CE - 202300873DHDICIPLIN 20240417124137
Detalles
- Título
- CE - 202300873DHDICIPLIN 20240417124137
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
Consejero ponente: Óscar Darío Amaya Navas
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-06-000-2023-00873-00
Referencia: conflicto de competencias administrativas Partes: Fiscalía General de la Nación – Dirección de Control Disciplinario y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá Asunto: autoridad competente para conocer de un proceso disciplinario contra empleados judiciales de la Fiscalía General de la Nación, por una presunta falta disciplinaria por omisión, que inició antes de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial entrara en funcionamiento. Reiteración
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10.°, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20212, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Mediante Auto del 19 de febrero de 2018, la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá3 resolvió remitir por competencia a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación , un informe presentado por la contralora delegada del sector defensa, justicia y seguridad, que dio origen en esa Procuraduría al expediente disciplinario radicado núm. IUS E-2017-749129.
General de la Nación , un informe presentado por la contralora delegada del sector defensa, justicia y seguridad, que dio origen en esa Procuraduría al expediente disciplinario radicado núm. IUS E-2017-749129.
La coordinadora y supervisora del grupo auditor de gastos reservados de la Contraloría General de la República, en auditoría realizada a los recursos de gastos reservados ejecutados por la Fiscalía General de la Nación durante la vigencia de 2016, encontró entre otros, el hallazgo núm. 44 en relación con el Gasto Geolocalización -Contrato Avantel (D).
1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Expediente digital, carpeta principal, subc arpeta SIRED 53512, archivo 20220114134653458.pdf, folios 25-26.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00873-00 Página 2 de 26
2. A partir de esta remisión , mediante Auto DCD -02-1303-894 del 4 de abril de 2019, dentro del expediente con radicado núm. 48212 , la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación ordenó la apertura de indagación preliminar en averiguación de responsables y la práctica de pruebas , por las presuntas irregularidades en que se pudo haber incurrido en esa entidad, con el uso del
Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación ordenó la apertura de indagación preliminar en averiguación de responsables y la práctica de pruebas , por las presuntas irregularidades en que se pudo haber incurrido en esa entidad, con el uso del presupuesto de gastos reservados para la celebración del contrato 0215 del 18 de marzo de 2016.
3. El 17 de marzo de 2021 , mediante Auto DCD -01-13375, la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación declaró la caducidad de la acción disciplinaria iniciada en averiguación de responsables dentro del proceso disciplinario con radicado núm. 48212. Igualmente, ordenó la remisión de copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial Bogotá, con el fin de que se investigara la mora en el trámite de ese proceso.
5. El 28 de abril de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá – Sala de Decisión6, resolvió abstenerse de iniciar la actuación disciplinaria7 a que hubiera lugar y dispuso la remisión de copias a la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación , con el fin de que adelantara las actuaciones correspondientes, toda vez que se trata de hechos sucedidos con anterioridad al 13 de enero de 2021.
6. Mediante Auto DCD -13-30-75 del 5 de octubre de 2023 8, la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación declaró su falta de competencia para adelantar la actuación disciplinaria, proponiendo la colisión de competencias administrativas, y, ordenando la remisión del asunto a esta Sala.
Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación declaró su falta de competencia para adelantar la actuación disciplinaria, proponiendo la colisión de competencias administrativas, y, ordenando la remisión del asunto a esta Sala.
4 Ibidem, folios 27-32 5 Ibidem, folios 127-131 6Ibidem, folios 3-11. 7 Es de anotar que en este auto la Comisión refiere que el 26 de enero de 2022 mediante correo electrónico, se allegó la compulsa de copias ordenada por la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación mediante Auto del 17 de marzo de 2021 dentro del expediente disciplinario 48212, en contra de Ricardo Combita Nope, en calidad de Técnico Investigador II, de la Dirección quien había sido designado para que en el término establecido por la ley y con el lleno de las formalidades legales, adelant ara las diligencias de impulso ordenadas y practi cara las pruebas decretadas en el Auto DCD-02-1303-897 del 4 de abril de 2019, en dicho expediente. Sin embargo, la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación en las actuaciones adelantadas en este trámite señaló que la actuación disciplinaria se adelantaba en “averiguación de responsables”. 8 Ibidem, folios 13-20Radicación: 11001-03-06-000-2023-00873-00 Página 3 de 26
II. ACTUACIÓN PROCESAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado
II. ACTUACIÓN PROCESAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 848 del 12 de diciembre de 2023 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto9.
Consta en el expediente que comunicó el presente conflicto a la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación , a la Comisión Seccional Disciplina Judicial de Bogotá y al señor Ricardo Combita Nope.10
En informe secretarial del 19 de diciembre de 202311 se precisó que, dentro del término de fijación, la Fiscalía General de la Nación presentó consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.
En sala del 27 de febrero de 202 4, la doctora Ana María Charry Gaitán someti ó a consideración de la Sala el proyecto que resolvía el presente conflicto de competencias administrativas el cual fue derrotado por la mayoría, por lo que se ordenó el cambio de ponente, siendo asignado al consejero que actúa como ponente en esta providencia.
III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES
1. Fiscalía General de la Nación12
Mediante Oficio No. DCD-10800 del 18 de diciembre de 2023, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de alegatos, en el que expone los argumentos que sustentan su
1. Fiscalía General de la Nación12
Mediante Oficio No. DCD-10800 del 18 de diciembre de 2023, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de alegatos, en el que expone los argumentos que sustentan su rechazo a la competencia en este asunto, dentro de los cuales adujo que, el inciso 5 del artículo 2 de la Ley 1952 de 2029, modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, estableció que la competencia para conocer de las actuaciones en donde se investigue la conducta de servidores de la rama judicial corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales.
Adicionalmente citó el parágrafo transitorio del artículo 93 de la misma norma, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, donde se determinó que la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación, seguirá conociendo de los procesos disciplinarios cuyos hechos tuvieron ocurrencia hasta antes del 13 de enero de 2021 hasta su finalización, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002.
9 Expediente digital, archivo 8_110010306000202300873001POREDICTO20231206194410.pdf 10 Expediente digital, archivo7_110010306000202300873008REPARTOYRADIC20231206194054.pdf 11 Expediente digital, 010ALDESPACHOPORREPARTO_INFORMESECRETARIAL.pdf 12 Expediente digital, 008_memorialWeb_Alegatos.pdfRadicación: 11001-03-06-000-2023-00873-00 Página 4 de 26
A su juicio, se trata de una r egla de competencia reforzada por la Corte Constitucional en la sentencia C-373 del 13 de julio d e 2016, en donde aclaró que es forzoso concluir que los procesos disciplinarios que se venían adelantan do contra los empleados de la Fiscalía General de la Nación seguirán en cabeza de la autoridad competente primigenia, que solo sería desplazada funcional mente cuando entrara en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en aplicación de los principios de legalidad, juez natural e igualdad.
Respecto al caso concreto, adujo que no se comparte lo afirmado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, en cuanto a que la conducta que se pretende investigar posiblemente imputable a servidores adscritos a la Dirección de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación , ocurrió en fecha anterior a la instalación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (enero 13 de 2021).
Esto debido a que, la falta disciplinaria atribuida por la posible omisión en la instrucción del trámite disciplinario en el que operó el fenómeno de la caducidad, se mantuvo en el tiempo hasta el 17 de marzo de 2021. Por lo cual se entiende que en esta última fecha se materializó la comisión de la conducta probablemente reprochable, por la pérdida de oportunidad para el ejercicio de la acción di sciplinaria, siendo por ende esa la fecha la que determina la ley aplicable de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1952 de 2019.
Señaló que, e s necesario tener en cuenta que para la determinación del momento de realización de la conducta, esta puede darse en forma instantánea, caso en el cual el día
Señaló que, e s necesario tener en cuenta que para la determinación del momento de realización de la conducta, esta puede darse en forma instantánea, caso en el cual el día de la realización dete rminará la ley aplicable; o por el contrario, la conducta puede permanecer en el tiempo, considerándose como continuada, situación en la cual, se entenderá realizada con el último acto, y entonces será este el que determina que la ley aplicable será la vigente para ese momento tanto en lo sustancial como en lo procesal, incluyendo así la determinación del funcionario competente.
En consecuencia, concluyó que para que una actuación disciplinaria pueda quedar bajo el conocimiento del Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación su ocurrencia (consumación) debe haberse dado hasta el 12 de enero de 2021 inclusive, fecha prevista por el Legislador para determinar que el funcionario competente sea esta dependencia.
Reafirmó que, para la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la conducta omisiva probablemente reprochable y atribuible a funcionarios por determinar de la Fiscalía General de la Nación, venía cometiéndose en el tiempo en forma constante en fecha anterior al 13 de enero de 2021 y así permaneció hasta el 17 de marzo del mismo año, cuando por vencimiento de términos cesó el deber de actuar, por configurarse la pérdida de competencia ante la declaratoria de caducidad de la acción.
Consideró que el argumento expuesto por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá desconoce la regla de competencia aquí analizada, y que la tesis expuesta,Radicación: 11001-03-06-000-2023-00873-00 Página 5 de 26
de Bogotá desconoce la regla de competencia aquí analizada, y que la tesis expuesta,Radicación: 11001-03-06-000-2023-00873-00 Página 5 de 26
en cuanto a que se trata de una falta continuada, fue avalada en el pronunciamiento del 21 de junio de 2023, dentro del radicado 11001 -03-06-000-2023-00037-00 de la Honorable Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá – Sala de Decisión13
Esta autoridad no presentó alegatos; sin embargo, los argumentos que sustentan su falta de competencia se pueden extraer de la decisión del 28 de abril de 2023, por medio de la cual se abstuvo de iniciar la actuación disciplinaria y ordenó la remisión por competencia a la Fiscalía General de la Nación.
Respecto de su órbita de competencia precisó que se circunscribe a las quejas e informes que pongan en su conocimiento ciudadanos o autoridades publicas respecto de posibles conductas disciplinarias en que incurran abogados, funcionarios y empleados judiciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 257 A de la Constitución Política, el numeral 20 del artículo 114 de la Ley 270 de 1996 y los artículos 239 y 240 de la Ley 1952 de 2019 modificado por el artícul 61 de la Ley 2094 de 2021.
No obstante, es dable aclarar que la competencia par a investigar empleados judiciales, es concomitante con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, por el cual se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, es deci r, a partir del
es concomitante con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, por el cual se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, es deci r, a partir del 13 de enero de 2021, momento en el que tomaron posesión los Magistrados.
Manifestó que a nalizadas las actuaciones adelantadas dentro del proceso disciplinario núm. 48212 en contraste con las fechas en que se dieron, se advierte que las mismas se desarrollaron durante la vigencia 2018 a 2020, lo que quiere decir que, las actuaciones y el trámite del proceso tuvieron lugar con anterioridad al 13 de enero de 2021.
En la mencionada fecha esa Sala comenzó a tener competencia para investigar empleados de la Rama Judicial, en virtud del Acto Legislativo 2 de 2015, por el cual se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales . Lo anterior quiere decir que desde el momento en el que tomaron posesión los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina y las Salas Jurisdiccionales de los Consejos Seccionales de la Judicatura fueron trasformadas en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, es que dichas autoridades pueden conocer de los hechos disciplinarios que sean puestos en su conocimiento.
Concluyó, con fundamento en lo anterior , que esa Sala no tiene competencia para investigar este asunto, porque , cuando aparentemente sucedieron los hechos , aun no era competente la Sala para disciplinar empleados judiciales.
13 Expediente digital, 003REPARTOY RADICACION_0320231010134813757.pdfRadicación: 11001-03-06-000-2023-00873-00 Página 6 de 26
IV. CONSIDERACIONES
13 Expediente digital, 003REPARTOY RADICACION_0320231010134813757.pdfRadicación: 11001-03-06-000-2023-00873-00 Página 6 de 26
IV. CONSIDERACIONES
1.Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas
1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios
Los conflictos de competencias que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial, contenida en el artículo 99 del Código General Disciplinario, el cual dispone lo siguiente: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la compe tencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que este dirima el conflicto . El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. [Énfasis de la Sala]. En el presente asunto, sin embargo, no aplica la citada disposición, deb ido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Fiscalía General de la Nación - Dirección de Control Disciplinario y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Fiscalía General de la Nación - Dirección de Control Disciplinario y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, no tienen un superior común.
En esa medida, ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en la Ley 1437 de 2011, así como al procedimiento ordinario para dirimir los conflictos de competencia administrativa que puedan surgir entre dos o más autoridades.
1.2. Regla general de competencia para resolver conflictos de competencia administrativos
La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales» están contenidas en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2.° de la Ley 2080 de 2011, conforme al cual:Radicación: 11001-03-06-000-2023-00873-00 Página 7 de 26
Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá i nmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de
autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades a dministrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado
[…].
En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:
10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.
Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, los cuales se aplican en el caso concreto, en los siguientes términos:
- Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación.
Las autoridades involucradas en el presente caso han negado su competencia para conocer el proceso disciplinario al que hubiere lugar, por la presunta omisión en la instrucción del proceso disciplinario núm. 48212 que trajo como consecuencia la
Las autoridades involucradas en el presente caso han negado su competencia para conocer el proceso disciplinario al que hubiere lugar, por la presunta omisión en la instrucción del proceso disciplinario núm. 48212 que trajo como consecuencia la extinción de la acción disciplinaria , por haber operado el fenómeno de la caducidad , ya que cada una de ellas alega que la otra es la competente para realizar la actuación disciplinaria correspondiente.
- Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional; o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00873-00 Página 8 de 26
Este conflicto negativo de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Fiscalía General de la Nación -Dirección de Control Disciplinario - y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, que, si bien ejerce sus funciones de manera desconcentrada territorialmente, es un organismo perteneciente a la Rama Judicial, que cumple la función jurisdiccional en todo el territorio nacional.
- Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.
El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en el proceso disciplinario a que haya lugar por la aparente omisión de empleados de la Fiscalía General de la Nación que conocieron del expediente disciplinario núm 48212, sin que transcurridos más de 5 años desde la ocurrencia de los hechos objeto de las diligencias disciplinarias se hubiera dado apertura de la investiga ción disciplinaria , al punto de
General de la Nación que conocieron del expediente disciplinario núm 48212, sin que transcurridos más de 5 años desde la ocurrencia de los hechos objeto de las diligencias disciplinarias se hubiera dado apertura de la investiga ción disciplinaria , al punto de permitir la extinción de la acción por caducidad.
Ahora bien, en relación con la naturaleza de la actuación, es importante destacar que el conflicto involucra, por un lado, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, autoridad que ejerce funciones disciplinarias de carácter jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución, y a la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, que realiza una funció n de naturaleza administrativa.
Al respecto, la Sala ha señalado que es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten entre una autoridad que cumple funciones administrativas y otra que cumple función jurisdiccional, por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones, ni entre autoridades que ejerzan (ambas) la función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3, 39 y 112 del Cpaca, y de los artículos 2 y 93 de la Ley 1952 de 2019.
De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidos todos los requisitos para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias administrativas planteado.
2. Términos legales
El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidos todos los requisitos para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias administrativas planteado.
2. Términos legales
El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»14.
En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y
14 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00873-00 Página 9 de 26
decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.
El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6° de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.
Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos susp endidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.
alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos susp endidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.
3. Aclaración previa
El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3.°, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite admi nistrativo en concreto, de acuerdo con los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que h acen parte del expediente. Por lo tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.
Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, y adoptar la respectiva decisión de fondo.
4. Síntesis del conflicto y problema jurídico
Síntesis del conflicto
Se trata de un conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Fiscalía General de la Nación (Dirección de Control Disciplinario) y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, respecto a que autoridad debe conocer del proceso disciplinario a que haya lugar por la aparente omisión de empleados de la Fiscalía
Fiscalía General de la Nación (Dirección de Control Disciplinario) y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, respecto a que autoridad debe conocer del proceso disciplinario a que haya lugar por la aparente omisión de empleados de la Fiscalía General de la Nación que conocieron del expediente disciplinario núm. 48212.
A juicio de la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, para la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la conducta omisiva probablemente reprochable y atribuible a funcionarios por determinar de laRadicación: 11001-03-06-000-2023-00873-00 Página 10 de 26
Fiscalía General de la Nación, venía cometiéndose en el tiempo en forma constante en fecha anterior al 13 de enero de 2021 y así permaneció hasta el 17 de marzo de ese mismo año, momento a partir del cual cesó el deber de actuar, por configurarse la pérdida de competencia por haber operado la caducidad de la acción, razón por la cual es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá la autoridad que debe conocer del asunto.
Por su parte, a juicio de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, las actuaciones adelantadas dentro del proceso disciplinario No. 48212, en contraste con las fechas en que se dieron, se desarrollaron durante la vigencia 2018 a 2020, lo anterior quiere decir que, las actuaciones y trámite dado al proceso se dieron con anterioridad al 13 de enero de 2021, fecha en que esa Corporación comenzó a tener competencia para investigar empleados de la Rama Judicial, en virtud del Acto Legislativo 2 de 2015, de
13 de enero de 2021, fecha en que esa Corporación comenzó a tener competencia para investigar empleados de la Rama Judicial, en virtud del Acto Legislativo 2 de 2015, de manera que, esa Sala no tiene competencia para investigar en este asunto.
Problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala determinar la autoridad competente para investigar disciplinariamente a empleados judiciales de la Fiscalía General de la Nación, por una presunta falta omisiva dentro del expediente disciplinario núm 48212, ya que transcurrieron más de 5 años desde la ocurrencia de los hechos objeto de las diligencias disciplinarias sin que se hubiera dado apertura de la investigación disciplinaria, lo que condujo a la extinción de la acción por caducidad.
Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a los siguientes temas:
- La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) Factores que determinan la competencia en el campo disciplinario. El factor subjetivo o personal. Reiteración. iii) Los servidores de la Rama Judicial. Distinción legal entre funcionario y empleado judicial. Reiteración. iv) Competencia de la Dirección de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación. Reiteración. v) Autori
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