CE - 2023066720240222145851

Demandantes: Carlos Abel Buitrago González

Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala

Segunda de Decisión Radicación: 11001-03-15-000-2023-06672-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-06672-01

Demandante: CARLOS ABEL BUITRAGO GONZÁLEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN Temas Tutela contra providencia judicial – efecto decisivo o determinante de la irregularidad procesal alegada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el recurso de impugnación presentado por la parte accionante contra la sentencia proferida en primera instancia el 30 de noviembre de 2023 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. En ese fallo se negó la solicitud de amparo al concluir q ue la autoridad accionada no había incurrido en ningún defecto.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 31 de octubre de 2023, el señor Carlos Abel Buitrago

ningún defecto.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 31 de octubre de 2023, el señor Carlos Abel Buitrago González, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión . El peticionario consideró que la autoridad judicial accionad a vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad h umana, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Desde el punto de vista del accionante, la trasgresión de las citadas garantías constitucionales se la adjudica a las siguientes providencias proferidas por el tribunal (i) el auto del 21 de marzo de 2023, que declaró infundado el impedimento manifestado por la magistrada Sandra Lucía Ojeda Insuasty , y (ii) la sentencia del 24 de marzo de 2023, que revocó la providencia del 17 de junio de 2021 proferida por el juez de primera instancia mediante la cual ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (de ahora en adelante, CASUR) y, en su lugar, declaró probada de oficio la ausencia del título

de recaudo.Demandantes: Carlos Abel Buitrago González

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3. El accionante solicitó:

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3. El accionante solicitó:

Dejar sin efectos la sentencia No. D003-26-2023 de 24 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso radicado 52001-33-33008-2016-00193-01, como consecuencia de ello, se le ordene a la Corporación emitir otro fall o conforme las directrices que marque el Máximo Tribunal de lo administrativo.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

4. El señor Buitrago González ingresó a la Policía Nacional el 20 de mayo de 1984 en calidad de agente alumno. El 7 de septiembre de 1999 fue promovido al grado de intendente en dicha institución.

5. El 27 de julio de 2009, CASUR profirió la Resolución 3374 po r medio de la cual reconoció la asignación mensual de retiro al actor en cuantía de 85%, con fundamento en los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004. Esto, una vez cumplió un tiempo de servicios en la Policía Nacional de 25 años, 7 meses y 11 días.

6. Contra dicho acto administrativo, el actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se reconociera y pagara su asignación de retiro de conformidad con lo señalado en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 y, de tal forma, se llevara a cabo la respectiva reliquidación de la prestación social.

asignación de retiro de conformidad con lo señalado en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 y, de tal forma, se llevara a cabo la respectiva reliquidación de la prestación social.

7. Mediante fallo del 6 de diciembre de 2013, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto declaró la nulidad parcial del acto y condenó a la entidad a que reconociera la asignación de retiro del actor en aplicación de la norma solicitada y en la cuantía allí establecida de las partidas computables. A su vez, ordenó su reliquidación desde el 26 de agosto de 2009 hasta su inclusión en nómina, así como el pago de las suma s de dinero que resultaran de la diferencia entre lo cancelado y la nueva liquidación.

8. El 10 de diciembre de 2013, la parte actora solicitó aclaración de la sentencia, en el sentido de que se determinara la denominación del grado del actor que ostentaba al momento de su retiro. M ediante auto del 24 de enero de 20 14, el juzgado negó lo pedido al considerar que no existía falta de claridad en la parte motiva de la sentencia que afectara lo ordenado en la resolutiva . Esto pues, desde su perspectiva, la no inclusión del grado del actor no incidía sobre los efectos jurídicos de la providencia. La sentencia declarativa quedó debidamente ejecutoriada el 30 de enero de 2014.

9. El 6 de marzo de 20 14, el señor Buitrago Gonzá lez radicó cuenta de cobro ante CASUR. A través de la Resolución 3879 del 10 de junio del mismo año, la entidad reliquidó la pensión del tutelante con el grado de agente. Por tanto, el

ante CASUR. A través de la Resolución 3879 del 10 de junio del mismo año, la entidad reliquidó la pensión del tutelante con el grado de agente. Por tanto, el interesado consideró que incumplió con lo ordenado en la sentencia cond enatoria,Demandantes: Carlos Abel Buitrago González

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pues a su juicio, se debía reliquidar su prestación con el grado de intendente, cargo que ocupaba cuando fue retirado de la Policía Nacional.

10. En este sentido, el actor presentó demanda ejecutiva contra la autoridad, con el fin de que se librara mandamiento ejecutivo por el valor correspondiente a las diferencias dinerarias dejadas de cancelar resultantes de la reliquidación de su asignación de retiro para el período comprendido desde el 26 de agosto de 2009, hasta junio de 2016. A su vez, por las mesadas que se generaran en adelante y por la indexación e intereses moratorios causados, todo ello, de conformidad con lo ordenado en la sentencia del 6 de diciembre de 2014 y con el sueldo básico del grado en que había sido retirado.

11. Mediante provide ncia del 6 de febrero de 2017, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto libró mandamiento de pago al concluir que la obligación que se pretende ejecutar es clara, expresa y exigible. Estableció

11. Mediante provide ncia del 6 de febrero de 2017, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto libró mandamiento de pago al concluir que la obligación que se pretende ejecutar es clara, expresa y exigible. Estableció que las sumas objeto de la ejecución de bía ceñirse a lo dispuesto en la sentencia dictada en el proceso declarativo. Este mandamiento de pago fue corregido mediante providencia del 21 de marzo de 2017.

12. En fallo del 17 de junio de 2021, el juzgado decidió lo siguiente: (i) declaró no probada la excepción de pago propuesta por la ejecutada y rechazó las demás; (ii) ordenó seguir adelante con la ejecución contra CASUR en los términos señalados en el mandamiento sometido a corrección; (iii) ordenó practicar la liquidación del crédito y, (iv) condenó en costas a la entidad.

13. El juez de primera instancia consideró que la obligación era clara y determinable pues, aunque la sentencia no señaló cuál era la suma que debía pagarse al accionante, sí precisó cómo debía liquidarse la pensión. A su vez, sostuvo que en la liquidación realizada por la entidad no se cumplió con lo ordenado en el fallo del proceso declarativo , pues allí «nada se dijo con modificar o variar el grado con el que el actor había sido retirado de la Institución, simplemente se indicó que los factores del componente salarial eran los establecidos en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990».

14. Inconforme con la decisión adoptada, la entidad ejecutada interpuso recurso de apelación.

que los factores del componente salarial eran los establecidos en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990».

14. Inconforme con la decisión adoptada, la entidad ejecutada interpuso recurso de apelación.

15. Previo al pronunciamiento por parte del juez de segund o grado , el 16 de marzo de 2023 la magistrada Sandra Lucía Ojeda Insuasty manifestó impedimento para conocer del proceso ejecutivo. Alegó la configuración de la causal consagrada em el numeral 21 del artículo 141 del Código General del Proceso, debido a que fue titular del Juzgado Oct avo Administrativo de Pasto y dictó la sentencia del 6 de septiembre de 2013 que se aportó a la demanda como título ejecutivo.

1 “Son causales de recusación las siguientes: (…) 2.- Haber conocido del proceso o haber realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”Demandantes: Carlos Abel Buitrago González

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16. Mediante providencia del 21 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión declaró infundado e l impedimento manifestado.

Consideró que la providencia dictada por la magistrada como titular del juzgado fue proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y no dentro del

Nariño, Sala Segunda de Decisión declaró infundado e l impedimento manifestado. Consideró que la providencia dictada por la magistrada como titular del juzgado fue proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y no dentro del trámite ejecutivo en cuestión. Por tanto, concluyó que no se cumplía con el supuesto fáctico para la configuración de la causal alegada y no se alteraba la imparcialidad de las decisiones judiciales.

17. El auto en cuestión fue notificado mediante estado fijado el 12 de julio de

2023.

18. A través de sentencia del 24 de marzo de 2023, con ponencia de la magistrada a quien se negó el impedimento, el tribunal revocó la sentencia del 17 de junio de 2021 y, en su lugar, declaró probada de oficio la ausencia del título de recaudo.

19. Argumentó que en la providencia que constituye el título base de recaudo no estableció nada en relación a si el sueldo básico que se debía aplicar era para el grado de intendente, tal como lo pretendía el ejecutante. Sostuvo que lo ordenado en el fallo «fu e el reconocimiento de la asignación de retiro con fundamento en el Decreto 1213 de 1990, en atención a que tenía una situación jurídica protegida ya que fue homologado al nivel ejecutivo el 1.º de junio de 1994 ». Agregó que ello no implicaba que se hubier a accedido a la reliquidación de la prestación en la forma

que se pretendía ejecutar. Al respecto, añadió:

lo que en su momento pretendió la parte actora fue la aclaración de la sentencia para que se precisará el último grado del actor, no obstante al serle negada, no hizo

que se pretendía ejecutar. Al respecto, añadió:

lo que en su momento pretendió la parte actora fue la aclaración de la sentencia para que se precisará el último grado del actor, no obstante al serle negada, no hizo uso del recurso de apelación mostrando conformidad con la forma en que en la sentencia se ordenó el reajuste de su asignación de retiro. Es tan evidente que para el ahora ejecutante, la sentencia no había ordenado la reliquidación con el grado de intendente que, por ello, pidió aclaración y se insiste en que, al no ser aceptada la solicitud en tal sentido, lo procedente era precisamente la apelación.

20. Puso de presente que «el título ejecutivo que se trae como base de ejecución contiene una obligación clara, expresa y exigible pero no en la forma como lo solicita el demandante». Agregó que el actor tuvo que haber interpuesto el respectivo recurso de apelación contra la sente ncia dictada en primera instancia del proceso declarativo, dado que lo pretendido no fue reconocido expresamente en el fallo objeto de recaudo. Esto, pues era improcedente que a través de la demanda ejecutiva se impusieran condenas adicionales.

21. La sentencia de segunda instancia fue notificada electrónicamente el 30 de junio de 2023.

1.3 Fundamentos de la vulneración

22. Por medio de extensas citas textuales tomadas de las distintas providenciasDemandantes: Carlos Abel Buitrago González

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del proceso ejecutivo, el actor relató a detalle los presupuestos fácticos de la presente acción constitucional. A su vez, trajo a colación todos los argumentos expuestos al interior de dicho trámite por medio de la demanda ejecutiva y las distintas actuaciones que adelantó.

23. Sostuvo que, con respecto a las causales de impedimento y recusación, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional «han expuesto que se trata de instrumentos o mecanismos jurídicos con los que se busca preservar la integridad moral del servidor judicial, garantizando que sus decisiones sean adoptadas bajo los principios de imparcialidad e independencia».

24. Agregó que, en virtud de lo anterior, «una vez la señora magistrada Ojeda Insuasty declaró el impedimento, de inmediato el proceso quedó suspendido hasta tanto fuera resuelto, así lo dispone el artículo 145 del CGP». Citó esta disposición

normativa que establece:

Suspensión del proceso por impedimento o recusación. El proceso se suspenderá desde que el funcionario se declare impedido o se formule la recusación hasta cuando se resuelva, sin que por ello se afecte la validez de los actos surtidos con anterioridad.

25. Alegó que este fenómeno «obra ipso iure, es decir, sin necesidad de declaración expresa o por decreto del juez» y c uenta con «la misma característica esencial de la interrupción». Por tanto, indicó que en el proceso no puede

25. Alegó que este fenómeno «obra ipso iure, es decir, sin necesidad de declaración expresa o por decreto del juez» y c uenta con «la misma característica esencial de la interrupción». Por tanto, indicó que en el proceso no puede adelantarse ninguna actuación desde que se manifiesta el impedimento y hasta que

no sea resuelto. En relación con ello, argumentó:

El 24 de marzo de 2023, es decir, a los 8 días siguientes a la declaración de impedimento, se reunieron los señores magistrados Sandra Lucia Ojeda Insuasty y Paulo León España Pantoja en sesión de Sala Virtual, en la cual discutieron, aprobaron y notificaron la sentencia No. D003-26-2023 que ponía fin al proceso, pero olvidaron que este se encontraba suspendido.

26. Puso de presente en la sala en la que se dictó dicha sentencia, se ausentó «la señora magistrada Ana Beel Bastidas Pantoja, a quien, según constancia del 17 de marzo de hogaño, se le había remitido el expediente por ser quien seguía en lista». Al respecto, cuestionó que «si el expediente se encontraba en el despacho de la señora magistrada Ana Beel, cómo hicieron los otros dos colegiados para discutir y aprobar la sentencia».

27. Arguyó que «se adelantó el proceso cuando estaba suspendido», lo que vulneró su derecho al debido proceso.

28. Trajo a colación generalidades relacionadas con la naturaleza del régimen de impedimentos y recusaciones y adujo que «en el asunto que nos ocupa se está ejecutando una sentencia judicial a continuación del proceso declarativo en que fue proferida». En este sentido, arguyó que «la causal de impedimento propuesta por la

impedimentos y recusaciones y adujo que «en el asunto que nos ocupa se está ejecutando una sentencia judicial a continuación del proceso declarativo en que fue proferida». En este sentido, arguyó que «la causal de impedimento propuesta por la señora magistrada ponente se encontraba demostrada de forma documental» y, aDemandantes: Carlos Abel Buitrago González

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su juicio, era una «situación objetiva fácilmente demostrada, que dejaba muy poco margen para la apreciación subjetiva o la contradicción».

29. Afirmó que el auto que decidió el impedimento de la magistrada desconoció el ordinal 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, pues la providencia citó jurisprudencia que a su juicio desconoció, lo que vulnera su derecho al debido proceso.

1.4. Trámite de la acción de tutela

30. Mediante auto de 1º de noviembre de 2023, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela. En consecuencia, ordenó notificar como demandado al Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión. Asimismo, dispuso que se comunicara como tercera con interés a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR –.

1.5. Intervenciones e informes

31. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se

interés a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR –.

1.5. Intervenciones e informes

31. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se

presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión

32. La magistrada ponente de la decisión informó que el 16 de marzo de 2023 formuló el impedimento que se declaró infundado el 21 del mismo mes y año; sin embargo, puso de presente que este auto se notificó con posterioridad a la providencia que resolvió el recurso de apelación «pese a que la misma había sido revisada y suscrita con anterioridad».

33. Precisó que, a pesar de que se presentó dicha irregularidad, «es inocua y no causó daño alguno». Agregó que los argumentos según los cuales el impedimento debió aceptarse «no son de recibo alguno» y, por tal motivo, puso de presente que «de emitir tutela favorable al actor por la irregularidad presentada, el resultado sería el mismo». Esto, pues se debería surtir de nuevo el trámite del impedimento, el cual no sería aceptado por la sala y, dado que frente a esta decisión no procede recurso, el fallo sería proferido con ponencia de la misma magistrada.

1.5.2. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR

34. La entidad vinculada rindió informe en el que solicitó que se niegue el amparo invocado pues, a su juicio, la decisión de segunda instancia se dictó de conformidad con la normatividad aplicable y sin vulnerar ningún derecho fundamental.

34. La entidad vinculada rindió informe en el que solicitó que se niegue el amparo invocado pues, a su juicio, la decisión de segunda instancia se dictó de conformidad con la normatividad aplicable y sin vulnerar ningún derecho fundamental.

35. Manifestó que, en aras de proteger el principio de favorabi lidad, la entidad mantuvo la asignación de retiro con el sueldo básico que fundamentó la liquidación de la prestación social. Esto, debido a que, si reconocía la asignación deDemandantes: Carlos Abel Buitrago González

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conformidad con el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, desmejoraría sustancialmente la situación pensional del actor.

1.6. Sentencia de tutela de primera instancia

36. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia del 30 de noviembre de 20232, negó el amparo solicitado al concluir que la providencia cuestionada no incurrió en ningún defecto.

37. Advirtió que , de conformidad con los argumentos expuesto s en el escrito inicial, el señor Buitrago González considera que la vulneración de sus derechos fue causada mediante el auto del 21 de marzo de 2023 que declaró infundado el impedimento manifestado por la magistrada Ojeda Insuasty.

38. Consideró que se cumplieron con los requisitos generales de procedibilidad

causada mediante el auto del 21 de marzo de 2023 que declaró infundado el impedimento manifestado por la magistrada Ojeda Insuasty.

38. Consideró que se cumplieron con los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial y estu dió el fondo del asunto. Observó que el tribunal demandado fundamentó su decisión en que la funcionaria actuó en un proceso diferente al ejecutivo, lo cual no permitía la configuración de la causal alegada. A su juicio, ello implica que la magistrada «no t uvo conocimiento del proceso ejecutivo en una instancia anterior, sino que tan solo profirió la condena en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que sirvió de base para la ejecución». Agregó que esta situación no contraviene la imparcialidad de la magistrada en la decisión judicial.

39. Arguyó que el accionante no sustentó el defecto en el que habría incurrido la autoridad demandada pues, si bien afirmó que se desconocieron normas de orden público, no señaló cuáles fueron ni en qué consistió dicha omisión.

1.7. Impugnación

40. La parte accionante presentó escrito de impugnación 3 en el que solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, amparar sus derechos fundamentales por los mismos argumentos expuestos en la solicitud de amparo.

41. Afirmó que el fallo de primera insta ncia «incurre en irónica contradicción» pues, a pesar de que consideró que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad, a su vez sostuvo que en el escrito inicial no se sustentó defecto alguno.

42. Reiteró que «el proceso ejecutivo se tramitó a continuación del proceso

procedibilidad, a su vez sostuvo que en el escrito inicial no se sustentó defecto alguno.

42. Reiteró que «el proceso ejecutivo se tramitó a continuación del proceso declarativo», por lo que no era un trámite autónomo. Por tanto, indicó que, a diferencia de lo decidido por el juez de tutela de primera instancia, la magistrada sí estaba impedida pues se trataba de un mismo proceso el cual «trami tó desde el inicio».

2 La providencia de primera instancia se notificó el 5 de diciembre de 2023. 3 El escrito de impugnación fue presentado el 13 de diciembre de 2023.Demandantes: Carlos Abel Buitrago González

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43. Puso de presente que en el escrito inicial se argumentó que el tribunal profirió sentencia de segunda instancia encontrándose el proceso suspendido, dado que no se había notificado el auto que decidió sobre la manifestación de impedimento de la togada. En este sentido, insistió en los argumentos expuestos en la tutela.

44. Concluyó que el juez de primera instancia no resolvió este cargo formulado contra el tribunal y, por tanto, solicitó que se llevara a cabo el estudio correspondiente. Agregó lo siguiente: «recuerdo a los señores jueces constitucionales de segunda instancia que la solicitud de dejar sin efectos el auto que niega el impedimento de la señora magistrada, fue presentada en forma adicional».

correspondiente. Agregó lo siguiente: «recuerdo a los señores jueces constitucionales de segunda instancia que la solicitud de dejar sin efectos el auto que niega el impedimento de la señora magistrada, fue presentada en forma adicional».

1.8. Trámite en segunda instancia

45. Mediante auto del 24 de enero de 2024, el magistrado ponente de la presente decisión vinculó al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso. Pese a lo anterior, esta autoridad guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

46. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 30 de noviembre de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

47. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

48. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, se advierte que el señor Buitrago González se encuentra legitimado en la causa por activa. Esto, porque figura como demandante en el proceso ejecutivo del derecho en el que se profirieron

48. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, se advierte que el señor Buitrago González se encuentra legitimado en la causa por activa. Esto, porque figura como demandante en el proceso ejecutivo del derecho en el que se profirieron las providencias aquí cuestionadas.

49. Por su parte, se encuentra que el Tribunal Administrativo de Nariño también está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la s decisiones reprochadas en esta oportunidad.Demandantes: Carlos Abel Buitrago González

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2.3. Problemas jurídicos

50. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, el 30 de noviembre de 2023.

51. Para ello, deberá analizar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. De encontrarse superados los mismos, la Sala

analizará lo siguiente:

52. ¿El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al proferir el auto del 21 de marzo de 2023 y la sentencia del 2 4 de ma rzo del mismo año mediante l os cuales, respectivamente, declaró infundado el impedimento manifestado por la magistrada Ojeda Insuasty y revocó

del 2 4 de ma rzo del mismo año mediante l os cuales, respectivamente, declaró infundado el impedimento manifestado por la magistrada Ojeda Insuasty y revocó el fallo de primera instancia del proceso ejecutivo para, en su lugar, declarar de oficio la excepción de ausencia de título de recaudo?

53. Para resolver los interrogantes planteados, se anali zarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad y, de superarse, (iii) análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

54. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema5. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales6.

55. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20147. En esta sentencia se

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo d e la Sala Plena antes reseñado. 6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.Demandantes: Carlos Abel Buitrago González

Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala

Segunda de Decisión Radicación: 11001-03-15-000-2023-06672-01

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establecieron seis requisitos generales de procedencia8 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial9.

56. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes