CE - 2023878PARASAMAIP 20240307155957

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero del 2024

Número único: 11001 03 06 000 2023 00878 00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Distrital de

Juzgamiento de Bogotá y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

Asunto: Autoridad competente para investigar disciplinariamente a un auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en la documentación que reposa en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 2 4 de junio de 2021, el Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá , dentro del proceso divisorio radicado bajo el núm ero 110013103043201500974, ordenó compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura, para establecer la posible responsabilidad disciplinaria de la sociedad Sersigma S .A.S., en su calidad de auxiliar de la justicia (secuestre), por el presunto incumplimiento de sus deberes en

compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura, para establecer la posible responsabilidad disciplinaria de la sociedad Sersigma S .A.S., en su calidad de auxiliar de la justicia (secuestre), por el presunto incumplimiento de sus deberes en la rendición de cuentas de su gestión2.

2. El 5 de agosto de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bo gotá dispuso «iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR » contra Sersigma S .A.S., por los hechos señalados por el Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá, y ordenó vincular a la actuación, al representante legal de la referida sociedad3.

1«Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Archivo Samai, archivo 04. 3 Archivo Samai, archivo 06.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00878 00 Página 2 de 22

3. El 7 de diciembre de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá abrió investigación disciplinaria en contra de Sersigma S.A.S.4 y el 31 de agosto de 2022 formuló pliego de cargos en contra de su representante legal, señora Johanna Andrea Romero Munar, «por la presunta comisión a título de dolo de la falta gravísima descrita en el numeral 9° del artículo 55 de la Ley 734 de 2002 (ahora numeral 8° del artículo 72 de la Ley 1952 de 2019) […]»5.

gravísima descrita en el numeral 9° del artículo 55 de la Ley 734 de 2002 (ahora numeral 8° del artículo 72 de la Ley 1952 de 2019) […]»5.

4. El 12 de septiembre de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró su falta de competencia para continuar conociendo de l proceso disciplinario adelantado en contra de la señora Johanna Andrea Romero Munar, representante legal de Sersigma S .A.S., y ordenó remitir lo a la Procuraduría General de la Nación, toda vez que, a su juicio, «la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales carecen de competencia para adelantar la investigación y juzgamiento contra auxiliares de la justicia cuando no se ha notificado pliego de cargos antes de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, lo cual ocurrió el 29 de marzo de 2022»6.

5. El 2 7 de octubre de 2022, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá declaró falta de competencia para conocer del proceso disciplinario en contra de la representante legal de Sersigma S.A.S., y dispuso promover «conflicto de competencias negativo» ante la Corte Constitucional, al considerar que , de conformidad con lo preceptuado por el artículo 2 ° de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1 ° de la Ley 2094 de 202 1, compete a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus comisiones seccionales ejercer la acción disciplinaria en contra de los auxiliares de la justicia7.

Sin embargo, el 18 de enero de 2023, la referida procuraduría, de oficio, anuló la

disciplinaria en contra de los auxiliares de la justicia7.

Sin embargo, el 18 de enero de 2023, la referida procuraduría, de oficio, anuló la decisión mediante la cual declaró su falta de competencia, y ordenó remitir el asunto a la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá para efectos de continuar y decidir el proceso disciplinario8.

6. Pese a lo anterior, e l 28 de marzo de 2023, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer del proceso disciplinario, y propuso conflicto de jurisdicciones ante la Corte Constitucional, bajo la consideración de que, el artículo 2 ° de la Ley 1952 de 2019 modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 202 1, le asigna competencia a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales para disciplinar a los auxiliares de la justicia9.

4 Archivo Samai, archivo 21. 5 Archivo Samai, archivo 39. 6 Archivo Samai, archivo 41. 7 Archivo Samai, archivo PARTE1, folios 3 - 11. 8 Archivo Samai, archivo PARTE1, folios 21 y 22. 9 Archivo Samai, archivo PARTE2.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00878 00 Página 3 de 22

7. El 7 de septiembre de 2023, la Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró inhibida para decidir el conflicto planteado por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá, en tanto consideró que no corresponde a un conflicto entre

inhibida para decidir el conflicto planteado por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá, en tanto consideró que no corresponde a un conflicto entre jurisdicciones, y, en consecuencia, lo remitió a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado10.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto en la Secretaría de la Sala por el término de cinco días, con el fin de que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto11.

El 11 de diciembre de 2023, la Secretaría de la Sala expidió constancia según la cual, se enviaron comunicaciones informando sobre el presente conflicto a la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, a la Procuraduría General de la Nación, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, a la Corte Constitucional y al Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá. Indica dicha constancia, además, que se publicó la existencia del asunto en la página web del Consejo de Estado y en la Secretaría de la Sala , debido a que las comunicaciones enviadas a la firma Sersigma S.A.S. y a su representante legal, señora Johanna Andrea Romero Munar fueron rechazadas12.

Obra constancia de la Secretaría de la Sala en el sentido de que, durante la fijación del edicto, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio13.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

Obra constancia de la Secretaría de la Sala en el sentido de que, durante la fijación del edicto, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio13.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. De la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Distrital de

Juzgamiento de Bogotá

No presentó consideraciones. Sin embargo, en el Auto del 2 8 de marzo de 2023, mediante el cual propuso conflicto de jurisdicciones con la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bo gotá ante la Corte Constitucional , manif estó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Código General Disciplinario, la titularidad de la potestad disciplinaria respecto de los auxiliares de la justicia corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus comisiones seccionales, toda vez que son particulares que «interactúan y sirven de apoyo para

10 Archivo Samai, archivo 04AUTO. 11 Archivo Samai, archivo 007EDICTO. 12 Archivo Samai, archivo 010REPARTO Y RADICACIÓN. 13 Archivo digital SAMAI, NroActua 3.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00878 00 Página 4 de 22

la solución de los conflictos en los juzgados y tribunales, haciendo posible la asistencia judicial».

Agregó que, «es de competencia de los consejos seccionales de la judicatura realizar la convocatoria y conformar la lista de los auxiliares de la justicia para cada uno de los distritos judiciales de su jurisdicción, por lo tanto, en virtud de lo establecido en los artículos 47 y siguientes del Código General del Proceso, los

realizar la convocatoria y conformar la lista de los auxiliares de la justicia para cada uno de los distritos judiciales de su jurisdicción, por lo tanto, en virtud de lo establecido en los artículos 47 y siguientes del Código General del Proceso, los auxiliares de justicia son particulares que ejercen de manera transitoria funciones públicas, y por ende, la competencia para investigarlos disciplinariamente deb e recaer en cabeza de la respectiva Comisión Seccional de Disciplina Judicial».

2. De la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

Tampoco presentó consideraciones. Sus argumentos se toman del escrito del 12 de septiembre de 2022, mediante el cual se declaró no competente para conocer del asunto, y consideró que, conforme la ley y la Constitución, corresponde a la jurisdicción disciplinaria examinar la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como de los servidores con atribuciones jurisdiccionales o que administran justicia de manera transitoria, ocasional o p ermanente, y de los abogados en el ejercicio de su profesión.

Precisó que, «la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales carecen de competencia para adelantar la investigación y juzgamiento contra auxiliares de la justicia cuando no se ha notificado pliego de cargos antes de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, lo cual ocurrió el 29 de marzo de 2022».

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios. Reiteración14

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios. Reiteración14

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por la norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo

14 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022, radicado núm. 11-001-0306000-2022-00080 y Decisión del 2 de junio de 2022 radicado núm. 11 -001-0306-000-2022-00055, entre otras.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00878 00 Página 5 de 22

remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» se conti enen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competent e; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autori dades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00878 00 Página 6 de 22

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, prevé que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

La Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá han negado ser competentes para gestionar el proceso disciplinario en contra de Johanna Andrea Romero Munar, representante legal de la sociedad Sersigma S.A.S., en su calidad de auxiliar de la justicia en el proceso divisorio radicado bajo el núm ero 110013103043201500974, adelantado por el Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un sólo tribunal administrativo.

La Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá son autoridades del orden nacional.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

Sobre la naturaleza del asunto es de advertir que el conflicto negativo de competencias involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bo gotá), y otra que, en el mismo evento, ejercería una función administrativa 15 (Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá).

otra que, en el mismo evento, ejercería una función administrativa 15 (Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá).

15 Al respecto se debe precisar que la Ley 2094 de 2021, en su artículo 1°, otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación y replicó dicha función en los artículos 54, 73 y 74 (que modificaron los artículos 2°, 238 y 265 de la Ley 1952 de 2019). Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30-2023 declaró inexequible la norma tiva que asignó lasRadicación: 11001 03 06 000 2023 00878 00 Página 7 de 22

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función jurisdiccional y otra que cumple función administrativa, la Sala ha manifestado consideraciones importantes16:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 17, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala,18 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea

Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala,18 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política,

funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación (artículos 1°, 54, 73 y 74 de la Ley 1952 de 2019), decisión que fue dada a conocer por medio del Comunicado 04 del 16 de febrero de

2023. Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación conocerá de los procesos adelantados en contra de quienes desempeñen funciones públicas con fundamento de sus funciones administrativas y no jurisdiccionales. 16 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras.

y no jurisdiccionales. 16 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 17 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Resalta la Sala]

18Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00878 00 Página 8 de 22

así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Visto lo anterior, la Sala ha considerado 19 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos lo gren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál

fondo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para conocer la actuación disciplinaria, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»20.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6° de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

19 Decisión del 18 de septiembre de 2014, radicación 2014-00168; Decisión del 16 de mayo de 2018, radicación 2017-00200; Decisión del 18 de junio de 2019, radicación 2019-00063, entre otras. 20 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 ° de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00878 00 Página 9 de 22

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, y adoptar la respectiva decisión de fondo.

Debe agregarse que la decisión de la Sala, sobre la asignación de competencia, se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesis del caso y problema jurídico

Debe agregarse que la decisión de la Sala, sobre la asignación de competencia, se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesis del caso y problema jurídico

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para conocer del proceso disciplinario a que haya lugar en contra de la señora Johanna Andrea Romero Munar, representante legal de Sersigma S .A.S., por las presuntas irregularidades en que pudo haber incurrido en el ejercicio de su función como auxiliar de la justicia (secuestre) en el proceso divisorio radicado bajo el núm ero 110013103043201500974, adelantado por el Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá.

La Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá manifiesta que el artículo 2 ° de la Ley 1952 de 2019 modificado por el artículo 1 ° de la Ley 2094 de 2021, le asigna competencia a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial para disciplinar a los auxiliares de la justicia.

Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bo gotá, después de haber formulado pliego de cargos en contra de la señora Johanna Andrea Romero Munar, niega competencia para continuar el referido proceso, en tanto que, considera carecer de competencia para adelantar la investigación y juzgamiento contra auxiliares de la justicia «cuando no se ha notificado pliego de cargos antes de la entrada en vigencia del Código General Disciplinario».

Para resolver el problema jurídico la Sala analizará: i) la potestad disciplinaria del

contra auxiliares de la justicia «cuando no se ha notificado pliego de cargos antes de la entrada en vigencia del Código General Disciplinario».

Para resolver el problema jurídico la Sala analizará: i) la potestad disciplinaria del Estado. Reiteración; ii) La naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia; iii) La competencia de la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia; iv) Las funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de susRadicación: 11001 03 06 000 2023 00878 00 Página 10 de 22

comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia - régimen de transición de orden constitucional; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 ; vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración 21

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad,

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, h onradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con l as conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro22.

21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Radicación

del Estado en relación con l as conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro22.

21 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Radicación 2021-025, entre otras. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Decisión del 23 de septiembre de 2015 . R