CE - 20230647701ANDR 20240229143436

Demandante: Andrea Quintana González Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Radicado: 11001-03-15-000-2023-06477-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-06477-01

Demandante: ANDREA QUINTANA GONZÁLEZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN “A”

Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma la improcedencia por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 7 de diciembre de 2023, proferido por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 20 de octubre de 2023, a través del aplicativo web, la señora Andrea Quintana González, por medio de apoderado judicial, promovió acción de tutela con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y

El 20 de octubre de 2023, a través del aplicativo web, la señora Andrea Quintana González, por medio de apoderado judicial, promovió acción de tutela con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

Las mencionadas garantías las consider ó transgredidas con ocasión de la sentencia de 31 de marzo de 2023, por medio de la cual, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” confirmó el fallo de 16 de noviembre de 2016, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B” negó las pretensiones del medio de control de reparación directa promovida por la tutelant e1 contra la Nación – Rama Judicial, y que se identificó con el radicado número 25000-23-36-000-2015-02652-01.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

1.2.1. El señor Pablo Emilio Quintana García 2 presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y del Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá, en la

1 En calidad de heredera del señor Pablo Emilio Quintana García. 2 Quien falleció el 28 de noviembre de 2007.Demandante: Andrea Quintana González Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Radicado: 11001-03-15-000-2023-06477-01

2

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Radicado: 11001-03-15-000-2023-06477-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual se pretendía el pago de perjuicios causados por la afectación de un predio de su propiedad 3, el cual fue incorporado en una zona de reserva legal. El referido proceso se identificó con el radicado 25000-23-26-000-1996-13159-01.

1.2.2. Este asunto le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B” que, en sentencia del 29 de abril de 2004, «declaró la indebida escogencia de la acción 4 y negó las pretensiones de la demanda».

Dicha decisión fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” en providencia de 22 de enero de 2014.

1.2.3. De manera que, el 25 de noviembre de 2015 la señora Andrea Quintana González alegó una vocación hereditaria, en condición de única heredera del señor Pablo Emilio Quintana García, quien falleció antes de proferirse el fallo de segunda instancia en el proceso identificado con el radicado 25000 -23-26-0001996-13159-01.

1.2.4. En ese orden de ideas, la señora Quintana González promovió medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial, con el objetivo de que se le declarara administrativamente responsable por el presunto error

1996-13159-01.

1.2.4. En ese orden de ideas, la señora Quintana González promovió medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial, con el objetivo de que se le declarara administrativamente responsable por el presunto error jurisdiccional en que incurrió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” en la sentencia de 22 de enero de 2014.

1.2.5. El mencionado proceso se identificó con el radicado número 25000 -23-36000-2015-02652-01, y en primera instancia le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, que en fallo de 16 de noviembre de 2016 indicó que: (i) la señora Andrea Quintana González se encontraba legitimada para demandar la reparación de daños derivados del presunto error jurisdiccional, en la medida en que probó ser la hija del señor Pablo Emilio Quintana – demandante en el proceso primigenio -, al paso que probó que aquél falleció antes de resolverse la acción de reparación directa de su conocimiento, y (ii) negó las pretensiones del referido medio de control.

Como sustento de su decisión expuso lo siguiente:

[…] para definir si una providencia adolece de error jurisdiccional, la contrariedad no tiene que enmarcarse en una vía de hecho, sino que se debe evidenciar el incumplimiento de las obligaciones y deberes del juez en aquellos casos en que no aplica la ley vigente o se desatiende injustificadamente los precedentes jurisprudenciales o los principios que rigen la materia o niega injustificadamente el derecho dentro de las posibilidades y límites del razonamiento jurídico, de suerte

aplica la ley vigente o se desatiende injustificadamente los precedentes jurisprudenciales o los principios que rigen la materia o niega injustificadamente el derecho dentro de las posibilidades y límites del razonamiento jurídico, de suerte que no cualquier discordancia entre la realidad fáctica o jurídica del proceso y la providencia determinan este vicio.

3 El referido predio, ubicado en la Urbanización Los Álamos Sector Industrial, se vio afectado con la construcción de la Avenida Regional Longitudinal, por lo cual, con fundamento en la Ley 9 de 1989, el propietario le solicitó una compensación, lo que fue negado por las autoridades distritales. 4 Con fundamento en que, el señor Pablo Emilio Quintana García reprochó el «Acuerdo Distrital 159 de 1974; por tanto, debió promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho».Demandante: Andrea Quintana González Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Radicado: 11001-03-15-000-2023-06477-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre esa explicación precisó que se pudo establecer que el señor Pablo Emilio Quintana García presentó una demanda de reparación directa para obtener el pago de los perjuicios causados por la afectación que pesaba sobre su predio desde 1974, pretensiones que se negaron en la sentencia del 29 de abril de 2004, en la que se consideró improcedente la acción, porque el actor atacó el Acuerdo Distrital 159 de 1974; por tanto, debió promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

en la que se consideró improcedente la acción, porque el actor atacó el Acuerdo Distrital 159 de 1974; por tanto, debió promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por consiguiente, adujo que «no se podía aceptar la existencia de un error jurisdiccional a partir de un supuesto error de interpretación, en tanto que el ejercicio de la actividad jurisdiccional le permite al juez moverse con amplitud en esa labor, la cual debe observar reglas mínimas de coherencia que justifiquen razonablemente la decisión, lo cual se evidenció en la sentencia cuestionada».

1.2.6. La tutelante apeló la anterior decisión, y el 31 de marzo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” confirmó la sentencia del a quo, es decir, negó las pretensiones del medio de control, no obstante, consideró que la señora Andrea Quintana González no se encontraba legitimada en la causa por activa para promover el medio de control de reparación directa «en la medida en que, en primer lugar, no fue parte de la relación jurídico procesal que se trabó en el proceso de reparación directa que promovió su padre fallecido con miras a obtener la indemnización de perjuicios por la afectación de un predio de su propiedad, de allí que no intervino como sujeto procesal de la litis que se definió en la sentencia que hoy cuestiona como contentiva del supuesto yerro».

Además de lo dicho, precisó que «si bien durante el curso de la actuación primigenia se produjo el fallecimiento del señor Pablo Emilio Quintana García, lo concreto es que el hecho de la muerte no le confirió a la señora Andrea Quintana

Además de lo dicho, precisó que «si bien durante el curso de la actuación primigenia se produjo el fallecimiento del señor Pablo Emilio Quintana García, lo concreto es que el hecho de la muerte no le confirió a la señora Andrea Quintana González la condición de sucesora procesal de su causante en esa litis y, por tanto, no integró, por cuenta de la sucesión procesal, la relación jurídica dentro del proceso de reparación directa que promovió su padre».

Lo anterior, con base en que: «es deber del sucesor procesal presentarse al proceso; incluso la Corte Suprema de Justicia ha considerado que esa institución no procede de oficio, sino que el interesado debe solicitarla al juez que conoce el proceso, para lo cual está obligado a allegar los documentos que acrediten los hechos que den lugar a la misma […]».

1.3. Pretensiones

Presentó las siguientes:

1ª Que se amparen los derechos fundamentales del debido proceso, de igualdad en la aplicación de la ley y a la administración de justicia de la Señora Andrea Quintana González.

2ª En consecuencia dejar sin efecto la sentencia del 31/03/2023, expediente 25000 23 36 000 2015 02652 01 (56 614), de la Sección 3ª, subsección A del Consejo de Estado, que confirmó la dictada el 16/11/2016 por la subsección B, sección 3ª del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Demandante: Andrea Quintana González Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Radicado: 11001-03-15-000-2023-06477-01

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Radicado: 11001-03-15-000-2023-06477-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3ª Ordenar a la sección 3ª subsección A del Consejo de Estado que proceda a dictar su reemplazo dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la sentencia.5

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora consider ó que la sentencia de 31 de marzo de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” incurrió en los siguientes defectos:

1.4.1. Desconocimiento del precedente. Mencionó la sentencia de «30/08/2012, sección 2, Consejo de Estado, expediente 098 -12, CP Dr. Victor Hernando Alvarado», asimismo trajo a colación el expediente número «14908, actora Sandra Milena Cortés, radicación 2001 23 31 000 1996 03050 01, de la sección 3 del Consejo de Estado que, según expuso, aborda el tema de la trasmisibilidad mortis causa del derecho a la reparación de los daños morales, cuando su titular fallece sin haber ejercido la acción indemnizatoria».6

1.4.2. Defecto sustantivo. Porque que en el fallo de 31 de marzo de 2023 «no [se] aplicó normas que consagran el derecho herencial y los derechos y facultades del heredero para ejercer la acción hereditaria». 7

aplicó normas que consagran el derecho herencial y los derechos y facultades del heredero para ejercer la acción hereditaria». 7

También indicó que «se dejó de aplicar el marco jurídico que instituye al heredero como subrogatorio pleno del difunto. Esta falencia derivó en la sentencia violatoria de derechos fundamentales».

Adicionalmente expuso: «cit las características y esencias teniendo a la vista el Código Civil y las sentencias de la CSJ del 10/08/1981, MP Doctor Ernesto Gamboa Álvarez, Gaceta Judicial # 2407, páginas 478 a 493 + Héctor Roa Gómez, Jurisprudencia Civil de la Corte Suprema de Justicia -años 1980 a 1984 -, tomo V, # 1533, páginas 2134 a 2137)».8

1.4.3. Defecto fáctico. En atención a que la autoridad judicial accionada dejó de analizar el documento que acreditó la muerte de su padre, « y su consecuencia: [que ella es] su única heredera, quien adquirió la posesión de la herencia de pleno derecho y su carácter de heredera posesedora legal de la herencia no requerían de providencia judicial que así lo determinará, sino que de pleno derecho surgió en virtud de la ley; y, la aceptación de la herencia se dio por su renuncia del derecho a repudiarla»9

1.4.4. Exceso ritual manifiesto. Justificó este yerro al indicar que «el artículo 60 del

Código de Procedimiento Civil ––CPC–– o 68 del Código General del Proceso –– CGP––no le imponía la obligación de incorporarse al proceso en el que actuaba el padre fallecido en ejercicio de acción personal, al indicar que podrá comparecer».

5 Transcripción literal, por lo que puede contener errores. 6 Transcripción literal, por lo que puede contener errores. 7 Transcripción literal, por lo que puede contener errores. 8 Transcripción literal, por lo que puede contener errores. 9 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.Demandante: Andrea Quintana González Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Radicado: 11001-03-15-000-2023-06477-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5. Trámite en primera instancia

Por medio de auto de 24 de octubre de 2023, el magistrado ponente de la sentencia de primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la demandante y a la parte demanda da, asimismo vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente trámite tutelar.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

En su intervención expuso que en la presente acción de tutela no procede el amparo, dado que, el fallo atacado tuvo en cuenta la prueba documental que se alude como presuntamente desconocida (registros civiles de nacimiento y defunción), explicó que a pesar de que se acreditó la calidad de heredera, tal condición no legitimaba a la interesada per se en la reparación del daño que se alegó con el título de imputación de error judicial.

Sostuvo que la vocación hereditaria que alegó la señora Quintana González no era suficiente para legitimarla en la causa bajo el título de imputación del error judicial, pues no fue parte del asunto primigenio, tampoco alegó allí tal calidad y su derecho herencial no la habilitaba para la reparación que reclamó, pues con la muerte del causante no se le trasfirió un derecho patrimonial.

Frente al desconocimiento de precedentes judiciales refirió que el error judicial comporta la lesión a los derechos de acceso y tutela judicial efectiva, los que son personalísimos e intransferibles, además, este caso no alude a la posibilidad de ejercer la acción de reparación directa frente a la indemnización de daños causados por la afectación de predios de propiedad de su causante, pues al tratarse de un eventual error judicial lleva implícito un interés jurídico distinto.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”

tratarse de un eventual error judicial lleva implícito un interés jurídico distinto.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”

En el memorial que allegó al presente trámite tutelar, expuso que se debe negar el amparo, porque los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de la señora Andrea Quintana González, no fueron transgredidos en el marco del medio de control de reparación directa identificada con el radicado número 25000-23-36-000-2015-02652-01.

1.6.3. Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá

En su intervención manifestó que carece de legitimación en la causa por activa , puesto qu e, dentro de las funciones normativas asignadas a dicha entidad, no tiene competencia alguna relacionada con lo requerido en la presente acción deDemandante: Andrea Quintana González Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Radicado: 11001-03-15-000-2023-06477-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tutela.

Adicionalmente, indcó que: (i) no existe prueba de la vulneración alegada por la señora Quintana González, y (ii) no se cumplen los requisitos establecidos en la jurisprudencia para la interposición de tutelas contra providencias judiciales.

1.7. Fallo impugnado

El 7 de diciembre de 2023, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo

jurisprudencia para la interposición de tutelas contra providencias judiciales.

1.7. Fallo impugnado

El 7 de diciembre de 2023, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, declaró la improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

Lo anterior, «en la medida que el presente amparo se advierte como un medio dirigido a revivir el análisis efectuado por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa de radicado 25000233600020150265201, como si este mecanismo fuera una instancia adicional».

Precisó que, al verificar los argumentos expuestos en la providencia de 31 de marzo de 2023, referentes a la ausencia de legitimación por activa dentro del proceso de reparación directa por error judicial, se logró concluir que la autoridad judicial accionada hizo un análisis suficiente sobre el mencionado requisito, pues determinó tres aspectos centrales para adoptar su decisión, a saber:

(i) la accionante no fue parte de la relación jurídico procesal que se trabó en el proceso de reparación directa que promovió su padre fallecido con miras a obtener la indemnización de perjuicios por la afectación de un predio de su propiedad; (ii) el título de imputación invocado involucra derechos personalísimos ––inherentes a la personalidad–– y de carácter extrapatrimonial, ajenos a la trasmisión hereditaria, que solo le incumben al individuo que forma parte de la relación jurídica procesal; y (iii) la decisión original no le otorgó un derecho de contenido patrimonial a la actora,

que solo le incumben al individuo que forma parte de la relación jurídica procesal; y (iii) la decisión original no le otorgó un derecho de contenido patrimonial a la actora, toda vez que negó las pretensiones indemnizatorias invocadas, con lo cual era indispensable hacerse parte del proceso de reparación directa original para poder ejercer el título de imputación invocada.

De manera que, evidenció que la señora Quintana González no logró demostrar por qué la tesis de la autoridad judicial accionada configuraba un defecto que afecte su debido proceso, más allá de expresar argumentos de inconformidad con la postura adoptada y exponer elementos de orden constitucional, convirtiendo la acción de tutela en una tercera instancia a partir de un juicio de corrección.

De igual forma, expuso que contrario a lo afirmado por la tutelante, la autoridad judicial accionada motivó en debida forma la decisión adoptada en el fallo de 31 de marzo de 2023, «por lo que acusar a dicha decisión de carecer de una justificación suficiente, evidencia la intención de utilizar el mecanismo constitucional como una tercera instancia».

Reiteró que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, pues, «como se vio, las críticas contenidas en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite ordinario, con el fin de que prevalezca la interpretación de la parte tutelante».Demandante: Andrea Quintana González Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Radicado: 11001-03-15-000-2023-06477-01

7

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Radicado: 11001-03-15-000-2023-06477-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente precisó que en atención a la autonomía judicial y al carácter excepcionalísimo que reviste la tutela, adujo que no basta con que el tutelante manifieste inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, dado que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano constitucional.

1.8. Impugnación10

La señora Andrea Quintero González, por medio de su apoderado judicial, solicitó revocar el fallo de 7 de diciembre de 2023, proferido por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

Expuso que no estaba de acuerdo con que en su escrito de tutela se requiriera una carga argumentativa, y que no se pudiera realizar «una simple afirmación» respecto de los defectos en los que consideraba había incurrido el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” con la decisión de 31 de marzo 2023.

Citó como precedente la sentencia de «16 de junio de 2022 de la Corte Constitucional y la SU -215 M.P. Dra. Natalia Ángel relacionada con un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos

Citó como precedente la sentencia de «16 de junio de 2022 de la Corte Constitucional y la SU -215 M.P. Dra. Natalia Ángel relacionada con un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos tributarios, para invocar en contra de la aquí accionante el no cumplimiento del requisito de relevancia constitucional».

Precisó además que «la invocación de un precedente exige coincidencia de los supuestos de hecho y de derecho, que no se dan en el presente caso. El debate originado en el caso de la Señora Andrea Quintana tiene que ver con reparación directa y la legitimación para demandar».

La parte accionante planteó un interrogante, a saber: «¿Si el derecho fundamental del debido proceso, que se afirma y razona ha sido desconocido en este caso particular y concreto, por qué la afirmación que no coincide con lo la relevancia constitucional?», y para responderlo transcribió in extenso apartes de la sentencia de 16 de noviembre de 2016, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B” si bien negó las pretensiones del medio de control de reparación directa, lo cierto es que concluyó que la señora Andrea Quintana González estaba legitimada para demandar la reparación de daños derivados del presunto error judicial.

1.9. Trámite en segunda instancia

1.9.1. Por medio de auto de 16 de febrero de 2024, el magistrado ponente de la decisión de segunda instancia dispuso vincular a la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con fundamento en que fue la parte demanda da en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado número 25000decisión de segunda instancia dispuso vincular a la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con fundamento en que fue la parte demanda da en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado número 2500023-36-000-2015-02652-01

10 El fallo fue notificado el 12 de enero de 2024, y la impugnación se presentó el 17 de enero de 2024.Demandante: Andrea Quintana González Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Radicado: 11001-03-15-000-2023-06477-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.9.2. De manera que, a través de intervención de 22 de febrero de 2024, el abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial intervino en el presente trámite tutelar.

Expuso que en atención al principio de economía y lealtad procesal no iba a invocar la nulidad referida en la providencia de 16 de febrero de 2024, y por consiguiente, solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con la relevancia constitucional.

Precisó que la tutela contra providencia judicial es un mecanismo e instrumento excepcionalísimo, por lo que se deben superar los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, y recordó que «la tutela no puede convertirse en una instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad

excepcionalísimo, por lo que se deben superar los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, y recordó que «la tutela no puede convertirse en una instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales».

Finalmente adujo que los jueces al momento de efectuar valoraciones normativas y probatorias deben ser autónomos e independientes, puesto que, solo de esa manera, los casos puestos en su conocimiento podrán ser resueltos de forma imparcial, en aplicación de la normativa aplicable, de suerte que se cumpla la esencia de la misión constitucional de administrar justicia objetiva, neutral, imparcial y materialmente justa, características todas estas que deben revestir las providencias judiciales.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia de la acción de tutela presentada por la señora Andrea Quintana González contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la s ala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de primera instancia proferida el 7 de diciembre de 2023 por la Subsección "C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la

Corresponde a la s ala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión de primera instancia proferida el 7 de diciembre de 2023 por la Subsección "C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la presente acción constitucional.

Para lo cual se establecerá si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos fundamentales invocados por la accionante por parte de la autoridad judicial demandada y para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial , (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, y (iii) el caso en concreto.Demandante: Andrea Quintana González Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” Radicado: 11001-03-15-000-2023-06477-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 11 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Para la sala resulta necesario anunciar que, en consonancia con el análisis efectuado por el a quo, el requisito de relevancia constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud de amparo elevada por la señora Andrea Quintana González no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.

2.4.1.1. En el referido fallo la alta corte señaló que, en tratándose del ejercicio de acciones de tutela contra providencia judicial, se requiere que el interesado proponga un debate que gire en torno a la validez d