CE - 20240097800CARMENC 20240418145251

Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2024-00978-00 Demandantes: CARMEN CELINA GARCÍA COLMENARES Y OTROS Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no superar el requisito de inmediatez SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por los señores Carmen Celina, José René, Tomás Eduardo y Maximiliano García Colmenares contra la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda Mediante escrito presentado el 28 de febrero de 20241, los señores Carmen Celina, José René, Tomás Eduardo y Maximiliano García Colmenares, por medio de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y «a la no retroactividad de la jurisprudencia». Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia proferida por el accionado el 28 de octubre de 2022, la cual modificó2 la providencia dictada por el Tribunal 1 Acción de tutela promovida ante el buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 2 En el sentido de (i) declarar responsable por los perjuicios

2022, la cual modificó2 la providencia dictada por el Tribunal 1 Acción de tutela promovida ante el buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 2 En el sentido de (i) declarar responsable por los perjuicios causados a la Nación, Fiscalía General de la Nación; (ii) condenar a la misma a pagar por concepto de perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante y, (iii) que expidiera un comunicado en el cual ofreciera disculpas al señor Édgar Jesús García Colmenares por la afectación de su derecho al buen nombre.Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00

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Administrativo de Norte de Santander del 30 de septiembre de 2014, al interior del medio de control de reparación directa iniciado por los actores3 contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Justicia y del Derecho, identificado con el radicado 54001-23-31-000-2002-01049-00/01. 1.2. Pretensiones Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió: […] 2. En consecuencia, para lograr la protección efectiva y no ilusoria de los derechos constitucionales fundamentales de mis representados y del suscrito, pido que se REVOQUE LA DECISIÓN proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B de fecha 28 de Octubre del 2022 y condene a la FISCALÍA GENERARL DE LA NACION, al pago de los daños morales, conforme lo probado en el proceso administrativo de Primera Instancia, reconocidos por el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, de fecha 30 de septiembre del 2014, ordenando confirmar la sentencia de primera instancia. 3. Se ordene tener como aplicable el criterio anotado en la aclaración de voto efectuado el Honorable magistrado FREDY IBARRA MARTÍNEZ, del 28 de octubre del 2022 “ De otro lado, en la sentencia del 29 de noviembre de 2021 proferida en el expediente 46.681 la Sección Tercera del Consejo

de Estado unificó la tasación de perjuicios morales en los casos de privación injusta de la libertad, al respecto, debo indicar que participé en su discusión y aprobación pero me aparté parcialmente por considerar, entre otros aspectos, que la presunción del perjuicio moral no se debía limitar a la víctima directa, su cónyuge, compañero o compañera permanente y parientes en primer grado de consanguinidad sino que también esta debía ser extensiva a otros parientes que incluso pueden sufrir incluso más que la persona que es objeto de privación; de igual forma, no compartí los criterios de tasación de la sentencia que se realizaron para los parientes de la víctima directa; sin embargo, por tratarse de una sentencia de unificación jurisprudencial debe acatarse en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011. 4. Se les reconozca los daños morales a los señores José Rene García Colmenares, Tomas Eduardo García Colmenares, Carmen Celina García colmenares, Maximiliano García Colmenares, Judith Josefa Mora Colmenares, conforme se establece en el numeral 47 (pagina) de la sentencia de fecha 28 de octubre del 2022 “ Así mismo se explicó que la indemnización no debía ser igual para todos los demandantes dado que la afectación que sufre quien es privado la libertad tiene una intensidad distinta a la afectación que padecen sus familiares por tal motivo se planteó que para los parientes en el primer grado con sangría del detenido su cónyuge o su compañera permanente es el 50% lo que corresponde a la víctima y detecta a los demás demandantes cuando acrediten 3 Junto con los señores Dioselina Roa

Buitrago, Édgar Jesús García Colmenares, Jesús Alexis García Roa, Lisbeth Andreina García Roa, Gladis Inés Castellanos Jaimes, Judith Josefa Mora Colmenares, María Celina Colmenares Márquez, José Gabriel García Abreo.Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00

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los procesos Morales de tope máximo de 30% de lo que corresponda la víctima directa. 5. Se les reconozca los mismos Derechos en la presente tutela a todos los demandantes dentro del proceso de Reparación Directa, sean o no demandantes en la presente acción, aplicando el Derecho de Igualdad4. 1.3. Hechos La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia: El 6 de junio de 1997, el señor Édgar Jesús García Colmenares fue detenido por la presunta comisión de los delitos de secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y hurto agravado, por lo cual se dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Sin embargo, el 21 de febrero de 2000, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de San José de Cúcuta lo absolvió de los cargos imputados. En consecuencia, el señor Édgar Jesús García Colmenares junto con su núcleo familiar5 promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el objeto de que fueran declarados administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios derivados de la presunta privación injusta de la libertad a la que fue sometido. En primera instancia, conoció el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que en providencia del 30 de septiembre de 2014 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación, Fiscalía General de la Nación por el daño antijurídico causado y, en consecuencia, condenó por concepto de perjuicios morales y materiales. Inconforme con la decisión, la parte accionada interpuso recurso de apelación, el cual fue

responsable a la Nación, Fiscalía General de la Nación por el daño antijurídico causado y, en consecuencia, condenó por concepto de perjuicios morales y materiales. Inconforme con la decisión, la parte accionada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado en sentencia del 28 de octubre de 2022, en la que modificó el fallo del a quo, en el sentido de modificar los montos reconocidos y de dar la orden de restablecer el buen nombre de la víctima directa. Dicha decisión fue notificada por medio de edicto electrónico el 7 de diciembre de 2022. 4 Transcripción literal que puede contener errores. 5 Dioselina Roa Buitrago; Alexis y Lisbeth Andreina García Roa, Gladis Inés Castellanos Jaimes; Judith Josefa Mora Colmenares; María Celina Colmenares Márquez; José Gabriel García Abreo, y Celina, José René, Tomás Eduardo y Maximiliano García Colmenares.Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00

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En memorial radicado el 25 de enero de 2023, la parte actora solicitó la corrección de la sentencia6, la cual fue resuelta de manera desfavorable mediante auto del 14 de julio siguiente y notificado por estado electrónico el 22 de agosto de 2023. 1.4. Fundamentos de la vulneración El apoderado judicial de la parte actora indicó que la vulneración de los derechos fundamentales se produjo con ocasión de la falta de aplicación por parte de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado de los precedentes jurisprudenciales anteriores a la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 20217, ya que en las sentencias anteriores las exigencias para la demostración de los daños morales que sufrió el núcleo familiar de la víctima directa eran distintas. Frente a ello indicó que, la aplicación de un precedente diferente al vigente para el momento de la presentación del medio de control se debió a la dilación del juez de segunda instancia para resolver del asunto. Para sustentar lo anterior, expuso una sentencia de tutela8 dictada por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en la que se revisaron los efectos temporales de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, en la cual se concluyó que: La autoridad accionada «incurrió en desconocimiento del precedente judicial […] debido a que al aplicar las reglas unificadas en la sentencia del 29 de enero de 2020, […] no tuvo en cuenta el mandato establecido en la Sentencia SU-406 del 2016, según el cual, […] pese a que el cambio de reglas aplicara de forma “general y automática”, debían valorarse las circunstancias particulares de los accionantes, con el objetivo de determinar si la aplicación “general y automática” del precedente unificado podría poner en riesgo las garantías procesales y, en consecuencia, sus derechos fundamentales». Además, puso de presente la sentencia proferida por la

debían valorarse las circunstancias particulares de los accionantes, con el objetivo de determinar si la aplicación “general y automática” del precedente unificado podría poner en riesgo las garantías procesales y, en consecuencia, sus derechos fundamentales». Además, puso de presente la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, identificada con el radicado 68001-23-31-000-2009-00295-01, de la cual resaltó que «[L]a retroactividad del precedente viola la cláusula de Estado de derecho y el deber general del Estado de respeto a las garantías judiciales, 6 La parte actora solicitó que se corrigiera el numeral tercero de la sentencia, dado que, a su juicio, debían ajustarse los montos concedidos a título de perjuicios morales, en atención a lo establecido en la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 20213 y el período de privación reconocido en el fallo, esto es, 16 meses y 15 días. Así, a su juicio, debía concederse a favor de la víctima directa la suma de 82,656 SMLMV, y con fundamento en ello, ajustar los valores reconocidos a los demás demandantes. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Martín Bermúdez Muñoz, Sentencia 29.09.21, Rad. 18001-23-31-000-2006-00178-01. 8 No señaló el radicado.Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00

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debido proceso, libertad e igualdad y, por ende, a la confianza legítima creada de manera objetiva por las autoridades estatales en el desarrollo de sus actos». 1.5. Trámite de la acción de tutela El magistrado encargado del presente despacho, mediante auto del 4 de marzo de 2024 admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a la parte demandante y, como parte demandada, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado del proceso de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho; a los señores Dioselina Roa Buitrago, Édgar Jesús García Colmenares, Jesús Alexis García Roa, Lisbeth Andreina García Roa, Gladis Inés Castellanos Jaimes, Judith Josefa Mora Colmenares, María Celina Colmenares Márquez, José Gabriel García Abreo y al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que conformaron el extremo pasivo, activo y el juez de primera instancia del medio de control de reparación directa, identificado con radicado 54001-23-31-000-2002-01049-00/01. Además, le reconoció personería para actuar al abogado José René García Colmenares, en calidad de apoderado judicial de los accionantes. 1.5.1. Manifestación de impedimento El 17 de abril de 2024, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó su impedimento en atención a que su cónyuge se desempeña como fiscal adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que integró la parte demandada en el medio de control de reparación directa dentro del cual se profirió la sentencia a la que el actor le atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales invocados. Sin embargo, en

como fiscal adscrita a una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que integró la parte demandada en el medio de control de reparación directa dentro del cual se profirió la sentencia a la que el actor le atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales invocados. Sin embargo, en providencia del 18 de abril de 2024, fue declarado infundado el impedimento manifestado por el magistrado Barreto Suárez, por los demás magistrados que conforman la Sección Quinta de esta Corporación. 1.6. Intervenciones Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00

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1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B En documento allegado el 11 de marzo del presente año, el magistrado ponente de la decisión enjuiciada adujo que dicha providencia contenía argumentos y elementos necesarios para que el juez de tutela tomara la decisión que en derecho correspondiera. En consecuencia, expresó que estaría presto a atender lo que dispusiera la sala. 1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional Por medio de correo electrónico remitido el 12 de marzo de 2024, la jefe del Área Jurídica de la Secretaría General de la entidad, expuso que el mecanismo constitucional no cumplía con el requisito de la inmediatez, ya que la notificación de la sentencia de segundo grado se realizó el 7 de diciembre de 2022, es decir que transcurrieron más de 15 meses hasta la fecha de interposición de la acción de tutela. Así las cosas, manifestó que la acción tutelar resultaba improcedente, teniendo en cuenta la inexistencia de un perjuicio irremediable, por lo cual se debía denegar las súplicas de la demanda. 1.6.3. Ministerio de Justicia y del Derecho A través de memorial allegado el 12 de marzo de 2024, el apoderado judicial indicó que la entidad no fue condenada en el medio de control, por lo cual no tenía interés en el objeto de la acción. No obstante, sostuvo que no se evidencia vulneración de las garantías fundamentales de los accionante, ya que la autoridad judicial accionada dio aplicación a la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, sobre esta advirtió que: […] se fijaron y adoptaron reglas para unificar la jurisprudencia relativa al reconocimiento y monto de los perjuicios morales por la privación injusta de la libertad, todo amparado en el artículo 270 de la ley 1437 de 2011, donde claramente se

advirtió que: […] se fijaron y adoptaron reglas para unificar la jurisprudencia relativa al reconocimiento y monto de los perjuicios morales por la privación injusta de la libertad, todo amparado en el artículo 270 de la ley 1437 de 2011, donde claramente se destacó que lo que se estaba haciendo no era modificar una regla sobre la presunción de los perjuicios morales sino que se precisaba el alcance, en aras de solucionar todas las divergencias en su interpretación y aplicación; además, allí se dejó establecido que como “no es posible dar un valor pecuniario a los perjuicios morales, es entonces necesario que, mediante sentencia de unificación con carácter vinculante, se determinen sus topes máximos, con base en criterios generales de proporcionalidad.”, dando vía a las reglas que han señalado los topes para poder liquidar los perjuicios morales. Adicionalmente, argumentó que: […] puntualmente en lo que tiene que ver con el derecho a la igualdad, también elDemandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00

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alto Tribunal fue previsorio y advirtió que “El derecho a la igualdad en este caso se garantiza aplicando la sentencia de manera similar a todos los casos que se fallen luego de su ejecutoria. Suponer que tal derecho solo se garantiza si se le otorga el mismo monto de perjuicios morales a todas las personas que presentaron la demanda durante determinado periodo de tiempo carece de fundamento; la fecha en la cual se presentó la demanda no tiene en este caso ningún tipo de relevancia para estructurar tal derecho (…). Esgrimir el derecho de igualdad para impedir la aplicación inmediata de los topes de perjuicios morales implicaría considerar que los mismos no pueden ser modificados por la jurisprudencia. Implicaría también considerar que, con base en el mismo derecho de igualdad, no existe justificación para que en relación con las demandas presentadas con posterioridad a este fallo se apliquen los nuevos topes.”; ello claramente indica que lo que se debe prever es que la jurisprudencia es dinámica y, por ende, esos topes pueden ser modificados por esa vía. Resaltó que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue transparente y motivó debidamente su decisión, actuando de conformidad con el principio de autonomía. Por lo tanto, indicó que el mecanismo constitucional resultaba improcedente. 1.6.4. Fiscalía General de la Nación En documento remitido el 12 de marzo del presente año, la profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad adujo que, la acción tutelar era improcedente por cuanto la parte actora: (i) no daba cuenta de por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia, como el recurso extraordinario de revisión, no hizo uso de este, (ii) no sustentó las causales específicas de procedibilidad, (iii) pretendía retrotraer actuaciones procesales, y (iv) no sustentó la configuración de los defectos. Así las cosas, solicitó que se declarara

como el recurso extraordinario de revisión, no hizo uso de este, (ii) no sustentó las causales específicas de procedibilidad, (iii) pretendía retrotraer actuaciones procesales, y (iv) no sustentó la configuración de los defectos. Así las cosas, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción constitucional. Pese a que la Rama Judicial, la Policía Nacional, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y los señores Dioselina Roa Buitrago, Édgar Jesús García Colmenares, Jesús Alexis García Roa, Lisbeth Andreina García Roa, Gladis Inés Castellanos Jaimes, Judith Josefa Mora Colmenares, María Celina Colmenares Márquez9, José Gabriel García Abreo10, fueron notificados en debida forma, guardaron silencio11. 9 El apoderado judicial reportó que falleció el 15 de febrero de 2022. 10 El apoderado judicial reportó que falleció. 11 Índice 7, 8, 19, 20 y 25 de Samai.Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Competencia El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por los señores Carmen Celina, José René, Tomas Eduardo y Maximiliano García Colmenares, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. 2.2. Problemas jurídicos Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: • ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial? De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente: • ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente al interior de la sentencia del 28 de octubre de 2022, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado 54001-23-31-000-2002-01049-00/01? Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es procedente; (iii) el estudio del caso concreto. 2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201212 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

su procedencia14. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia. 2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad 2.4.1. Inmediatez Es preciso señalar que esta Colegiatura15 ha considerado como plazo prudencial el de seis

(6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su improcedencia. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate jurídico planteado. En el caso objeto de estudio, la sala observa que al interior del medio de control de reparación directa la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado 14 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia». 15 Ver sentencias: de 18.04.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P: Susana Buitrago Valencia; 03.07.13, Rad.11001-03-15-000-2012-01891-01, 12.08.13, Rad.11001-03-15-000-2013-1435-00, M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12.09.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-02203-01, M.P: Alberto Yepes Barreiro; 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P: Rocío Araújo Oñate; entre otras.Demandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00

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dictó la sentencia de segundo grado el 28 de octubre de 2022 y, posteriormente el auto que resolvió la solicitud de corrección, el 14 de julio de 2023. Por lo tanto, se debe determinar a partir de cuándo se cuenta el requisito de procedibilidad adjetivo de la inmediatez. Para empezar, cabe advertir que de acuerdo con los artículos 285, 286 y 287 del Código General del Proceso, las partes pueden solicitar a los jueces la aclaración, corrección o adición de las sentencias. En atención a que la Ley 1437 de 2011 no regula dichas figuras, es preciso su remisión al Código General del Proceso en virtud del artículo 306 del CPACA. Así las cosas, tanto la aclaración como la adición contienen una condición para hacer su solicitud y es, que estas se hagan dentro del término de la ejecutoria de la providencia. Sin embargo, no sucede lo mismo con la corrección de errores aritméticos y otros, pues sobre esta se indica que podrá solicitarse en cualquier tiempo, como se observa: ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso. Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella. Por lo tanto, la consecuencia

de que las instituciones de la aclaración y la adición puedan presentarse solamente durante el término de la ejecutoria de la providencia, es que la suspenden, es decir, que hasta que la autoridad judicial competente no las resuelva, las decisiones objeto de estas no se entienden ejecutoriadas. La corrección por su parte al ser una figura con la que se busca corregir un error puramente aritmético o gramatical, no tiene la virtualidad de cambiar el fondo del asunto ni suspender la ejecutoria de las sentencias o autos. En consecuencia, en el presente caso el requisito de la inmediatez no podría contabilizarse a partir de la ejecutoria del auto que resolvió la solicitud de corrección radicada el 25 de enero de 2023 y resuelta el 14 de julio de 2023, sino, a partir de la ejecutoria de la sentencia de segundo grado resuelta por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. En atención a que la sentencia del 28 de octubre de 2022 fue notificada porDemandantes: Carmen Celina García Colmenares y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2024-00978-00

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edicto electrónico el 7 de diciembre de 2022 y la presente acción de tutela fue radicada el 28 de febrero de 2024, transcurrieron más de 6 meses, término que para esta Sección no resulta razonable. Pese a lo anterior, jurisprudencia de la Corte Constitucional16, ha estipulado que pueden existir causales de justificación de la presentación tardía de la acción de tutela, como se exponen a continuación: (i) que exista un motivo válido para la inactividad del accionante; (ii) que su falta de inic