CE - 20230648101DOR 20240425160801

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202306481-01

Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón Demandada: Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Acción de tutela

Asunto: Se deciden los impedimentos manifestados por los Consejeros de Estado, doctora Nubia Margoth Peña Garzón y doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes

La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado decide los impedimentos manifestados por los Consejeros de Estado, doctora Nubia Margoth Peña Garzón y doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes , para conocer de la acción de tutela de la referencia, en los siguientes términos:

Declaración de impedimento de los Consejeros de Estado, doctora Nubia Margoth Peña Garzón y doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes

1. Los Consejeros de Estado, doctora Nubia Margoth Peña Garzón y doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes , mediante escrito recibido el 19 de marzo de 2024 1 en la Secretaría General de esta Corporación , manifestaron encontrarse impedid os para actuar en el proceso de la referencia, invocando para ello la causal prevista en el numeral 1.º del artículo 56 de la L ey 906 de 31 de agosto de 2004 2, aplicable por

Secretaría General de esta Corporación , manifestaron encontrarse impedid os para actuar en el proceso de la referencia, invocando para ello la causal prevista en el numeral 1.º del artículo 56 de la L ey 906 de 31 de agosto de 2004 2, aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 19913.

1 Cfr. Índice núm. 4 de SAMAI. Documento denominado “4MANIFESTACIOND_IMPEDIMENT_MANIFESTACIONDEIMPED(.pdf) NroActua 4”. Archivo aportado en forma digital. 2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. 3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-01

Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón

2. Los Consejeros de Estado indicaron que, en su concepto, se encuentran incursos

en la causal por cuanto:

“[…] En la providencia objeto de esta acción de tutela se resolvió la demanda de nulidad de las Resoluciones números 2502, 2513 y 4294 de 2015, a través de las cuales la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó la solicitud de reliquidación de las prestaciones sociales de la accionante con la inclusión de la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 18 de mayo de 19924.

En consecuencia, debido a que la providencia objeto de tutela está relacionada, entre otros aspectos, con el régimen salari al y prestacional previsto en la Ley 4 de 1992,

prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 18 de mayo de 19924.

En consecuencia, debido a que la providencia objeto de tutela está relacionada, entre otros aspectos, con el régimen salari al y prestacional previsto en la Ley 4 de 1992, consideramos que nuestra situación prestacional podría estar comprometida, en razón a que en el pasado nos desempeñamos en el cargo de magistrados auxiliares de esta Corporación […]”.

II. CONSIDERACIONES

3. Vistos: i) el artículo 140 del Código General del Proceso, sobre la declaración de impedimentos; ii) el artículo 39 del Decreto núm. 2591 de 1991, sobre la manifestación de impedimentos dentro de la acción de tutela; y iii) el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, sobre las causales de impedimentos.

4. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los administradores judiciales estén enmarcadas dentr o de los principios de independencia e imparcialidad.

5. La Corte Constitucional5 ha considerado que el principio de independencia se refiere a que, los funcionarios encargados de administrar justicia en sus decisiones no se vean sometidos a presiones, insin uaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.

4 “[…] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para

misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.

4 “[…] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. […]”. 5 Corte Constitucional, sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-01

Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón

6. Respecto al principio de imparcialidad, la citada sentencia 6 señaló que a la presunción de imparcialidad s ólo se llega en cuanto sea posible garantizar que el funcionario judicial procede y juzga con absoluta independencia; esto es, apartado de designios anticipados o prevenciones que, al margen del análisis estrictamente probatorio y legal, puedan favorecer o perjudicar a una de las partes.

7. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha in dicado que las causales de impedimento, por ser taxativas y de aplicación restrictiva, comportan una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que le corresponde al juez y, como tal, están debidamente delimitadas por el legislador sin que puedan extenderse o ampliarse a criterio del juez

taxativas y de aplicación restrictiva, comportan una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que le corresponde al juez y, como tal, están debidamente delimitadas por el legislador sin que puedan extenderse o ampliarse a criterio del juez o de las partes, por cuanto, la escogencia de quien la decide no es discrecional7.

De los impedimentos propuestos en el caso concreto

8. La Sala advierte que, los Consejeros de Estado, doctora Nubia Margoth Peña Garzón y doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes coinciden en fundamentar su impedimento en la causal prevista en el numeral 1.º del artículo 56 del Código de

Procedimiento Penal, el cual prevé lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:

1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal […]”. (Resaltado por la Sala)

9. Al respecto, se advierte que, en el caso sub examine, la actora presentó la acción de tutela contra la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 2 de mayo 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000-23-42-000-2015-04749-02: vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

10. El proceso ordinario cuestionado dentro de la presente acción de tutela se dio con ocasión a la demanda que presentó la actora en ejercicio del medio de control de

vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

10. El proceso ordinario cuestionado dentro de la presente acción de tutela se dio con ocasión a la demanda que presentó la actora en ejercicio del medio de control de

6 Idem pie de página núm. 6 supra. 7 Sala Plena, ver entre otros, auto del 23 de septiembre de 2003, número único de radicación 110010315000200301060 01, Magistrado Ponente Jesús María Lemos Bustamante.4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-01

Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón

nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 2502 de 25 de febrero de 2015 , 2513 de 15 de abril de 2015 y 4294 de 13 de julio de 2015, a través de las cuales la autoridad demandada le negó la solicitud de reliquidación de sus prestaciones sociales con la inclusión de la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 18 de mayo de 19928.

11. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que , respecto de los Consejeros de Estado, doctora Nubia Margoth Peña Garzón y doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes concurren los presupuestos para que se configure la causal de impedimento expuesta supra, toda vez que, la controversia jurídica que se plantea al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000-23-42-000-2015-04749-02, analiza la procedencia de la

interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000-23-42-000-2015-04749-02, analiza la procedencia de la liquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de la prima especial de servicio equivalente al 30% del salario básico de conformidad con la Ley 4.a de 1992.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la controversia jurídica aquí planteada versa sobre el régimen salarial y prestacional previsto en la Ley 4.a de 1992, en tanto ellos en el pasado se desempeñaron como Magistrados Auxiliares del Consejo de Estado, se considera que resulta procedente declarar fundado s los impedimentos manifestados por los Consejeros de Estado, doctora Nubia Margoth Peña Garzón y doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes , como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADOS los impedimentos que manifestaron los Consejeros de Estado, doctora Nubia Margoth Peña Garzón y doctor Germán Eduardo

8 “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadore s Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución

de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadore s Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06481-01

Actora: Dora Consuelo Benítez Tobón

Osorio Cifuentes , Magistrados de la Sección Primera de esta Corporación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, REGRESAR el expediente al Despacho para continuar con el trámite que corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión celebrada en la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Consejero de Estado Consejero de Estado

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Conjuez Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.