CE - 2023860AMCHGSAMAI 20240315143549

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00860-00

Referencia: conflicto de competencias administrativas

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá Asunto: autoridad competente para adelantar una investigación disciplinaria contra unos auxiliares de la justicia. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10.°, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20212, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 21 de marzo de 2018 la representante judicial del tercero incidental dentro del proceso ejecutivo singular 2015 -374, adelantado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecucion y Sentencias de Bogotá, in terpuso queja disciplinaria ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial en contra de los secuestres Abogados Activos S.A.S. por no realizar la entrega de un vehículo, la cual fue ordenada por la autoridad judicial dentro del referido proceso ejecutivo3.

2. El 13 de junio de 2018 el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá – Sala

Activos S.A.S. por no realizar la entrega de un vehículo, la cual fue ordenada por la autoridad judicial dentro del referido proceso ejecutivo3.

2. El 13 de junio de 2018 el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ordenó indagación preliminar en contra del representante legal de Abogados Activos S.A.S. en calidad de auxiliar de la justicia, por la presunta falta a los deberes legales como secuestre, conforme a la queja presentada por la representante judicial indicada, señora Diana Marcela González Morales4.

3. El 18 de diciembre de 2018, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante radica do No. 2018-06466-00, ordenó la apertura

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Ad ministrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Expediente digital, carpeta C01 Principal, archivo 02. 4 Expediente digital, carpeta C01 Principal, archivo 05.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00860-00 Página 2 de 25

formal de la investigacion disciplinaria en contra tanto de la señora Jenny Carrillo Arias como secuestre autorizada por la firma Abogados Activos S.A.S. dentro del proc eso ejecutivo singular 2015 -374, como de los señores Hector Andrés Villamarin Jiménez y Diego Armando Sánchez Ordoñez ambos como representantes legales de dicha firma

como secuestre autorizada por la firma Abogados Activos S.A.S. dentro del proc eso ejecutivo singular 2015 -374, como de los señores Hector Andrés Villamarin Jiménez y Diego Armando Sánchez Ordoñez ambos como representantes legales de dicha firma en calidad de auxiliares de la justicia, por el presunto incumplimiento de la orden judicial emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, en la que se ordenaba la devolución del vehículo de placas MFT-7605.

4. El 7 de julio de 2021 la Comision Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá Despacho núm. 8 declaró el cierre de la etapa de investigación6.

5. El 30 de marzo de 2022 , la Comision Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá Despacho 8 dispus o continuar el trámite procesal bajo los lineamientos del Código General Disciplinario. Ordenó correr traslado común a los sujetos procesales por el término de diez (10) días, para que present aran sus alegatos precalificatorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 220 de la Ley 1952 de 20197.

6. A través de Auto del 18 de abril de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, sin embargo, declaró la falta de competencia para continuar conociendo del proceso disciplinario con número de radicado No. 1100111020002018 03126 00 y, en su lugar, ordenó la remisión del expediente a la Procuraduría General de la Nación8.

7. En Auto del 5 de mayo de 2023, la Procuraduría Prim era Distrital de Instrucción de Bogotá remitió las diligencias a la Corte Constitucional p ara que resolviera el conflicto

7. En Auto del 5 de mayo de 2023, la Procuraduría Prim era Distrital de Instrucción de Bogotá remitió las diligencias a la Corte Constitucional p ara que resolviera el conflicto negativo de competencias suscitado con la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de

Bogotá.

8. Mediante Auto 1870 del 15 de agosto de 2023 9, la Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver el aparente conflicto de jurisdicci ones promovido entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá, dentro del radicado CJU-4111, por carecer de competencia para dirimir el asunto.

9. En consecuencia, mediante Oficio N° SGCJU-2130-2023 del 19 de septiembre de 202310, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el asunto a la Sala de

Consulta y Servicio Civil.

5 Expediente digital, carpeta C01 Principal, archivo 23. 6 Expediente digital, carpeta C01 Principal, archivo 68. 7 Expediente digital, carpeta C01 Principal, archivo 71. 8 Expediente digital, carpeta C01 Principal, archivo 74. 9 Expediente digital, carpeta C01 Principal, archivo 03. 10 Expediente digital, archivo Principal/003REPARTOYRADICACION_0307CJU4111_OFICIO.pdRadicación: 11001-03-06-000-2023-00860-00 Página 3 de 25

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 835 del 12 de diciembre de 2023 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto11.

Consta que la Secreta ría comunicó el presente conflicto a la Corte Constitucional, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, a la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá, a la sociedad Abogados Activos S.A.S. , a la s señoras Jenny Carrillo Arias, la representante Diana Marcela González, y a los señores Hector Andrés Villamarin Jiménez y Diego Armando Sánchez Ordoñez12.

En informe secretarial del 19 de diciembre de 202313 se precisó que, dentro del término de fijaci ón, la Comisión Seccional de Disciplina Judícial de Bogotá, presentó consideraciones. Las dem ás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá14

Dentro de los argumentos que sustentan su rechazo de competencia adujo que , en el ordenamiento jurídico vigente, no existe disposición normativa que establezca la existencia de un conflicto de competencia entre una autoridad administrativa y una

Dentro de los argumentos que sustentan su rechazo de competencia adujo que , en el ordenamiento jurídico vigente, no existe disposición normativa que establezca la existencia de un conflicto de competencia entre una autoridad administrativa y una autoridad judicial y, aún menos, una instancia encargada de dirimirlo.

Conforme a lo anterior, señaló que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no tiene competencia para adelantar el trámite d e es te tipo de controversias, debiendo en consecuencia inhibirse de conocer del asunto de la referencia.

Sin embargo, respecto del caso concreto manifestó que, la competencia para conocer de la investigación disciplinaria No.11001110200020180312600 (Comis ión) y E -2022278885/IUC-D-2022-2624743 (Procuraduría), recae en la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá , pues, c onforme al modelo constitucional y legal vigente,

11 Expediente digital, archivo 11_110010306000202300860001POREDICTO20231207180608. 12 Expediente digital, 110010306000202300860009REPARTOYRADIC20231207123700.pdf . 13 Expediente digital, archivo 13_110010306000202300860001ALDESPACHOPOR20231219120625 14 Expediente digital, archivo 11_110010306000202300860002MemorialWeb20231218215026Radicación: 11001-03-06-000-2023-00860-00 Página 4 de 25

corresponde a la jurisdicción disciplinaria examinar la conducta de los fu ncionarios y empleados de la Rama Judicial, y demás servidores del Estado con atribuciones jurisdiccionales, y de quienes administran justicia de manera transitoria, ocasional o

corresponde a la jurisdicción disciplinaria examinar la conducta de los fu ncionarios y empleados de la Rama Judicial, y demás servidores del Estado con atribuciones jurisdiccionales, y de quienes administran justicia de manera transitoria, ocasional o permanente, así como de los abogados en el ejercicio de su profesión.

Señaló que, el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 derogó expresamente el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 , que determinaba que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso - hoy comisiones de disciplina judicial, examinarían la conducta y sancionarían las faltas de los auxiliares de la Justicia.

Adicionalmente, citó el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, relativo al régimen disciplinario de los particulares, donde se incluyó como sujetos disciplinables a los auxiliares de la justicia, quienes, según la decantada jurisprudencia constitucional, de lo contencioso administrativo y disciplinaria, ejercen funciones públicas de manera transitoria.

Precisó que, en la misma disposición, se prescribe que los auxiliares de la justicia serán disciplinables conforme al referido código, sin perjuicio del poder correctivo del Juez ante cuyo despacho intervengan. Indicó que, tratándose de auxiliares de la justicia, estos son considerados como particulares que desempeñan un oficio público ocasional acorde al artículo 47 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, de manera tal, que no son servidores públicos, no cumplen funciones jurisdiccionales y no administran justicia, por lo que se

artículo 47 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, de manera tal, que no son servidores públicos, no cumplen funciones jurisdiccionales y no administran justicia, por lo que se trata de particulares que brindan apoyo a la rama judicial.

En concordancia con lo anterior, consideró que la Comisión de Disciplina Judicial, órgano jurisdiccional de la administración de justicia, carece de competencia para continuar conociendo de los procesos disciplinarios q ue comprometan la conducta de un auxiliar de la justicia. Y, en virtud de lo previsto en el Código General Disciplinario, tratándose de particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria, está potestad sancionadora se trasladó a la Procuradu ría General de la Nación y las Personerías Distritales o Municipales.

2. Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá 15

Esta autoridad no presentó alegatos . Sin embargo, del Auto del 5 de mayo de 2023 se pueden extraer los argumentos que sustentan su posición respecto al presente conflicto, los cuáles pasan a exponerse.

Manifestó que e l día 29 de junio de 2021, el Congreso de Colombia modificó el texto inicial del artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, relativo a vigencias y derogatorias de

15 Expediente digital, E-2022-278885-REMISION EXTERNA - CORTE CONSTITUCIONAL CONFLICTO.pdfRadicación: 11001-03-06-000-2023-00860-00 Página 5 de 25

dicha Ley, y en esta reforma suprimió la derogatoria del artículo 41 de la Ley 1474 de

CONFLICTO.pdfRadicación: 11001-03-06-000-2023-00860-00 Página 5 de 25

dicha Ley, y en esta reforma suprimió la derogatoria del artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, que contenía la literalidad del artículo 265 de la Ley 1952 de 2019. Lo que se traduce en que el artículo 41 de la Ley 1474 no llegó a ser derogado, en la medida en que la disposición que le derogaba fue suprimida por el propio legislador, antes que este artículo 265 entrara en vigor.

Ahora bien, en relación con en el presente proceso, sostuvo que tratándose de los particulares que ejercen un oficio de colaboración de ntro de un proceso judicial, como auxiliares de la justicia, el legislador, mediante el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, claramente asigno su competencia a la Jurisdicción Disciplinaria.

Reiteró que, en razón a que el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 fue modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 antes de entrar a regir, la Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para continuar el proceso disciplinario adelantado contra la señora Jenny Carrillo Arias como secuestre autorizada por la firma Abogados Activos S.A.S. dentro del proceso ejecutivo singular 2015-374, Héctor Andrés Villamarín Jiménez como representante legal y Diego Armando Sánchez Ordoñez como representante legal, ambos de Abogados Activos S.A.S., en calidad de auxilia res de la justicia, pues , existe una norma que le asigna expresamente esta función al Consejo Superior de la Judicatura y a los Consejos Seccionales de la Judicatura, ahora transformados en Comisión

ambos de Abogados Activos S.A.S., en calidad de auxilia res de la justicia, pues , existe una norma que le asigna expresamente esta función al Consejo Superior de la Judicatura y a los Consejos Seccionales de la Judicatura, ahora transformados en Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios, según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan, actualmente, por el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, norma especial sobre la materia, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de com petencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se apl icará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

[…] [Subrayas añadidas]Radicación: 11001-03-06-000-2023-00860-00 Página 6 de 25

En el presente asunto, sin embargo, no es posible aplicar esta disposición, debido a que

[…] [Subrayas añadidas]Radicación: 11001-03-06-000-2023-00860-00 Página 6 de 25

En el presente asunto, sin embargo, no es posible aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación por intermedio de la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá , carecen de un superior común.

Así, ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesa rio acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en la Ley 1437 de 2011, el cual integra el procedimiento ordinario para dirimir los conflictos de competencia administrativa que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Regla general de competencia para resolver los conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrat ivo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»16 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta tambi én se declara incompetente, remitirá inmediatamente

competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta tambi én se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual maner a se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado

[…].

En el mismo sentido, el numeral 10.° del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2 021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

16 Artículo 34 . Procedimiento administrativo común y principal . Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00860-00 Página 7 de 25

[…]

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entid ad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un

[…]

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entid ad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

[…]

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, los c uales se analizan a continuación, en relación con el caso concreto:

1. Que se trate de una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El presente conflicto recae sobre una actuación particular y concreta, que consiste en el trámite del proceso disciplinario seguido en contra de la señora Jenny Carrillo Arias como secuestre autorizada por la firma Abogados Activos S.A.S. dentro del proceso ejecutivo singular 2015 -374, Hector Andrés Villamarin Jiménez y Diego Armando Sánchez Ordoñez ambos como representantes legales de la firma Abogados Activos S.A.S. en calidad de auxiliares de la justicia, por el presunto incumplimiento de la orden judicial emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito en la que se ordenaba la devolución de un vehículo.

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -030-23, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría Gen eral de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple una función administrativa (la Procuraduría General de la Nación) y otra que cumple función jurisdiccional (la Comisión Seccional de Disciplina Judicial) por cuanto noRadicación: 11001-03-06-000-2023-00860-00 Página 8 de 25

se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridades que ejerzan función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 2 36 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Así lo ratificó, además, la Corte Constitucional, en este caso concreto, al remitir el conflicto de competencias a la Sala, mediante auto 1870 del 15 de agosto de 2023.

la Ley 1952 de 2019.

Así lo ratificó, además, la Corte Constitucional, en este caso concreto, al remitir el conflicto de competencias a la Sala, mediante auto 1870 del 15 de agosto de 2023.

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen la competencia para conocer de la actuación o el asunto en particular.

Las dos autoridades involucradas en el conflicto , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación por intermedio de la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá rechazaron la competencia para continuar con la actuación disciplinaria.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá , que forma parte de la Rama Judicial, y la Procuraduría General de la Nación, que es una entidad autónoma del orden nacional, por intermedio de la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidas las exigencias que la habilitan para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias planteado.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»17.

En consecuencia, el procedimiento co nsagrado en la norma citada, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

17 La remisión al artículo 14 del Cpaca debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00860-00 Página 9 de 25

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado la función de definir la autoridad competente para iniciar o contin uar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto. Por tanto, esta Sala no puede pronu nciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivame nte las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de d erecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obr en en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para tramitar el proceso disciplinario seguido en c ontra de la señora Jenny Carrillo Arias como secuestre autorizada por la firma Abogados Activos S.A.S. dentro del proceso ejecutivo singular 2015-374, Hector Andrés Villamarin Jiménez y Diego Armando Sánchez Ordoñez ambos como representantes legales de la firma Abogados Activos S.A.S. en calidad de

autorizada por la firma Abogados Activos S.A.S. dentro del proceso ejecutivo singular 2015-374, Hector Andrés Villamarin Jiménez y Diego Armando Sánchez Ordoñez ambos como representantes legales de la firma Abogados Activos S.A.S. en calidad de auxiliares de la justicia, por el presunto incumplimiento de la orden judicial emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito en la que se ordenaba la devolución de un vehículo.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá consideró que respecto de los auxiliares de justicia , en virtud de lo previsto en el Código General Disciplinario, tratándose de particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria, está potestad sancionadora se trasladó a la Procuraduría General de la Nación y las Personerías Distritales o Municipales.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00860-00 Página 10 de 25

La Procuraduría General de la Nación por intermedio de la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá consideró que tratándose de particulares que ejercen un oficio de colaboración dentro de un proceso judicial, como es el caso de los auxiliares de la justicia, el legislador, mediante el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 que no ha sido derogado, claramente asigno su competencia a la Jurisdicción Disciplinaria.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración; ii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de los procesos disciplinarios contra auxiliares de la

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración; ii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de los procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia. Reiteración; iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales, frente a los auxiliares de la justicia. Reiteración; iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración; vi) Sujetos disciplinables por presuntas faltas de las personas jur ídicas que act úan como auxiliares de la justicia; Reiteración; vii) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable, y viii) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración18

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia están regulados en el artículo 47 de la Ley 1564 de 201219, que señala:

Artículo 47. Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respec tiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su

públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada of