CE - 202300895DHDISCIPLIN 20240411090521

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Óscar Darío Amaya Navas

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Número único: 11001-03-06-000-2023-00895-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Fiscalía General de la Nación –Dirección de Control Disciplinarioy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá Asunto: Autoridad competente para conocer de un proceso disciplinario contra empleados judiciales de la Fiscalía General de la Nación, por una presunta falta disciplinaria por omisión, que inició antes de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial entrara en funcionamiento. Reiteración

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 26 de septiembre de 2014, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en asuntos penales , en su función preventiva de «vigilar el cumplimiento y la cancelación oportuna de las órdenes de captura », presentó un informe a la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Naci ón, en el que reportó algunos hallazgos en las visitas realizadas a esa dependencia, en los meses de abril, mayo y junio de 20142.

Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Naci ón, en el que reportó algunos hallazgos en las visitas realizadas a esa dependencia, en los meses de abril, mayo y junio de 20142.

2. Con base en tales informes , mediante Auto 1094 del 29 de mayo de 2015 , la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Naci ón ordenó adelantar indagación preliminar en averiguación de responsables3.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011) y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 Expediente digital. Archivo «Reparto y Radicación». Documento 2. Auto del 30 de junio de 2021 de la Dirección de Control Disciplinario, folio 1. 3 Expediente digital. Archivo «Reparto y Radicación». Documento 2. Auto del 30 de junio de 2021 de la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, folio 1.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00895-00 Página 2 de 24

3. El 18 de enero de 2016, la Dirección de Control Disciplinario Grupo Intervención Temprana de la Fiscalía Gen eral de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra de la empleada Bibiana Sierra Amado, Profesional de Gestión II Subdirección de Tecnologías de la Formación y de las Comunicaciones, por las presuntas irregularidades en la actualización y cancelación de órdenes de captura en el 20144, bajo el radicado núm. 25993.

de Tecnologías de la Formación y de las Comunicaciones, por las presuntas irregularidades en la actualización y cancelación de órdenes de captura en el 20144, bajo el radicado núm. 25993.

4. No obstante, p or Auto del 30 de junio de 2021 5, la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación declaró la prescripción de la acción disciplinaria iniciada en contra de la señora Bibiana Sierra Amado dentro del proceso disciplinario con radicado núm. 25993.

Debido a lo anterior , ordenó la remisión de copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial Bogotá, con el fin de que se investigara la mora en el trámite de ese proceso y que «que dieron origen a la pérdida de competencia del Estado».

5. Por decisión del 4 de octubre del 2021 6, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá rechazó su competencia para conocer de la investigación disciplinaria mencionada y ordenó devolver el asunto a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto se tr ató de hechos que ocurrieron con anterioridad a la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, esto es, antes del 13 de enero de 2021.

6. La D irección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, mediante Auto del 5 de octubre de 20237, declaró, en primer lugar, su incompetencia para conocer del asunto, en la medida en que le corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, investigar disciplinariamente a funcionarios y empleados de la Rama Judicial, incluidos los de l a Fiscalía. En segundo lugar,

para conocer del asunto, en la medida en que le corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, investigar disciplinariamente a funcionarios y empleados de la Rama Judicial, incluidos los de l a Fiscalía. En segundo lugar, envió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que sea esta corporación, la que dirima el conflicto de competencia.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 870 del 11 de diciembre de 2023, en la Secretaría de la Sala por el término de cinco días, con el

3 Expediente digital. Archivo «Reparto y Radicación». Documento 2. Auto del 30 de junio de 2021 de la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, folio 1. 4 Expediente digital. Archivo «Reparto y Radicación». Documento 2. Oficio del 4 de octubre de 2021 de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. 5 Expediente digital. Archivo «Reparto y Radicación». Documento 2. 6 Expediente digital. Archivo «Reparto y Radicación». Documento 2. 7 Expediente digital. Archivo «Reparto y Radicación». Documento 2.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00895-00 Página 3 de 24

fin de que l as autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto8.

En la misma fecha , la Secretaría de la Sala expidió constancia según la cual, se

fin de que l as autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto8.

En la misma fecha , la Secretaría de la Sala expidió constancia según la cual, se enviaron comunicaciones informando sobre el presente conflicto a la Fiscalía General de la Nación, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y a la señora Bibiana Sierra Amado9.

Obra constancia de la Secretaría de la Sala del 19 de diciembre de 2023 10, en el sentido que, durante el término de fijación del edicto , la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la nación presentó consideraciones 11. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

En sala del 27 de febrero de 2024, la doctora Ana María Charry Gaitán sometió a consideración de la Sala el proyecto que resolvía el presente conflicto de competencias administrativas el cual fue derrotado por la mayoría, por lo que se ordenó el cambio de ponente, siendo asignado al consejero que actúa como ponente en esta providencia.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá12

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá no presentó escrito de alegatos durante la fijación del edicto . Sin embargo, las razones por las que negó su competencia en esa oportunidad se pueden extraer del Auto del 4 de octubre de 2021, mediante el cual devolvió el asunto a la Fiscalía General de la Nación.

En efecto, la Comisión afirmó carecer de competencia para conocer del proceso disciplinario en mención, dado que los hechos invocados sucedieron en el 2014 y

2021, mediante el cual devolvió el asunto a la Fiscalía General de la Nación.

En efecto, la Comisión afirmó carecer de competencia para conocer del proceso disciplinario en mención, dado que los hechos invocados sucedieron en el 2014 y no había entrado a operar dicha entidad cuando se profirió el auto de apertura de investigación de la disciplinaria.

Considera entonces que solo por hechos posteriores al 13 de enero de 2021 puede corresponderle como entidad, el conocimiento de asuntos disciplinarios. Por lo que dispuso remitir las diligencias correspondientes, a la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación.

8 Expediente digital, archivo «Edicto». 9 Expediente digital, archivo «Reparto y Radicación: Constancia comunicación». 10 Expediente digital. Archivo «Al despacho por reparto». 11 Expediente digital. Archivo «9_MemorialWeb_Alegatos» 12 Expediente digital. Archivo «Reparto y Radicación». Documento 2.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00895-00 Página 4 de 24

2. Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación13

La directora de control disciplinario de la Fiscalía General de la Nación insistió en los argumentos expuestos en el Auto del 5 de octubre de 2023, por medio del cual declaró su incompetencia para conocer del proceso disciplinario en mención.

En dicha decisión afirmó que, conforme a los artículos 257 de la Carta y al artículo 125 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales ejercer la función

En dicha decisión afirmó que, conforme a los artículos 257 de la Carta y al artículo 125 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales ejercer la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial, entre los que se encuentran los de la Fiscalía General de la Nación. Esas consideraciones fueron incorporadas en la Ley 1952 de 2019, inciso 5º, del artículo 2, modificado por el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021.

Estima, además, con respecto al caso concreto, que la conducta que se pretende investigar, posiblemente imputable a los servidores adscritos a esa Dirección , se funda en «la posible omisión en la instrucción del trámite disciplinario en el que operó el fenómeno de la prescripción, [que] se mantuvo en el tiempo hasta el 17 de enero de 2021».

En consecuencia, invocando un pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 21 de junio de 2023, dentro del radicado 11001 -03-06-000-2023-000370014, en el que se analizó la existencia de faltas disciplinarias por omisiones que permanecen en el tiempo y en el que se declaró que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial era la entidad competente en un caso parecido, solicita a la Sala que se declare en este caso que la autoridad competente es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019. Reiteración15

de Disciplina Judicial de Bogotá.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019. Reiteración15

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone:

13 Expediente digital. Archivo «Recibe memoriales ONLINE». 14 Consejero Ponente Oscar Darío Amaya Navas. 15 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 13 de septiembre de 2023. Rad. núm. 11001-0306-000-2023-00167-00Radicación: 11001-03-06-000-2023-00895-00 Página 5 de 24

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

No obstante, en el presente asunto no cabe apl icar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Regla general de competencia para resolver conflictos de competencia s administrativas. Reiteración16

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»17 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la

administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en

16 Cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 13 de septiembre de 2023.

Rad. núm. 11001-0306-000-2023-00167-00 17 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL.

Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal q ue se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00895-00 Página 6 de 24

relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autorid ades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado [Se resalta].

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribun al administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto [Se resalta].

Con base en las normas transcr itas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación.

En esta oportunidad, las dos autoridades involucradas han negado su competencia para iniciar la investigación disciplinaria derivada de la declaratoria de prescripción de la acción disciplinaria núm. 25993, iniciada en contra de la señora Bibiana Sierra Amado, por la presunta falta de impulso y decisión por parte de los servidores de la Fiscalía General de la Nación que conocieron de dicha actuación.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional; o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, este conflicto de competencias fue

administrativa sea del orden nacional; o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Fiscalía General de la Nación, organismo perteneciente a la Rama Judicial, según lo establecido en la Constitución Política y en el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, de un lado, y del otro, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, que es una autoridad territorialmente desconcentrada, pero del orden nacional18, perteneciente también a la Rama Judicial.

18 La Administración de Justicia, según el artículo 228 de la Constitución, es una función pública que se presta en todo el territorio nacional, de manera desconcentrada y autónoma.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00895-00 Página 7 de 24

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en la solicitud de investigación disciplinaria en contra de los servidores de la Fiscalía General de la Nación que presuntamente omitieron impulsar y decidir oportunamente la investigación disciplinaria núm. 25993, iniciada en contra de la empleada Bibiana Sierra Amado, Profesional de Gestión II Subdirección de Tecnologías de la Formación y de las Comunicaciones de esa misma entidad, por las presuntas irregularidades en la actualización y cancelación de órdenes de captura en el año 2014.

Ahora bien, en relación con la naturaleza del conflicto, la Sala observa que el

las presuntas irregularidades en la actualización y cancelación de órdenes de captura en el año 2014.

Ahora bien, en relación con la naturaleza del conflicto, la Sala observa que el proceso disciplinario podría tener carácter jurisdiccional, si la competencia le correspondiera a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, o sería de naturaleza administrativa, si dicha función la cumpliera la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación.

En estos casos, la posición mayoritaria ha considerado que cuando al menos una de las autoridades en conflicto ejerce funciones administrativas, la Sala es competente para resolver los conflictos de competencia (positivos o negativos) que se presente n, en atención al expr eso mandato de los artículos 29, 236 y 237, numeral 6, de la Carta Política, así como de los artículos 3, 39 y 112 del C PACA19, en ejercicio de la función legal que a ella le corresponde.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidas las exigencias que la habilitan para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias planteado.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»20.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el

19 Ver, pronunciamiento del 9 de marzo de 2022. Conflicto entre la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario del Municipio de Soacha y la Procuraduría Provincial de Fusagasugá. 20 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00895-00 Página 8 de 24

ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de nulidad de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama

en concreto, con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

En esta oportunidad , el problema jurídico se centra en definir cuál es la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes, a par tir de la presunta falta de impulso procesal que dio lugar a la prescripción del proceso disciplinario núm. 25993, que cursó contra la empleada Bibiana Sierra Amado, Profesional de Gestión II Subdirección de Tecnologías de la Formación y de las Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Para la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, la ausencia de impulso y decisión en el citado proceso implicó una conducta omisiva, de carácter continuado, por parte de los funcionarios involucrados, que se consolidó hasta el día 17 de enero de 2021, día anterior a la fecha en la que operó el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria. Lo anterior significa, en su criterio, que la competencia le corresponde a la C omisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, por tratarse de una situación que se consolidó con posterioridad al 13 de

de la prescripción de la acción disciplinaria. Lo anterior significa, en su criterio, que la competencia le corresponde a la C omisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, por tratarse de una situación que se consolidó con posterioridad al 13 de enero de 2021.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, por su parte, indica que la omisión de los funcionarios de la Fiscalía ocurrió con anterioridad al 13 de enero de 2021, -fecha en la que entró en funcionamiento esa corporación -, debido a que se trata de hechos que en general se dieron desde el 2014, esto es, mucho antes de la entrada en funcionamiento de esa Comisión.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00895-00 Página 9 de 24

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a los siguientes temas:

1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración. ii) Factores que determinan la competencia en el campo disciplinario. El factor subjetivo o personal. Reiteración. iii) Los servidores de la Rama Judicial. Distinción legal entre funcionario y empleado judicial. Reiteración. iv) Competencia de la Dirección de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación. Reiteración. v) Autoridad competente para investigar a un empleado judicial, antes y después de la fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración. vi) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración21

El control disciplinario se concibe como un presupuesto imperioso de la Administración Pública, no solo para garantizar su buen nombre, eficiencia 22 y

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración21

El control disciplinario se concibe como un presupuesto imperioso de la Administración Pública, no solo para garantizar su buen nombre, eficiencia 22 y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos, sino también como un instrumento para lograr que la función pública se ejecute en beneficio de la comunidad, y se protejan los derechos y libertades de los asociados23.

Esta potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos, en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones, cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, eficacia y eficiencia. Asimismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses establecidos en la Constitución y en las leyes24.

Cuando los servidores públicos quebrantan estos principios e incurren en cualquier omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impediment os y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado, respecto de dicha función que:

21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 21 de junio de 2023, radicación

11001-03-06-000-2023-00037-00 y la decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación 11001-03-06000-2019-00120-00. 22 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1787, citado. 23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2046 del 3 de marzo de 2011. 24 Ley 734, artículo 22.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00895-00 Página 10 de 24

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro25.

Sobre la titularidad de la potestad disciplinaria, es preciso señalar que el artículo 2.° de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1 de la Ley 2094, dispone:

ARTÍCULO 2o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA, FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN E INDEPENDENCIA DE LA ACCIÓN. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria.

Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales

JURISDICCIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN E INDEPENDENCIA DE LA ACCIÓN. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria.

Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley.

Las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria y producto de las funciones jurisdiccionales26 que se le reconocen a la Procuraduría General de la Nación serán susceptibles de ser revisadas ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en los términos establecidos en esta Ley.

Para los servidores públicos de elección popular, la ejecución de la sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial.

Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidade