CE - 202357RESUELVEACLARA 20240411190819

Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, periodo 2023-2024

Radicado: 11001-03-28-000-2023-00057-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 11001-03-28-000-2023-00057-00

Demandante: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

Demandados: ANDRÉS DAVID CALLE AGUAS Y OTROS – MESA

DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES,

PERIODO 2023-2024

Tema: Resuelve solicitudes de adición, aclaración y nulidad originada en la sentencia.

AUTO

Procede la Sala a pronunciarse sobre las solicitudes de adición, aclaración y nulidad originada en el fallo, respecto de la sentencia proferida el 7 de marzo de 202 4, presentadas por el congresista Fernando David Niño Mendoza, teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Harold Eduardo Sua Montaña, en nombre propio, presentó el 22 de agosto

presentadas por el congresista Fernando David Niño Mendoza, teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Harold Eduardo Sua Montaña, en nombre propio, presentó el 22 de agosto de 2023, demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, en la cual solicitó que se anulara el acto mediante el cual fue elegida la M esa Directiva de la Cámara de Representantes, periodo 2023 -2024, conformada por Andrés David Calle Aguas, presidente, Fernando David Niño Mendoza, primer vicepresidente y Juan Fernando Espinal Ramírez, segundo vicepresidente.

1.2. La sentencia objeto de las solicitudes que se analizan

La Sección Quinta profirió sentencia de única instancia, el 7 de marzo de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad de la elección del primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, por cuanto se desconocieron los artículos 112 constitucional y 40 del Reglamento del Congreso. La razón: el demandado no representa una minoría política, comoquiera que milita para el Partido Conservador y, conforme a las normas señaladas, sólo tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, quienes pertenecen a un movimiento o fuerza política minoritaria, según su representación en la corporación; especialmente enDemandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, periodo 2023-2024

Radicado: 11001-03-28-000-2023-00057-00

Demandados: Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, periodo 2023-2024

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las primeras vicepresidencias. Finalmente, se denegaron las demás prete nsiones de la demanda. En su literalidad, la parte resolutiva indicó:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la elección del primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, dignidad que ocupa el congresista Fernando David Niño Mendoza, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda de nulidad electoral promovida por el ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña.

TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

1.3 Solicitud de adición.

El congresista Fernando David Niño Mendoza , a través de apoderad a judicial, en escrito remitido vía correo electrónico del 12 de marzo de 2024 solicitó la adición de la sentencia, con fundamento en lo siguiente:

Expuso que, de conformidad con los argumentos de la Sección Quinta del Consejo de Estado para declarar la nulidad de la elección del primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, resultaba necesario que se despejaran algunas dudas que quedaron sin resolver. Así, expuso que si bien la tesis acogida por la Corte Constitucional sobre la armonización de las minorías y la oposición no riñe con el

Cámara de Representantes, resultaba necesario que se despejaran algunas dudas que quedaron sin resolver. Así, expuso que si bien la tesis acogida por la Corte Constitucional sobre la armonización de las minorías y la oposición no riñe con el pacto de reserva estatutaria establecido en el ordenamiento superior, tambié n es cierto que no existía al momento de la designación de las dignidades de la Cámara de Representantes una forma determinada para identificar quiénes eran los partidos políticos minoritarios y cuáles los mayoritarios.

Destacó que la postura de la Corte Constitucional, asumida por el Consejo de Estado, no establecía un método aritmético que permitiera identificar un resultado para definir esas fuerzas políticas en el seno del Congreso de la República. Con todo, para el caso y a través del método del redondeo, se identificó que los partidos o movimientos políticos que tuvieran hasta siete (7) curules serían rotulados como minorías y los que superar an este número se considerarían mayorías. Sobre este último punto, sostuvo que giraba la solicitud de adición de la sentencia.

Explicó que al momento de la designación del congresista Fernando David Niño Mendoza, como primer vicepresidente de la Cámara, no existía método aritmético para identificar cuantitativamente cuáles partid os o fuerzas políticas se consideraban mayoritarios y cuáles minoritarios. Ello en consideración a que, para el momento no se conocía fuente del derecho que reglara el asunto, pues la jurisprudencia, como fuente supletiva sobre ese tema, no había dictado precedente alguno y mucho menos se ha promulgado ley marco que reglara el asunto. Así las

el momento no se conocía fuente del derecho que reglara el asunto, pues la jurisprudencia, como fuente supletiva sobre ese tema, no había dictado precedente alguno y mucho menos se ha promulgado ley marco que reglara el asunto. Así las cosas, la falta de regulación imposibilitaba a la Cámara de Representantes escoger bajo parámetros de «minorías» a un partido que cuantitativamente pudiera acceder a la dignidad en cuestión.

Indicó que, en vista de lo anterior, la solicitud de adición de la sentencia, tiene el propósito de que, ante este nuevo precedente, se pueda modular la decisión, en elDemandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, periodo 2023-2024

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entendido que su cumplimiento comience a aplicarse a partir de la próxima legislatura, la cual comienza el 20 de julio de 2024.

Manifestó que no se advierte dentro del expediente prueba siquiera sumaria que determine que un partido o movimiento político minoritario postul ó ante la plenaria de la Cámara a uno de sus miembros. Situación que, en su criterio, debió analizarse por parte de la Sala Electoral, ya que, ante la ausencia de postulación, no se podía garantizar el derecho de las minorías para esta elección en particular.

Destacó que, al momento de emitir un fallo que comprometa un derecho subjetivo

por parte de la Sala Electoral, ya que, ante la ausencia de postulación, no se podía garantizar el derecho de las minorías para esta elección en particular.

Destacó que, al momento de emitir un fallo que comprometa un derecho subjetivo electoral, deben analizarse las normas convencionales, específicamente el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos . Ello con el fin de brindar garantías a los ciudadanos que acceden a las diferentes posiciones de dirección . Sobre todo cuando se introducen cambios novedosos, como el método aritmético empleado, para determinar las fuerzas políticas en el Congreso.

En suma, solicitó que se modulen los efectos del fallo para que la tesis planteada por la Sección Quinta, sea aplicada para la siguiente legislatura.

1.4. Solicitud de aclaración

El congresista Niño Mendoza , a través de apoderada judicial, en escrito independiente a la solicitud de adición, remitido vía correo electrónico del 12 de marzo de 2024, solicitó la aclaración de la sentencia, con fundamento en lo siguiente:

Anotó que la solicitud de aclaración va dirigida al método estadístico seleccionado por la Sala para determinar qué partidos políticos son mayoritarios y cuáles corresponden a las minorías. Lo anterior, en el entendido que el artículo 112 constitucional establece que mediante ley estatutaria se reglamentará íntegramente la materia. Al respecto, indicó que dicha normativa no ha sido expedida, motivo por el cual su desarrollo ha sido jurisprudencial.

Sostuvo que la sentencia objeto de aclaración planteó una fórmula para determinar cuáles son los partidos mayoritarios y cuáles los minoritarios, con fundamento en

el cual su desarrollo ha sido jurisprudencial.

Sostuvo que la sentencia objeto de aclaración planteó una fórmula para determinar cuáles son los partidos mayoritarios y cuáles los minoritarios, con fundamento en un método aritmético que cor responde a la media, dejando de lado otros como lo son la mediana y la moda. Sin embargo, la fórmula aplicada no obedece a una regulación legal ni reglamentaria. Tanto es así que, en la parte considerativa de la sentencia, se manifiesta que acudir a la cie ncia exacta permite al juez establecer reglas objetivas ante el vacío legal para identificar a los grupos políticos minoritarios de las corporaciones públicas.

Agregó que no resulta claro el procedimiento para realizar un cálculo matemático que en criterio de quien lo realiza arroja una minoría. De ser así se debe explicar los fundamentos que permiten al fallador hacer uso de ese método aritmético y no de otro donde el resultado pueda ser diametralmente diferente.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, periodo 2023-2024

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Argumentó que lo anterior, en raz ón a que se genera un precedente por el órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, derivará, en lo sucesivo, en la aplicación de esta ecuación aritmética. Con todo, en el fallo no hay motivación sobre la fundamentación jurídica que soporte lo manifestado por la Sala.

de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, derivará, en lo sucesivo, en la aplicación de esta ecuación aritmética. Con todo, en el fallo no hay motivación sobre la fundamentación jurídica que soporte lo manifestado por la Sala.

Sustentó que la aclaración solicitada constituye una forma adecuada de otorgar seguridad jurídica, toda vez que se realizó un ejercicio de redondeo que bajo parámetros matemáticos no es ajustado. Ello por cuanto, de la aplicación de la fórmula aritmética, arrojó un promedio a 7.7916666667, pero la Sala utilizando el método enunciado reduce a 7, cuando debió aproximar a 8, dado a que era la cifra más cercana al cociente de la ecuación aplicada.

Sostuvo que, resulta igualmente necesario que se aclare en la p ráctica, cómo se garantizarán los derechos de la oposición y de las minorías. Ello en consideración a que, conforme al Estatuto de la Oposición, los partidos que no son de gobierno, también tendrán participación en las mesas directivas de las corporaciones públicas. Luego, con fundamento en el fallo dictado por la Sección Quinta en este asunto, las primeras vicepresidencias siempre deben ser ocupadas por los partidos o fuerzas políticas minoritarias.

Anotó que, también debe precisarse si la sentencia cobra rá ejecutoria solo cuando se conozca en su integridad el salvamento de voto que tuvo la ponencia.

Indicó que es necesario tener en cuenta en el plenario si los partidos políticos minoritarios tuvieron la intención de ocupar las vicepresidencias en cuestión, pues de las pruebas aportadas al p roceso no se advierte que aquell os postularan algún

Indicó que es necesario tener en cuenta en el plenario si los partidos políticos minoritarios tuvieron la intención de ocupar las vicepresidencias en cuestión, pues de las pruebas aportadas al p roceso no se advierte que aquell os postularan algún candidato. De manera que, ante la falta de interés de los demás partidos, es posible entender que renunciaron a ese derecho.

Señaló que la providencia incurrió en una imprecisión que, aun cuando no es relevante, sí se debe poner de presente, toda vez que en un apartado de la sentencia se indicó que, el desconocimiento normativo alegado se refería a los artículos 112 y 40 del Reglamento del Congreso , pese a que se trata del artículo 112 de la Constitución Política y 40 de dicho reglamento.

1.5. Solicitud de nulidad originada en la sentencia

Mediante memorial de 12 de marzo de 202 4, el congresista Niño Mendoza , por intermedio de apoderad a judicial, requirió la nulidad de la sentencia, con base en los siguientes derroteros:

Sostuvo que la causal de nulidad originada en la sentencia que se invoca, corresponde a aquella relativa a la incompetencia funcional del conjuez designado para integrar la Sala y dirimir la controversia suscitada. Ello con fundamento en el artículo 115 del CPACA que prevé el trámite para la designación de los conjueces.

Destacó que de conformidad con esta normativa debió designarse como conjuez, la persona que resultaré seleccionada por sorteo realizado entre los magistrados de las Salas de lo Contencioso Administrativo y de Consulta y Servicio Civil de laDemandante: Harold Eduardo Sua Montaña

Destacó que de conformidad con esta normativa debió designarse como conjuez, la persona que resultaré seleccionada por sorteo realizado entre los magistrados de las Salas de lo Contencioso Administrativo y de Consulta y Servicio Civil de laDemandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, periodo 2023-2024

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Corporación, en tanto esa es la primera regla establecida por la Ley 1437 de 2011, en el precitado artículo 115. Empero, lo que ocurrió en el caso bajo estudio, es que se procedió de manera inmediata a la regla subsidiaria prevista en la disposición aludida, es decir, se efectuó el sorteo entre la lista de abogados que conforman los conjueces para la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Argumentó que del expediente no se evidencia que se haya realizado el procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 1437 de 2011. Por el contrario, lo que se verifica es la designación de un conjuez externo, posibilidad residual frente a la regla general que se encuentra descrita en la disposición mencionada.

Mencionó que no comparte la hipótesis existente de que los magistrados de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no ejercen función jurisdiccional, pues el legislador habilitó el ejercicio de esta ocupación para los magistrados de esta sala, en el evento previsto en la norma antes referida.

de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no ejercen función jurisdiccional, pues el legislador habilitó el ejercicio de esta ocupación para los magistrados de esta sala, en el evento previsto en la norma antes referida.

Consideró que el conjuez externo designado adolece de competencia para emitir un pronunciamiento de fondo, comoquiera que su designación se llevó a cabo por fuera de los marcos legales establecidos para ello, lo que genera indefectiblemente una nulidad que necesita remediarse.

1.6 Traslado de la solicitud de nulidad

Mediante auto del 19 de marzo de 2024 se corrió traslado a la parte demandante de la solicitud de nulidad, de conformidad con el artículo 134 del Código General del Proceso. Durante el término concedido el demandante se pronunció en los siguientes términos:

2. la solicitud de nulidad trasladada es, al menos en el leal saber y entender del suscrito, extemporánea pues la existencia de los artículos 208, 296 y 306 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo lleva a armonizar dentro de los procesos de nulidad electoral la aplicación del primer inciso del artículo 294 de dicho código con el presupuesto de oportunidad de invocación de causales de nulidad procesal contemplado en el artículo 133 del código general del proceso al punto de venir siendo únicamente concernientes a la causal de nulidad de incompetencia funcional establecida en el artículo 294 del código procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo los supuestos donde la decisión tomada en la sentencia cuy a nulidad es pretendida le compete a una entidad u atribución distinta a la confluida en dicha sentencia más aún cuando básicamente

administrativo y de lo contencioso administrativo los supuestos donde la decisión tomada en la sentencia cuy a nulidad es pretendida le compete a una entidad u atribución distinta a la confluida en dicha sentencia más aún cuando básicamente ha sido señalado en el fundamento 58 de la sentencia SU-074 de 2022 intentar con antelación a la mencionada solicitud reposi ción de la decisión generativa de la situación fáctica sustento de la misma (q. e. la escogencia de conjuez) independientemente del señalamiento de falta de garantía convencional de recurso efectivo del suscrito acerca de esa opción procedimental en otras oportunidades y el suscrito ha cuestionado también la mencionada situación fáctica previo a la emisión de la sentencia sobre la cual versa.

3. el sustento de la solicitud de nulidad trasladada ha sido desestimado en sentencia SU-074 de 2022 y con ello ca recer de prosperidad al básicamente estar señaladoDemandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, periodo 2023-2024

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en dicha sentencia operar únicamente la expresión del segundo inciso del artículo 115 del código procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo de "los Magistrados de las Salas de lo Conte ncioso Administrativo y de Consulta y Servicio Civil de la Corporación" cuando en la decisión dentro de un proceso le corresponde a alguna de las subsecciones de una de las secciones del consejo de

"los Magistrados de las Salas de lo Conte ncioso Administrativo y de Consulta y Servicio Civil de la Corporación" cuando en la decisión dentro de un proceso le corresponde a alguna de las subsecciones de una de las secciones del consejo de estado.

1.7. Auto que rechazó la recusación formulada contra la Sala

Mediante providencia del 5 de abril de 2024, el magistrado sustanciador rechazó de plano la recusación formulada contra la Sala y la secretaria de la Sección Quinta, toda vez que aquella resultó inoportuna, en los términos del inciso segundo del artículo 142 del Código General del Proceso.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para resolver la solicitud de adición de la providencia del 7 de marzo de 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Código General del Proceso. Lo propio para resolver la petición de aclaración conforme a lo previsto en el artículo 285 del Código General del Proceso.

Asimismo, la Sala es competente para conocer de la nulidad originada en la sentencia en comento, de conformidad con el artículo 294 del CPACA.

2.2. La nulidad originada en la sentencia

En primer lugar, la Sala considera pertinente señalar que la petición resulta oportuna, toda vez que la misma se presentó dentro del término de ejecutoria. En efecto, el memorial de solicitud de nulidad de la sentencia se allegó el 12 de marzo de 2024 y la providencia fue notificada el 8 de marzo de 2024.

No sucede lo mismo con la solicitud del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, en el sentido de adherirse a la solicitud

de 2024 y la providencia fue notificada el 8 de marzo de 2024.

No sucede lo mismo con la solicitud del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, en el sentido de adherirse a la solicitud de nulidad formulada por el congresista Niño Mendoza. Ello por cuanto aquella fue formulada el 3 de abril de 2024, es decir, por fuera del término de ejecutoria de la sentencia.

En segundo lugar, resulta del caso recordar que la regulación procesal específica en lo electoral, indica que la nulidad originada en la sentencia solo puede provenir de específicas y taxativas causales, so pena de generar una decisión de rechazo de plano, mediante auto de ponente, como se lee en el artículo 294 del CPACA: Artículo 294. Nulidades originadas en la sentencia. La nulidad procesal originada en la sentencia únicamente procederá por incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de Magistrados al previsto por la ley.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, periodo 2023-2024

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Mediante auto no susceptible de recuso, el juez o Magistrado Ponente rechazará de plano por improcedente la solicitud de nulidad contra la sentencia que se funde en

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Mediante auto no susceptible de recuso, el juez o Magistrado Ponente rechazará de plano por improcedente la solicitud de nulidad contra la sentencia que se funde en causal distinta de las mencionadas. Con esa claridad, se tiene que, en este asunto, la apoderada del congresista Niño Mendoza, fundó la solicitud en la incompetencia funcional del conjuez designado para integrar el cuórum y dirimir las diferencias suscitadas para que la ponencia alcanzara la mayoría necesaria para ser aprobada. Sobre el particular, el demandado asegura que se desconoció el procedimiento previsto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para el sorteo de conjueces. Según la referida norma, los conjueces se designarán por sorteo y según determine el reglamento de la Corporación, con los magistrados de las Salas de lo Contencioso Administrativo y de Consulta y Servicio Civil de la Corporación.

Al respecto, la Sala no encuentra configurada dicha causal, no solo porque no se incurrió en la irregularidad señalada, sino porque el entendimiento del artículo 115 del CPACA que le atribuye el demandado, no es correcto. Ello si se tiene en cuenta que dicha disposición debe leerse conjuntamente con el reglamento del Consejo de Estado, para efectos de proceder con el sorteo y designación de conjueces, el cual prevé un criterio de especialidad para su designación.

Resulta oportuno destacar que, en una controversia similar, en l a que se presentó una acción de tutela contra una providencia de la Sección Quinta de esta corporación, por presuntamente incurrir en un defecto procedimental por

Resulta oportuno destacar que, en una controversia similar, en l a que se presentó una acción de tutela contra una providencia de la Sección Quinta de esta corporación, por presuntamente incurrir en un defecto procedimental por desconocimiento del trámite previsto en el artículo 115 de la Ley 1437 de 2011 para la designación de conjueces, la Corte Constitucional mediante sentencia SU-074 de 2022, se pronunció sobre el particular en los siguientes términos:

(ii) El artículo 115 del CPACA prescribe que los conjueces se designarán “por sorteo y según determine el reglamento de la corporación, los Magistrados de las Salas de lo Contencioso Administrativo y de Consulta y Servicio Civil de la Corporación” [35]. Por consiguiente, según señaló la entidad accionada:

“El alcance de esta norma debe ser entendida en relación con la especialidad, esto es, que debe acudirse primero a los magistrados de la Sección y una vez agotado sus miembros, proceder a la lista de conjueces. Así lo precisó el artículo 53 del Acuerdo 80 de 2019 - reglamento interno del Consejo de Estado -, al preceptuar que el “El sorteo de conjueces se realizará por cada sección o sala”. Lo anterior, no significa otra cosa que el sorteo de conjueces se hace al interior de “cada sección” y no frente a las demás que integran la corporación, garantizándose de esta forma la especialidad y coherencia que debe revestir la jurisprudencia de cada sección. Así las cosas, la Sección Quinta, al estar conformada por cuatro (4) magistrados, y no poder acudir a otro de sus miembros, procedió a llevar a cabo el correspondiente sorteo y posterior designación de conjueces conforme a la norma ibidem. En este

Así las cosas, la Sección Quinta, al estar conformada por cuatro (4) magistrados, y no poder acudir a otro de sus miembros, procedió a llevar a cabo el correspondiente sorteo y posterior designación de conjueces conforme a la norma ibidem. En este orden, no se incurrió en el defecto sustantivo que predica el actor”.

Al respecto, conforme lo señaló la entidad accionada (Sección Quinta del Consejo de Estado) en su respuesta a la acción de tutela, y fue ratificado por los jueces de instancia de tutela (Secciones Primera y Segunda -Subsección Adel Consejo de Estado), no medió equivocación en la aplicación de las disposiciones relativas a la designación de conjueces. Como se pasa a explicar, para la Corte no es irracional ni caprichosa la interpretación del artículo 115 del CPACA que la entidad accionadaDemandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, periodo 2023-2024

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realizó, la cual además corresponde con la interpretación habitual del Consejo de Estado.

94. Frente a este cargo, es relevante precisar que el artículo 115 del CPACA (inciso segundo) determina: a) quiénes serán designados conjueces ( i.e. los magistrados de las Salas de lo Contencioso Administrativo y de Consulta y Servicio Civil de la corporación); y b) cómo se realizará la designación ( i.e. por sorteo y conforme

de las Salas de lo Contencioso Administrativo y de Consulta y Servicio Civil de la corporación); y b) cómo se realizará la designación ( i.e. por sorteo y conforme determine el reglamento de la corporación -Consejo de Estado-). En ese orden de ideas, el reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 080 de 2019), establece que:

“ARTÍCULO 53.- DECISIÓN POR CONJUECES. Cuando por discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en discusión y ninguna alcanzare el mínimo de votos requerido, se sortearán conjueces ha sta obtener la mayoría necesaria.

En enero de cada año, las salas y secciones del Consejo de Estado formarán listas de conjueces , que corresponderán al doble del número de magistrados que las integren.

Cuando las listas de conjueces resulten insuficientes, las salas y secciones podrán aumentarlas. En el acta respectiva se dejará constancia sobre los motivos que justifican la designación de conjueces adicionales, situación que será comunicada al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia.

El sorteo de conjueces se realizará por cada sección o sala, y su remuneración estará sometida a la reglamentación que sobre el particular expida el Gobierno Nacional”[131].

95. Así las cosas, del anterior marco normativo se colige que, de presentarse un empate en una sala de decisión del Consejo de Estado, deberá designarse un conjuez, lo cual se realizará mediante sorteo. El sorteo y elección, según lo interpreta el Consejo de Estado privilegiando la especialidad de las secciones de lo contencioso administrativo de este tribunal, debe realizarse en línea con

conjuez, lo cual se realizará mediante sorteo. El sorteo y elección, según lo interpreta el Consejo de Estado privilegiando la especialidad de las secciones de lo contencioso administrativo de este tribunal, debe realizarse en línea con lo señalado en el inciso segundo del artículo 115 (conforme al reglamento), que dispone que el sorteo será por cada sección o sala (del Consejo de Estado), lo cual coincide en su integridad con el mandato contenido en el inciso quinto del precitado artículo[132]. Esta disposición ha de entenderse según lo explicó en forma correcta la entidad accionada:

“El alcance de esta norma debe ser entendida en relación con la especialidad, esto es, que debe acudirse primero a los magistrados de la Sección y una vez agotado sus miembros, proceder a la lista de conjueces”[133].

Teniendo claro el marco normativo que rige el procedimiento para dirimir un empate, evidencia la Corte que el entendimiento del Consejo de Estado sobre el artículo 115 del CPACA es jurídicamente justificado – no siendo posible considerarla como arbitraria o caprichosa –. Además el procedimiento adelan tado tampoco admite reproche, pues: (i) al evidenciar el empate procedió a ordenar el sorteo de conjueces, según disponen los incisos primero y segundo del artículo 115 del CPACA; luego (ii) procedió a realizar el sorteo del conjuez, momento en el cual, al estar conformada la sección por cuatro magistrados, y, en consecuencia, no tener cómo designar a otro de sus miembros, acudió a la lista de conjueces de su propia sección[134]; con lo cual (iii) integró la sala de decisión de la Sección Quinta con un conjuez, quien dirimió el asunto, en los términos previstos en la disposición

sección[134]; con lo cual (iii) integró la sala de decisión de la Sección Quinta con un conjuez, quien dirimió el asunto, en los términos previstos en la disposición invocada.

97. Ahora bien, incluso en el evento en que la Sección Quinta del Consejo de Estado hubier