CE - 20230015501Alcal 20240509181554

Demandante: Néstor Eugenio Imbeth Tamara

Demandado: Pedro Tomás Martelo Imbett Rad: 70001-23-33-000-2023-00155-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 70001-23-33-000-2023-00155-01

Demandante: NÉSTOR EUGENIO IMBETH TAMARA

Demandado: PEDRO TOMÁS MARTELO IMBETT – ALCALDE MUNICIPAL DE SAN BENITO DE ABAD – SUCRE, PERIODO CONSTITUCIONAL 2024 – 2027

Temas: Causal de inhabilidad de alcalde por parentesco.

AUTO QUE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra el auto del 18 de diciembre de 2023, a través del cual el Tribunal Administrativo de Sucre, entre otras decisiones, accedió la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto acusado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El señor Néstor Eugenio Imbeth Tamara, actuando en nombre propio y en

provisional de los efectos jurídicos del acto acusado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El señor Néstor Eugenio Imbeth Tamara, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –

CPACA, solicitó1:

«PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto de elección del señor PEDRO TOMÁS MARTELO IMBETT, identificado con CC No 18856.217, como alcalde del municipio de San Benito Abad, Sucre (Periodo 2024 – 2027), contenido en el Acta E -26 ALC de fecha noviembre 1 de 2023, expedida por la Comisión Escrutadora de la Registraduría Nacional del Estado Civil, debidamente publicado.

SEGUNDA: En consecuencia, se ORDENE cancelar la correspondiente credencial expedida al señor PEDRO TOMÁS MARTELO IMBETT, identificado con CC No 18856.217, como alcalde del Municipio de San Benito Abad, Sucre (Periodo 2024 – 2027).

1 La demanda fue presentada el 16 de noviembre de 2023, como da cuenta la anotación 1 de SAMAI de la interfaz de la primera instancia. Archivo «02DemandaPruebas(.pdf) NroActua 1.Demandante: Néstor Eugenio Imbeth Tamara

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TERCERA: Comunicarle y ordenarle al señor Presidente de la República de Colombia que DESIGNE GOBERNADOR AD HOC en el Departamento de Sucre, para haga la convocatoria y demás actuaciones que se requieran para la nueva jornada electoral que deba realizarse con el fin de elegir alcalde en el municipio de San Benito Abad, Sucre, por el tiempo que haga falta para el período institucional que culmina el 31 de diciembre de 2027, como consecuencia de declaratoria de nulidad en cuestión, en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien se le deberá comunicar el fallo para lo de su competencia.

CUARTA: Conceder, en todo caso, bien sea al Gobernador (a) del Departamento de Sucre, o al Ad Hoc que se designe para tales fines, un plazo de tres (03) días hábiles para que convoque a nuevas elecciones, contabilizados para el primero, a partir desde el d ía en que se comunique el fallo a la gobernación, y para el segundo, desde que acepte la designación efectuada por el señor presidente, según el caso.

QUINTA: Ordenar, a las autoridades competentes, establecer un cronograma electoral que no sobrepase el termino de dos (02) meses, entre la convocatoria a elecciones y la fecha en que ellas deban realizarse.

SEXTA: Comunicar el fallo y exhortar a la Procuraduría General de la Nación,

electoral que no sobrepase el termino de dos (02) meses, entre la convocatoria a elecciones y la fecha en que ellas deban realizarse.

SEXTA: Comunicar el fallo y exhortar a la Procuraduría General de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones adelante las respectivas acciones preventivas y advertencias necesarias para la aplicación inmediata desde la notificación del fallo, de la ley de garantías electorales en el municipio de San Benito Abad, Sucre, teniendo en cuenta que el proceso eleccionario consecuente no debe sobre pasar los cuatro (4) meses contados desde la ejecutoria del fallo».

1.2. Hechos

2. El demandante refirió los siguientes:

3. El señor Pedro Tomás Martelo Imbett se inscribió como candidato a la alcaldía del municipio de San Benito de Abad – Sucre, periodo constitucional 2024 – 2027, por la coalición «GENTE FIRME», conformada por los partidos políticos Liberal

Colombiano y Cambio Radical.

4. Las elecciones se llevaron a cabo el 29 de octubre de 2023, en las que el demandado resultó ganador en la contienda electoral, siendo el nuevo alcalde electo de ese municipio, como da cuenta el Formulario E – 26 ALC del 1° de noviembre de 2023, expedido por la comisión escrutadora.

5. El señor Samuel José Martelo León es hermano del demandado, quien, a su vez, de acuerdo con la Resolución 832 del 21 de diciembre de 2022, expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil, se le asignaron funciones de registrador municipal de San Benito de Abad, ent re el 26 y 30 de diciembre de 2022, en

de acuerdo con la Resolución 832 del 21 de diciembre de 2022, expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil, se le asignaron funciones de registrador municipal de San Benito de Abad, ent re el 26 y 30 de diciembre de 2022, en consideración a que al titular del cargo se le concedió permiso por esos días.Demandante: Néstor Eugenio Imbeth Tamara

Demandado: Pedro Tomás Martelo Imbett Rad: 70001-23-33-000-2023-00155-01

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1.3. Normas violadas y concepto de violación

6. En criterio del demandante, con el acto acusado, se desconocieron el preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 40, 83 de la Constitución Política y los artículos 275.5 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA y 95.4 de la Ley 136 de 1994, modificada por la ley 617 de 2000.

7. Para sustentar su dicho, en síntesis, consideró que el señor Pedro Tomás Martelo Imbett no pudo ser elegido alcalde del municipio de San Benito de Abad – Sucre, porque que se encuentra incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000.

8. Lo anterior, en atención a que su hermano; el señor Samuel José Martelo León, dentro de los doce meses anteriores a la elección (29 de octubre de 2023), ejerció

8. Lo anterior, en atención a que su hermano; el señor Samuel José Martelo León, dentro de los doce meses anteriores a la elección (29 de octubre de 2023), ejerció autoridad civil y administrativa2 al ser registrador municipal de San Benito de Abad.

1.4. Solicitud de la medida cautelar3

9. La parte demandante, en acápite expreso en la demanda, solicitó como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, con fundamento

en lo siguiente:

9.1. Aseguró que, por tratarse el asunto de la nulidad de un acto de elección, las disposiciones aplicables son contenidas en el título VIII de la segunda parte del CPACA y en lo no regulado, son los artículos 229 y 231 de esa codificación. Este planteamiento tuvo sustento en un pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Sucre4.

9.2. De otra parte, trajo a colación las argumentaciones desarrolladas en el concepto de la violación, para concluir que el demandado no pudo ser elegido alcalde de San Benito de Abad, al estar inhabilitado.

1.5. Decisión recurrida

10. Mediante auto del 18 de diciembre de 20235, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la demanda y accedió a la medida cautelar solicitada.

11. En cuanto al fondo de la solicitud de suspensión de los efectos del acto acusado, señaló que para que se configure la inhabilidad establecida en el artículo 95.4 de la Ley 136 de 1994, modificada por la ley 617 de 2000, la jurisprudencia de la Sección

señaló que para que se configure la inhabilidad establecida en el artículo 95.4 de la Ley 136 de 1994, modificada por la ley 617 de 2000, la jurisprudencia de la Sección

2 Sobre estos conceptos, el actor desarrolló un capítulo de la demanda con el que concluyó que los registradores municipales ejercen funciones de autoridad civil y política. 3 Mediante auto del 29 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre corrió traslado de solicitud provisional de los efectos del acto acusado, conforme a la anotación 2 de SAMAI de la interfaz de la primera instancia. 4 El demandante aseveró que corresponde al radicado 70001-23-33-000-2019-00289-00. 5 Anotación 18 de SAMAI de la interfaz de la primera instancia.Demandante: Néstor Eugenio Imbeth Tamara

Demandado: Pedro Tomás Martelo Imbett Rad: 70001-23-33-000-2023-00155-01

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Quinta del Consejo de Estado ha trazado6 los siguientes presupuestos:

«i) Parentesco: vínculo por matrimonio o unión permanente o parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con un funcionario del municipio por el cual resultó electo el concejal.

1. Elemento temporal: que el funcionario haya ejercido autoridad en cualquier momento dentro de los 12 meses anteriores a la elección.

1. Elemento espacial: que la autoridad se haya ejercido en el respectivo municipio o distrito por el cual resultó electo el concejal.

momento dentro de los 12 meses anteriores a la elección.

1. Elemento espacial: que la autoridad se haya ejercido en el respectivo municipio o distrito por el cual resultó electo el concejal.

1. Elemento objetivo: que haya un ejercicio de autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio, en las condiciones anteriores».

12. Con esa tesis y las pruebas allegadas por el demandante con el escrito

introductorio, estudió el caso concreto, así:

13. Frente al primer presupuesto, adujo que el señor Pedro Tomás Martelo Imbett resultó electo alcalde del municipio de San Benito de Abad – Sucre, en la jornada electoral del 29 de octubre de 2023 y que es hermano del señor Samuel Martelo León, habida cuenta la correspondiente acta de escrutinio y los certificados de nacimiento de los citados.

14. En cuanto al segundo y tercer supuesto, mencionó que entre el 26 y 28 de diciembre de 20237, Martelo León prestó sus servicios como auxiliar administrativo, código 5120 -04 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con funciones de registrador municipal en San Benito de Abad, de acuerdo con la Resolución 832 de 2022 y una certificación laboral.

15. Referente al elemento objetivo, esbozó que el señor Samuel Martelo León fue titular de funciones de registrador municipal en San Benito de Abad, en el periodo inhabilitante, cuya ostentación, por sí mismas, aunque no se hayan ejercido, por esta sola circunstancia se desprende autoridad civil y administrativa, acudiendo al concepto de potencialidad8.

16. Determinó que el mencionado criterio hace referencia a que la autoridad civil y

esta sola circunstancia se desprende autoridad civil y administrativa, acudiendo al concepto de potencialidad8.

16. Determinó que el mencionado criterio hace referencia a que la autoridad civil y administrativa se ejerce por el simple hecho de ostentar ese tipo de facultades, en consideración a que, con la titularidad del cargo, podría existir un desequilibrio en el resultado del certamen democrático, en favor del candidato inhabilitado.

17. Por consiguiente, la primera instancia accedió a la suspensión provisional de

6 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1 de diciembre de 2022. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad. 76001-23-33-000-2019-01126-01. 7 Lapso que está dentro del año anterior a las elecciones territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023. 8 Postura que encuentra sustento en: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2019. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU).Demandante: Néstor Eugenio Imbeth Tamara

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los efectos del acto acusado, al acreditarse, de manera preliminar, la inhabilidad alegada.

1.6. Recurso de apelación

18. Mediante escrito radicado el 11 de enero de 2024 9 , el demandado, por

alegada.

1.6. Recurso de apelación

18. Mediante escrito radicado el 11 de enero de 2024 9 , el demandado, por intermedio de apoderado judicial, interpuso recurso de reposición contra el auto del 18 de diciembre de 2023 y posteriormente10, con fundamento en el artículo 318 del Código General del Proceso – CGP, solicitó que el mismo se adecuara al de apelación.

19. Señaló que en lo que atañe al factor temporal para que proceda la causal de inhabilidad invocada, debe aplicarse lo resuelto por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la sentencia del 28 de julio de 2005, bajo el radicado 2500023-24-000-2003-01122-01(3629).

20. Dijo que, en esa providencia, se señaló que las funciones de autoridad civil y administrativa que se desprende de los registradores municipales; que están detalladas en los numerales del 3 al 6 del artículo 48 del Código Electoral, sólo pueden ejercerse de acuerdo al calendario electoral expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil y no dentro del periodo inhabilitante que establece la norma.

21. En este sentido, estimó que no incurrió en la conducta inhabilitante, bajo el entendido que, de acuerdo con el calendario electoral, las primeras actividades fueron a partir del 29 de junio de 2023, momento en el cual iniciaron la inscripción de candidaturas y su hermano, para esa fecha, no ejercía funciones de registrador municipal, ni mucho menos pertenecía a la organización electoral, cuya renuncia fue aceptada a partir del 30 de diciembre de 2023.

de candidaturas y su hermano, para esa fecha, no ejercía funciones de registrador municipal, ni mucho menos pertenecía a la organización electoral, cuya renuncia fue aceptada a partir del 30 de diciembre de 2023.

22. Frente al elemento objetivo de la conducta reprochada, razonó que del plenario no existe prueba que Martelo León, entre el 26 y 30 de diciembre de 2023, desempeñó las funciones de los numerales 3 al 6 del artículo 48 del Código Electoral, con fundamento en la postura de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 200511.

23. Narró que el auto recurrido se apoyó en una sentencia del Consejo de Estado, de manera errada, desconociendo la providencia del 28 de julio de 2005, antes citada, sin ninguna argumentación, la cual era de obligatorio cumplimiento por constituir un precedente jurisprudencial.

24. Alegó que, con el decreto de la medida cautelar, se le defraudó la confianza legítima y seguridad jurídica, en razón a que tuvo la convicción de no estar incurso en causal de nulidad alguna, conforme a la sentencia que invoca como precedente.

9 Anotación 24 de SAMAI de la interfaz de la primera instancia. 10 El 22 de enero de 2024, conforme a la anotación 34 de SAMAI de la interfaz de la primera instancia. 11 La referida en la consideración 20.Demandante: Néstor Eugenio Imbeth Tamara

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25. En este orden de cosas, solicitó que se revoque el auto del 18 de diciembre de 2023, mediante el cual se decretó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado.

1.7. Pronunciamientos frente al recurso

1.7.1. Demandante y coadyuvante

26. A través de apoderado judicial, la parte actora y el señor David del Cristo Muñoz Lozano, en calidad de coadyuvante12, solicitaron rechazar la petición de adecuación del recurso presentado y se opuso a la prosperidad de este, por ser improcedente, en tanto que las disposiciones del contencioso electoral no prevén remisión a las reglas del CGP y de acuerdo con el CPACA, e n este caso, solo procedía el de apelación, el cual no fue presentado, en los términos que dispone la normativa aplicable.

27. Afirmaron que la sentencia del 28 de julio de 2005, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, bajo el expediente 3629 no es aplicable, en atención a que i) no es de unificación, bajo el entendido que para el momento que fue expedida, esta Corporación no tenía competencia para proferir ese tipo de decisiones; ii) no tiene los mismos supuestos fácticos y jurídicos, a la luz de la Sentencia SU -611/17 de la Corte Constitucional y iii) esta tesis fue abandonada por la Sala Plena del

Consejo de Estado13.

tiene los mismos supuestos fácticos y jurídicos, a la luz de la Sentencia SU -611/17 de la Corte Constitucional y iii) esta tesis fue abandonada por la Sala Plena del Consejo de Estado13.

28. Indicaron que, para el caso concreto, debe acudirse a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2019, proferida por la Sala Plena de esta Corporación, que «sí guarda identidad jurídica y fáctica con el debate jurídico que en este proceso nos ocupa».

1.8. Adecuación del recurso interpuesto al de apelación por parte del a quo

29. Mediante auto del 30 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de Sucre estudió la procedencia del recurso interpuesto (reposición), concluyendo que era no procedente y que en cumplimiento de los artículos 277 del CPACA y 318 del Código General del Proceso, correspondió adecuarlo al de apelación, de manera que este último lo concedió y ordenó remitir el expediente a esta corporación.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

30. La Sección es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que resuelve la solicitud de medidas cautelares, según lo

12 Reconocido mediante auto del 18 de diciembre de 2023. 13 Id. Nota al pie 8.Demandante: Néstor Eugenio Imbeth Tamara

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dispuesto en los artículos 125.2 literal f)14, 15015, 152.7 literal a)16 y 277 inciso final17 del CPACA.

2.2. Cuestión previa

31. Mediante auto del 4 de abril de 2024, el suscrito devolvió el expediente al Tribunal Administrativo de Sucre, con el fin de que se resolviera la procedencia del recurso de reposición presentado por el señor Enrique Rafael Ortega Almanza 18, contra la providencia del 30 de enero de 2024.

32. A través del proveído del 19 de abril de 2024, el a quo aceptó el desistimiento del recurso presentado por Ortega Almanza.

33. Teniendo en cuenta lo anterior, en el estudio de la segunda instancia no se tendrá en cuenta esas alegaciones.

34. De otra parte, el demandante sostiene 19 que debió dársele traslado del escrito del recurso de reposición, después de la adecuación que hizo la primera instancia en providencia del 30 de enero de 2024.

35. Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón a la parte actora porque lo cierto es que la Secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre realizó el traslado

14 ARTÍCULO 125. De la expedición de providencias. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:

(…)

Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:

(…)

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias:

(…)

f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala (…). 15 Artículo 150. <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente> Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)”. (Negrillas fuera del texto). 16 ARTÍCULO 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios (…). 17 Artículo 277. “Contenido del auto admisorio de la demanda y formas de practicar su notificación. Si la demanda reúne los requisitos legales se admitirá mediante auto, en el que se dispondrá:

(…)

17 Artículo 277. “Contenido del auto admisorio de la demanda y formas de practicar su notificación. Si la demanda reúne los requisitos legales se admitirá mediante auto, en el que se dispondrá:

(…)

En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la sala o sección. Contra este auto solo procede en los pro cesos de única instancia el recurso de reposición y, en los de primera, el de apelación”. 18 En el mismo escrito, el citado solicitó que se le reconociera como impugnador. 19 Índices 5 y 15 de SAMAI.Demandante: Néstor Eugenio Imbeth Tamara

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de ese memorial, informando así la existencia del medio de impugnación, como lo dispone el CPACA.

2.3. Oportunidad

36. El artículo 244 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021, aplicable por remisión del artículo 29620 de la misma codificación, regula para el caso en concreto el trámite del recurso de apelación contra autos en los siguientes términos:

La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:

(…)

el trámite del recurso de apelación contra autos en los siguientes términos:

La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:

(…)

3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral este término será de dos (2) días.

4. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano.

37. Para el asunto objeto de análisis, se tiene que i) la decisión recurrida fue proferida el 18 de diciembre de 2023, ii) la notificación del proveído se realizó de manera personal el 19 de diciembre de 202321, quedando surtida el 16 de enero de 202422, no obstante y antes de que finalizara, el recurrente (demandado) presentó el escrito de impugnación el 11 de enero de 202423.

38. Por lo anterior, se concluye que el recurso de reposición; adecuado al de apelación presentados contra el auto del 18 de diciembre de 2023 es oportuno y, por ende, hay lugar a pronunciarse sobre el mismo.

2.4. Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala determinar, con base en los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición (adecuado al de apelación), si en este caso hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión de acceder a la solicitud de suspensión provisional pretendida por el demandante.

el recurso de reposición (adecuado al de apelación), si en este caso hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión de acceder a la solicitud de suspensión provisional pretendida por el demandante.

40. Para el efecto, habrá de estudiarse si en el caso concreto se reúnen los requisitos para el decreto de la medida cautelar solicitada para lo cual deberá establecerse si, prima facie, se desconocieron los artículos 275.5 del CPACA y 95.4 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, al expedir el acto de

20 Artículo 296. Aspectos no regulados. En lo no regulado en este título se aplicarán las disposiciones del proceso ordinario en tanto sean compatibles con la naturaleza del proceso electoral. 21 Anotación 21 de SAMAI de la interfaz de la primera instancia. 22 No debe olvidarse el término que establece el artículo 205 del CPACA. 23 Id. Nota al pie 9.Demandante: Néstor Eugenio Imbeth Tamara

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elección del señor Pedro Tomás Martelo Imbett, como alcalde municipal de San Benito de Abad, periodo constitucional 2024 – 2027.

41. Es de aclarar que contrario a lo sostenido por el demandante y el coadyuvante, David del Cristo Muñoz Lozano, el recurso sí está debidamente sustentado, ya que se centra en cuestionar que el señor Pedro Tomas Martelo Imbett no está

41. Es de aclarar que contrario a lo sostenido por el demandante y el coadyuvante, David del Cristo Muñoz Lozano, el recurso sí está debidamente sustentado, ya que se centra en cuestionar que el señor Pedro Tomas Martelo Imbett no está inhabilitado para ser alcalde del municipio de San Benito de Abad.

42. Con ello, resulta procedente analizar si la asignación de funciones de registrador municipal de San Benito de Abad, entre el 26 y 30 de diciembre de 2022, al señor Samuel José Martelo León comporta el ejercicio de autoridad civil o administrativa, de conformidad con lo dicho por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

2.5. De la medida cautelar de suspensión provisional en materia electoral

43. El artículo 238 de la Constitución Política establece la facultad que tiene la jurisdicción de lo contencioso administrativo para suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

44. En este orden de cosas, el Capítulo XI del Título V de la Parte Segunda del CPACA consagró la posibilidad de decretar medidas cautelares dentro de todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, sin que dicho acto implique prejuzgamiento alguno.

45. En materia de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, el artículo 231 ibidem fijó una serie requisitos en los siguientes términos:

«Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado,

«Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos (…)».

46. De manera concreta, en materia de nulidad electoral, el artículo 277 de la precitada normativa estableció que la solicitud de suspensión provisional debe elevarse en la demanda y que aquella debe resolverse en el auto admisorio.

47. Sin embargo, esta misma Sala de Decisión ha aceptado que no necesariamente la medida cautelar debe presentarse en el texto mismo de la demanda, sino que tal y como se permite en los procesos ordinarios puede ser presentada en escrito anexo a esta, pero siempre y cuando se haga dentro del término de caducidad.

48. Específicamente, en oportunidad anterior se estableció:Demandante: Néstor Eugenio Imbeth Tamara

Demandado: Pedro Tomás Martelo Imbett Rad: 70001-23-33-000-2023-00155-01

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«Entonces, las disposiciones precisan que la medida cautelar i) se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que

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«Entonces, las disposiciones precisan que la medida cautelar i) se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado -siempre que el/los cargo(s) estén comprendidos en la demanda y que se encuentre en término para accionaro en la misma demanda, pero en todo caso que sea específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el concepto d e violación y ii) al resolver se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

(…)

En este sentido, según lo allí dispuesto, existe la posibilidad de que en forma cautelar se sus