CE - 2023871PDF 20240405150727

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Óscar Darío Amaya Navas

Bogotá, D.C., 6 de marzo de 2024

Número único: 11001-03-06-000-2023-00871-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander Asunto: autoridad competente para conocer y tramitar una queja disciplinaria en contra de un juez de paz

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificado por los artículos 2° y 19 respectivamente, de la Ley 2080 de 2021, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en la información que obra en el expediente 1, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 10 de julio de 2023, el señor Rene Picón Acevedo presentó queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander en contra de l señor Omar Euclides Rueda Díaz , en calidad de juez de paz núm. 10 de Floridablanca

(Santander), ya que consideró que presuntamente no se realizó de manera

Omar Euclides Rueda Díaz , en calidad de juez de paz núm. 10 de Floridablanca (Santander), ya que consideró que presuntamente no se realizó de manera adecuada la audiencia practicada dentro del expediente con radicado núm. 2023041365, que se efectuó el 13 de abril de 2023.

2. Mediante Auto del 21 de julio de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander resolvió remitir por competencia la queja disciplinaria a la Procuraduría

Provincial de Instrucción de Bucaramanga.

1 Información extraída del expediente digital 2023-00871, que reposa en el aplicativo SAMAI.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00871-00 Página 2 de 15

3. Mediante Auto del 15 de septiembre de 2023, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga declaró que no es competente para sumir el conocimiento de la queja disciplinaria y ordenó el envío de las actuaciones a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Con sejo de Estado para que dirima el conflicto de competencias administrativas suscitado con la Comisión Seccional de Disciplina

Judicial de Santander.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021), se fijó el edicto 846 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

Consta, en el expediente, que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, a la Dirección Ejecutiva de Adminis tración Judicial de Santander, a los señores Omar Euclides Rueda Díaz y Rene Picón Acevedo

El 19 de diciembre de 20232, la Secretaría de la Sala informó al despacho que, dentro del término de fijación del edicto, las autoridades involucradas y particular es interesados guardaron silencio.

Mediante Auto del 21 febrero de 2024, el magistrado ponente ordenó comunicar a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander de la existencia del presente conflicto de competencias administrativas, con el fin de que interviniera y presentara sus alegatos o consideraciones.

Por medio de informe secretarial del 29 de febrero de la presente anualidad, se informó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander guardo silencio

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander

Los argumentos de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander se extraen del Auto que profirió el 21 de julio de 2023, mediante el cual declaró su falta de competencia para continuar con la actuación disciplinaria en contra del señor

Los argumentos de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander se extraen del Auto que profirió el 21 de julio de 2023, mediante el cual declaró su falta de competencia para continuar con la actuación disciplinaria en contra del señor

2 Documento 4, expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00871-00 Página 3 de 15

Omar Euclides Rueda Díaz , en calidad de juez de paz núm. 1 0 de Floridablanca (Santander).

Señaló que el artículo 257A de la Constitución Política no le otorgó competencia para conocer del asunto.

Aseveró que la Constitución fija la competencia de las Comisiones de Disciplina Judicial, la cual se encuentra circunscrita netamente a los funcionarios y empleados judiciales y abogados en ejercicio de la profesión. En consecuencia no es posible dar trámite a un proceso adelantado contra un juez de paz que , no es funcionario ni empleado judicial, por lo cual debe seguir conociendo la Procuraduría General de la Nación.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga

Los argumentos de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga se extraen del Auto del 15 de septiembre de 2023, mediante el cual declaró su falta de competencia para continuar con la actuación disciplinaria en contra del señor Omar Euclides Rueda Díaz, en calidad de juez de paz núm. 1 0 de Floridablanca (Santander).

Afirmó que la Ley 1952 de 2019, establece de manera categórica y especifica la

Euclides Rueda Díaz, en calidad de juez de paz núm. 1 0 de Floridablanca (Santander).

Afirmó que la Ley 1952 de 2019, establece de manera categórica y especifica la competencia para investigar y disciplinar a las autoridades que administren justicia «Jueces de Paz » de manera excepcional, temporal o permanente de manera exclusiva a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus Comisiones Seccionales

De igual manera sostuvo que el artículo 2 ° del inciso 6° del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), dispuso que corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ejercer la acción disciplinaria contra funcionarios y empleados judiciales, de la Fiscalía General de la Nación, así como de los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal o permanente.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019Radicación: 11001-03-06-000-2023-00871-00 Página 4 de 15

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo

dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo pro cedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander no tienen un superior común.

1.2. Regla general de competencia para resolver conflictos de competencia administrativos. Reiteración3

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas gen erales» están integradas en el c apítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado, en su inciso 3, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de

están integradas en el c apítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado, en su inciso 3, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

3 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220021100 del 25 de enero de 2023.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00871-00 Página 5 de 15

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […].

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10°, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080, señala que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil es:

10. Resolver los c onflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo [...].

10. Resolver los c onflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo [...].

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, p articular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en la investigación disciplinaria en contra del señor Omar Euclides Rueda Díaz, en calidad de juez de paz núm. 10 de Floridablanca (Santander).

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030-23, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución4.

Al respecto, es importante señalar que la Sala de Consulta y Servicio Civil ha reiterado que, cuando el conflicto versa, de una parte, sobre una competencia de

dispuesto en el artículo 257A de la Constitución4.

Al respecto, es importante señalar que la Sala de Consulta y Servicio Civil ha reiterado que, cuando el conflicto versa, de una parte, sobre una competencia de naturaleza administrativa y, de otra, de una competencia de naturaleza jurisdiccional, la Sala t iene competencia para resolver el asunto, por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridades que ejerzan, ambas, función

4 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00871-00 Página 6 de 15

jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

Las dos autoridades involucradas en el presente trámite, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, han negado su competencia para continuar con el proceso disciplinario adelantado en contra del señor Omar Euclides Rueda Díaz , en calidad de juez de paz núm. 10 de Floridablanca (Santander).

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia

adelantado en contra del señor Omar Euclides Rueda Díaz , en calidad de juez de paz núm. 10 de Floridablanca (Santander).

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional; o que, si se trata de autoridades del orden territorial, no estén sometidas en ejercicio de la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Provincial de Instrucción de Bucaramanga y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de su seccional de Santander.

Por lo anterior, se cumplen todos los requisitos de los artículos 39 y 112, numeral 10°, del CPACA, modificados, por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 , respectivamente, para decidir el conflicto de competencias administrativas.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 ordena que «[m]ientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán».

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, para el examen y la decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrat ivas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

negativos o positivos de competencias administrat ivas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00871-00 Página 7 de 15

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3 º, por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen part e del expediente del conflicto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

expediente del conflicto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los as pectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

4.1. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para con ocer el proceso disciplinario en contra del señor Omar Euclides Rueda Díaz , en calidad de juez de paz núm. 1 0 de Floridablanca , porque presuntamente no realizó de manera adecuada la audiencia practicada dentro del expediente con radicado núm. 2023041365, que se realizó el 13 de abril de 2023.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander consideró que el artículo 257A de la Constitución Política no le otorgó competencia para conocer del asunto.

En tal sentido, aseveró que la Constitución fija la competencia de las Comisiones de Disciplina Judicial, la cual la circunscrita netamente a los funcionar ios y empleados judiciales y abogados en ejercicio de la profesión, no es posible dar trámite a un proceso adelantado contra un juez de paz que, ni es funcionario ni empleado judicial

Disciplina Judicial, la cual la circunscrita netamente a los funcionar ios y empleados judiciales y abogados en ejercicio de la profesión, no es posible dar trámite a un proceso adelantado contra un juez de paz que, ni es funcionario ni empleado judicial del cual debe seguir conociendo la Procuraduría General de la Nación.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00871-00 Página 8 de 15

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga afirmó que la Ley 1952 de 2019 establece de manera categórica y especifica la competencia para investigar y disciplinar a las autoridades que administren justicia «Jueces de Paz» de man era excepcional, temporal o permanente de manera exclusiva a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus Comisiones Seccionales,

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Los jueces de paz. Reiteración

1. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de los procesos disciplinarios contra los jueces de paz. Reiteración

1. Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales, frente a los jueces de paz. Reiteración

1. El régimen disciplinario de los jueces de paz, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración

1. Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Los jueces de paz. Reiteración.5

En la Constitución de 1991 existen dos importantes instituciones que le dan

1. Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Los jueces de paz. Reiteración.5

En la Constitución de 1991 existen dos importantes instituciones que le dan participación a los particulares en la administración de justicia: la conciliación en equidad y la justicia de paz, previstas en los artículos 116 y 247 del Ordenamiento Superior, respectivamente. Se trata de mecanismos que promueven la solución pacífica de conflictos en el contexto comunitario, y que lejos de pretender sustituir la administración de justicia en manos de las autoridades estatales, son espacios diferentes a los despachos judiciales, que brindan la posibilidad de que con el concurso de particulares se puedan dirimir controversias de manera pacífica. Específicamente, en lo relativo a los Jueces de Paz, el artículo 247 de la Constitución

Política estableció:

5 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero ponente: Álvaro Namén Vargas.

Radicación número: 11001 -03-06-000-2019-00199-00(C). Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero ponente: Óscar Darío Amaya Navas (E). Radicación número: 11001-03-06000-2023-00775-00(C).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00871-00 Página 9 de 15

Artículo 247. La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular.

Artículo 247. La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular.

Expresamente la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, en el Capítulo I, Título II, que se ocupa de la estructura general de la administración de justicia y, establece distintas jurisdicciones, una de ellas, la Jurisdicción de la Paz , constituida por los Jueces de Paz (artículo 11 literal d, modificado por el artículo 4 de la Ley 1285 de 2009), investida de la función jurisdiccional, que se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y personas dotadas de atribución legal para hacerlo, según se precisa en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del mismo cuerpo normativo.

Atendiendo a la naturaleza de la función ejercida, que es jurisdiccional, y a la calidad atribuida, que es la de juez, así como a la índole de sus decisiones, que son fallos, a la Sala no le cabe duda que en los jueces de paz son verdaderos funcionarios judiciales.

Además, el artículo 125 ibidem señala que por la naturaleza de sus funciones «Tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales», calidad que puede predicarse de los jueces de paz, dentro de las condiciones atípicas de su vinculación a la Rama Judicial, sin contraprestación y sin la exigencia de requisitos profesionales.

Así, mediante la Ley 497 de 1999 se implementaron los jueces de paz y se

jueces de paz, dentro de las condiciones atípicas de su vinculación a la Rama Judicial, sin contraprestación y sin la exigencia de requisitos profesionales.

Así, mediante la Ley 497 de 1999 se implementaron los jueces de paz y se reglamentó su organización y funcionamiento. En la exposición de motivos correspondiente se los visualizó como constructores de paz y operadores de un mecanismo encaminado a mejorar la administración de justicia en nuestro país. Allí se entendió que el acceso a la administración de justicia, además de ser un derecho de todos, también constituye un imperativo político en cuanto hace relación a la capacidad para regular los conflictos sociales, ya que resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios, nos abre un horizonte de a cciones hacia la realización de la justicia como clave central de la convivencia ciudadana del nuevo país.

5.2. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de procesos disciplinarios contra los jueces de paz6.

6 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero ponente: Germán Alberto Bula Escobar Radicación número: 11001 -03-06-000-2017-00059-00(2336). Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero ponente: Óscar Darío Amaya Navas (E) . Radicac ión número: 11001-03-06-000-2023-00775-00(C).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00871-00 Página 10 de 15

En diferentes fallos la jurisdicción disciplinaria 7 sostuvo que su competencia para adelantar actuaciones disciplinarias contra jueces de paz y reconsideración se

En diferentes fallos la jurisdicción disciplinaria 7 sostuvo que su competencia para adelantar actuaciones disciplinarias contra jueces de paz y reconsideración se encontraba prevista en el artículo 34 de la Ley 497 de 1997 que señala:

Artículo 34. Control disciplinario. En todo momento el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo. [Negrillas fuera del texto original]

Y, en la cláusula general de competencia de la jurisdicción disciplinaria de que trata el artículo 193 de la Ley 734 de 2002, que establecía lo siguiente:

Artículo 193. Alcance de la función jurisdiccional disciplinaria . Mediante el ejercicio de la funci ón jurisdiccional disciplinaria, se tramitan y resuelven los procesos que, por infracción al régimen disciplinario contenido en el presente estatuto, se adelanten contra quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera permanente, transitoria u ocasional, excepto quienes tengan fuero especial.

Adicionalmente, el artículo 216 de Ley 734 expresaba:

Artículo 216. Competencia. Corresponde exclusivamente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura juzgar disciplinariamente, en primera instancia, a los Jueces de Paz. [Negrillas fuera del texto original] ]

Además de lo anterior se debe considerar que la jurisprudencia constitucional ha

disciplinariamente, en primera instancia, a los Jueces de Paz. [Negrillas fuera del texto original] ]

Además de lo anterior se debe considerar que la jurisprudencia constitucional ha precisado que los jueces de paz al momento de dirimir con autoridad los conflictos de su competencia son realmente agentes del Estado que están sometidos al imperio de la Constitución y de la ley y, por tanto, también son susceptibles de cometer conductas reprochables.8

En suma, los jueces de paz y reconsideración como titulares de precisas funciones judiciales en el evento de incurrir en faltas previstas por el ordenamiento jurídico, como las disciplinarias, estaban sometidos a las sanciones que de acuerdo con sus competencias pudieran imponer las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.

7 Ver: Consejo Superior de la Judicatura. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Sentencia del 11 de febrero de 2009. Rad. 20080014 y sentencia del 24 de mayo de 2017. Rad 201300333. 8 Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00871-00 Página 11 de 15

5.3. El régimen disciplinario de los jueces de paz con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración9

La Ley 1952 de 2019, Cód igo General Disciplinario, modificada por la Ley 2094 de 2021, entró a regir, casi en su totalidad, a partir del 29 de marzo de 2022, salvo su artículo 7, cuya vigencia quedo diferida por treinta meses, después de la promulgación de la Ley 209410.

2021, entró a regir, casi en su totalidad, a partir del 29 de marzo de 2022, salvo su artículo 7, cuya vigencia quedo diferida por treinta meses, después de la promulgación de la Ley 209410.

Ahora bien, el nuevo código recogió el régimen disciplinario aplicable a los jueces de paz que había incorporado el artículo 216 de la Ley 734 de 2002 en el artículo 256 de la Ley 1952 de 2019 donde se indicó que la competencia para disciplinarlos, -que, en la n orma previa, se había atribuido a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura -, ahora corresponde las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial como a continuación se cita:

CAPITULO VIII

REGIMEN DE LOS CONJUECES Y JUECES DE PAZ

ARTÍCULO 256. Competencia. Corresponde exclusivamente a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, juzgar disciplinariamente, en primera instancia, a los jueces de paz conforme a la Ley 497 de 1999 o normas que la modifiquen. Corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el conocimiento de los asuntos disciplinarios contra los conjueces que actúan ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Tribunal Contencioso Administrativo, Las Salas de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz y Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.

Como se observa, el artículo 256 trasladó de forma expresa la competencia para investigar y sancionar a los jueces de paz y reconsideración a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y mantuvo como marco normativo para dicho trámite la Ley 497 de 1999.

investigar y sancionar a los jueces de paz y reconsideración a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y mantuvo como marco normativo para dicho trámite la Ley 497 de 1999.

9 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán. Radicación