CE - 20230766901ConfirmaI 20240524111225

Radicación: 11001 03 15 000 2023 07669 01

Accionante: Judith Margoth Mendoza de Castro

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 07669 01

Accionante: JUDITH MARGOTH MENDOZA DE CASTRO

Accionados: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE FACATATIVÁ Y

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el reproche invocado en sede constitucional no fue expuesto en el transcurso del proceso ordinario.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de tutela proferido el 7 de marzo de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado , que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Judith Margoth Mendoza de Castro , actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de las sentencias

amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Judith Margoth Mendoza de Castro , actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de las sentencias proferidas el 11 de mayo de 2020 y el 15 de junio de 2023 por el Juzgado Primero Administrativo de Facatativá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con elRadicación: 11001 03 15 000 2023 07669 01

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radicado nro. 25269 33 33 001 2015 00615 00/01 , y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y MINIMO VITAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD,

DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO

DE SEGURIDAD JURIDICA, FAVORABILIDAD LABORAL E

INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, DEBIDO PROCESO, Y DERECHO A LA

IGUALDAD PROCESAL, de la señora JUDITH MARGOTH MENDOZA

DE CASTRO.

2. ORDENAR TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÒN SEGUNDA – SUBSECCIÒN “D” en amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 10 de marzo de 2022

2. ORDENAR TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÒN SEGUNDA – SUBSECCIÒN “D” en amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 10 de marzo de 2022

(sic), que CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, y en consecuencia ordene reliquidar la pensión de mi asistida teniendo en cuenta el equivalente al 75% de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectivo.

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí tutelados […]”.

[Mayúsculas, negrillas y subraya originales del escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que laboró al servicio del Estado desde el 10 de febrero de 1958 hasta el 31 de marzo de 2006 y que, para el 13 de febrero de 1985, fecha en que entró en vigencia la Ley 33 de 1985, tenía más de 15 años de servicios, por lo que estima que es beneficiaria del régimen de transición de la precitada norma.

Agregó que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 ya tenía el estatus pensional, “(…) por lo que debió tenerse en consideración lo establecido en el Decreto 2143 de 1995, respetándose la totalidad de garantías y derechos adquiridos en disposiciones anteriores a esta (…)”2.

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07669 00.

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07669 00. 2 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 07669 01

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Manifestó que el entonces Instituto de Seguros Sociales – ISS, hoy Colpensiones, reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a su favor, omitiendo la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

Señaló que, en virtud de lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Colpensiones la cual correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Facatativá que, en sentencia proferida el 11 de mayo de 2020, negó las pretensiones.

Indicó que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación y que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en sentencia proferida el 15 de junio de 2023 la confirmó “(…) con fundamento en que el monto de la pensión de la señora JUDITH MARGOTH MENDOZA DE CASTRO, debe determinarse teniendo en cuenta la transición contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, únicamente los factores devengados durante los últimos 10 años de prestación de servicios, siempre y cuando hayan servido de base para

en cuenta la transición contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, únicamente los factores devengados durante los últimos 10 años de prestación de servicios, siempre y cuando hayan servido de base para calcular los aportes, es decir, los que cotizó y se encuentren relacionados en el artículo 6º del decreto 1158 de 1994 (…)”3.

En cuanto a la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, expuso que su solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedibilidad, comoquiera que (i) contra la sentencia de segunda instancia proferida por el tribunal accionado no procede recurso alguno, (ii) a la fecha de radicación de la solicitud de amparo no habían transcurrido 6 meses, y (iii) el asunto objeto de estudio tiene relevancia constitucional debido a la posible vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna y mínimo vital de las personas de la tercera edad, así como los principios de seguridad jurídica, favorabilidad laboral e inescindibilidad de la Ley ; por lo cual , explicó la presunta afectación de cada uno de los precitados derechos y principios.

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07669 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 07669 01

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Frente a los requisitos especiales de procedibilidad, a legó que las

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Frente a los requisitos especiales de procedibilidad, a legó que las autoridades judiciales accionadas “(…) no valoraron las pruebas que acreditaban su derecho a la reliquidación de la pensión con todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, esto, conforme a su régimen excepcional, al haber pertenecido a la rama judicial, y a la transición de la ley 33 de 1985, por acreditar 15 años de servicios prestados al 13 de febrero de 1985 (…). La sentencia no resolvió los extremos que habían sido planteados en la litis, tampoco contiene una valoración de pruebas como lo ordena la Ley (…)”4.

Aseguró que, si bien en las providencias cuestionadas se hizo referencia a algunos aspectos probados que no eran objeto de discusión , no resolvieron las siguientes pretensiones: (i) que, al 1 de abril de 1994, ya contaba con más de 20 años de servicio, razón por la cual, le era aplicable el régimen de transición de la Ley 33 de 1985; (ii) que dieron por sentado que el monto de su pensión debía determinarse teniendo en cuenta únicamente lo devengado durante los últimos 10 años de prestación de servicios, siempre y cuando hubiese servido como base para calcular los aportes y se enc ontraran relacionados en el artículo 6 del Decreto 1158 de 1994; y (iii) que adquirió el estatus pensional el 11 de septiembre de 1990, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

de 1994; y (iii) que adquirió el estatus pensional el 11 de septiembre de 1990, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Aseveró que las autoridades judiciales accionadas “(…) se limitaron a definir los parámetros para determinar el Ingreso Base de Liquidación y los factores salariales aplicables a la pensión de la señora JUDITH MARGOTH MENDOZA DE CASTRO, sin analizar el régimen prestacional que regía el reconocimiento pensional de la accionante, a partir de los elementos probatorios obrantes en el expediente y los argumentos que expuso la parte actora durante el trámite administrativo y judicial (…)”5.

Sostuvo que el tribunal accionado “(…) ni siquiera comprendió las pretensiones de la accionante, toda vez que se está solicitando conforme

4 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07669 00. 5 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 07669 01

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al régimen especial aplicable a los empleados de la rama judicial, LA INCLUSIÓN DE TODOS LOS FACTORES SALARIALES DEL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS, conforme a la transición de la Ley 33 (…)”6. (Resaltado original del escrito de tutela).

Precisó que las autoridades judiciales incurrieron en defecto fáctico,

SERVICIOS, conforme a la transición de la Ley 33 (…)”6. (Resaltado original del escrito de tutela).

Precisó que las autoridades judiciales incurrieron en defecto fáctico, debido a que “(…) omitieron examinar con rigurosidad el material probatorio que conformaba el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (…), para verificar la historia laboral, la resolución de reconocimiento de la pensión y los antecedentes administrativos de la señora JUDITH MARGOTH MENDOZA DE CASTRO, a efectos de definir la procedibilidad o no de la aplicación del régimen de transición previsto en el parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, que reclamaba la demandante (…)”7. (Resaltado original del escrito de tutela).

Adujo que, en virtud de las pruebas obrantes en el expediente ordinario, el régimen de transición aplicable a su caso era el dispuesto en la Ley 33 de 1985, por lo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo al limitarse “(…) a definir el Ingreso Base de Liquidación y los factores salariales aplicables a la pensión del señor (sic) JUDITH MARGOTH MENDOZA DE CASTRO, con fundamento en los factores que se encuentran enlistados en el artículo 6º del decreto 1158 de 1994, desconociendo que la pensión del actor se sujetaba a distintos preceptos legales (…)”8.

Anotó que, en ningún momento, la Ley 33 de 1985 establece, como sí lo hace la Ley 100 de 1993, que, para calcular el valor de la mesada pensional, debe tenerse en cuenta lo devengado o cotizado durante toda

Anotó que, en ningún momento, la Ley 33 de 1985 establece, como sí lo hace la Ley 100 de 1993, que, para calcular el valor de la mesada pensional, debe tenerse en cuenta lo devengado o cotizado durante toda la vida laboral o durante los 10 últimos años de servicio.

6 Ibidem. 7 Ibidem. 8 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 07669 01

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Afirmó que también se hizo una interpretación sesgada de la norma aplicable a l caso y de los elementos probatorios allegados al proceso ordinario, lo que les impidió hacer un análisis crítico y coherente de su régimen pensional, ocasionando así, la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la igualdad.

Explicó que las reglas contenidas en los precedentes jurisprudenciales aplicados en las providencias cuestionadas, esto es, las establecidas en la sentencia proferida el 28 de agosto de 2018 por el Consejo de Estado, no son aplicables al régimen de transición contenido en la Ley 33 de 1985, comoquiera que aquellas solo hacen referencia al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Argumentó que al ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, “(…) NO tenía que acreditar los factores salariales que deberían tenerse en cuenta, debido a que, en aplicación de la sentencia de

Argumentó que al ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, “(…) NO tenía que acreditar los factores salariales que deberían tenerse en cuenta, debido a que, en aplicación de la sentencia de Unificación de fecha cuatro de agosto de dos mil diez (2010), con número de radicación:25000 -23-25-000-2006-07509-01 (0112 -09), la cual definió cuales son los factores salariales que deben tenerse en cuenta por ser remunerativos del servicio y deberá entonces tenerse como tal la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio, independientemente si se cotizó o no respecto de ellos, pues como venía realizando este despacho judicial, en el evento de que no se hubiera cotizado sobre ellos, en la sentencia se ordenaba, pues no es del resorte del servidor público sino del nominador cotizar sobre ellos (…)”9.

Manifestó que, la Sala Plena del Consejo de Estado, en la mencionada providencia del 4 de agosto de 2010, “ (…) ordenó e interpretó qué emolumentos conforman el salario en este caso en concreto la asignación básica del trabajador y la totalidad de primas devengadas en el último año de servicios (…)”10.

9 Ibidem. 10 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 07669 01

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Arguyó que la pensión de jubilación de los servidores beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, deb ía ser liquidada con el

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Arguyó que la pensión de jubilación de los servidores beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, deb ía ser liquidada con el 75% del salario promedio devengado durante el último año de servicio según lo previsto en el Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969 y conforme a los factores señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 19 de diciembre de 202311 a través de correo electrónico remitido a la Secretaría General del Consejo de Estado y correspondió por reparto a la Sección Cuarta que por auto del 1 de febrero de 202 412 la admitió y dispuso notificar 13 al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Facatativá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, como parte accionada, y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, como tercero interesado en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Facatativá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, para que remitieran copia digital del expediente identificado con el radicado nro. 25269 33 33 001 2015 00615 01 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.2. El titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Facatativá rindió informe14, en el que manifestó que la parte actora está

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.2. El titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Facatativá rindió informe14, en el que manifestó que la parte actora está

11 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07669 00. 12 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07669 00. 13 Esta orden se cumplió el 5 de febrero de 2024. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07669 00. 14 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07669 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 07669 01

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utilizando la acción de tutela como una tercera instancia para controvertir las sentencias proferidas el 11 de mayo de 2020 y el 15 de junio de 2023, pues lo que pretende es que se ordene un cambio sustancial en la decisión judicial, es decir, que se revierta una decisión en firme.

Anotó que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo están

pues lo que pretende es que se ordene un cambio sustancial en la decisión judicial, es decir, que se revierta una decisión en firme.

Anotó que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo están orientados a cuestionar los criterios de las autoridades judiciales accionadas que sustentan las decisiones adoptadas en las providencias que resolvieron las dos instancias del proceso ordinario.

Indicó que “(…) la accionante (…) se explaya en exponer, sin suficiente claridad, argumentos propios de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y de un recurso de apelación, los cuales debió plantear en la respectiva oportunidad, pretendiendo dejar sin efectos la decisión judicial cuestionada, lo cual comporta la modificación sustancial de la sentencia sin demostrar con suficiencia los yerros en que sustenta la acción de tutela (…)”.

Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo respecto a la pretensión de que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección D, que revoque la sentencia proferida por el despacho judicial a su cargo.

3.3. La directora de la Dirección de Acciones Constitucionales de Colpensiones allegó escrito15 en el que expuso que en el caso objeto de estudio no se configura ninguna de las causales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, comoquiera que el tribunal accionado resolvió conforme a derecho y sin violación del debido proceso.

Señaló que “(…) la Corte Constitucional ha sido reiterativa en sostener que la acción de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento de prestaciones económicas, pues por su naturaleza excepcional y

Señaló que “(…) la Corte Constitucional ha sido reiterativa en sostener que la acción de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento de prestaciones económicas, pues por su naturaleza excepcional y

15 Visto en los índices 17 y 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07669 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 07669 01

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subsidiaria, ésta no puede reemplazar las acciones ordinarias creadas por el legislador para resolver asuntos de naturaleza litigiosa (…)”.

Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no se materializó ninguna vulneración de los derechos fundamentales de la accionante por parte de Colpensiones.

3.4. El escribiente de la Secretaría de la Subsección D, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante correo electrónico remitido el 6 de febrero de 2024 a la Secretaría General de esta Corporación, envió el enlace de acceso al expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin embargo, el tribunal accionado no se pronunció sobre los hechos de la acción de tutela16.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 7 de marzo de 202417, declaró improcedente la acción de tutela , por no superar el requisito general de relevancia constitucional.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 7 de marzo de 202417, declaró improcedente la acción de tutela , por no superar el requisito general de relevancia constitucional.

Para ello, inicialmente hizo un recuento (i) de lo expuesto por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Facatativá en la sentencia de primera instancia proferida el 11 de mayo de 2020 en el proceso ordinario, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora Judith Margoth Mendoza de Castro en contra de Colpensiones; (ii) de los argumentos del recurso de apelación promovido por la hoy accionante en contra de la decisión anterior ; y (iii) de las consideraciones de la Subsección D, Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia del 15 de junio de 2023, por medio de la cual confirmó la sentencia de primera instancia.

16 Visto en los índices 4 y 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07669 01. 17 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07669 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 07669 01

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Posteriormente, anotó que, tanto en primera como en segunda instancia, el juez de conocimiento evidenció que la señora Mendoza de Castro adquirió el estatus pensional con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que , se le debía liquidar la pensión de jubilación de acuerdo con lo dispuesto en dicha norma, en concordancia con el Decreto 1158 de 1994.

Explicó que “ (…) la accionante en sede de tutela sostuvo que la reliquidación de la pensión de jubilación debía hacerse de conformidad con régimen de transición de la Ley 33 de 1985 con la inclusión de los factores salariales, sin embargo, este debate no fue propuesto en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues en ese escenario solicitó la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, motivo por el cual el propósito de la demandante es que el juez constitucional realice una nueva valoración y hacerla prevalecer sobre el juez ordinario con el fin de que se accedan a sus pretensiones, lo que desconoce, abiertamente, el carácter subsidiario de este mecanismo de protección constitucional (…)”.

Adujo que “(…) la autoridad judicial accionada estudió las pretensiones relacionadas con la reliquidación de la mesada pensional de la actora en relación con la Ley 100 de 1993, para lo cual concluyó que no tenía

Adujo que “(…) la autoridad judicial accionada estudió las pretensiones relacionadas con la reliquidación de la mesada pensional de la actora en relación con la Ley 100 de 1993, para lo cual concluyó que no tenía derecho a que se le reliquidara la pensión en los términos solicitados en la demanda y en el recurso de apelación del proceso ordinario , pues su estatus pensional se consolidó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que la demandante conservaba los requisitos relacionados con la edad, tiempo de servicio y tasa de remplazo, pero respecto de la liquidación i ndicó que se debían tener en cuenta los factores enlistados de forma taxativa en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se efectuaron aportes según lo dispuesto en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado (…)”.Radicación: 11001 03 15 000 2023 07669 01

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Argumentó que, en lo referente con la reliquidación de la pensión, las autoridades judiciales accionadas estudiaron las pruebas que se allegaron al proceso y determinaron que a la señora Mendoza de Castro, se le debió liquidar la pensión en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y no el de la Ley 33 de 1985.

Precisó que “(…) analizar su solicitud implicaría invadir la competencia del juez ordinario y determinar si debe declararse la nulidad de los actos

1993 y no el de la Ley 33 de 1985.

Precisó que “(…) analizar su solicitud implicaría invadir la competencia del juez ordinario y determinar si debe declararse la nulidad de los actos administrativos que negaron la solicitud de reliquidación pensional formulada por la demandante ante Colpensiones, en virtud de los nuevos cargos de nulidad que propone, esto es, el desconocimiento del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, debate legal y no constitucional, que corresponde analizar al juez natural de la controversia (…)”.

Finalmente arguyó que la parte actora acudió a la acción de tutela con el fin de solicitar el amparo de sus derechos fundamentales , con el objeto de revivir etapas procesales ya vencidas y modificar las pretensiones y el debate surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , el cual que fue resuelto por medio de las sentencias reprochadas en sede constitucional.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, l a accionante lo impugnó18 manifestando lo siguiente:

Señaló que , para la aplicación del régimen transicional, no tenía que analizarse la fecha del estatus pensional, sino un aspecto completamente diferente y era el cumplimiento del requisito de 15 años de servicios para el año 1985, el cual, según aseveró, fue suplido desde el año 1973.

18 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07669 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 07669 01

18 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 07669 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 07669 01

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Resaltó que el asunto objeto de estudio sí es de relevancia constitucional, toda vez que se desconoció el precedente jurisprudencial y constitucional, y se advierte la posible vulneración de sus derechos fundamentales.

Expuso que “(…) no es razonable la apreciación del despacho de declarar improcedente la acción instaurada, por cuanto quedó demostrado que sí hubo una argumentación y a su vez una relación directa de cada derecho constitucional, las causales con las que se fundamentó la acci ón y como fue vulnerado cada uno de ellos. El despacho debe pronunciarse de fondo de cada uno de los derechos fundamentales, toda vez que queda demostrado la pertinente argumentación tanto de los principios y derechos como de las causales que se convocaron y originaron el asunto (…)”.

Precisó que en el escrito de tutela indicó en todo un acápite por qué la solicitud de amparo sí goza de relevancia constitucional el cual, estima, no fue tenido en cuenta por el a quo. Al respecto, citó invocó los derechos fundamentales y principios constitucionales que considera están siendo vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.

Por otra parte, frente al argumento planteado por la Sección Cuarta en el

fundamentales y principios constitucionales que considera están siendo vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.

Por otra parte, frente al argumento planteado por la Sección Cuarta en el fallo de primera instancia respecto a que en el proceso ordinario no se solicitó la transición de la Ley 33 de 1985, alegó que “(…) en materia laboral y prestacional está el juez supeditado a la protección de los derechos fundamentales que consagra la constitución y con ello la normatividad vigente y aplicable al caso, y en caso que no se haya solicitado en la demanda, tendría que reconocer dichos derechos laborales de manera Ultra y Extra Petita, con ocasión a los principios en los que se fundamenta y desarrolla la justicia y todo asunto litigioso dentro de la jurisdicción (…)”.

Al respecto, citó apartes de la sentencia proferida el 17 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, y adujo que “(…) la diferencia de regímenes e inaplicabilidad entre la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 y el régimen deRadicación: 11001 03 15 000 2023 07669 01

Accionante: Judith Margoth Mendoza de Castro

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transición de la Ley 33 de 1985, debía omitirse al actor de dicha jurisprudencia, pues la misma no hizo mención a dicha transición (…)”.

De otro lado, indicó que “(…) a diferencia de lo que señala el despacho en cuanto a que, se está es inconforme con la decisión del juzgador de

jurisprudencia, pues la misma no hizo mención a dicha transición (…)”.

De otro lado, indicó que “(…) a diferencia de lo que señala el despacho en cuanto a que, se está es inconforme con la decisión del juzgador de primera y segunda instancia, se recalca que haber negado la aplicación de una norma a la que desde un principio se tiene derecho por parte del actor, es el detonante de la vulneración de los derechos invocados y es por esto que se ilustró el por qué esta figura no era aplicable al caso, haciendo una exposición al Magistrado directamente relacionada con la afectación a los derechos fundamentales (…)”.

Sostuvo que el a quo declaró improcedente la acción de tutela ignorando el agravio al que se ha visto sometida por el desconocimiento de sus derechos fundamentales en cuanto a la aplicación correcta de la normatividad que