CE - 20230087101Resuelvea 0 20240606143118180

Demandantes: Jimmy García Gómez y otro Demandada: Sandra Milena Galvis Mora, concejal del distrito de Barrancabermeja, Santander, periodo 2024-2027

Radicación: 68001-23-33-000-2023-00871-01 (principal) 68001-23-33-000-2024-00059-01 (acumulado)

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad electoral Radicación: 68001-23-33-000-2023-00871-01 (principal) 68001-23-33-000-2024-00059-01 (acumulado) Demandantes: Jimmy García Gómez y otro Demandada: Sandra Milena Galvis Mora, concejal de l distrito de Barrancabermeja, Santander, periodo 2024-2027

Temas: Apelación de medida cautelar. Inhabilidad por vínculo o parentesco con representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones . Sobretasa bomberil.

AUTO QUE RESUELVE APELACIÓN

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Jimmy García Gómez, demandante en el proceso con el radicado 2023 -00871 (principal), contra el auto del 15 de marzo del 2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Jimmy García Gómez, demandante en el proceso con el radicado 2023 -00871 (principal), contra el auto del 15 de marzo del 2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Santander negó la medida cautelar solicitada.

I. ANTECEDENTES

1.1 Demanda (Radicado 2023-00871)1

1. El ciudadano Jimmy García Gómez , actuando en nombre propio , y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, presentó demanda el 18 de diciembre del 2023, en la que solicitó la nulidad parcial del formulario E26CON del 8 de noviembre de la misma anualidad, por medio del cual se declaró la elección de la señora Sandra Milena Galvis Mora como concejal del distrito de Barrancabermeja , Santander para el per iodo constitucional 2024-2027.

1.2. Hechos

2. Refirió que la demandada se inscribió como candidata al Concejo Municipal de Barrancabermeja para el periodo 2024-2027, cargo para el cual resultó electa en los comicios del 29 de octubre de 2023.

3. Sostuvo que la señora Sandra Milena Galvis Mora es cónyuge del señor Luis Alexander Díaz Arias, quien es el actual representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja y que tiene, entre otras, las siguientes funciones: (i) representar a la institución en los actos administrativos y sociales, (ii) realizar los contratos que fuesen necesarios para el desarrollo del cuerpo de

Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja y que tiene, entre otras, las siguientes funciones: (i) representar a la institución en los actos administrativos y sociales, (ii) realizar los contratos que fuesen necesarios para el desarrollo del cuerpo de bomberos, y (iii) ordenar gastos de la institución.

1 Esta medida cautelar corresponde al mencionado radicado, se hace esta aclaración, teniendo en cuenta que al momento de resolver la suspensión provisional se acumularon los procesos.Demandantes: Jimmy García Gómez y otro Demandada: Sandra Milena Galvis Mora, concejal del distrito de Barrancabermeja, Santander, periodo 2024-2027

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4. Indicó que el recaudo y la destinación de la sobretasa bomberil es para el cuerpo de bomberos de conformidad con el Acuerdo 015 de 2020.

5. Señaló que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja y el Distrito de Barrancabermeja suscribieron el convenio 0370 -23 de 2023, cuyo objeto e s «convenio interinstitucional de transferencia por concepto de sobretasa bomberil para apoyo al servicio público integral del riesgo contra incendio, de conformidad con las funciones y obligaciones establecidas en la ley 1575 de 2012».

6. Estimó que el cónyuge de la demandada, en su calidad de representante del

apoyo al servicio público integral del riesgo contra incendio, de conformidad con las funciones y obligaciones establecidas en la ley 1575 de 2012».

6. Estimó que el cónyuge de la demandada, en su calidad de representante del cuerpo de bomberos, administró recursos de origen y naturaleza pública, esto es, la sobretasa bomberil.

1.3 Concepto de la violación

7. La parte actora consideró que la elección c uestionada es nula en virtud de lo dispuesto en el artículo 275.52 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con la inhabilidad prevista en el artículo 43.43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

8. Al respecto indicó que se encontraban acreditados los elementos constitutivos de

la causal de inelegibilidad endilgada, así:

Elemento de parentesco : Por el vínculo de matrimonio que existe entre la demandada y el representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de

Barrancabermeja.

Elemento temporal: Por la suscripción por parte del representante legal del cuerpo de bomberos del convenio 0370-23 con el distrito de Barrancabermeja y cuyo objeto es, a su juicio, administrar los recursos provenientes de la sobretasa bomberil, esto es, dentro de los 12 meses a nteriores a la elección de la demandada.

Elemento subjetivo : Por considerar que el cónyuge de la demandada era representante legal de una entidad de las que administran recursos tales como tributos, tasas o contribuciones.

Elemento espacial: Señaló que el convenio para l a administración de la tasa

representante legal de una entidad de las que administran recursos tales como tributos, tasas o contribuciones.

Elemento espacial: Señaló que el convenio para l a administración de la tasa bomberil se realizó en el distrito de Barrancabermeja donde resultó elegida la

señora Galvis Mora.

1.4 Solicitud de medida cautelar

9. En el mismo escrito de la demanda y con soporte en el concepto de la violación y los hechos descritos en precedencia, solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto demandado.

2Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: (…) 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad (…)». 3 Artículo 43. Inhabilidades. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones , o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de

el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones , o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. (…)».Demandantes: Jimmy García Gómez y otro Demandada: Sandra Milena Galvis Mora, concejal del distrito de Barrancabermeja, Santander, periodo 2024-2027

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1.5 Trámite procesal de primera instancia

10. El 16 de diciembre del 2023, el despacho conductor de primera instancia admitió la demanda y dispuso correr traslado de la petición cautelar. Durante el plazo otorgado se presentaron las siguientes intervenciones:

11. La demandada, actuando a través de apoderado judicial, mediante escrito del 17 de enero de 2024, solicitó que se negara la suspensión provisional solicitada.

Consideró que , por la naturaleza d el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, su representante legal no tiene la función o la facultad de administrar tributos, tasas y contribuciones, pues esta recae única y exclusivamente sobre el distrito de Barrancabermeja.

12. Agregó que, frente a la sobretasa bomberil, el artículo 136 del Acuerdo 015 de 2020 prevé: «El Distrito de Barrancabermeja es el sujeto activo de la sobretasa

sobre el distrito de Barrancabermeja.

12. Agregó que, frente a la sobretasa bomberil, el artículo 136 del Acuerdo 015 de 2020 prevé: «El Distrito de Barrancabermeja es el sujeto activo de la sobretasa bomberil que se cause en su jurisdicción territorial, y en él radican las potestades tributarias de administración , control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro» (resaltado del texto).

13. La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.5.1 Auto que negó la medida cautelar

14. En providencia del 15 de marzo de 2024 el Tribunal Administrativo de Santander negó la suspensión provisional de los efectos del acto demandado.

15. Expuso que, en esta etapa preliminar, no se acreditó la inhabilidad endilgada a la accionada, porque, el cuerpo de bomberos voluntarios no tiene a cargo la administración de la sobretasa bomberil , la cual está en cabeza del distrito de Barrancabermeja, sujeto activo del tributo.

16. Para sustentar la anterior conclusión planteó, entre otras, las siguientes

consideraciones:

(i) Los cuerpos de bomberos voluntarios son asociaciones privadas que prestan un servicio público y sus actuaciones se realizan en el marco del derecho privado, por lo que sus miembros no se pueden considerar empleados públicos ni tampoco particulares con funciones administrativas.

(ii) El artículo 1º de la Ley 1386 de 2010 prohíbe expresamente la administración de tributos por particulares , por ello, los bomberos voluntarios no pueden administrar tributos.

públicos ni tampoco particulares con funciones administrativas.

(ii) El artículo 1º de la Ley 1386 de 2010 prohíbe expresamente la administración de tributos por particulares , por ello, los bomberos voluntarios no pueden administrar tributos.

(iii) El Convenio 070 -23 celebrado entre el distrito y el cuerpo de bomberos voluntarios tiene por objeto transferir recursos públicos con destinación específica, que fueron obtenidos mediante una de las fuentes de financiación propias de las entidades territoriales -la sobretasa bomberil -, supuesto de hecho que no tiene relación a lguna con la administración de un tributo, potestad que implica su recaudo directo, proveniente de los contribuyentes, así como otras funciones conexas, como el control, la fiscalización, la liquidación, la discusión, la devolución, el cobro, etc.Demandantes: Jimmy García Gómez y otro Demandada: Sandra Milena Galvis Mora, concejal del distrito de Barrancabermeja, Santander, periodo 2024-2027

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1.5.2 Recurso de apelación

17. El demandante, el 20 de marzo de 2024, recurrió la decisión antes señalada.

Para refutar la razón expuesta por el fallador de instancia, indicó que las pruebas aportadas dan cuenta que el cónyuge de la demandada , en su calidad de representante legal del cuerpo de bomberos voluntarios, administró unos recursos

Para refutar la razón expuesta por el fallador de instancia, indicó que las pruebas aportadas dan cuenta que el cónyuge de la demandada , en su calidad de representante legal del cuerpo de bomberos voluntarios, administró unos recursos que le entregó el distrito de Barrancabermeja, sin que sea el momento para entrar a establecer la naturaleza de los mismos, que, a su juicio, es a donde se ha desviado la atención para el caso en cuestión , porque lo que se evidencia es una clara situación de desbalance determinada por la ley como una inhabilidad para aspirar a ser elegida.

18. Agregó que si bien el Acuerdo 015 de 2020 «estatuto tributario» establece como sujeto activo de la sobretasa bomberil al Distrito de Barrancabermeja, lo anterior no significa que el cuerpo de bomberos voluntarios no maneje recursos públicos, pues, conforme a la Ley 1575 del 2012 , le corres ponde a éste , en cabeza de su representante legal, ejecutar los dineros provenientes de la tasa bomberil, situación que le otorga la connotación de sujetos de control fiscal conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 267 de 2000.

19. Señaló que, pese a que estos recursos tienen una destinación espec ífica, su manejo está sujeto a la verificación que el supervisor del convenio efectúe. Además, que del acta de liquidación del acuerdo de voluntades se desprende la administración de tributos.

20. Concluyó que el señor Luis Alexander Díaz Arias , representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja y cónyuge de la demandada, recibe y ejecuta recursos públicos , específicamente destinados a la prestación del

20. Concluyó que el señor Luis Alexander Díaz Arias , representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja y cónyuge de la demandada, recibe y ejecuta recursos públicos , específicamente destinados a la prestación del servicio público, motivo por el cual se configura la causal invocada y , como consecuencia, procede el decreto de la medida cautelar solicitada.

21. El apoderado de la accionada, mediante escrito del 21 de marzo de 2024, se pronunció sobre el recurso interpuesto. Señaló que la administración de la sobretasa bomberil no radica en cabeza del comandante y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, sino expresamente en el distrito de conformidad con su estatuto tributario , por lo que solicita que se confirme la providencia apelada.

22. Mediante auto del 11 de abril de 2024, la magistrada ponente de primera instancia concedió el recurso de apelación presentado por el señor Jimmy García Gómez, ordenó remitir el expediente a esta corporación y rechazó, por extemporáneo, el presentado por el apoderado de la demandada en contra de la providencia del 11 de marzo de 2024 proferida en el expediente con el radicado 2024-000594, antes de ser acumulado con el radicado 2023-00871, mediante el cual se decretó la suspensión provisional del acto demandado5.

23. El apoderado de la señora Galvis Mora , el 15 de abril siguiente, presentó solicitud de aclaración y corrección de la anterior providencia 6. Por auto del 15 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander decidió la misma7.

solicitud de aclaración y corrección de la anterior providencia 6. Por auto del 15 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander decidió la misma7.

4 La acumulación de los procesos con los radicados 2023-00871 y 2024-00059 se ordenó por auto del 15 de marzo de 2024. 5 Esta decisión se dejó sin efectos por parte del tribunal mediante auto del 23 de mayo de 2024, según las actuaciones registradas en Samai. 6 A pesar de esta solicitud, el expediente fue remitido a esta corporación, una vez se recibió el mismo, por auto del 29 de abril de 2024, la ponente de esta decisión ordenó devolverlo al tribunal para que se resolviera la misma por no encontrarse ejecutoriado el auto que concedió la alzada. 7 Negó la aclaración y corrigió la parte considerativa en razón a que la parte pasiva sí se había pronunciado en el traslado.Demandantes: Jimmy García Gómez y otro Demandada: Sandra Milena Galvis Mora, concejal del distrito de Barrancabermeja, Santander, periodo 2024-2027

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

24. De conformidad con lo establecido en los artículos 1508, 125.2.h)9 y 152.7.a)10 de la Ley 1437 del 2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 proferido por

24. De conformidad con lo establecido en los artículos 1508, 125.2.h)9 y 152.7.a)10 de la Ley 1437 del 2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para resolver sobre la apelación del auto que negó la medida cautelar en el proceso con el radicado 2023-00871 (principal).

2.2. Procedencia y oportunidad en la interposición del recurso

25. El inciso final del artículo 277 11 de la Ley 1437 de 2011 prevé que es apelable el auto que resuelve la solicitud de suspensión provisional del acto demandado cuando se dicte en primera instancia.

26. En relación con la oportunidad para presentarlo, el numeral 3º del artículo 244 de ese mismo estatuto señala que si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral, este término será de dos (2) días.

27. En este caso, la providencia se notificó por estado del 19 de marzo de 2024 y el recurso se presentó el 20 del mismo mes y año, es decir, oportunamente.

2.3. Asuntos a tratar

28. A efectos de resolver sobre este asunto particular, la Sala abordará los siguientes temas: (i) las medidas cautelares en el medio de control de nulidad electoral; (ii) generalidades de las inhabilidades y el régimen establecido para la relativa a la de vínculo o parentesco con representantes legales de entidades que

siguientes temas: (i) las medidas cautelares en el medio de control de nulidad electoral; (ii) generalidades de las inhabilidades y el régimen establecido para la relativa a la de vínculo o parentesco con representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones y, (iii) la respuesta a los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, tendientes a demostrar el elemento orgánico de la inhabilidad endilgada al demandado, para concluir si se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primera instancia.

2.3.1. Medidas cautelares en el proceso de nulidad electoral

29. El artículo 230 de la Ley 1437 de 2011 establece una fórmula innominada para la adopción de medidas cautelares, clasificándolas en preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, admitiendo en esta tipología cualquier clase de

8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. (…)». 9 «De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:

1. Corresponderá a los jueces proferir los autos y las sentencias.

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (…) h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente. (…)». 10 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos

decisión será de ponente. (…)». 10 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos , de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración; (…)» 11 «(…) En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la sala o sección. Contra este auto solo procede en los procesos de única instancia el recurso de reposición y, en los de primera, el de apelación».Demandantes: Jimmy García Gómez y otro Demandada: Sandra Milena Galvis Mora, concejal del distrito de Barrancabermeja, Santander, periodo 2024-2027

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mecanismo que el j uez encuentre necesario para garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia e impedir que el ejercicio del medio de control respectivo pierda su finalidad.

30. En este amplio catálogo, se contempló en el numeral 3º12, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, como herencia del anterior estatuto, esto es, el Decreto 01 de 1984, el cual dedicaba el título XVII a regular esta figura como la única cautela posible. Así las cosas, al coexistir e n la actualidad diferentes modalidades de medidas cautelares, concurren también distintos presupuestos para ordenarlas, teniendo siempre presente que la interpretación de los requisitos procesales para su procedencia debe hacerse a la luz de la tutela judicial efectiva, la cual parte de reconocer que no solo las personas tienen el derecho de acudir a los órganos judiciales para formular su demanda, sino a que el objeto del litigio, se le proteja desde el inicio del trámite a fin de asegurar la justicia material y que la sentencia cumpla su cometido.

31. Según el artículo 231 del mismo cuerpo normativo , cuando se pretenda la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, el solicitante debe cumplir los requisitos señalados en el inciso primero de dicha norma que dispone:

«Art. 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos, procederá

«Art. 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos, procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud (…)».

32. Sobre el particular, esta corporación ha destacado, que la actual regulación de esta herramienta procesal no exige la «manifiesta infracción» de la norma superior, como lo ordenaba la legislación anterior, por lo que se advierte una variación significativa para su prosperidad. En efecto, en el antiguo régimen, para el decreto de la suspensión provisional del acto acusado, la jurisprudencia de esta alta corte exigía que la contrariedad con el ordenamiento superior debía ser ostensible, clara, manifiesta, flagrante o grosera, lo cual promovió que, en no pocas ocasiones, esta circunstancia hiciera casi imposible su viabilidad, afectando sustancialmente el propósito de la medida cautelar y el derecho a la tutela judicial efectiva.

33. Acorde con lo anterior, en la actualidad, según el artículo previamente citado, el juez administrativo está habilitado para confrontar el acto demandado y las normas invocadas como transgredidas, a partir de la interpretación de la ley y la jurisprudencia y la valoración de las pruebas allegadas con la solicitud, lo que implica hacer un estudio amplio, analítico y razonado, para verificar si se vulnera el ordenamiento jurídico, sin perder de vista que, en todo caso, se trata de una decisión

jurisprudencia y la valoración de las pruebas allegadas con la solicitud, lo que implica hacer un estudio amplio, analítico y razonado, para verificar si se vulnera el ordenamiento jurídico, sin perder de vista que, en todo caso, se trata de una decisión temporal, que no implica prejuzgamiento, según las voces del artículo 229 ibidem13.

34. Así mismo, aunque este presupuesto puede coincidir con el examen del fondo de la litis, debe precisarse que, por tratarse de una medida provisional, producto de un juicio preliminar, no tiene carácter definitivo, pues, de conformidad con el artículo 235 ibidem, existe la posibilidad de modificarla o revocarla, aún, de dictar un fallo desestimatorio de las pretensiones, caso en el cual, esta debe levantarse.

12 Ley 1437 de 2011. Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: (…) 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (…) 13 Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 29 de enero de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. 11001-0327-000-2013-00014-00 (20066).Demandantes: Jimmy García Gómez y otro Demandada: Sandra Milena Galvis Mora, concejal del distrito de Barrancabermeja, Santander, periodo 2024-2027

27-000-2013-00014-00 (20066).Demandantes: Jimmy García Gómez y otro Demandada: Sandra Milena Galvis Mora, concejal del distrito de Barrancabermeja, Santander, periodo 2024-2027

Radicación: 68001-23-33-000-2023-00871-01 (principal) 68001-23-33-000-2024-00059-01 (acumulado)

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35. De otro lado, en el contencio so electoral, para que proceda la medida de suspensión provisional, debe establecerse que el acto acusado es violatorio de alguna de las disposiciones que se consideran infringidas en la demanda o en el acápite correspondiente del escrito introductorio, se gún lo dispone el artículo 231, aplicable a este trámite especial por remisión del artículo 296 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

36. Lo anterior en tanto el artículo 277 ibidem, norma especial para este tipo de procesos, establece que la solicitud debe estar contenida en el mismo escrito de demanda y resolverse en el auto admisorio, razón por la cual, resulta apenas razonable y acorde con la tutela judicial efectiva, que su decreto bien pueda fundarse en las razo nes invocadas tanto en el libelo inicial como en el escrito contentivo de la petición cautelar14.

2.3.2. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección popular15

37. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen los ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como

2.3.2. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección popular15

37. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen los ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como acceder a los cargos de elección popular, en condiciones de igualdad y transparencia, según lo disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El derecho a la pa rticipación política, específicamente, ha sido erigido como derecho fundamental, tal como se desprende de varios pronunciamientos de la Corte Constitucional. En tal sentido, ha expresado este alto tribunal:

«Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y dentro de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los derechos fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la dirección política de la socieda d constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo»16

38. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el interés general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de las personas a la función pública 17. Dentro de estas limitaciones encontramos el régimen de inhabilidades, como restricciones que tienen como finalidad «garantizar que a los cargos de elección popular se presenten personas probas y carentes de antecedentes negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten condiciones de privilegio por cuenta de vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda electoral»18.

y carentes de antecedentes negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten condiciones de privilegio por cuenta de vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda electoral»18.

39. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la Corporación ha señalado que el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en «lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los personales del aspirante »19. Así mismo, en la realización del principio democrático 20 esta Sala ha reconocido que estos re