislador para instaurar la respectiva demanda.

10 Folios 589 a 605, c. Ppal. 11 Folios 624 a 633, c. Ppal. 12 Folios 634 a 641, c. Ppal.

legislador para instaurar la respectiva demanda.

10 Folios 589 a 605, c. Ppal. 11 Folios 624 a 633, c. Ppal. 12 Folios 634 a 641, c. Ppal. 13 Folios 658, c. Ppal.Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00469-01 (64.742) Actor: Agregados del Cesar E.U. y otros Demandado: Nación – Ministerio del Interior y otro

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21. Así, en términos generales, si la causa del daño radica en la presunta ilegalidad de un acto administrativo –que no sea de naturaleza contractual –, el medio de control procedente, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 del CPACA, es el de nulidad y restablecimiento del derecho; si la causa se concreta en un hecho, en una omisión, en una operación administrativa o en la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa, el medio de control a ejercer es el de reparación directa, según lo establece el artículo 140 de la misma normativa; pero si la causa recae en un contrato, entonces el que procede es el de controversias contractuales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 141 ibidem.

22. Adicionalmente, circunstancias excepcionales dan lugar a formular demanda de reparación directa, aún en el evento de la existencia de actos administrativ os, en tanto no se pretenda controvertir su legalidad, ya porque de ello no se deriva el daño o ya porque la misma fue desvirtuada. En este contexto, procede el referido medio de control, cuando el acto se encuentra ajustado al ordenamiento

en tanto no se pretenda controvertir su legalidad, ya porque de ello no se deriva el daño o ya porque la misma fue desvirtuada. En este contexto, procede el referido medio de control, cuando el acto se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico, pero ha generado una carga anormal que el administrado no está en la obligación de soportar; o, cuando el acto administrativo que puede dar lugar al restablecimiento ha dejado de regir porque fue revocado, pero ha causado un daño que debe ser reparado y, cuando el daño proviene de la ejecución irregular de un acto administrativo.

23. Para establecer el origen del daño y el medio de control procedente en el sub júdice, la Sala realizará un análisis e interpretación sistemática de la demanda, dada la ambigüedad de la s pretensiones que persiguen la declaratoria de responsabilidad de las entidades, pues la parte actora se limitó a invocar un daño excepcional y a realizar una remisión a los fundamentos fácticos; así (se trascribe

literalmente):

“PRIMERA: Que se declare que, con la conducta narrada en los hechos de la demanda, se le causo un daño excepcional e irremediable a mis prohijados por parte de la NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCIÓN DE CONSULTA

PREVIA.

“SEGUNDA: Que se declare que, con la conduct a narrada en los hechos de la demanda, se le causó un daño excepcional e irremediable a mis prohijados, por

la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR ‘CORPOCESAR’”.

24. Sin perjuicio de lo anterior, en relación con las pretensiones de condena, solicitó la i ndemnización por concepto de lucro cesante, daño emergente y

la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR ‘CORPOCESAR’”.

24. Sin perjuicio de lo anterior, en relación con las pretensiones de condena, solicitó la i ndemnización por concepto de lucro cesante, daño emergente y perjuicios morales, dado el cierre y suspensión de la actividad minera que ejercía la empresa accionante y los gastos en que incurrió para tramitar la consulta previa, de la siguiente manera (se transcribe conforme obra):

“(…) 2.2.1. LUCRO CESANTE:Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00469-01 (64.742) Actor: Agregados del Cesar E.U. y otros Demandado: Nación – Ministerio del Interior y otro

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8

“Mi mandante ha recibido perjuicios económicos por valor de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VIENTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($2.633.923.400.00) por el cierre del proyecto minero 0167 — 20, debido a la imposibilidad material y jurídica de continuar con los contratos de suministro de material, y por las cesiones de derechos mineros y ambientales suscritos por la empresa, así:

1. La suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ANUALES ($375.000.000.00) provenientes del contrato de suministro suscrito entre la empresa y PAVIMENTAR S.A. (Anexo contrato)

1. La suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.OOO.OOO.oo) del contrato de cesión de derechos mi neros y ambientales

entre la empresa y PAVIMENTAR S.A. (Anexo contrato)

1. La suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.OOO.OOO.oo) del contrato de cesión de derechos mi neros y ambientales suscrito entre la empresa y PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S, consistente en las dos últimas cuotas de pago del mismo. (Anexo contrato)

1. La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ANUALES ($250.000.000.00) del contrato de suministr o de materiales suscrito entre la empresa y AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ITALIA S.A.S (Anexo contrato)”. 4) La suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.OOO.OOO.OO) del contrato de Cesión de derechos mineros y ambientales No. 006 de octubre de 2012, suscrito entre la empresa y AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ITALIA S.A.S; correspondientes a la devolución de 1 hectárea más 5000 metros. (Anexo contrato y contrato de devolución)

2.2.2 DAÑO EMERGENTE:

Mi mandante ha recibido perjuicios económicos por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($883.923.400.00), correspondientes a los gastos de consulta previa. Discriminados así…

“(…)

“Perjuicios morales [100 SLMLMV para cada demandante]”14 (resaltado añadido).

25. Sobre el daño antijurídico ocasionado, en los hechos de la demanda se indicó que la empresa demandante “ cerró sus instalaciones por el decaimiento de los actos administrativos mediante los cuales le otorgaron la licencia ambiental global

25. Sobre el daño antijurídico ocasionado, en los hechos de la demanda se indicó que la empresa demandante “ cerró sus instalaciones por el decaimiento de los actos administrativos mediante los cuales le otorgaron la licencia ambiental global del proyecto” y desde el día 22 de julio de 2015, conforme a las certificaciones expedidas por el representante legal de la empresa (demandante) y por el contador, cesó toda la operación minera; razón por la cual ( se transcribe de

manera literal):

“La empresa convocante ha dejado de percibir por el decaimiento de la Licencia Ambiental ingresos anuales superiores a los 1000 millones de pesos, y ha incumplido contratos firmados con empresas… y ha tenido que correr c on gastos exagerados para la realización del proceso de CONSULTA PREVIA, atendiendo la urgencia de reabrir la empresa y el proyecto minero

14 Folios 15 a 18, c. 1.Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00469-01 (64.742) Actor: Agregados del Cesar E.U. y otros Demandado: Nación – Ministerio del Interior y otro

Referencia: Reparación directa

9

(…)

“Mediante oficio DG0364 del 14 de diciembre de 2016, la corporación [Corpocesar] niega la solicitud impetrada por AGREGADOS DEL CESAR EU, aduciendo que lo ordenado por la Corte Constitucional al dejar sin valor y efecto la Resolución 1646 de 2010, tenía los efectos de nulidad y por ende la empresa debía iniciar un proceso de nuevo licenciamiento, lo que ha hecho más gravosa la situación de

ordenado por la Corte Constitucional al dejar sin valor y efecto la Resolución 1646 de 2010, tenía los efectos de nulidad y por ende la empresa debía iniciar un proceso de nuevo licenciamiento, lo que ha hecho más gravosa la situación de la empresa, toda vez que lleva paralizada casi dos años sin poder producir ”15 (negrilla añadida).

26. En lo atinente a las imputaciones que realizó la parte actora respecto de cada una de las entidades demandadas, precisó que la responsabilidad del Ministerio del Interior se concretaba por haber expedido de manera irregular y sin verificar técnicamente la información, el certificado de no presencia de grupos étnicos, que conllevó al otorgamiento de la licencia ambiental global (Resolución 1646 de 2010 dictada por Corpocesar), la cual fue dejada sin valor y efecto por la Corte Constitucional mediante sente ncia T-849 de 2014, “que a pesar de ser un acto legal ha ocasionado un daño antijurídico” . Agregó que, debido a esa falla en la expedición del correspondiente certificado, se generó una especie de “efecto bola de nieve”, que trajo como consecuencia un vici o de procedibilidad ulterior, toda vez que se estaban desconociendo los derechos fundamentales de las comunidades indígenas con presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta.

27. Con fundamento en esos argumentos, adujo que la actuación del Ministerio generó a los demandantes un daño especial que se concretó por la falta de previsión al momento de otorgar el certificado de presencia de grupos étnicos en la zona del proyecto.

28. Respecto de Cor