CE - 2023746AMCHGSAMAI 20240228164323

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00746-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá Asunto: Autoridad competente para investigar disciplinariamente a un auxiliar de la justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10.°, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20212, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante auto del 16 de septiembre de 2021 3, el Juzgado Promiscuo Municipal de Boyacá (Boyacá) ordenó la compulsa de copias en contra de Administramos Jurídicos S.A.S., representada legalmente por el señor Edward Andrés Sandoval Acuña, secuestre en el proceso ejecutivo radicado bajo el número 2009-049 ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, por las presuntas irregularidades en las que pudo haber incurrido durante el ejercicio de su función, dentro del proceso referenciado.

la Judicatura de Boyacá y Casanare, por las presuntas irregularidades en las que pudo haber incurrido durante el ejercicio de su función, dentro del proceso referenciado.

2. En informe secretarial del 4 de noviembre de 2021 4 consta que e l conocimiento del asunto fue asignado, por reparto, a la entonces Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare. Mediante auto del 1 de ju lio de 20225, la autoridad 1esolvió (i)

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposi ciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Expediente digital, carpeta C01 Principal, archivo 01. 4 Expediente digital, carpeta C01 Principal, archivo 01. 5 Expediente digital, carpeta C01 Principal, archivo 02.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00746-00 Página 2 de 25

remitir por competencia el asunto a la Procuradur ía Provincial de Tunja y (ii) provocar colisión negativa de competencia.

3. No obstante la orden emitida, el proceso fue remitido a la Procuradur ía Provincial de Instrucción de Sogamoso, Boyacá. A través de auto del 28 de noviembre de 20226, esta autoridad indicó no ser competente, por lo que declaró la existencia de un conflicto de competencia y lo remitió por competencia a la Corte Constitucion al, con el fin de que

autoridad indicó no ser competente, por lo que declaró la existencia de un conflicto de competencia y lo remitió por competencia a la Corte Constitucion al, con el fin de que «dirimiera el conflicto de jurisdicciones negativo de competencias planteado por esta Procuraduría Provincial de instrucci ón de Sogamoso, y la Comisi ón Seccional de Disciplina de Boyacá y Casanare […]»

4. Mediante Auto 1580 del 19 julio de 2023 7, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió declararse inhibida, por falta de competencia, para pronunciarse sobre la controversia suscitada entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso y la Comisión Seccional de Di sciplina Judicial de Boyac á y Casanare, referido a la investigación disciplinaria adelantada en contra del representante legal de Administramos Jurídicos S.A.S., como auxiliar de la justicia y remitir el expediente CJU3292 a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para lo de su competencia.

5. En consecuencia, m ediante oficio N° SGCJU-1634-2023 del 09 de agosto de 2023 8, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el asunto a la Sala de Consulta

y Servicio Civil.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 724 del 17 de noviembre de 2023 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las

en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 724 del 17 de noviembre de 2023 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto9. Consta que la Secretaría comunicó el presente conflicto a l a Corte Constitucional, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Sogamoso, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, al Juzgado Promiscuo Municipal de Boyacá, a la firma Administramos Jurídicos SAS y al señor Edward Andrés Sandoval Acuña10.

6 Expediente digital, carpeta CJU0003292CC, archivo 03. 7 Expediente digital, carpeta CJU0003292CC, archivo 06. 8 Expediente digital, carpeta CJU0003292CC, archivo 07. 9 Expediente digital, archivo 011. 10 Expediente digital, archivo 1100103060002023007460012REPARTOYRADIC20231116142200.pdf .Radicación: 11001-03-06-000-2023-00746-00 Página 3 de 25

En informe secretarial del 24 de noviembre de 202311 se precisó que, dentro del término de fijaci ón, la P rocuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso presentó consideraciones. Las dem ás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

consideraciones. Las dem ás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso 12

Dentro de los argumentos que sustentan su rechazo de competencia adujo que, de acuerdo con el art ículo 2 del C ódigo General Disciplinario, la titularidad de la acci ón disciplinaria corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial , a quienes les corresponde «ejercer la acci ón disciplinaria» respecto de los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como en contra de particulares disciplinables conforme a esta ley, y dem ás autoridades que administran justicia de manera temporal y permanente. Señaló que, si bien es cierto, el artículo 265 del Código General Disciplinario, derogó el artículo 41 de la ley 1474 de 2011 , que le atribu ía l a competencia para investigar disciplinariamente a los auxiliares de la justicia, a la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, o de los consejos seccionales, según el caso, también es cierto que esa misma norma instituy ó un t ítulo especial denominado «R égimen discplinario de los funcionarios de la rama judicial», que en su artículo 239 incluye, dentro del alcance de la función jurisdiccional , a los particulares disciplinables conforme a esa ley. Precisó que de acuerdo con el Código General Disciplinario son sujetos disciplinables

del alcance de la función jurisdiccional , a los particulares disciplinables conforme a esa ley. Precisó que de acuerdo con el Código General Disciplinario son sujetos disciplinables por parte de la Procuraduría General de la Nación los particulares que cumplen funciones públicas de manera permanente o transitoria en las entidades p úblicas del orden nacional, departamental y municipal que administren recursos públicos, que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales, como de las entidades privadas que desempeñen funciones públicas o administren recursos públicos, como es el caso de los representantes legales, gerentes o su equivalente de las empresa s de servicios p úblicos domiciliarios, cajas de compensación familiar, revisores fiscales, miembros e integrantes de las juntas directivas de las cámaras de comercio y demás. Manifestó que es de competencia de los Consejos Seccionales de la Judicatura realizar la convocatoria y conformar la lista de los auxiliares de la justicia para cada uno de los distritos judiciales de su jurisdicción, por lo tanto, en virtud de lo establecido en los artículos 47 y siguientes de la ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) los

11 Expediente digital, archivo 014. 12 Expediente digital, archivo 012.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00746-00 Página 4 de 25

auxiliares de la justicia son particulares que ejercen de manera transitoria funciones públicas, y, por ende, la competencia para investigarlos disciplinariamente debe recaer en cabeza de la respectiva Comisión Seccional de Disciplina Judicial, confor me a lo

auxiliares de la justicia son particulares que ejercen de manera transitoria funciones públicas, y, por ende, la competencia para investigarlos disciplinariamente debe recaer en cabeza de la respectiva Comisión Seccional de Disciplina Judicial, confor me a lo establecido en los artículos 2, 70, 239, y 240 del Código General Disciplinario.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá Esta autoridad no presentó alegatos, sin embargo, de l auto del 1 de julio de 202 2 se pueden extraer los argumentos que sustentan su posición respecto de la competencia en este asunto.

Manifestó que la perdida de competencia de la Comisión Seccional se origina a partir de lo previsto en los artículos 2° y 92 de la Ley 1952 de 2019 y el inciso primero del artículo 265 de la misma norma pues, tanto las disposiciones reformadas por la Ley 2094 de 2021, como las que no fueron modificadas, comenzaron a regir el 29 de marzo de 2022. Consideró que e l cambio normativo descrito transformó tanto la parte sustancial como procedimental de la Ley 734 de 2002, debiendo aplicarse la nueva legislación en todos aquellos procesos que aún no contarán con providencia de pliego de cargos notificada o instalada la audiencia del proceso verbal. Respecto de lo sustancial adujo que la Ley 1952 de 2019 antes citada incluyó a los auxiliares de la justicia en el régimen de particulares descrito por el artículo 70 y ss., y que, a su vez, el artículo 92, derogó tácitamente el a rtículo 41 de la Ley 1474 de 2011,

auxiliares de la justicia en el régimen de particulares descrito por el artículo 70 y ss., y que, a su vez, el artículo 92, derogó tácitamente el a rtículo 41 de la Ley 1474 de 2011, para concentrar la competencia de investigarlos en la Procuraduría General de la Nación. Adicionalmente, hizo referencia al numeral 10 del artículo 112 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para señalar que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la competente para conocer del asunto en caso de que la procuraduría considere que no es competente.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios, según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan, actualmente, por el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, norma especial sobre la materia, que dispone:Radicación: 11001-03-06-000-2023-00746-00 Página 5 de 25

Artículo 99. Conflicto de competencias . El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el

el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

[…] [Subrayas añadidas]

En el presente asunto, sin embargo, no es posible aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, carecen de un superior común.

Así, ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en la Ley 1437 de 2011, el cual integra el procedimiento ordinario para dirimir los conflictos de competencia administrativa que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Regla general de competencia para resolver los conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»13 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia

generales»13 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

13 Artículo 34 . Procedimiento administrativo común y principal . Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00746-00 Página 6 de 25

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado

[…].

En el mismo sentido, el numeral 10.° del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

[…]

el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

[…]

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o e ntre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

[…]

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, los cuales se analizan a continuación, en relación con el caso concreto:

1. Que se trate de una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El presente conflicto recae sobre una actuación particular y concreta, que consiste en el trámite del proceso disciplinario segui do en contra de l señor Edward Andrés Sandoval Acuña representante legal de la firma Administramos Jurídicos SAS , mientras se desempeño como auxiliar de la justicia en el proceso ejecutivo radicado bajo el número 2009-049, adelantado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Boyacá (Boyacá).

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -030-23, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nac ión son de naturaleza administrativa.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00746-00 Página 7 de 25

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple una función administrativa (la Procuraduría General de la Nación) y otra que cumple función jurisdiccional (la Comisión Seccional de Disciplina Judicial) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridades que ejerzan función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Así lo ratificó, además, la Corte Constitucional, en este caso concreto, al remitir el conflicto de competencias a la Sala, mediante 1580 del 19 julio de 2023.

la Ley 1952 de 2019.

Así lo ratificó, además, la Corte Constitucional, en este caso concreto, al remitir el conflicto de competencias a la Sala, mediante 1580 del 19 julio de 2023.

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen la competencia para conocer de la actuación o el asunto en particular.

Las dos autoridades involucradas en el conflicto -la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá- rechazaron la competencia para continuar con la actuación disciplinaria.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación por intermedio de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso , y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial Boyacá, que forma parte de la Rama Judicial.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidas las exigencias que la habilitan para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias planteado.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»14.

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»14.

14 La remisión al artículo 14 del Cpaca debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00746-00 Página 8 de 25

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 del Código de Proce dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado la

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 del Código de Proce dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado la función de definir la autoridad competente para iniciar o continuar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de dho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para tramitar el proceso disciplinario seguido en contra del señor Edward Andrés Sandoval Acuña, representante legal de la firma Administramos Jurídicos SAS, mientras se desempeño como auxiliar de la justicia en el proceso ejecutivo radicado bajo el número 2009-049, adelantado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Boyacá (Boyacá).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00746-00 Página 9 de 25

Juzgado Promiscuo Municipal de Boyacá (Boyacá).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00746-00 Página 9 de 25

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá consideró que, a partir del 29 de marzo de 2022, por disposición de la Ley 1952 de 2019, la Procuraduría General de la Nación es la competente para conocer los procesos disciplinarios contra los auxiliares de Justicia. Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso consideró que es competencia de los consejos seccionales de la judicatura pues, los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen de manera transitoria funciones públicas, y por ende, la competencia para investigarlos disciplinariamente debe recaer en cabeza de la respectiva comisión seccional de disciplina judicial, confor me a lo establecido en los artículos 2, 70, 239, y 240 del Código General Disciplinario. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración; ii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de los procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia. Reiteración; iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comi siones seccionales, frente a los auxiliares de la justicia. Reiteración; iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia, con posterioridad a la entrada

1. El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración; vi) Sujetos disciplinables por presuntas faltas de las personas jur ídicas que act úan como auxiliares de la justicia; vii) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable, y viii) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración15

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia están regulados en el artículo 47 de la Ley 1564 de 201216, que señala:

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 22 de junio de 2021, expedient e 11001-03-06-000-2021-00025-00. 16 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras d isposiciones.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00746-00 Página 10 de 25

Artículo 47. Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su

públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar , cuando fuere el caso.

[…] [Subrayas fuera del texto original].

Ahora bien, la Corte Constitucional 17 ha señalado que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas, de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Se destaca].

En el mismo sentido, la Sala ha precisado 18 que los auxiliares de la justi cia prestan servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

5.2. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia

debida administración de justicia.

5.2. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia

El artículo 256 de la Constitución Política consagró, entre las atribuciones del Co nsejo Superior de la Judicatura, las siguientes:

[…]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.

[…]

17 Corte Constitucional, Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003. 18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 18 de junio de 2019 (rad. núm. 1100103-06-000-2019-00063-00), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (rad. núm. 11001-03-06-000-2017-0020000).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00746-00 Página 11 de 25

7. Las demás que señale la ley. [Negrillas fuera del texto original].

En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 7 de la norma citada, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judi catura, para examinar y sancionar las faltas de los auxiliares de la justicia19, así:

Artículo 41. Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura . Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala

justicia19, así:

Artículo 41. Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura . Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia.

En vigencia de las normas citadas , la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo que los procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de justicia correspondían al Consejo Superior de