CE - 20230524401ANA20240222154809

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05244-01

Demandantes: ANATOLIO AVELLANEDA GONZALEZ Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 25 de octubre del 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B ante la cual negó el amparo solicitado por no configurarse la vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito radicado en el sitio web tutela en línea de la Rama Judicial el 21 de septiembre de 2023 , los señores Anatolio Avellaneda González, Mónica Andrea

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito radicado en el sitio web tutela en línea de la Rama Judicial el 21 de septiembre de 2023 , los señores Anatolio Avellaneda González, Mónica Andrea Tovar Salas en representación de su hija María Kamila Avellaneda Tovar, Alejandro Avellaneda Tovar, Flor de María González y María Decsy Avellanada González , actuando a través de apoderad o judicial, ejerci eron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad, al precedente jurisprudencial, a la seguridad jurídica y al acceso a la administración de justicia.

Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión del fallo de segunda instancia proferido el 21 de noviembre de 2023, que revocó la providencia del 28 de junio del 2013 , dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y mediante la cual se había accedido parcialmente a las pretensiones del medio de control de reparación directa, para en su lugar negarlas.Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

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1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos

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1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior déjese sin efecto la sentencia de segunda instancia del 21 de noviembre de 2022 del Consejo de Estado, Sala

de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”,

TERCERA: ORDÉNESE al Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección “C” que en el término que este lo disponga, se dicte un nuevo fallo teniendo en cuenta la SENTENCIA UNIFICACIÓN del H. CONSEJO DE ESTADO. - SALA

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. - SECCION TERCERA. - SUBSECCIÓN “A”. - Consejero Ponente: Dr. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ del 17 de diciembre de 2013, radicación: 52001 -23-31-000-1996-0745901(23354). - Actor: LUIS CARLOS OROZCO OSORIO. - DEMANDADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Y la sentencia de UNIFICACION del 28 de agosto de 2014 (expediente 36.149) y el Derecho a la igualdad.

CUARTA: Que se dé aplicabilidad al derecho a la igualdad.

QUINTA: Lo que en derecho corresponda para que se le restablezcan los derechos.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Anatolio Avellaneda González era funcionario del DAS adscrito al

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Anatolio Avellaneda González era funcionario del DAS adscrito al aeropuerto de la ciudad de Cali. El Juzgado 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali ordenó su captura en razón a una investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación , por existir denuncias sobre presuntos cobros irregulares para la expedición y trámite del certificado de antecedentes penales.

El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías legalizó la captura del accionante e impuso la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria por los delitos de concusión, prevaricato por omisión y concierto para delinquir.

Posteriormente, al celebrar se la audiencia preparatoria la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de la investigación que se adelantaba contra el señor Avellaneda González debido a que no contaba con el material probatorio suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia. La solicitud fue aceptada por el Juez Trece Penal Municipal del Circuito Judicial de Cali. Por lo tanto, el accionante recobró su libertad el 14 de diciembre de 2007.

El 5 de octubre del 2011 , el señor Anatolio Avellaneda González junto con Steven Avellaneda Payan y Mónica Andrea Tovar Salas en representación de sus hijosDemandantes: Anatolio Avellaneda González y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

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Alejandro Avellaneda Tovar y María Kamila Avellaneda Tovar y las señoras Flor de María González, María Decsy Avellaneda González en representación de sus hijos menores Christin Nayibe Pinzón Avellaneda, Angela Jineth Pinzón Avellaneda y Daniel Pinzón Avellaneda presentaron demanda de reparación directa en contra de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

El asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que , mediante sentencia del 28 de junio del 2013 , declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial como consecuencia de los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad del señor Anatoli o Avellaneda González y condenó a las entidades al pago de los perjuicios morales en favor de los actores.

La anterior decisión tuvo como fundamento que, bajo el régimen de responsabilidad objetiva se demostró que el fundamento de la privación de la libertad fue equivocado pues la medida inicial fue contraria a los fines u objetos que imponen la Constitución y por ende resultaba lesiva a los derechos fundamentales de la parte.

Inconforme con lo anterior, se presentó recurso de apelación por el apoderado de la parte accionante y el de la Rama Judicial. El asunto en segunda instancia fue conocido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que en

Inconforme con lo anterior, se presentó recurso de apelación por el apoderado de la parte accionante y el de la Rama Judicial. El asunto en segunda instancia fue conocido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que en sentencia del 21 de noviembre de 2022 revocó la dictada por e l Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 28 de junio de 2013.

La providencia tuvo en consideración la razonabilidad, proporcionalidad y la necesidad de la medida de aseguramiento que recayó en el señor Anatolio Avellaneda González, la cual se decretó en r azón a los elementos materiales probatorios presentados al inicio del proceso penal, los cuales fueron suficientes y dieron cuenta de que el investigado podía ser coautor de las conductas delictivas que fueron objeto de investigación.

Igualmente, sostuvo que la medida fue proporcional en razón a que el tiempo de la detención domiciliaria impuesta al demandante no puede considerarse como una sanción equivalente a la pena de prisión prevista en la ley para los hechos punibles que le fueron imputados. Por último, explicó que:

Además, el juez consideró que la medida privativa de la libertad era necesaria para evitar la obstrucción a la justicia, teniendo en cuenta que los funcionarios del AS implicados habían establecido una estructura criminal al interior de la entidad, que ten ía la capacidad de usar la información privilegiada para defraudar la fe pública

1.4. Sustento de la vulneración

Los accionantes sostuvieron que existe identidad fáctica y jurídica con el fallo del señor Zamir Hernán Meneses Muñoz identificado con radicado 76001 -23-31-000-Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros

Los accionantes sostuvieron que existe identidad fáctica y jurídica con el fallo del señor Zamir Hernán Meneses Muñoz identificado con radicado 76001 -23-31-000-Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

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2011-00817-01, el cual si accedió a la demanda de reparación directa por la privación injusta de la libertad del que además era compañero de trabajo del accionante.

Argumentaron el cumplimiento de los requisitos adjetivos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judiciales . Además, afirmaron que, las providencias de las altas cortes tienen fuerza vinculante, en razón a ello, explicaron que en el momento de la ocurrencia de los hechos se encontraba vigente la sentencia de unificación jurisprudencial del 17 de octubre de 2013 de la Sección Tercera del Consejo de Estado 1, mediante l a cual consideraron que debía ser aplicado el título de imputación objetivo al caso en concreto.

Indicaron que la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU-072 de 5 de julio 2018, precisó que los artículos 90 de la Constitución Política de Colombia no estableció ningún títul o específico de imputación en contra del Estado, pues el juez puede adecuar la situación al título pertinente , situación que no hizo la providencia de la segunda instancia.

no estableció ningún títul o específico de imputación en contra del Estado, pues el juez puede adecuar la situación al título pertinente , situación que no hizo la providencia de la segunda instancia.

Además, explicaron que el desconocimiento del precedente jurisprudencial quedó plasmado en la sentencia T-330/05 del máximo tribunal constitucional. Sostuvieron que existe una vulneración al derecho fundamental al derecho a la igualdad, el cual tiene dos aristas : como principio que obliga a un trato igual ante los jueces y , además, como derecho subjetivo de los ciudadanos a exigir un trato igualitario.

Manifestaron que, el señor Anatolio Avellaneda González se encontraba en igualdad de condiciones que el señor Zamir Hernan Meneses Muñoz. En esa medida, explicaron que frente a varios funcionarios que fueron capturados en la denominada operación sultana no se profirieron de manera uniforme fallos por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ni del Consejo de Estado.

Destacaron que existe una vulneración al debido proceso por vías de hecho de carácter sustancial, pues al no existir una jurisprudencia unificada del Consejo de Estado se genera un soslaye a las libertades del individuo que hace que sea necesaria la limitación por la ley al Estado.

1.5. Admisión de la demanda

El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, mediante auto del 28 de septiembre del 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; y iii) remitir el expediente digital del medio de control de reparación directa identificado con radicado 76001-23-31-000-2011Estado, Sección Tercera, Subsección C; y iii) remitir el expediente digital del medio de control de reparación directa identificado con radicado 76001-23-31-000-201101484-01.(iv) Por último, se vinculó a NaciónRama Judicial - Fiscalía general de la Nación; a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali y al Tribunal

1 SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL - del diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013) Radicado: 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354)Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

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Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que pudieran participar en el trámite constitucional.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Por medio de memorial recibido el 2 de octubre del 2023, el magistrado ponente de la decisión cuestionada adujo que revocó la sentencia de primera instancia luego de realizar un análisis conjunto de las pruebas allegadas al proceso y confrontarlos con los postulados de la sentencia C -037 de 1997 y la SU -072 de 2018, y tras contemplar el criterio que se maneja actualmente en la Corporación que se refiere a que la sola acreditación de una decisión preclusiva o absolutoria de la

contemplar el criterio que se maneja actualmente en la Corporación que se refiere a que la sola acreditación de una decisión preclusiva o absolutoria de la responsabilidad penal no es suficiente para imputarle el daño al Estado por privación injusta de la libertad.

Arguyó que p ara tal fin se debe demostrar que no se cumplió con la necesidad y razonabilidad de la medida, que en el caso en concreto se infirió, porque el imputado pudo ser participe de las conductas antijurídicas.

Indicó que el juez debe verificar los elementos de juicio que se utilizaron para la imposición de la medida restrictiva de la libertad. Entonces , a disposición que avanza el proceso penal, es indispensable una mayor carga probatoria para la imposición de la medida , que finalmente desencadenará en una condena o la absolución, lo que no hace que la decisión inicial sea arbitraria o injusta.

Frente al argumento del accionante según el cual se vulnera el derecho a la igualdad con respecto de la providencia que resolvió el proceso de reparación directa del señor Zamir Hernán Meneses indicó que:

(…) aun cuando el accionante se detuvo en las semejanzas que existen entre su caso y el del señor ZAMIR HERNÁN MENESES, en cuanto ambos provinieron de los mismos hechos penalmente investigados y, por tanto, comparten una identidad fáctica y jurídica, el De spacho, en cambio, advierte que, pese a ser el mismo hecho investigado, en el presente caso se acometió el estudio que impone la sentencia C -037 de 2007 de la Corte Constitucional, máxime, cuando en el proceso penal se implicó a un grupo amplio de personas,

que, pese a ser el mismo hecho investigado, en el presente caso se acometió el estudio que impone la sentencia C -037 de 2007 de la Corte Constitucional, máxime, cuando en el proceso penal se implicó a un grupo amplio de personas, las cuales pueden tener un acervo común y otro particular y concreto en razón, entre otros aspectos, a la función que desempeñaban los servidores públicos, ya que algunos de ellos tenían acceso directo a las bases de datos, mientras que otros no, algunos se vieron implicados por la alteración de la asignación de citas para la expedición del certificado judicial y otros por la emisión de certificados judiciales falsos. Además, ya en el trámite de la reparación directa no todos los expedientes contaron con la misma disponibilidad probatoria.

Por último, sostuvo que:

(…) aun cuando los investigados fueron absueltos principalmente porque no existió cotejo de voces respecto de las interceptaciones telefónicas, lo cierto esDemandantes: Anatolio Avellaneda González y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

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que, en el caso que nos ocupa existían otros medios de convicción que cumplían con el estándar de prueba que la codificación penal vigente para entonces imponía para la estructuración de los indicios necesarios al momento de imponer la medida de aseguramiento, que no la preclusión, porque el proceso penal se rige por el principio de progresividad y ello es importante tenerlo en cuenta.

entonces imponía para la estructuración de los indicios necesarios al momento de imponer la medida de aseguramiento, que no la preclusión, porque el proceso penal se rige por el principio de progresividad y ello es importante tenerlo en cuenta.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Se limitó a enviar el expediente ordinario de la referencia, sin pronunciarse sobre los hechos y consideraciones de la demanda.

1.6.3. Fiscalía General de la Nación

Mediante memorial del 3 de octubre de 2023 , la entidad indicó que la acción de tutela era improcedente por la falta del requisito de subsidiariedad al existir otros mecanismos procedentes para controvertir la decisión. Además, explicó que, los accionantes no indicaron las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela para que fuera procedente , por el contrario, pretenden recuperar oportunidades procesales ya superadas.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en sentencia del 25 de octubre del 2023 analizó los requisitos generales de procedibilidad, los cuales los encontró superados. Por lo que, continuó con el análisis del defecto por desconocimiento del precedente, en esa medida explicó que, con respecto a la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado esta perdió vigencia en el 2018, de manera que no se puede aplicar para el momento en que se profirió la sentencia.

En esa medida, expuso que la autoridad judicial enjuiciada no se encontraba atada al precedente que el accionante alegó como desconocido. Así mismo, sostuvo que,

aplicar para el momento en que se profirió la sentencia.

En esa medida, expuso que la autoridad judicial enjuiciada no se encontraba atada al precedente que el accionante alegó como desconocido. Así mismo, sostuvo que, la aplicación de un trato desigual en casos que tengan una identidad fáctica no es del todo reprochable dado que no todos los asuntos de privación injusta de la libertad deben decidirse bajo la fórmula atributiva de responsabilidad a la que conduce el régimen objetivo, en los casos de absolución por in dubio pro reo.

Entonces, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C al proferir la sentencia del 21 de noviembre de 2022 no incurrió en una vía de hecho por el desconocimiento del precedente, pues la decisión de segunda instancia que revocó a las pretensiones de la demanda se soportó en un estudio razonable de los hechos, las pruebas allegadas al proceso, la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso y la sola manifestación de inconformismo no es suficiente para la configuración del defecto.

1.8. ImpugnaciónDemandantes: Anatolio Avellaneda González y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

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Explicó que, la acción de tutela no se interpuso con el fin de que se realizara un nuevo estudio o una instancia adicional al proceso ordinario. Sino que, el

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Explicó que, la acción de tutela no se interpuso con el fin de que se realizara un nuevo estudio o una instancia adicional al proceso ordinario. Sino que, el mecanismo constitucional es para poner en evidencia la vulneración del derecho fundamental de la igualdad del señor Anatolio Avellaneda González.

En esa medida, reiteró que el señor Anatolio Avellaneda González se encontraba en igualdad de condiciones por la identidad fáctica y jurídica de los hechos con respecto del señor Zamir Hernán Meneses Muño z que era el grafólogo del aeropuerto quien también realizó llamadas telefónicas al número fijo del aeropuerto.

Sostuvo que, en el escrito de tutela se probó que el señor Avellaneda González y Meneses Muñoz estaban en igualdad de condiciones, además transcribió apartes de la audiencia de preclusión, con el fin de demostrar que estaban en igualdad de condiciones.

Sumado a esto, explicó que si se buscaba en la página web de Google aparecerá el esc ándalo y el nombre del accionante con lo cual se demuestra el daño que generó la investigación judicial que conllevó a la privación de la libertad del señor Avellaneda González.

Por último, indicó que : «los ciudadanos no acuden a la administración de justicia para que los jueces resuelvan sus litigios con base en algún derecho recién creado por los mismos jueces, sino respetando y aplicando las reglas y el derecho establecido previamente».

1.9. Trámite en segunda instancia

El proyecto de fallo fue sometido a discusión de la sala de decisión de la Sección

por los mismos jueces, sino respetando y aplicando las reglas y el derecho establecido previamente».

1.9. Trámite en segunda instancia

El proyecto de fallo fue sometido a discusión de la sala de decisión de la Sección Quinta el 1 de febrero del 2024. Sin embargo, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó su impedimento para conocer del asunto, el cual se encuentra fundado en el artículo 56 numeral 1°, en razón a que su cónyuge se encuentra adscrita a la Fiscalia General de la Nación, entidad que fue parte en el proceso ordinario que es objeto de litigio.

En atención a lo anterior, con auto del 2 de febrero del 2024, se ordenó el sorteo de dos conjueces, con el fin de resolver el impedimento manifestado. El 7 de febrero siguiente, se llevó a cabo el referido sorteo, en el cual se designó como conjuez principal al doctor Humberto Antonio Sierra Porto y, en calidad de suplente al doctor Germán Lozano Villegas.

Ahora bien, mediante auto del 22 de febrero del 2023 se declaró infundado el impedimento, en razón a que, no se advirtió ninguna injerencia real de la funcionaria sobre el proceso de reparación directa que se adelantó contra la Fiscalía General de la Nación y sobre el cual versa la acción constitucional de la referencia, asíDemandantes: Anatolio Avellaneda González y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

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mismo, no existe ninguna participación de la cónyuge del magistrado Barreto Suárez en el curso del proceso.

Por lo expuesto, la Sala que dirimirá la controversia planteada en esta acción constitucional estará conformada por los magistrados titulares de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 25 de octubre de 2023 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida el 25 de octubre del 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B a través de la cual negó del amparo solicitado, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente problema:

para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente problema:

• ¿Vulneró el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia de 21 de noviembre de 2022 , los derechos fundamentales invocados po r presuntamente incurrir en el defecto del desconocimiento del precedente y vulnerar el principio de igualdad al revocar la sentencia de primera instancia proferida el 28 de junio del 2013 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para, en su lugar, negar las pretensiones del proce so de reparación directa identificado con radicado 76001-23-31-000-2011-01484-01?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) requisitos de procedibilidad adjetiva ; iii) estudio de la relevancia constitucional respecto del defecto del desconocimiento del presente; iv) estudio de los requisitos de procedibilidad frente a la violación al principio de igualdad; v) caso concreto.Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 3 y declaró su procedencia.4

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

2.4.1. Relevancia constitucional

Cabe destacar que la Corte Constitucional 5 desde la sentencia C -590 de 2005 incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 5 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001 -03-15-000-2020-00004-00;

5 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001 -03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-201905153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

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providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez, y (iv) no s