CE - 2023877AMCHGSAMAI 20240307100756

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00877-00

Referencia: conflicto de competencias administrativas Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima y Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima Asunto: autoridad administrativa competente para in vestigar disciplinariamente a auxiliares de la justicia. Reiteración

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10.°, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20212, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 19 de abril de 2021, mediante Oficio núm. 0238, el Juzgado Civil del Circuito de Lerida – Tolima, compulsó copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima , en contra de los señores José Luis Delgado Arenas, en calidad de representante legal de la empresa Joldar Consultores S.A.S, y del señor Jair Rojas, como autorizado po r la misma empresa para actuar en su nombre . Lo anterior por cuanto, a juicio del fallador civil, tales personas en su calidad de auxiliares de la justicia dentro del proceso ejecutivo 2018-00136, incurrieron en conductas comprendidas en

como autorizado po r la misma empresa para actuar en su nombre . Lo anterior por cuanto, a juicio del fallador civil, tales personas en su calidad de auxiliares de la justicia dentro del proceso ejecutivo 2018-00136, incurrieron en conductas comprendidas en las causales del artículo 50 numeral 7 del Código General del Proceso.

En relación con lo anterior se precisa que, el señor Jair Rojas fue designado, mediante poder especial, por el señor José Luis Delgado Arenas, representante legal de Joldar Consultores S.A.S, para que el señor Rojas, en nombre de la referida empresa, ejerza como secuestre dentro del proceso ejecutivo 2018-00136, que se surte en el Juzgado Civil del Circuito de Lérdia-Tolima3.

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras dis posiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 SAMAI, Reparto y radicación, carpeta zip, archivo pdf 002, compulsa de copias, folio 5.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00877-00 Página 2 de 25

2. El 7 de julio de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de los señores José Luis Delgado Arenas y Jair Rojas4, en calidad de auxiliares de la justicia (secuestres).

3. El 7 d e febrero de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima

Arenas y Jair Rojas4, en calidad de auxiliares de la justicia (secuestres).

3. El 7 d e febrero de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima declaró su falta de competencia para conocer de la investigación disciplinaria contra José Luis Delgado Arenas y Jair Rojas, en calidad de auxiliares de justicia

(secuestres). Para la Comisión, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019 y el artículo 92 del Código General Disciplinario, tales particulares deben ser investigados disciplinariamente, por la Procuraduría General de la Nación.

Así, mediante el mismo proveído, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima remitió el caso a la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima5.

4. El 3 de marzo de 2023, la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima emitió auto en el que negó la competencia para asumir el asunto y remitió las diligencias a la Corte Constitucional para que resolviera el conflicto negativo de competencias suscitado con

la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tolima.

5. Mediante Auto 2107 del 7 de sept iembre de 2023 6, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió declararse inhibida, para resolver el aparente conflicto de jurisdicción entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima y la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima , dentro del radicado CJU -3912, por carecer de competencia para dirimir el asunto.

6. En consecuencia, mediante Oficio núm SGCJU-2318-2023 del 10 de octubre de

Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima , dentro del radicado CJU -3912, por carecer de competencia para dirimir el asunto.

6. En consecuencia, mediante Oficio núm SGCJU-2318-2023 del 10 de octubre de 20237, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil, para lo de su competencia.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto 852 del 12 de diciembre de 2023 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto8.

4 SAMAI, Expediente digital, reparto y radicación actuación núm. 001, do cumento núm. 05, carpeta zip, carpeta “73001250200120210025100”, archivo pdf. 05, folios 1 y 2. 5 Expediente digital, carpeta C01 Principal, documento “IUS-E-2023-079788 IUC-D-2023”, folios 6-11. 6 Expediente digital, carpeta C01 Principal, archivo 04. 7 Expediente digital, carpeta C01 Principal, archivo 05. 8 Expediente digital, actuación núm. 2, archivo 01.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00877-00 Página 3 de 25

Consta que la Secretaría comunicó el presente asunto a la Corte Constitucional, a la Corte Constitucional, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional del Tolima, al señor Jair Rojas, al señor José Luis Delgado Arenas, y al Juzgado Civil del Circuito de Lérida9.

En informe secretarial del 19 de diciembre de 202310 se precisó que, dentro del término de fijaci ón, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima y la Procuarduría Regional de Instrucción del Tolima , presentaron consideraciones. Las dem ás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima11

En los alegatos de conclusión presentados por la Comisión Seccional, la entidad reiteró su rechazo a la competencia para conocer de la investigación disciplinaria en contra de los señores Jose Luis Delgado Arenas, como representante legal , y Jair Rojas , como autorizado procesal, de la empresa Joldar Consultores S.A.S, en calidad de auxiliares de la justicia – secuestres, sostuvo tal autoridad que la competencia le correspondía a la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima. Fundó esta apreciación, en que le corresponde a la jurisdicción disciplinaria, examinar la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y demás servidores del Estado con atribuciones jurisdiccionales, así como de quienes administran

del Tolima. Fundó esta apreciación, en que le corresponde a la jurisdicción disciplinaria, examinar la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y demás servidores del Estado con atribuciones jurisdiccionales, así como de quienes administran justicia de manera transitoria, ocasional o permanente, y de los abogados en el ejercicio de su profesión, conforme al modelo constitucional y legal vigente.

Señaló que, el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 derogó expresamente el artículo 41, de la Ley 1474 de 2011 , que determinaba que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso - hoy comisiones de disciplina judicial, examinarían la conducta y sancionarían las faltas de los auxiliares de la Justicia.

En adición, citó el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, relativo al régimen disciplinario de los particulares, donde se incluyó como sujetos disciplinables a los auxiliares de la justicia, quienes, según la decantada jurisprudencia constitucional, de lo contencioso administrativo y disciplinaria, ejercen funciones públicas de manera transitoria.

9 Expediente digital, reparto y radicación, archivo 110010306000202300877009. 10 Expediente digital, archivo 13_110010306000202300860001ALDESPACHOPOR20231219120625 11 Expediente digital, actuación núm. 03, archivo pdf 01.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00877-00 Página 4 de 25

Precisó que, en la misma disposición, se prescribe que los auxiliares de la justicia serán disciplinables conforme al referido código, sin perjuicio del poder correctivo del Juez ante cuyo despacho intervengan . Tratándose de auxiliares de la justicia, estos son considerados como particulares que desempeñan un oficio público ocasional , acorde al artículo 47 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, de manera tal, que no son servidores públicos, no cumplen funciones jurisdiccionales y no administran justicia, por lo que se trata de particulares que brindan apoyo a la rama judicial.

En concordancia con lo anterior, consideró que la Comisión de Disciplina Judicial, órgano jurisdiccional de la administración de justicia, carece de competencia para continuar conociendo de los procesos disciplinarios que comprometan la conducta de un auxiliar de la justicia. Y, en virtud de lo previsto en el Código General Disciplinario, tratándose de particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria, está potestad sancionadora se trasladó a la Procuraduría General de la Nación y a las Personerías Distritales o Municipales.

2. Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima12

La entidad allegó memorial de fecha 18 de diciembre de 2023, en el que adujo que, «[e]n el escrito en el que se propuso conflicto de competencias […] indicó la posición de la entidad frente a los asuntos de auxiliares de justicia».

En ese orden, se tendrán en cuenta los argumentos expuestos por la entidad en el auto del 23 de marzo de 2 023, mediante el cual negó la competencia y determinó remitir las

entidad frente a los asuntos de auxiliares de justicia».

En ese orden, se tendrán en cuenta los argumentos expuestos por la entidad en el auto del 23 de marzo de 2 023, mediante el cual negó la competencia y determinó remitir las diligencias a la Corte Constitucional para que resolviera el conflicto.

Manifestó que, en atención a las disposiciones contenidas en los artículos 2 y 91 de la Ley 1952 de 2019, en concord ancia con lo previsto en los artículos 63 parágrafo 2°, 70 y 263 idem, artículo 257 A de la Constitución Política y los artículos 112 numeral 4 de la Ley 270 de 1996, el conocimiento de la actuación disciplinaria no es de competencia de la Procuraduría General de la Nación. Así, precisó que, los auxiliares de la justicia son disciplinables por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales , por tratarse de personas que brindan apoyo a la rama judicial.

IV. CONSIDERACIONES

12 Expediente digital, actuación núm. 04, archivo pdf 01.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00877-00 Página 5 de 25

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios, según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan, actualmente, por el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, norma especial sobre la materia, que dispone:

de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan, actualmente, por el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, norma especial sobre la materia, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias . El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

[…] [Subrayas añadidas]

En el presente asunto, sin embargo, no es posible aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima y a la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima, carecen de un superior común.

Así, ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en la Ley 1437 de 2011, el cual integra el procedimiento ordinario para dirimir los conflictos de competencia administrativa que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Regla general de competencia para resolver los conflictos de competencia administrativa

La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

competencia administrativa que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Regla general de competencia para resolver los conflictos de competencia administrativa

La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»13 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

13 Artículo 34 . Procedimiento administrativo común y principal . Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00877-00 Página 6 de 25

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se decla ra incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departament al, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

con autoridades del orden departament al, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se proced erá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado

[…].

En el mismo sentido, el numeral 10.° del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispon e que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

[…]

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territor ial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

[…]

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, los cuales se an alizan a continuación, en relación con el caso concreto:

1. Que se trate de una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El presente conflicto recae sobre una actuación particular y concreta, que consiste en el trámite del proceso disciplinario seguido en contra de los señores Jose Luis Delgado Arenas, como representante legal , y Jair Rojas , como autorizado para actuar

El presente conflicto recae sobre una actuación particular y concreta, que consiste en el trámite del proceso disciplinario seguido en contra de los señores Jose Luis Delgado Arenas, como representante legal , y Jair Rojas , como autorizado para actuar procesalmente, de la empresa Joldar Consultores S.A.S ., en calidad de auxiliares de la justicia – secuestres, por haber incurrido presuntamente, en conductas comprendidas en las causales del artículo 50 numeral 7° del Código General del Proceso.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00877-00 Página 7 de 25

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima , que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -030-23, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con l o dispuesto en el artículo 257A de la Constitución.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple una función administrativa (la Procuraduría General de la Nación) y otra que cumple función jurisdiccional (la Comisión Seccional de Disciplina Judicial) por cuanto no

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple una función administrativa (la Procuraduría General de la Nación) y otra que cumple función jurisdiccional (la Comisión Seccional de Disciplina Judicial) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridades que ejerzan función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atenció n al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Así lo ratificó, además, la Corte Constitucional, en este caso concreto, al remi tir el conflicto de competencias a la Sala, mediante Auto 1870 del 15 de agosto de 2023.

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen la competencia para conocer de la actuación o el asunto en particular.

Las dos a utoridades involucradas en el conflicto , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Tolima y la Procuraduría General de la Nación , por intermedio de la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima , rechazaron la competencia para continuar con la actuación disciplinaria.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional:

administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, que forma parte de la Rama Judicial, y la Procuraduría General de la Nación, que es una entidad autónoma del orden nacional, por intermedio de la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00877-00 Página 8 de 25

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidas las exigencias que la habilitan para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias planteado.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»14.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la sus pensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Co nsejo de Estado la función de definir la autoridad competente para iniciar o continuar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y d e derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

verificar los fundamentos de hecho y d e derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

14 La remisión al artículo 14 del Cpaca debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00877-00 Página 9 de 25

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para tramitar el proceso disciplinario seguido en contra de los señores Jose Luis Delgado Arenas, como representante legal , y Jair Rojas como autorizado procesal, de la empresa Joldar Consultores S.A.S, en calidad de auxiliares de la justicia – secuestres, por haber incurrido, presuntamente, en conductas comprendidas en las causales del artículo 50 numeral 7° del Código General del Proceso.

La Comisión Seccional de Disciplina Judici al del Tolima consideró que, respecto de los auxiliares de justicia , en virtud de lo previsto en el Código General Disciplinario, tratándose de particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria, está potestad sancionadora se trasladó a la P rocuraduría General de la Nación y las Personerías Distritales o Municipales.

La Procuraduría General de la Nación , por intermedio de la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima, consideró que tratándose de particulares que ejercen un oficio de colaboración dentro de un proceso judicial, como es el caso de los auxiliares de la justicia,

Instrucción del Tolima, consideró que tratándose de particulares que ejercen un oficio de colaboración dentro de un proceso judicial, como es el caso de los auxiliares de la justicia, el legislador, mediante el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 que no ha sido derogado, claramente asignó su competencia a la Jurisdicción Disciplinaria.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración; ii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de los procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia. Reiteración; iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales, frente a los auxiliares de la justicia. Reiteración; iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración; vi) Sujetos disciplinables por presuntas faltas de las personas jurídicas que actúan como auxiliares de justicia. vii) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable, y viii) Caso concreto.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00877-00 Página 10 de 25

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración15

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración15

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia están regulados en el artículo 47 de la Ley 1564 de 201216, que señala:

Artículo 47. Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar , cuando fuere el caso.

[…] [Subrayas fuera del texto original].

Ahora bien, la Corte Constitucional 17 ha señalado que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas, de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo labora l con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Se destaca].

Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Se destaca].

En el mismo sentido, la Sala ha precisado 18 que los auxiliares de la justicia prestan servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

5.2. Competencia de la extin ta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia

El artículo 256 de la Constitución Política consagró, entre las atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, las siguientes:

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 22 de junio de 2021, expedient e 11001-03-06-000-2021-00025-00. 16 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras d isposiciones. 17 Corte Constitucional, Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003. 18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 18 de junio de 2019 (rad. núm. 1100103-06-000-2019-00063-00), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (rad. núm. 11001-03-06-000-2017-0020000).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00877-00 Página 11 de 25

[…]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial,

00).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00877-00 Página 11 de 25

[…]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicia