CE - 20230692701EdelisEsp 20240523150428

Demandante: Edelis Esperanza Conrrado Rivadeneira Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06927-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-06927-01

Demandante: EDELIS ESPERANZA CONRRADO RIVADENEIRA

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – confirma – falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia proferida en primera instancia por la S ubsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 25 de enero de 2024. En ese fallo se declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES 1.1. La tutela

1. La señora Edelis Esperanza Conrrado Rivadeneira , actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira y el

I. ANTECEDENTES 1.1. La tutela

1. La señora Edelis Esperanza Conrrado Rivadeneira , actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha. Con la solicitud de amparo pretende que se le proteja su derecho fundamental al debido proceso.

2. La referida trasgresión constitucional se la adjudica a las providencias del 18 de agosto de 2021 y del 10 de mayo de 2023 proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira, en primera y segunda instancia, respectivamente. En las anteriores sentencias se negaron las pretensiones del medio de control de reparación directa, identificado con el radicado 44001-33-40-002-2017-00294-00/1.

3. Mediante el referido medio de control , se pretendía declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios causados como consecuencia de la muerte del señor Manuel Antonio Pacheco Torres ocasionada, presuntamente, por miembros de la Policía Nacional , mientras se encontraba privado injustamente de su libertad.Demandante: Edelis Esperanza Conrrado Rivadeneira Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06927-01

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1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

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1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

1º.-) Que se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA y el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE RIOHACHA, violaron mi derecho constitucional fundamental al debido proceso, con ocasión a la expedición de las sentencias de segunda y primera instancia proferidas dentro del trámite del medio de control de reparación directa seguido por MANUEL ANTONIO

PACHECO ORTEGA Y OTROS contra la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA

POLICÍA NACIONAL, radiación No. 44-001-33-33-002-2017-00294-00.

2º.-) Que se dejen sin efecto las sentencias proferidas dentro del trámite del medio de control de reparación directa seguido por MANUEL ANTONIO PACHECO ORTEGA Y OTROS contra la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL, radiación No. 44-001-33-33-002-2017-00294-00, porque son violatorias de mi derecho constitucional fundamental al debido proceso.

3º.-) Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA y al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE RIOHACHA que, en el término de 30 días, profiriera un fallo de reemplazo en el que valore las pruebas indiciarias que dan cuenta de la agresión física que sufrió mi compañero permanente mientras estaba bajo custodia del personal activo de la P OLICÍA NACIONAL adscritos a la Estación de Policía del Municipio de Fonseca (La Guajira), luego eran GARANTES de su seguridad.

mientras estaba bajo custodia del personal activo de la P OLICÍA NACIONAL adscritos a la Estación de Policía del Municipio de Fonseca (La Guajira), luego eran GARANTES de su seguridad.

4º.-) Que se advierta a las autoridades judiciales demandadas que se abstengan, en lo sucesivo, de tomar decisiones judiciales q ue afecten mis derechos constitucionales fundamentales.

1.3. Hechos

5. A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

6. El 19 de marzo de 2019, el señor Manuel Antonio Pacheco Torres fue detenido por miembros de la Policía Nacional, adscritos a la estación de FonsecaLa Guajira porque este habría participado en una riña callejera. Posteriormente, el señor Pacheco Torres refirió dolor abdominal y, por ello, fue trasladado al Hospital

San Agustín de Fonseca.

7. El mismo 19 de marzo , e l señor Pacheco Torres habría ingresado por urgencias, acompañado por patrulleros de la Policía Nacional, con cuadro clínico relativo a «dolor abdominal, emesis múltiples y lipotimia secundaria» por ingesta de licor de varias horas. Luego, por mejoría del referido cuadro clínico fue dado de alta con formulación médica para manejo en casa.Demandante: Edelis Esperanza Conrrado Rivadeneira Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06927-01

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06927-01

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8. El 21 de marzo de 2019, el señor Pacheco Torres ingresa al Hospital Santa Rita de Cassia y es remitido al Hospital San Rafael II Nivel II de San Juan del Cesar, en atención a que habría requerido atención de segundo nivel por presentar complicaciones relacionadas con el diagnostico de «abdomen agudo ».

Posteriormente, tras complicaciones de diversos tipos, falleció.

9. En razón de lo anterior, la señora Edelis Esperanza Conrrado Rivadeneira , en compañía de su grupo familiar y otros1 promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. Con ella pretendía declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios causados como consecuencia de la muerte del señor Manuel Antonio Pacheco Torres ocasionada, a juicio de la parte actora, por miembros de la Policía Nacional , mientras se encontraba privado injustamente de su libertad.

10. En primera instancia , el asunto fue conocido por el Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha , autoridad judicial que negó las pretensiones de la demanda, en sentencia del 18 de agosto de 2021. El fallador consideró que la parte actora no logró acreditar que los daños antijuridicos causados le sean imputables a

la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

11. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación en

actora no logró acreditar que los daños antijuridicos causados le sean imputables a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

11. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación en consideración a que, según su criterio, el a quo no habría valorado adecuadamente las pruebas documentales, las cuales hubiesen sido determinantes para que se le imputara responsabilidad a la entidad accionada en el medio de control.

12. Mediante providencia del 10 de mayo de 20232, el Tribunal Administrativo de La Guajira confirmó la sentencia de primera instancia, pues no contó con medios de convicción que demostraran que, por la a cción u omisión de la demandada, se hubiese causado el deceso del señor Manuel Antonio Pacheco Torres y que, en consecuencia, la accionante sufriera los perjuicios que reclama.

13. El tribunal indicó que no existían pruebas que indicaran que la muerte del señor Manuel Pacheco obedeció a los supuestos golpes que este recibió por parte de uniformados de la policía nacional, pues, realizada le revisión de la historia clínica, se advirtió que en ningún momento se ref ería la presencia de traumas, hematomas o golpes. Por el contrario, en los primeros ingresos del señor Pacheco Torres al servicio de urgencias se relat ó que sus padecimientos obedecían a una intoxicación por ingesta de alcohol.

1 Manuel Antonio Pacheco Ortega; Francibel, Ilsis y Jader Andrés Torres Cont reras; Deiner Yecith, Kelly Yojana, Deimer Xavier, Ricky Nelson y Yeffer Andrés Pacheco Torres; Yojan David y Sandri Yojana Pacheco Conrrado; Karlina Isabel Casiani Torres; Diego Andrés y Yalimar Assana Ramírez

Kelly Yojana, Deimer Xavier, Ricky Nelson y Yeffer Andrés Pacheco Torres; Yojan David y Sandri Yojana Pacheco Conrrado; Karlina Isabel Casiani Torres; Diego Andrés y Yalimar Assana Ramírez Casiani; Juan David Villanueva Casiani; Juan Sebastián y Valeri Rodríguez Pacheco; Kendri Yojana, Deimer y Eva Sandritd Pacheco Montes; Luciana Isabel Pacheco Cajal, Amparo Judith y Yorelis Torres Mendoza, Joimer Enrique Gámez Torres y Yajanis Romero Torres. 2 Notificada el 19 de mayo de 2023, según obra en la imagen incorporada en el escrito de tutela. .Demandante: Edelis Esperanza Conrrado Rivadeneira Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06927-01

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14. El tribunal reiteró que no existía alguna prueba certera que indicara que la muerte obedeció a una supuesta golpiza, sino que, aun de ser cierto que esta existió, no había prueba de que le hubiere sido propinada por miembros de la Policía Nacional, pues, finalmente había que tener en cuenta que para el momento en que el señ or Pacheco Torres fue aprehendido por uniformados de la policía, él se encontraba en medio de una riña callejera «donde según el relato de testigos se estaban tirando “palos y piedras” e incluso había personas portando armas cortopunzantes -entre ellosel hoy occiso».

1.4. Sustento de la vulneración

estaban tirando “palos y piedras” e incluso había personas portando armas cortopunzantes -entre ellosel hoy occiso».

1.4. Sustento de la vulneración

15. La parte actora sostuvo que las sentencias conculcaron su derecho al debido proceso, en atención a que incurrieron en defecto fáctico , desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior debido a que no fueron apreciadas, a la luz de la sana crítica, todas las pruebas que fueron practicadas en el proceso y que darían cuenta de la responsabilidad de la entidad accionada en el medio de control de reparación directa.

16. Expuso que en el análisis del caso se habrían desconocido las siguientes

pruebas documentales:

• El informe investigador criminalístico Fredy Zorro Páez, a través del cual se constataba que el trauma abdominal cerrado era de tipo contundente. - Declaración jurada por parte de la señora Edelis Esperanza Conrrado Rivadeneira. - Declaración juramentada que rindió la patrullera Ángela Ospino Villegas, «de la cual se comprueba y en grado de CERTEZA que, el personal activo de la POLICÍA NACIONAL adscritos a la Estación de Policía del municipio de Fonseca (La Guajira), si (sic) EJERCIÓ VIOLENCIA». - Declaración juramentada que rindió el patrullero Marlon Enrique Orellano Serrano, en su condición de comandante de la Patrulla Delta núm. 1. - Declaración juramentada de la profesional en medicina Arlety Ximena Gómez

• Declaración juramentada que rindió el patrullero Marlon Enrique Orellano Serrano, en su condición de comandante de la Patrulla Delta núm. 1. - Declaración juramentada de la profesional en medicina Arlety Ximena Gómez Benjumea, quien atendió al señor Pacheco Torres en el Hospital San Agustín ESE de Fonseca. - Informe ejecutivo FPJ -3, del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en donde en concluyó que, «la víctima fallece a consecuencia de los golpes y maltratos realizados por los agentes de la policía de la estación de Fonseca».

17. Consideró que el análisis efectuado a las pruebas documentales no e ra acorde con las reglas de la experiencia y la sana crítica, toda vez que se desecharon, injustificadamente, aquellas que fueron válidamente practicadas y que eran determinantes para identificar la veracidad de los hechos denunciados en la demanda, relativo s a la muerte del señor Manuel Antonio Pacheco Torres producida, presuntamente, por personal activo del Policía Nacional.Demandante: Edelis Esperanza Conrrado Rivadeneira Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06927-01

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18. Frente al d esconocimiento del precedente , refirió que las autoridades enjuiciadas ignoraron la línea jurisprudencial de la Sección Tercera de esta corporación relativa a i) los derechos de los detenidos; ii) la posición de garante del

18. Frente al d esconocimiento del precedente , refirió que las autoridades enjuiciadas ignoraron la línea jurisprudencial de la Sección Tercera de esta corporación relativa a i) los derechos de los detenidos; ii) la posición de garante del Estado y iii) el régimen de responsabilidad objetivo para la resolución de estos casos.

19. Para reforzar lo anterior, aludió a que, de acuerdo con la Sección Tercera, en los casos « en los que se imponen medidas de privación de la libertad de las personas, el Estado asume frente a ellas obligaciones de custodia y vigilancia que se traducen en una garantía de seguridad personal de los internos, dadas las especiales condiciones de sujeción en la que éstos se hallan».

20. Finalmente, señaló que las autoridades incurrieron en violación directa de la Constitución y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , pues no aplicaron el control de convencionalidad de cara a la protección del derecho humano a la integridad personal del señor Manuel Antonio Pacheco Torres.

1.5. Trámite de primera instancia

21. Mediante auto del 22 de noviembre de 202 3, el despacho ponente de la primera instancia admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar como accionados al Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha y al Tribunal Administrativo de La Guajira.

22. Del mismo modo, dispuso vincular como tercero con interés a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, comoquiera que actuó como demandado en el referido proceso de reparación directa en el cual se dictaron las providencias que aquí se cuestionan.

Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, comoquiera que actuó como demandado en el referido proceso de reparación directa en el cual se dictaron las providencias que aquí se cuestionan.

23. Además, a los señores Manuel Antonio Pacheco Orte ga; Francibel, Ilsis y Jader Andrés Torres Contreras; Deiner Yecith, Kelly Yojana, Deimer Xavier, Ricky Nelson y Yeffer Andrés Pacheco Torres; Yojan David y Sandri Yojana Pacheco Conrrado; Karlina Isabel Casiani Torres; Diego Andrés y Yalimar Assana Ramíre z Casiani; Juan David Villanueva Casiani; Juan Sebastián y Valeri Rodríguez Pacheco; Kendri Yojana, Deimer y Eva Sandritd Pacheco Montes; Luciana Isabel Pacheco Cajal, Amparo Judith y Yorelis Torres Mendoza, Joimer Enrique Gámez Torres y Yajanis Romero Torres, quienes fungieron como demandantes dentro del proceso ordinario.

24. Finalmente, se ordenó al Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha que allegara copia íntegra digital del expediente del medio de control de reparación directa identificado con el número de radicado 44001-33-40-002-2017-00294-00.Demandante: Edelis Esperanza Conrrado Rivadeneira Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06927-01

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1.6. Intervenciones e informes

1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha

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1.6. Intervenciones e informes

1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha

25. La juez ponente de la decisión solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción. Para el efecto, señaló que la valoración probatoria fue practicada en debida forma y con apego a las ritualidades establecidas en la ley, por lo que no vulneró derecho fundamental alguno.

26. Finalmente, precisó que no es posible desnaturalizar la acción de tutela al convertirla en una tercera instancia en la que se debatan nuevamente las decisiones judiciales ordinarias proferidas por parte de los jueces de la República.

1.6.2. El Tribunal Administrativo de La Guajira

27. Señaló que la solicitud resulta improcedente, pues, tras considerar que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico, en desconocimiento del precedente y en violación directa de la Constitución, la actora pretende, mediante este trámite constitucional, reabrir un debate de cara a sus inconformidades frente a las decisiones judiciales que fueron desfavorables a sus intereses.

1.6.3. Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

28. Solicitó que se negaran las súplicas de la demanda en atención a que del material probatorio no fue posible «atribuir una responsabilidad a los uniformados que dieron traslado del fallecido a las instalaciones policiales». Menos, que «allí le propinaran golpes o se excedieran en el uso de la fuerza».

1.6.4. Terceros interesados – extremo activo en el proceso ordinario

que dieron traslado del fallecido a las instalaciones policiales». Menos, que «allí le propinaran golpes o se excedieran en el uso de la fuerza».

1.6.4. Terceros interesados – extremo activo en el proceso ordinario

29. Los señores Manuel Antonio Pacheco Ortega, Francibel, Ilsis y Jader Andrés Torres Contreras, Deiner Yecith, Kelly Yojana, Ricky Nelson y Yeffer Andrés Pacheco Torres, Karlina Isabel Casiani Torres, Amparo Judith y Yorelis Torres Mendoza, Joimer Enrique Gámez Torres y Yajanis Romero Torres solicitaron que se les tuviese como coadyuvantes de la parte actora.

30. Los demás, pese a estar debidamente notificados, guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

31. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por no encontrarse satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional. Indicó que las inconformidades planteadas por la parte actora se subsumen a revivir el análisis efectuado dentro del medio deDemandante: Edelis Esperanza Conrrado Rivadeneira Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06927-01

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control de reparación directa con radicado 44001-33-40-002-2017-00294-00/1, como si este mecanismo fuera una instancia adicional.

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control de reparación directa con radicado 44001-33-40-002-2017-00294-00/1, como si este mecanismo fuera una instancia adicional.

32. Señaló que «la sola mención de vulneración de derechos fundamentales o la supuesta presencia de una(s) causal(es) específica(s) de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en este caso, defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, no resulta suficiente para que el amparo sea procedente, dado que, par a ello, es necesario que se presenten argumentos tendientes a demostrar que, las autoridades judiciales actuaron al margen de la Constitución».

33. Adujo que el Tribunal Administrativo de La Guajira se pronunció frente a los reparos relativos a la indebida valoración probatoria en el sentido de señalar que, contrario al dicho de la actora, su análisis obedeció al cumplimiento de las reglas de la sana crítica . Además, que de los hechos acreditados en el trámite ordinario no fue posible atribuirle responsabilidad al Estado por la muerte del señor Manuel

Antonio Pacheco Torres.

34. Concluyó que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas contenidas en su escrito de tutela versan sobre un asunto meramente legal, como lo es la interpretación sobre la causa del fallecimiento de su familiar y , con ello, buscan reabrir un debate ya concluido en la jurisdicción contenciosa, en el que no se advierte a primera vista una actuación arbitraria o ilegítima por parte de las autoridades judiciales.

reabrir un debate ya concluido en la jurisdicción contenciosa, en el que no se advierte a primera vista una actuación arbitraria o ilegítima por parte de las autoridades judiciales.

35. Finalmente, negó la solicitud de coadyuvancia presentada por los señores Manuel Antonio Pacheco Ortega; Francibel, Ilsis y Jader Andrés Torres Contreras; Deiner Yecith, Kelly Yojana, Ricky Nelson y Yeffer Andrés Pacheco Torres; Karlina Isabel Casiani Torre s, Amparo Judith y Yorelis Torres Mendoza, Joimer Enrique Gámez Torres y Yajanis Romero Torres, toda vez que «están habilitados para intervenir en el presente asunto, pues fueron vinculados como terceros con interés, por cuanto integraron la parte demandan te dentro del proceso de reparación directa».

1.8. Impugnación

36. La parte actora cuestionó la decisión de primer grado e insistió en los argumentos expuestos en el escrito de tutela, relativos a que las sentencias conculcaron su derecho al debido proceso, en atención a que incurrieron en defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. Lo anterior, debido a que no fueron apreciadas, a la luz de la sana crítica, todas las pruebas que fueron practicadas en el proceso y que darían cuenta de la responsabilidad de la entidad accionada en el medio de control de reparación

directa.Demandante: Edelis Esperanza Conrrado Rivadeneira Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06927-01

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06927-01

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37. Reiteró que se desconoció el precedente jurisprudencial de la Sección Tercera de esta corporación relativa a i) los derechos de los detenidos; ii) la posición de garante del Estado y iii) el régimen de responsabilidad objetivo para la resolución de estos casos.

38. Además, que las autoridades incurrieron en violación directa de la Constitución y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no aplicaron el control de convencionalidad de cara a la protección del derecho humano a la integridad personal del señor Manuel Antonio Pacheco Torres.

39. Finalmente, advirtió que no es de recibo que la controversia verse sobre discusiones meramente legales, mediate la cual se pretenda habilitar otra instancia, sino acerca de las graves consecuencias que se originan, producto de la s sentencias censuradas, frente a la garantía de sus derechos de fundamentales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

40. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 25 de enero 2024 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

41. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

42. La Sala advierte que la señora Edelis Esperanza Conrrado Rivadeneira, se encuentra legitimad a en la causa por activa. Esto porque integró el extremo accionante en el medio de control de reparación directa en el que se profirieron las providencias aquí cuestionadas.

43. Por su parte, es ta colegiatura advierte que el Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha y el Tribunal Administrativ o de La Guajira , se encuentran legitimados en la causa por pasiva al ser las autoridades judiciales que profirieron las decisiones reprochadas por la actora en esta oportunidad.Demandante: Edelis Esperanza Conrrado Rivadeneira Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06927-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.3. Cuestión previa

44. Resulta importante indicar que la actora adjudica tanto al Juzgado Segundo

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2.3. Cuestión previa

44. Resulta importante indicar que la actora adjudica tanto al Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha como al Tribunal Administrativ o de La Guajira la vulneración de sus garantías constitucionales, por la expedición de las providencias del 18 de agosto de 2021, de primera instancia y del 10 de mayo de 2023, de segunda instancia.

45. No obstante, es del caso señalar que el análisis de l a impugnación y de los reproches efectuados por la parte actora en el presente trámite se limitará a la providencia del 10 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, comoquiera que fue la que puso fin al proceso de reparación directa con radicación 44001-33-40-002-2017-00294-00/1.

2.4. Problema jurídico

46. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación el 25 de enero de 2024.

47. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de procedibilidad y, en caso afirmativo, dar respuesta al siguiente interrogante:

48. El Tribunal Administrativo de la Guajira, ¿vulneró el derecho fundamental invocado por la parte accionante, con la expedición de la providencia del 10 mayo de 2023 que confirmó, en sede de apelación, la providencia del 18 de agosto de 2021 dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha , que negó las súplicas de la demanda?

de 2023 que confirmó, en sede de apelación, la providencia del 18 de agosto de 2021 dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Riohacha , que negó las súplicas de la demanda?

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

49. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales5.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.Demandante: Edelis Esperanza Conrrado Rivadeneira Demandados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06927-01

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50. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20146. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia7 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial8.

51. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos

generales de procedencia:

1. que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

52. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos par ámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 7 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 7 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado