CE - 20230761301BARRERAMU 20240430140654

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024) Radicación número: 11001-03-15-000-2023-07613-01 Solicitante: LESBI LILIANA QUINTERO PORTELA Y OTROS Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte solicitante contra el fallo proferido el 8 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado-Sección Cuarta, que negó la solicitud de amparo. ANTECEDENTES 1. Solicitud de tutela El 18 de diciembre de 2023, Lesbi Liliana Quintero Portela, en nombre propio y en representación de la menor July Daniela Berján Quintero; Alcides Berján Moreno; Alcides Berján Sánchez; Larsen Berján Moreno; Yaned Berján Moreno; Cristian Camilo Berján Quintero; Zuleny Berján Moreno y Denis Moreno, a través de apoderado, formularon acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, así como los

principios de seguridad jurídica y buena fe, que alegaron vulnerados por Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A al proferir la sentencia del 2 de junio de 2023 dentro del medio de control de reparación directa1 que promovieron en contra de la Nación–Fiscalía General de la Nación, del

1 Identificado con número de radicado: 18001-23-31-000-2010-00182 01.2 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07613-01 Solicitante: Lesbi Liliana Quintero Portela y otros Acción de tutela – Segunda instancia

Ministerio de Defensa Nacional–Ejército Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad-DAS. En virtud del amparo, se solicita dejar sin efectos la providencia reprochada y que se profiera una sentencia en reemplazo «en el sentido de acceder a las súplicas de la demanda, analizando el caso también bajo el régimen de daño especial valorando todas y cada una de las pruebas obrantes en el expediente». 2. Hechos relevantes Los solicitantes interpusieron el medio de control de reparación directa para reclamar los perjuicios derivados por la privación de la libertad de Josué Berjan Monsalve, calificada de injusta, por el delito de rebelión, por su posible militancia en la columna móvil Teófilo Forero de las FARC-EP. El asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de Caquetá que, en sentencia del 22 de mayo de 2014 declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Defensa Nacional–Ejército Nacional y del DAS, y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Estimó que bajo el régimen de responsabilidad objetiva el daño era antijurídico y le era imputable a la Fiscalía General de la Nación, quien profirió la medida de aseguramiento. La anterior decisión fue apelada por los extremos de la litis. El 2 de junio de 2023 el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A profirió fallo mediante el cual revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. Estimó que la Fiscalía no incurrió en falla en el servicio y no se acreditó la

antijuridicidad del daño, ya que la medida de aseguramiento que se ajustó a lo dispuesto en la Ley 600 de 2000, y cumplió con los criterios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, pues se contaba con más de dos indicios en su contra. Además, advirtió que en el proceso quedó acreditado que el riesgo de no comparecencia al proceso por parte del señor Josué Berján Monsalve, debido a su fuga y recaptura del sindicado.3 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07613-01 Solicitante: Lesbi Liliana Quintero Portela y otros Acción de tutela – Segunda instancia

3. Fundamentos de la solicitud La parte solicitante sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados, pues incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, en la medida que se efectuó una deficiente valoración probatoria, pues solo tuvo en cuenta unas declaraciones de dos exintegrantes de desmovilizados del grupo de las FARC y un posterior registro fotográfico. Consideró que la accionada no aplicó correctamente los artículos 355 y 356 la Ley 600 de 2000, ya que no se demostró la necesidad de la medida de aseguramiento. Además, que la autoridad accionada debió estudiar el caso bajo el título de imputación objetiva. Adujo que el fallo reprochado no justificó de manera suficiente la necesidad de la medida de aseguramiento al pasar por alto que el investigado obtuvo su libertad, ya que en el proceso penal se acreditó que este no cometió las conductas endilgadas. Así mismo, indicó que se desconoció el precedente aplicable, pues debió decidir el caso bajo la óptica del régimen de daño especial y no por el régimen subjetivo y falla en el servicio. Sobre el particular, afirmó que la SU-072 de 2018, advirtió que «para los casos en donde el procesado haya recobrado su libertad porque el sindicado no lo cometió, se debe aplicar un título de imputación de carácter objetivo (...)». Por último, aduce que la decisión cuestionada también desconoció el precedente establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996 . 4. Trámite procesal 11 de enero de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación

a la autoridad judicial accionada, así como a los magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá, a Josué Berján Monsalve, a la Nación–Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa Nacional–Ejército Nacional, a la Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional, como sucesores judiciales del Departamento Administrativo de Seguridad–DAS, en calidad de terceros con interés. También, comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.4 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07613-01 Solicitante: Lesbi Liliana Quintero Portela y otros Acción de tutela – Segunda instancia

En el escrito de contestación el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, al oponerse al amparo, adujo que el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Insistió en que la parte actora no justificó la vulneración de los derechos alegados y concluyó que los fundamentos de los actores son simples e injustificadas apreciaciones subjetivas que buscan una instancia adicional del proceso ordinario y un fallo que les sea favorable. Advirtió que la Fiscalía General de la Nación, impuso la medida de aseguramiento en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 600 de 2000, pues se fundamentó en tres declaraciones de exintegrantes de las FARC y en un reconocimiento en fila, pruebas que permitieron inferir la participación del indiciado en presunta comisión de delito por el que se le investigaba. Sostuvo que la medida de aseguramiento era procedente, pues el delito de rebelión contemplaba una pena superior a los 4 años establecidos en la norma y, además que la detención preventiva era necesaria para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, debido al riesgo de que no lo hiciera voluntariamente, lo cual se reafirmó con la fuga del establecimiento carcelario y su posterior recaptura. Por último, explicó que la sentencia SU-072 de 2018, señala que el régimen objetivo es aplicable en los casos en que la absolución obedezca a la inexistencia del hecho o a la atipicidad objetiva de la conducta y por ello no es aplicable al caso, pues el actor fue absuelto por principio in dubio pro reo. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia–UAEMC, como sucesor procesal del extinto DAS y del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, solicitaron ser desvinculados del proceso, al estimar que se configura falta de legitimación en la causa por pasiva. El Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa solicitó negar la solicitud de

como sucesor procesal del extinto DAS y del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, solicitaron ser desvinculados del proceso, al estimar que se configura falta de legitimación en la causa por pasiva. El Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa solicitó negar la solicitud de amparo, pues, a su juicio, no se acreditaron los requisitos específicos de procedencia de la tutela contra providencia judicial. Advirtió que, si bien los actores mencionan una vulneración a derechos fundamentales, en ninguno de los acápites de la tutela argumentan de manera suficiente esos reproches.5 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07613-01 Solicitante: Lesbi Liliana Quintero Portela y otros Acción de tutela – Segunda instancia

Mediante sentencia del 8 de febrero de 2024, el Consejo de Estado-Sección Cuarta negó la solicitud de amparo, al estimar que no se incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, pues el análisis del juez ordinario atendió al precedente judicial aplicable, conforme con el cual debía verificarse que la imposición de la medida de aseguramiento cumplió con los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, señalados en precedencia, con independencia de la razón por la que tuvo lugar la decisión de absolución en el proceso penal. Además, estimó que el fallo reprochado tampoco incurrió en un defecto fáctico, ya que se fundamentó en más de dos indicios graves de responsabilidad, estos son, las declaraciones y el reconocimiento en fila del acusado. Así mismo, estimó que la autoridad accionada justificó de manera razonable la necesidad de la detención preventiva en razón de la pena asociada al delito y la necesidad de garantizar su comparecencia al proceso después de su fuga previa. La parte solicitante impugnó. Señaló su desacuerdo con la justificación del fallo de primera instancia y reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de tutela. El 21 de febrero de 2024 se concedió la impugnación. CONSIDERACIONES 5. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 8 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado-Sección Cuarta que negó amparo. 6. Análisis de la Sala El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela,

de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.6 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07613-01 Solicitante: Lesbi Liliana Quintero Portela y otros Acción de tutela – Segunda instancia

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3. Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez; trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del “precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la Constitución. Relevancia constitucional La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual no basta con enunciar

la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico. 2 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. 3 Ibidem. 4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).7 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07613-01 Solicitante: Lesbi Liliana Quintero Portela y otros Acción de tutela – Segunda instancia

En SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de lo anterior, la Corte indicó que: «(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal». Caso concreto La providencia reprochada revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa, pues consideró que no se acreditó la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado derivada de la privación de la libertad de Josué Berján Monsalve. Estimó que la Fiscalía impuso una medida de aseguramiento que se ajustó a

lo dispuesto en la Ley 600 de 2000 y cumplió con los criterios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, pues se contaba con más de dos indicios en su contra, esto es: (i) la declaración de Edwin Cardona quien señaló que Josué Berján Monsalve de utilizaba como fachada un local comercial para realizar labores de inteligencia en favor de la guerrilla, además de señalar que era un hombre de confianza del guerrillero alias muleto y (ii) el reconocimiento en fila del señor Berján Monsalve elementos con los cuales resultaba razonable inferir para ese momento que el capturado podría estar comprometido en la comisión del delito investigado. Asimismo, adujo que la medida de aseguramiento era procedente de conformidad con los supuestos establecidos en el artículo 357 de la ley 600 de 2000, en virtud de8 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07613-01 Solicitante: Lesbi Liliana Quintero Portela y otros Acción de tutela – Segunda instancia

que el delito de rebelión contemplaba una pena superior a los 4 años establecidos en la norma. Además, sostuvo que la detención preventiva era necesaria para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, debido al riesgo de no hacerlo voluntariamente, pues con posterioridad a la captura y previo a que se profiriera resolución de acusación en su contra, el sindicado se fugó del establecimiento carcelario, quien fue recapturado posteriormente. Por último, estimó que «aunque el proceso penal finalizó con sentencia absolutoria en favor de Josué Berján Monsalve, en aplicación del principio in dubio pro reo, ello no significa que la privación de la libertad de la que fue objeto haya sido injusta, toda vez que la medida de aseguramiento de detención preventiva que se le impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable.». La Sala advierte que los argumentos presentados por los accionantes no acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que pretenden reabrir el debate jurídico ya surtido en el proceso ordinario. Se observa que la tutela trata del mismo reproche expuesto en el proceso ordinario, esto es la inconformidad de la parte actora con la legalidad de la medida de aseguramiento que conlleva a que la privación de la libertad no haya sido injusta. Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional. En virtud de lo anterior, si bien la sentencia impugnada estimó satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional. En virtud de lo anterior, si bien la sentencia impugnada estimó satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y negó la solicitud de amparo, la Sala considera que la solicitud de tutela es improcedente, pues no satisface el requisito de relevancia constitucional. Aunque ambas decisiones desestiman las pretensiones de la solicitud, son incompatibles en fundamento, ya que la falta de9 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-07613-01 Solicitante: Lesbi Liliana Quintero Portela y otros Acción de tutela – Segunda instancia

alguno de los requisitos generales de procedibilidad conlleva a la improcedencia del amparo e impide al operador judicial estudiar el asunto de fondo. Así las cosas, la Sala habrá de modificar la sentencia del 8 de febrero de 2024 proferida por el Consejo de Estado-Sección Cuarta, que negó el amparo. En su lugar, declarará improcedente la solicitud de tutela. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 8 de febrero de 2024 por el Consejo de Estado-Sección Cuarta, que negó el amparo y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud interpuesta por Lesbi Liliana Quintero Portela y otros contra el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible. TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE WILLIAM BARRERA MUÑOZ