CE - 20230669801CIRALUZSI 20240410103007

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01

Demandante: CIRA LUZ SIERRA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada; además, se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de origen.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 11 de enero de 20241, proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 1º de noviembre de 2023 , la señora Cira Luz Sierra , mediante apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y del Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena, con el objeto de que se amparen sus derechos

El 1º de noviembre de 2023 , la señora Cira Luz Sierra , mediante apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y del Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de igualdad y de acceso a la administración de justicia, que estima vulnerados con ocasión de la expedición de las sentencias del 30 de junio de 2022 y del 17 de marzo de 2023, mediante las cuales se negaron las pretensiones en el proceso de nulidad y restab lecimiento del derecho 13001333300420200000100/01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

Tutelar mis Derechos Fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA

IGUALDAD ANTE LA LEY, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

1 Se advierte que, el 14 de marzo de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01

Demandante: Cira Luz Sierra Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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JUSTICIA Y A LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, por la vulneración a lo dispuesto en los artículos 29, 79, 80 y 228 de la Constitución Nacional, en un término no mayor a 48 horas de haber expedido el fallo, en los términos expuestos en las considerac iones generales de la presente acción de tutela.

1.- Declarar que la sentencia No. 77 del 30 de junio de 2022, emanada por el

de haber expedido el fallo, en los términos expuestos en las considerac iones generales de la presente acción de tutela.

1.- Declarar que la sentencia No. 77 del 30 de junio de 2022, emanada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cartagena, y la sentencia No. 026 / 2023 de fecha 17 de marzo de 2023, emanada por el Honor able Tribunal Administrativo de Bolívar sala de decisión No. 7, vulnero lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Nacional.

2.- Revocar el fallo No. No. 77 del 30 de junio de 2022, emanada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Carta gena, en el sentido de tutelar el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la igualdad de la señora

CIRA LUZ SIERRA.

3.- Revocar el fallo No. 026 / 2023 de fecha 17 de marzo de 2023, emanada por el Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar sala de decisión No. 7, que confirmó la sentencia No. 77 del 30 de junio de 2022, emanada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cartagena, en el sentido de tutelar el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la igualdad de la señora

CIRA LUZ SIERRA.

4.- Como consecuencia de lo anterior DEJAR SIN EFECTOS la sentencia No. 77 del 30 de junio de 2022, emanada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cartagena, y la sentencia No. 026 / 2023 de fecha 17 de marzo de 2023, emanada por el Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar sala de decisión

77 del 30 de junio de 2022, emanada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cartagena, y la sentencia No. 026 / 2023 de fecha 17 de marzo de 2023, emanada por el Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar sala de decisión No. 7, que denegaron las pretensiones de la demanda.

5.- ORDENAR al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cartagena y al Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar sala de decisión No. 7, se pronuncien en una nueva providencia donde se valoren la totalidad de las pruebas decretadas y obrantes dentro del proceso de manera objetiva y racional evitando toda valoración tendiente a ser arbitraria, irracional y caprichosa, garantizando el debido proceso y el acceso a la administración de justicia y la igualdad de la señora CIRA LUZ SIERRA.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, la parte actora narró que la señora Cira Luz Sierra ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento con el objeto de obtener el reconocimiento de la pensión gracia , que le fue negada por la UGPP mediante las Resoluciones RDP 022573 del 29 de julio de 2019 y RDP 030580 del 11 de octubre de 2019, bajo el argumento de que su vinculación como docente oficial fue del nivel nacional y no territorial o nacionalizada.

Mediante sentencia del 30 de junio de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la accionante no cumple los requisitos para acceder a la pensión gracia, dado que no acreditó la vinculación territorial o nacionalizada por 20 años.

Cartagena negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la accionante no cumple los requisitos para acceder a la pensión gracia, dado que no acreditó la vinculación territorial o nacionalizada por 20 años. La providencia fue impugnada y el Tribunal Administrativo de Bolívar la confirmóRadicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01

Demandante: Cira Luz Sierra Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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con sentencia del 17 de marzo de 2023.

1.3. Argumentos de la tutela

El apoderado de la accionante sostuvo que la tutela cumple con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial, en especial, el de relevancia, toda vez que el debate planteado es de contenido puramente constitucional.

Manifestó que la providencia cuestionada incurrió en los siguientes defectos:

Defecto fáctico. Las autoridades judiciales accionadas no valoraron debidamente las pruebas allegadas en su integridad.

Desconocimiento del precedente . Las demandadas no aplicaron la jurisprudencia que unific a el reconocimiento de la pensión gracia y dispone que el medio de prueba idóneo para determinar la clase de vinculación del docente es el acto administrativo de nombramiento, porque allí se determina a qué entidad prestó el servicio. Contrario a ello, se fiaron de una certificación expedida por una autoridad territorial, para concluir que la educadora tuvo vinculación nacional, y con fundamento en ello negaron el derech o pretendido.

Las providencias censuradas desconocieron la sentencia de unificación SUJ-11-S2

territorial, para concluir que la educadora tuvo vinculación nacional, y con fundamento en ello negaron el derech o pretendido.

Las providencias censuradas desconocieron la sentencia de unificación SUJ-11-S2 proferida por el Consejo de Estado el 21 de junio 2018, que fijó como regla jurisprudencial que, cuando los docentes son nombrados por autoridades territoriales, sin importar el tipo de financiación, se les debe categorizar como territoriales.

Violación directa de la Constitución . En suma, señaló que las autoridades accionadas vulneraron el artículo 29 Superior, dado que no respetaron las garantías propias del debido proceso.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 3 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia admitió la demanda , dispuso que aquel se notificara al magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez del Tribunal Administrativo de Bolívar y a la titular del Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena como autoridades accionadas; también a la Un idad Administrativa Especial de Gestión Pensio nal yRadicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01

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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, como tercer a con interés.

2.2. El magistrado ponente de la providencia censurada señaló que no le asiste razón a la accionante, pues se impartió el trámite procesal pertinente y se realizó el

interés.

2.2. El magistrado ponente de la providencia censurada señaló que no le asiste razón a la accionante, pues se impartió el trámite procesal pertinente y se realizó el análisis jurídico, fáctico y probatorio de los argumentos esgrimidos por la demandante. Agregó que se le dio oportunidad de ser escuchada, de controvertir los alegatos y pruebas en su contra y de solicitar la pr áctica de pruebas en los términos establec idos en la ley. Que, por tanto, no se violó e l derecho al debido proceso.

De otra parte, sostuvo que, de conformidad con la certificación contenida en el Oficio N° AMC-OFI-0139183-2021 del 8 de noviembre de 2021, suscrito por el Subdirector Técnico de Talento Humano del Distrito de Cartagena de Indias, quedó demostrado que la vinculación de la docente era nacional.

2.3. El apoderado de la UGPP 2 señaló que la s autoridades accionadas no vulneraron derecho fundamental alguno, dado que la pensión gracia está consagrada únicamente a favor de los docentes que ostentan vinculación territorial o nacionalizada, lo cual no fue acreditado por la señora Cira Luz Sierra, según el análisis de fondo que se realizó en las providencias cuestionadas.

Agregó que la tutela es improcedente, toda vez que no cumple con los requisitos generales ni específicos para controvertir providencias judiciales, y desconoce la autonomía de las autoridades judiciales accionadas que profirieron las sentencias que se encuentran ejecutoriadas y , por ende, son inmodificables, sin que sea

generales ni específicos para controvertir providencias judiciales, y desconoce la autonomía de las autoridades judiciales accionadas que profirieron las sentencias que se encuentran ejecutoriadas y , por ende, son inmodificables, sin que sea procedente reabrir el debate ya zanjado por el juez natural de la causa.

2.4. El Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena no rindió informe en esta oportunidad.

3. Fallo impugnado

La Subsección C de la Sección Tercera del Co nsejo de Estado , en sentencia del 11 de enero de 2024, declaró improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por considerar que la accionante la utilizó

2 Abogado Javier Andrés Sosa Pérez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01

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como un medio para revivir el análisis jurídico efectuado por el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como si este mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario.

En cuanto al supuesto precedente judicial desconocido, señaló que la parte actora no identificó cuál era la subregla que estima desconocida, y destacó que , si bien esta Corporación ha descartado que el origen de los fondos sea un criterio v álido para determinar la naturaleza de la vinculación del docente, lo cierto es que sí ha estimado adecuado acudir a las certificaciones expedidas por la entidad para ese propósito (SUJ-11-S213 del 21 de junio 2018).

para determinar la naturaleza de la vinculación del docente, lo cierto es que sí ha estimado adecuado acudir a las certificaciones expedidas por la entidad para ese propósito (SUJ-11-S213 del 21 de junio 2018).

4. Impugnación

La accionante insistió en que las sentencias objeto de reproche vulneraron sus derechos fundamentales, con lo cual se satisface el requisito de relevancia constitucional, puesto que se cumplió con la carga argumentativa de los requisitos específicos de procedencia de la tutela: el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente.

Afirmó que, pese a que en la demanda se indicó cuál es la regla jurisprudencial que se considera desconocida, el a quo no analizó debidamente ese cargo .

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo del 11 de enero de 2024 , proferido por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de amparo .

La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales invocados por l a accionante.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01

Demandante: Cira Luz Sierra

judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales invocados por l a accionante.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01

Demandante: Cira Luz Sierra Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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2. Análisis de la Sala

2.1. El requisito general de relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014 3, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumenta tiva, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia consti tucional no se agota

derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia consti tucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento com o tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 4 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índo le patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en

3 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 4 Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01

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juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

3. Caso concreto y solución del problema jurídico

Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

3. Caso concreto y solución del problema jurídico

De entrada, tal como lo planteó el juez de tutela de primera instancia, la Sala advierte que la presente tutela deviene improcedente porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional, dada su falta de carga argumentativa mínima.

En efecto , si bien la parte actora manifestó su desacuerdo con la s decisiones proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar , e incluso identificó como causales específicas de procedibilidad el defecto fáctico, el desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución, lo cierto es que no explicó con claridad suficiente en qué consiste la transgresión invocada.

En cuanto al defecto fáctico, se alega que la autoridad judicial incurrió en indebida valoración probatoria, sin embargo, a juicio de la Sala, no bastaba con señalar en abstracto que se presentó una equivocación en dicho análisis , sino que l o determinante era precisar cuáles fueron los medios de prueba valorados, explicar cómo esa valoración arrojó un resultado distinto y por qué la conclusión de los jueces estaba desprovista de cualquier rigor o fundamento, pero, en este caso, lo que se advierte es un descontento genérico con la decisión tomada en la sentencia cuestionada.

Así mismo, es menester mencionar que la valoración probatoria en nuestro sistema se encuentra gobernada por el principio de la sana crítica o de la apreciación

cuestionada.

Así mismo, es menester mencionar que la valoración probatoria en nuestro sistema se encuentra gobernada por el principio de la sana crítica o de la apreciación razonada de las pruebas, actividad en la cual el fallador es libre de formarse su convencimiento sobre la verificación de los enunciados fácticos, a partir de un análisis conjunto e integral de los elementos probatorios, pero sujeto a las reglas de la lógica y de la experiencia, y no a una convicción arbitraria, caprichosa o al margen de lo que revelen los medios de prueba.

Esa tarea se logra cuando se motiva la decisión de manera racional con las pruebas que obran en el proceso e incluso, a partir de las deficiencias que en esa carga procesal de las partes advierta el sentenciador. Con todo, esa situación no exige el estudio individual o detallado de cada uno de los medios suasorios, salvo que seRadicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01

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echen de menos aquellos que incidan directamente en el sentido de la decisión, al punto que den lugar a una resolución distinta a la emitida , circunstancia que, como se vio, no se presenta en este caso.

Respecto del desconocimiento del precedente, lo expuesto en la demanda no cumple con la carga argumentativa exigida, pues la parte actora se limitó a identificar la providencia, sin precisar cuáles fueron los fundamentos fácticos que dieron lugar a la misma, ni identificar cuáles son las subreglas jurisprudenciales que se derivan de ella. Tampoco se ocupó de explicar por qué en este caso las

identificar la providencia, sin precisar cuáles fueron los fundamentos fácticos que dieron lugar a la misma, ni identificar cuáles son las subreglas jurisprudenciales que se derivan de ella. Tampoco se ocupó de explicar por qué en este caso las autoridades judiciales accionadas estaban obligadas a aplicarlas para dar solución a la controversia planteada.

Lo mismo sucede con la violación a la Constitución alegada, dado que la parte actora se limitó a señalar que no se respetaron las garantías del debido proceso, pero no especificó en qué consistían las transgresiones invocadas.

Por consiguiente, lo manifestado por la solicitante no basta para considerar que se cumpla con el primer elemento del requisito de relevancia constitucional, puesto que resulta necesario que los señalamientos que se hagan en la demanda de tutela se sustenten razonablemente, a fin de que el juez cuente con los parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos fundamentales.

Conviene recordar que esta Corporación ha señalado que en la demanda de tutela el actor no puede confo rmarse con identificar de manera escueta alguna de las causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino que es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente , que sea producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto. Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra las provi dencias judiciales5.

De otra parte, la Sala coincide con el a quo, en que el accionante pretende convertir

Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra las provi dencias judiciales5.

De otra parte, la Sala coincide con el a quo, en que el accionante pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho .

5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-0038000, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01

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En efecto, de la lectura de la demanda se colige que la parte actora tiene un descontento general con las providencias objeto de reproche, porque en ellas se llegó a la conclusión de que la señora Cira Luz Sierra es tuvo vinculada al servicio docente como educadora del nivel nacional, dado que así lo certificó la autoridad nominadora. En contraste, la demandante considera que la prueba idónea para acreditar el tipo de vinculación es el acto administrativo de nombramiento expedido por la autoridad distrital, el cual, según su dicho, concede a la servidora la categoría de docente territorial.

Sin embargo, del razonamiento efectuado por el juez natural de la causa de primera instancia, se encuentra con claridad la explicación de por qué la autoridad valoró el certificado contenido en el Oficio N° AMC -OFI-0139183-2021 del 08 de noviembre de 2021, suscrito por el Subdirector Técnico de Talento Humano del Distrito de

certificado contenido en el Oficio N° AMC -OFI-0139183-2021 del 08 de noviembre de 2021, suscrito por el Subdirector Técnico de Talento Humano del Distrito de Cartagena de Indias, que hace constar que la vinculación de la educadora fue como docente nacional. Así lo explicó:

En este contexto, quien pretende el reconocimiento y pago de la pensión gracia deberá demostrar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley, entre los cuales se encuentra la prestación del servicio en planteles o instituciones educativas departamentales, distritales, municipales o nacionalizados. (…)

Ahora bien, en lo que respecta al tiempo de servicio y a la naturaleza del vínculo para acceder a la prestación graciosa, el Consejo de Estado ha precisado que las certificaciones que se emitan con tal fin, deben ser claras, completas y aptas para determinar el tiempo total trabajado, el cargo desempeñado por el docente, la jornada laboral, la clase de plantel donde se prestó el servicio y la vinculación del establecimiento educativo con la Nación o con una entidad territorial. Así señaló la mencionada Corporación:

«En principio, para efectos de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN GRACIA (DOCENTE) se deben analizar los tiempo s de servicio que acrediten los educadores teniendo en cuenta varios datos trascendentales, año por año (porque es posible que un tiempo le sirva para la prestación y otro no), a saber: EL CARGO DESEMPEÑADO (maestro de primaria, profesor de Normal, inspector de primaria, etc.) LA DEDICACIÓN (tiempo completo, medio tiempo, hora cátedra, etc.), LA CLASE DE PLANTEL donde desempeñó su labor

EL CARGO DESEMPEÑADO (maestro de primaria, profesor de Normal, inspector de primaria, etc.) LA DEDICACIÓN (tiempo completo, medio tiempo, hora cátedra, etc.), LA CLASE DE PLANTEL donde desempeñó su labor (Normal, Industrial, Bachillerato, etc.), así como EL NIVEL DE VINCULACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO A LAS ENTIDADES POLÍTICAS (Nacional, nacionalizado -a partir de cuándoDepartamental, Distrital, Municipal, etc.). La época del trabajo realizado (año, con determinación clara y precisa de la iniciación y terminación de la labor) es fundamental de conformidad con las leyes especiales que rigen esta clase de pensión y la Ley 91 de 1989. La sola mención de la fecha de nombramiento no es prueba de la iniciación –desde ese momentodel servicio y la cita de la fecha de un acto de aceptación de renuncia debe ir acompañado del dato desde cuando produjo efectos, para poder tener en cuenta realmente el tiempo de servicio. Los certificados que se expidan para acreditar estos requisitos deben ser precisos en los datos fundamentales que exigen las leyes especiales que regulan esta clase de pen sión» (Resaltado fuera del texto).Radicación: 11001-03-15-000-2023-06698-01

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Esa misma corporación, en una decisión posterior señala:

“Es necesario precisar respecto de los certificados docentes para la pensión gracia, como ya se ha dicho por esta Subsección, estos pueden ser expedidos por los m ismos directivos de los centros educativos donde trabajaron los educadores y en ellos deben establecerse con claridad el cargo desempeñado,

gracia, como ya se ha dicho por esta Subsección, estos pueden ser expedidos por los m ismos directivos de los centros educativos donde trabajaron los educadores y en ellos deben establecerse con claridad el cargo desempeñado, la dedicación, la clase de plantel y el nivel de vinculación del centro educativo a las entidades públicas; dichos certificados servirán de base para expedir otros en forma correcta, tal como se verifica que ocurrió en el caso del demandante pues el Secretario General de la Alcaldía municipal de La Cruz (Nariño) certificó el lapso de trabajo incluyendo el periodo comprendido del 19 de enero de 1981 al 13 de julio de 1983 en el que el docente estuvo vinculado como interino en la Escuela Rural Mita de la Laguna7 ”. (Subrayado fuera del texto).

De lo anterior se colige, que las certificaciones que se expidan para acreditar el cumplimento de los requisitos para obtener una pensión gracia deben ser precisas en cuanto a los datos fundamentales que deban ser acreditados por el interesado.

Frente al caso concreto, el Juzgado sostuvo:

Por un lado, afirma la actora que si bien e l certificado de historia laboral expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, señala que el régimen de vinculación fue como docente NACIONAL, lo cierto es que debe tenerse en cuenta la naturaleza de la plaza ocupada que es de carácter distrital, ya que su nombramiento en ningún momento fue efectuado por el Ministerio de Educación Nacional sino por la misma entidad territorial Distrito de Cartagena.

Por su parte, la demandada UGPP, considera que a lo largo del proceso, se probó s uficientemente, con los certificados emitidos por la Secretaría de

por el Ministerio de Educación Nacional sino por la misma entidad territorial Distrito de Cartagena.

Por su parte, la demandada UGPP, considera que a lo largo del proceso, se probó s uficientemente, con los certificados emitidos por la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena, que la vinculación de la docente actora es de carácter NACIONAL y que en el mismo acto administrativo de nombramiento, a pesar de que fue emitido por la autoridad del ente territorial, se especificó que el mismo se realizó por voluntad del delegado del Ministerio de Educación Nacional, de manera que, al provenir los recursos para el pago de la docente, directamente de la Nación y no del ente territorial, no cabe duda de que se trata de una docente con la calidad de vinculación NACIONAL, y por lo tanto, a su juicio, no tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión gracia que solicita.

Pues bien, para definir esta controversia, el Despacho acogerá las reglas establecidas en la sentencia de unificación SUJ-011 del 21 de junio de 2018, proferida por el Consejo de Estado, y al respecto, debe indicarse de entrada que los argumentos expuestos por la UGPP no son de recibo, como quiera que, tal como se exp uso en la citada jurisprudencia no es dable inferir que los docentes adquieran la calidad de docentes nacionales por el simple hecho de que en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado perma nente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regi