CE - 2023868PDFPDF 20240228151133

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Óscar Darío Amaya Navas (E)

Bogotá D.C., 21 de febrero de 2024

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00868-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Procuraduría General de la Nación -Procuraduría

Provincial de Instrucción del Bucaramangay Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander Asunto: Autoridad competente para investigar disciplinariamente a un auxiliar de la justicia. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10º, de la Ley 1437 de 20111, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Auto del 19 de noviembre de 2019, el Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal de Bucaramanga ordenó informar al Consejo Superior de la Judicatura de las presuntas faltas disciplinarias en que pudo incurrir el señor Gustavo Guzmán Mantilla, por, presuntamente, no rendir informe de su gestión como secuestre dentro del proceso ejecutivo con radicación núm. 2015-00170, adelantado ante dicho juzgado.

2. El 1 de julio de 2020, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de

ejecutivo con radicación núm. 2015-00170, adelantado ante dicho juzgado.

2. El 1 de julio de 2020, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Santander abrió investigación disciplinaria en contra del señor Gustavo

Guzmán Mantilla.

3. Por medio de Auto del 27 de mayo de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander declaró su falta de competencia para conocer de la investigación

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00868-00 Página 2 de 20

disciplinaria y remitió el expediente a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, por considerar que esa autoridad debía continuar con el proceso.

4. El 16 de febrero de 2023, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga declaró su falta de competencia para adelantar la investigación disciplinaria y remitió el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto de competencias.

5. Mediante Auto 2173 del 13 de septiembre de 2023 , la Corte Constitucional se declaró inhibida para dirimir el conflicto planteado y ordenó la remisión a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado , por considerar que es la autoridad competente para el efecto.

declaró inhibida para dirimir el conflicto planteado y ordenó la remisión a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado , por considerar que es la autoridad competente para el efecto.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39, inciso 3 °, de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, la secretaría de la Sala fijó el edicto núm. 843, por el término de cinco días hábiles, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

En el expediente, consta que se comunicó la existencia del conflicto de la referencia al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Santander, a la Procuraduría General de la Nación (nivel central), a la Procuradurí a Provincial de Instrucción de Bucaramanga, a la Corte Constitucional, al Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal de Bucaramanga y al señor Gustavo Guzmán Mantilla.

De acuerdo con el informe secretarial del 19 de diciembre del 2023, «[d]entro del término de fijación, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio».

Mediante Auto de mejor proveer del 6 de febrero de 2024, el Consejero Ponente ordenó vincular a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander al presente trámite.

Según informe secretarial del 14 de febrero de 2024, vencido el término concedido mediante auto para mejor proveer del 6 de febrero de 2024, la Comisión Seccional de

Según informe secretarial del 14 de febrero de 2024, vencido el término concedido mediante auto para mejor proveer del 6 de febrero de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander guardó silencio.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00868-00 Página 3 de 20

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander

La autoridad no presentó alegatos , sin embargo, del Auto del 27 de mayo de 2022 , mediante el cual rechazó la competencia para conocer del proceso disciplinario en comento, se pueden extraer sus argumentos.

Manifestó que, los auxiliares de la justicia son particulares que administran justicia de manera transitoria, en consecuencia, debe aplicarse el régimen previsto en el artículo 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019.

En consecuencia, consideró que la autoridad competente para conocer de los procesos disciplinarios tramitados contra auxiliares de la justicia es la Procuraduría General de la Nación.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga no presentó consideraciones a la Sala; sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 16 de febrero de 2023. En dicho proveído manifestó que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, tiene en cuenta la naturaleza especial de los auxiliares de justicia, y le otorgó la competencia al Consejo Superior de la Judicatura a través de sus salas disciplinarias para conocer l as

la naturaleza especial de los auxiliares de justicia, y le otorgó la competencia al Consejo Superior de la Judicatura a través de sus salas disciplinarias para conocer l as actuaciones disciplinarias que se adelanten en contra de estos. Competencia que fue reiterada en los artículos 2 y 239 de la Ley 1952 de 2019. Ahora bien, respecto a la supuesta derogatoria del artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, la entidad precisa que este se encuentra vigente, en tanto que, si bien el texto original del artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 contenía una derogatoria expresa de ese artículo, este fue modificado por la Ley por la Ley 2094 y suprimida dicha derogación. Adicionalmente, señaló que el artículo 2 de la Ley 2094 de 2021, el cual modificó el artículo 1 del Código general Disciplinario, Ley 1952 de 2019, estableció a cargo de la Comisión nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones seccionales ejercer la ac ción disciplinaria en contra de particulares disciplinables, entre los que se encuentran los auxiliares de la justicia. Finalmente, indicó que, de acuerdo con la tesis vigente de la Sala de Consulta y Servicio Civil, es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander la entidad que debe continuar con el proceso disciplinario.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00868-00 Página 4 de 20

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios, según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios, según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, no tienen un superior común.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Bucaramanga, no tienen un superior común.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»3 se encuentran en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

3 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrat ivos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00868-00 Página 5 de 20

Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del ord en departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de

autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del ord en departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. [Se resalta].

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente i ngrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. [Se resalta].

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

Las autoridades involucradas en el presente trámite, esto es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga han rechazado su competencia para continuar la actuación disciplinaria

Las autoridades involucradas en el presente trámite, esto es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga han rechazado su competencia para continuar la actuación disciplinaria en contra del señor Gustavo Guzmán Mantilla, por presuntamente, no rendir informe de su gestión como secuestre dentro del proceso ejecutivo con radicación núm. 201500170, adelantado ante dicho juzgado.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00868-00 Página 6 de 20

Como se evidencia en los antecedentes, este conflicto de competencias fue planteado entre la Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de su Seccional de Santander, ambas entidades del orden nacional.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, para determinar la autoridad competente para continuar con el proceso disciplinario en contra del señor Gustavo Guzmán Mantilla, en su calidad de auxiliar de la justicia.

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-030-23, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución4.

Al respecto, es importante señalar que, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha reiterado que, cuando el conflicto versa, de una parte, sobre una competencia de naturaleza administrativa y, de otra, de una competencia de naturaleza jurisdiccional, la Sala tiene competencia para resolver el asunto, por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridades que ejerzan, ambas, función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

4 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00868-00 Página 7 de 20

4 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00868-00 Página 7 de 20

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»5.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 de l Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 de l Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado la función de definir la autoridad competente para iniciar o continuar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto. Por tanto, esta Sala no pue de pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

5 La remisión al artículo 14 del Cpaca debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00868-00 Página 8 de 20

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para continuar con el proceso disciplinario en contra del señor Gustavo Guzmán Mantilla, por presuntamente, no rendir informe de su gestión como secuestre dentro del proceso

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para continuar con el proceso disciplinario en contra del señor Gustavo Guzmán Mantilla, por presuntamente, no rendir informe de su gestión como secuestre dentro del proceso ejecutivo con radicación núm. 2015-00170, adelantado por el Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal de Bucaramanga.

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, en el Auto del 27 de mayo de 2022, declaró su falta de competencia para conocer el asunto , en particular señaló que, conforme a los artículos 70 y 92 de la Ley 2094 de 2021, los auxiliares judiciales son funcionarios públicos que deben ser disciplinados por la Procuraduría General de la Nación, por lo que decidió remitir el asunto a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, para lo de su competencia.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, manifestó que el artículo 2 de la Ley 2094 de 2021, el cual modificó el artículo 1 del Código general Disciplinario, Ley 1952 de 2019, estableció a cargo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones seccionales ejercer la acción discipli naria en contra de particulares disciplinables, entre los que se encuentran los auxiliares de la justicia. Por ello consideró que la competencia sobre el presente asunto recae sobre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander.

Finalmente, la Corte Constitucional, en auto del 13 de septiembre de 2023, se declaró inhibida para conocer del asunto , por no tratarse de un conflicto entre autoridades con

Seccional de Disciplina Judicial de Santander.

Finalmente, la Corte Constitucional, en auto del 13 de septiembre de 2023, se declaró inhibida para conocer del asunto , por no tratarse de un conflicto entre autoridades con funciones jurisdiccionales, y lo remitió a la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración; ii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de los procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia. Reiteración; iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales, frente a los auxiliares de la justicia. Reiteración; iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración; vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable, y vii) Caso concreto.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00868-00 Página 9 de 20

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración6

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia están regulados en el artículo 47 de la Ley 1564 de 20127, que señala:

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración6

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia están regulados en el artículo 47 de la Ley 1564 de 20127, que señala:

Artículo 47. Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

[…] [Subrayas fuera del texto original].

Ahora bien, la Corte Constitucional 8 ha señalado que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas, de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Se destaca].

públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Se destaca].

En el mismo sentido, la Sala ha precisado 9 que los auxiliares de la justicia prestan servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

5.2. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia

El artículo 256 de la Constitución Política consagró, entre las atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, las siguientes:

6 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 22 de junio de 2021, expediente 1100103-06-000-2021-00025-00. 7 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones . 8 Corte Constitucional, Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003. 9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisiones del 18 de junio de 2019 (rad. núm. 11001-03-06-000-2019-00063-00), y el 16 de mayo de 2018 (rad. núm. 11001-03-06-000-2017-00200-00).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00868-00 Página 10 de 20

[…]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que

[…]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que señale la ley.

[…]

7. Las demás que señale la ley. [Negrillas fuera del texto original].

En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 7 de la norma citada, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para examinar y sancionar las faltas de los auxiliares de la justicia10, así:

Artículo 41. Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura . Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia.

En vigencia de las normas citadas, la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo que los procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de justicia correspondían al Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales11.

Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015, se suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las salas homólogas de los consejos seccionales de la judicatura, y, en su lugar, se creó la

suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las salas homólogas de los consejos seccionales de la judicatura, y, en su lugar, se creó la

10 La Sala de Consulta y Servicio Civil, en Decisión del 18 de septiembre de 2014 (rad. núm. 11001-03-06000-2014-00168-00), al evaluar si la asignación de competencias a la Jurisdicción Disciplinaria debía realizarse únicamente por la Constitución Política y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, o si era posible hacerlo mediante una ley ordinaria, como la Ley 1474 de 2011, precisó que «[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales para examinar la conducta de los auxiliares de la justicia no está supeditada a la cláusula de reserva de ley estatutaria, porque la mencionada norma no afecta de ninguna manera la estructura general y esencial de la administración de justicia». La jurisprudencia de la Corte Constitucional también es clara en afirmar que cuando no se afecta el núcleo de la organización y funcionamiento de la administración de justicia la regulación está atada a l trámite de una ley ordinaria y fue precisamente por medio de una ley ordinaria (Ley 1474 de 2011 artículo 41) que se asignó la competencia disciplinaria objeto de análisis 11 Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisiones del 18 de junio de 2019 (rad. núm. 11001-03-06-000-2019competencia disciplinaria objeto de análisis 11 Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisiones del 18 de junio de 2019 (rad. núm. 11001-03-06-000-201900063-00), y el 16 de mayo de 2018 (rad. núm. 11001 -03-06-000-2017-00200-00). «En todo caso, es necesario mencionar que la Ley 1474 de 2011 (art. 41) adicionó una función a la Sala Jurisdicciona l Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para conocer de los procesos disciplinarios contra los auxiliares de la justicia. Debe recordarse, que los denominados “auxiliares de la justicia” no ejercen la función jurisdiccional, sino que, como su nombre lo indica, prestan servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00868-00 Página 11 de 20

Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales, con lo cual, además, se adoptó un nuevo modelo de disciplina en la Rama Judicial.

Dado que la citada enmienda constitucional eliminó las funciones disciplinarias a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales, y, no asignó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las seccionales la función de disciplinar a particulares en ejercicio de funciones públicas, ni defirió en el Legislador la facultad de otorgarles nuevas funciones, es necesario concluir que , una vez entró a regir el nuevo modelo disciplinario, perdió vigencia el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011.

otorgarles nuevas funciones, es necesario concluir que , una vez entró a regir el nuevo modelo disciplinario, perdió vigencia el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011.

En efecto, por un lado, desapare ció la autoridad a la que la norma legal otorgaba competencia para conocer de los procesos disciplinarios contra auxiliares de justic