CE - 20240277900Dan 0 20240705122820759

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202402779-00

Actores: Daniela María Gómez Castañeda y otros1

Demandada: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de procedencia de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Dignidad humana, ii) igualdad, iii) debido proceso y iv) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Daniela María Gómez Castañeda y otros2 contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “6ED_Caratula(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital. 2 Jhonn Darío Castañeda Meneses, Olga Patricia Castañeda Meneses, Mary Luz Castañeda Meneses, Helman

en forma digital. 2 Jhonn Darío Castañeda Meneses, Olga Patricia Castañeda Meneses, Mary Luz Castañeda Meneses, Helman Jhonny Castañeda Meneses, Nubia Eugenia Castañeda Meneses, Angie Yoreli Muñoz Castañeda, Jhonatan Daniel Restrepo Muñoz, Martha Milena Zemanate Castañeda, Manuel Alejandro Orozco Zemanate, Jhonny Alexander Orozco Zemanate y Rober Orlando Gómez Castro.2

Núm. único de radicación: 110010315000202402779-00

Actores: Daniela María Gómez Castañeda y otros

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. Los actores, a través de apoderado 3, presentaron acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 19 de octubre de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación 190012331000201000458 -02, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señalaron que, present aron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, la E.S.E. Antonio Nariño – En liquidación, a la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A., con el fin de que se declararan administrativa y patrimonialmente responsables por la presunta falla del servicio médico que derivó en el fallecimiento

de Mariela Castañeda Meneses.

S.A., con el fin de que se declararan administrativa y patrimonialmente responsables por la presunta falla del servicio médico que derivó en el fallecimiento de Mariela Castañeda Meneses.

4. Indicó que, el Tribunal Administrativo de C asanare, profirió sentencia, en primera instancia, el 26 de octubre de 2016, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. Manifestó que, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 19 de octubre de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Sentencia de 26 de octubre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, la cual quedará así:

3 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “3_DemandaWeb_Poder_AnexosPoderesyotorga(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.3

Núm. único de radicación: 110010315000202402779-00

Actores: Daniela María Gómez Castañeda y otros

“1º Declarar probada la falta de legitimación material en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y de la Nueva Empresa Promotora de Salud E.P.S. por las razones indicadas en la parte motiva.

2º Denegar las pretensiones de los demandantes […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 25. La Sala revocará parcialmente la sentencia apelada, exclusivamente en relación con la decisión de acceder a las pretensiones de la demanda y al

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 25. La Sala revocará parcialmente la sentencia apelada, exclusivamente en relación con la decisión de acceder a las pretensiones de la demanda y al llamamiento en garantía formulado por la E.S.E. Antonio Nariño –en liquidación– a Liberty Seguros S.A., pues considera que la parte demandante no satisfizo su carga de la prueba, consistente en demostrar que la muerte de Mariela Castañeda Meneses obedeció a una falla del servici o de la E.S.E. Antonio Nariño durante la atención brindada:

26. En el proceso está debidamente acreditado el daño, consistente en la muerte de Mariela Castañeda Meneses, mediante el registro civil de defunción No. 05873983 – hecho que, adicionalmente, no fue discutido por las partes–.

27. Adicionalmente, la parte demandante aportó como pruebas la historia clínica de Mariela Castañeda Meneses, y el informe pericial de necropsia No. 2008010110001000238, elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este último, el médico forense Jaime Álvarez Soler consignó la siguiente conclusión (se trascribe): “La causa básica de muerte de la occisa fue ocasionada por: GASTROENTERITIS AGUDA CON DESHIDRATACION SEVERA

QUE OCACIONO UN TRASTORN O HIDROELECTROLITICO AGUDO CON

ARRITMIA CARDICA PARO CARDIACO QUE LA LLEVO A LA MUERTE”.

28. Sin embargo, la parte demandante no realizó ningún esfuerzo probatorio tendiente a acreditar que la muerte de Mariela Castañeda Meneses obedeció a una

ARRITMIA CARDICA PARO CARDIACO QUE LA LLEVO A LA MUERTE”.

28. Sin embargo, la parte demandante no realizó ningún esfuerzo probatorio tendiente a acreditar que la muerte de Mariela Castañeda Meneses obedeció a una falla del servicio de la E.S.E. Antonio Nariño durante la atención brindada –ya sea porque estudió mal los síntomas que Mariela Castañeda Meneses mostraba, o porque no utilizó las ayudas diagnósticas ni recomendó los tratamientos que la lex artis aconsejaba para el cuadro presentado por esta última –, lo que podía ser acreditado con los medios probatorios establecidos en la legislación procesal –no necesariamente mediante un dictamen pericial, como lo afirmó Liberty Seguros S.A.–

29. En este punto, la Sala precisa que si bien esta Sección ha reconocido que “la literatura científica se acepta como criterio hermenéutico del material probatorio en aquellos casos en los que este no resulta suficientemente conclusivo”, también ha aclarado que “la literatura científica [no] pued[e] ser tenida como reemplazo absoluto de las pruebas concernientes a los hechos singulares discutidos en el proceso”. En ese mismo sentido, se ha afirmado que la literatura científica “no puede sustituir la carga probatoria de la parte demandante”, que fue lo que sucedió en el caso sometido a consideración de la Sala.

30. Así las cosas, comoquiera que, de conformidad con el inciso primero del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil –hoy replicado en el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso–, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, y que la

177 del Código de Procedimiento Civil –hoy replicado en el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso–, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, y que la parte demandante no acreditó que la muerte de Mariela Castañeda Meneses obedeció a una falla del servicio de la E.S.E. Antonio Nariño durante la atención brindada, la Sala rev ocará la sentencia de primera instancia, exclusivamente en relación con la decisión de acceder a las pretensiones de la demanda y al4

Núm. único de radicación: 110010315000202402779-00

Actores: Daniela María Gómez Castañeda y otros

llamamiento en garantía formulado por la E.S.E. Antonio Nariño –en liquidación– a Liberty Seguros S.A. […]”

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. Los actores solicitaron en su escrito de tutela4:

“[…] PRIMERA: Conceder el amparo de los derechos fundamentales de Dignidad Humana, Igualdad, Reparación, Debido Proceso de los accionantes, Correcto Acceso a la Administración de Justicia, la Tutela Efectiva de los Derechos, así como conceder la aplicación del precedente Judicial y la la Prevalencia del Derecho Sustancial, los cuales le están siendo vulnerados a la parte actora por parte de la accionada, como consecuencia de la expedición de la Sentencia de Segunda Instancia de fecha 19 de octubre del año 2023 n otificada por edicto el día 01 de diciembre de 2023 – Magistrado ponente Alberto Montaña Plata; expediente 19001accionada, como consecuencia de la expedición de la Sentencia de Segunda Instancia de fecha 19 de octubre del año 2023 n otificada por edicto el día 01 de diciembre de 2023 – Magistrado ponente Alberto Montaña Plata; expediente 1900123-31-000-2010-00458-02 (58.886) proferida por el Consejo de Estado Sección Tercera – Subsección B.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, solicito revocar la Sentencia proferida el 19 de octubre de 2023 notificada en el mes de diciembre del mismo año por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que revocó la Sentencia del 26 de octubre de 2016 adoptada por el Tribunal Administrativo del Casanare en primera Instancia y dejarla sin efectos.

TERCERO: En su lugar, confirmar y dejar en firme lo dispuesto en la sentencia del Primera Instancia del 26 de octubre de 2016 adoptada por el Tribunal Administrativo del C asanare, ordenando igualmente el pago en favor de Daniela María Gómez Castañeda por concepto de los perjuicios conocidos como protección a bienes constitucional y convencionalmente protegidos enunciados y reconocidos en la página 31 del fallo descritos en el numeral 4.5.4., los cuales por error involuntario del despacho no fueron enunciado en el resuelve, potestad atribuida en razón a que se trata de un error corregible y susceptible de subsanación.

CUARTO: Dar aplicación al principio de reparación integ ral en el ámbito de los derechos humanos, conforme los estándares nacionales o internacionales más altos y que sean más beneficiosos para mis prohijados, así como ordenar el pago de los

CUARTO: Dar aplicación al principio de reparación integ ral en el ámbito de los derechos humanos, conforme los estándares nacionales o internacionales más altos y que sean más beneficiosos para mis prohijados, así como ordenar el pago de los demás perjuicios que reconozca la jurisprudencia hasta el día en que se profiera fallo de fondo.

QUINTO: Dar aplicación al principio iura novit curia y al principio pro homine a favor de los intereses de mis prohijados, es decir, la interpretación más favorable a la protección de los derechos de mis prohijados, toda vez qu e en la presente Usted actúa como Juez Constitucional y de Convencionalidad

SEXTO: Conceder el reconocimiento de otros derechos o perjuicios extra patrimoniales como el daño a la salud, si se considera que éste fue probado, conforme los estándares del Consejo de Estado.

4 Transcripción literal del texto.5

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Actores: Daniela María Gómez Castañeda y otros

SÉPTIMO: Librar las comunicaciones, requeridas por la Secret aría General de, así como DISPONER las notificaciones a las partes, a través del Juez de tutela de instancia, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.

OCTAVO: Las demás que su señoría considere pertinentes en beneficio de los intereses de mis prohijados. […]”.

6.1. Como fundamento de su solicitud, los actores manifestaron5:

“[…] Teniendo en cuenta que se trata de apelante único, se dará aplicación al artículo 328 del 79 Código General del Proceso, donde se entiende que la apelación es

6.1. Como fundamento de su solicitud, los actores manifestaron5:

“[…] Teniendo en cuenta que se trata de apelante único, se dará aplicación al artículo 328 del 79 Código General del Proceso, donde se entiende que la apelación es interpuesta en lo que resulta desfavorable para el apelante; por lo tanto, no podrá el superior pronunciarse sobre lo que no pudo ser objeto de recurso, con base en el principio de no reformatio in pejus, pues, si las otras partes no apelaron, en el presente caso el suscrito, no podría el Juez revocar la condena al pago de perjuicios extra patrimoniales en nuestro favor, como tampoco podría pensarse que el suscrito estaba obligado a poner en conocimiento del despacho de segunda instancia dicho error, pues, podría subsanar la ESE Antonio Nariño dicha equivocación adhiriéndose al recurso presentado […]”.

[…]

“[…] Pues primero se pueden constatar con la Historia clínica las varias omisiones que evidencian la violación a los derechos a la salud y la vida de M.C.M. (Q.E.P.D.), “como consecuencia de una valoración errónea, inadecuada, contraevidente y un tratamiento no adecuado al estado de deshidratación grado II y la EDA conforme lo consignado en la historia clínica, incurriendo el fallador de segunda instancia en defecto fáctico negativo, lesionando el acceso a la administración de j usticia; y, de igual manera, en defecto material o sustantivo, por desconocimiento de la línea jurisprudencial relacionada con el diagnóstico y manejo adecuado de la EDA, con grado II de deshidratación y las consecuencias de la falta entre otras de una hidratación Adecuada.

jurisprudencial relacionada con el diagnóstico y manejo adecuado de la EDA, con grado II de deshidratación y las consecuencias de la falta entre otras de una hidratación Adecuada.

La decisión incurrió en un defecto fáctico por haber valorado arbitrariamente las pruebas aportadas al proceso, específicamente la historia clínica y la literatura científica aportada en la sentencia de primera instancia que constató lo expuesto por el suscrito en los hechos de la demanda, pues si bien se relacionó el contenido de la historia clínica, no se articuló lo allí señalado con las otras pruebas entre ellas con el Informe Pericial aportado que da cuenta de la causa específica d e la muerte, argumentos que fueron dejadas de lado, por el operador jurídico accionado, al no correlacionarlas con la historia clínica y la literatura científica que obra como sustento jurídico del fallo de primera instancia. Error del Consejo de Estado en calificar que la indebida prestación del servicio médico en la E.S.E. Antonio Nariño no fue demostrada en el proceso. […]”.

[…]

“[…] En lo que respecta al defecto por desconocimiento del precedente, se puede igualmente concluir que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en tal defecto en l a sentencia cuestionada, pues, no tuvo en cuenta el precedente judicial aplicable en casos de responsabilidad médica, ni tampoco el precedente frente al interés para recur rir en apelación, el cual no pude desbordar la capacidad para ser parte frente a condenas de otras entidades. […]”.

5 Transcripción literal del texto.6

Núm. único de radicación: 110010315000202402779-00

capacidad para ser parte frente a condenas de otras entidades. […]”.

5 Transcripción literal del texto.6

Núm. único de radicación: 110010315000202402779-00

Actores: Daniela María Gómez Castañeda y otros

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de junio de 2024: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar a l os magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado; y iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, al Tribunal Administrativo de Casanare, a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, a la E.S.E. Antonio Nariño – En liquidación, a la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A., a Liberty Seguros S.A. y a Vicente Castañeda , concediéndoles el término de tres (3) días para rendir informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado rindió informe

en los siguientes términos:

“[…] Se considera que el expediente del respectivo proceso contiene los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. En consecuencia, el suscrito magistrado, en mi condición de ponente de la providencia objeto de esta acción de tutela, estaré presto a atender lo que disponga la Sala que decida la acción constitucional. […]”.

9. El Tribunal Administrativo de Casanare, manifestó lo siguiente:

“[…] Es del caso resaltar que la carga argumentativa del tutelante se concreta a que

lo que disponga la Sala que decida la acción constitucional. […]”.

9. El Tribunal Administrativo de Casanare, manifestó lo siguiente:

“[…] Es del caso resaltar que la carga argumentativa del tutelante se concreta a que en la providencia judicial se pretermitió que se trataba de apelante único y al análisis probatorio; de manera que, esta Corporación se atiene a la decisión que adopte el Consejo de Estado en la acción de la referencia. […]”.

10. La Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. solicitó su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva . Para tal efecto

argumentó lo siguiente:

“[…] Al respecto, me permito dar respuesta a la acción de tutela, al referirme a la VINCULACIÓN DE NUEVA EPS AL TRÁMITE DE LA REFERENCIA, en el marco de la IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES, toda vez que no se cumplen con los requisitos generales ni especiales para su procedencia. […]”.

[…]

“[…] Le manifestamos señor Juez, que EXISTE UNA FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA DE NUEVA EPS EN LA PRESENTE ACCION DE TUTELA; la petición del usuario siempre va encaminada a una acción que depende7

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Actores: Daniela María Gómez Castañeda y otros

exclusivamente de la empresa CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN 10 B; por lo cuanto (sic) solicitamos se decrete la FALTA DE LEGITIMACIÓN POR

exclusivamente de la empresa CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN 10 B; por lo cuanto (sic) solicitamos se decrete la FALTA DE LEGITIMACIÓN POR

PASIVA. […]”.

11. El apoderado de los actores allegó escrito, mediante el cual manifestó:

“[…] me permito expresar que el suscrito no interpuso acción de tutela en favor de VICENTE CASTAÑEDA, toda vez que el precitado señor falleció en el año 2013 tal y como se puede demostrar en el registro civil de defunción que se anexa. No obstante, a la fecha no se ha decidido en proceso de sucesión a quien le corresponde los derechos que pudieren devenir dado el caso, de este proceso.

Me permito aclarar al despacho, que el proceso en primera instancia fue tramitado en el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca y por descongestión fue enviado sólo para fallo; al Tribunal Contencioso Administrativo del Casanare. Por lo anterior, solicito se vincule y se oficie en igual medida al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca para que aporte todo el expediente que repose en dicha corporación […]”.

12. El Tribunal Administrativo del Cauca allegó copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación 190012331000201000458-02.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 3 7 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 6, por el

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 3 7 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 6, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 7 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20198, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales

6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.8

Núm. único de radicación: 110010315000202402779-00

Actores: Daniela María Gómez Castañeda y otros

fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo

fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

15. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

17. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentenc ia T-1001 de 30 de noviembre de 2006 9, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva

en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la

de noviembre de 2006 9, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandad o, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad pro cesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que

9 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.9

Núm. único de radicación: 110010315000202402779-00

Actores: Daniela María Gómez Castañeda y otros

el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[10]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales d el actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

18. La Sala advierte que la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva.

19. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad fue vinculada al proceso de tutela de la referencia como tercero con interés, en la medida en que integró la parte demandada en el proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación 190012331000201000458-02, es

tutela de la referencia como tercero con interés, en la medida en que integró la parte demandada en el proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación 190012331000201000458-02, es decir que le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.

20. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Nueva Empresa Promotora de Sa lud S.A. le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

10 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.10

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21. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada respecto de la Nueva Empresa

Promotora de Salud S.A.

Problemas jurídicos

22. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con los requisito s generales de procedencia de relevancia constitucional y de subsidiariedad.

23. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes

concretamente si se cumplió con los requisito s generales de procedencia de relevancia constitucional y de subsidiariedad.

23. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencia del derecho fundamental a la dignidad humana; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; procediendo posteriormente a resolver el caso concreto , adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

24. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena11, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.11

Núm. único de radicación: 110010315000202402779-00

Actores: Daniela María Gómez Castañeda y otros

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

25. Esta Sección adoptó 12 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005 13,