CE - 2024031MPBAMAIPD 20240421162542

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., tres (03) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Número único: 11001-03-06-000-2024-00031-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar y Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar Asunto: autoridad competente para investigar disciplinariamente a un empleado judicial. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en la documentación que reposa en el expediente2, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 23 de mayo de 2023, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar ordenó compulsar copias a la Comisión Seccional de Disciplina del Cesar, para establecer la posible responsabilidad disciplinaria de los «empleados», sin individualizarlos, de la secretaría de ese juzgado que, presuntamente, omitieron remitir oportunamente el juicio punitivo radicado con el núm. 20001203800120140054900 a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.

remitir oportunamente el juicio punitivo radicado con el núm. 20001203800120140054900 a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.

2. El 27 de junio de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina del Cesar «abrió indagación previa en AVERIGUACIÓN DE RESPONSABLE» con el fin de establecer los autores de los hechos materia de la compulsa de copias efectuada

por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar.

3. El 22 de enero de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina del Cesar declaró su

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Información extraída del expediente digital 2024-00031, que reposa en el aplicativo SAMAI.Radicación 11001030600020240003100 Página 2 de 22

falta de competencia para investigar disciplinariamente a los citados empleados a quienes había abierto investigación previa, y remitió el asunto al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar, al considerar que la potestad disciplinaria que le asigna el artículo 257A de la Carta Política «se circunscribe a las conductas realizadas» con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, es decir, al 13 de enero de 2021.

4. El 2 de febrero de 20243, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de

las conductas realizadas» con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, es decir, al 13 de enero de 2021.

4. El 2 de febrero de 20243, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar manifestó no se r competente para investigar disciplinariamente a los citados empleados, y propuso, ante la Sala de Consulta, un conflicto negativo de competencias administrativas con la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, al considerar que la conducta reprochable es de carácter continuado y se consumó con posterioridad a la fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión

Seccional de Disciplina Judicial.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 031 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.

Consta que la Secretaría de la Sala comunicó el presente conflicto al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar.

Según informe secretarial del 16 de febrero de 202 4, las autoridades involucradas guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

a. De la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar no presentó escrito de alegatos.

guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

a. De la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar no presentó escrito de alegatos. Sin embargo, sus argumentos se toman del Auto del 22 de enero de 2024, en el que manifestó que el poder disciplinario que le asigna el artículo 257A de la Constitución Política sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial se circunscribe a «las conductas realizadas con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, cuyos magistrados tomaron posesión el 13 de enero de 2021».

3 Escrito fechado el 25 de enero de 2024.Radicación 11001030600020240003100 Página 3 de 22

Sobre el caso concreto, explica que se trata de una presunta irregularidad que se configuró «desde el 05 de abril de 2016 hasta el 19 de mayo de 2023» , por lo tanto, debe ser investigada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar, tal como lo establec ía el artículo 115 de la Ley 270 de 1996, el cual «asignaba la competencia para investigar a los empleados judiciales a su superior jerárquico, en sede administrativa y no judicial».

Finalmente, indica que «como el derecho disciplinario es sancionatorio, en virtud del principio de favorabilidad se debe aplicar la norma más permisiva y beneficiosa al empleado investigado, que corresponde al artículo 115 de la ley 270 de 1996, al tratarse de un trámite de naturaleza administrativa, con posibilidad de control ante la jurisdicción contenciosa».

empleado investigado, que corresponde al artículo 115 de la ley 270 de 1996, al tratarse de un trámite de naturaleza administrativa, con posibilidad de control ante la jurisdicción contenciosa».

b. Del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar

El juzgado tampoco presentó alegatos. Sus argumentos se toman del escrito mediante el cual negó competencia y propuso el presente conflicto, en el cual explica que la conducta en la que, presuntamente, incurrieron los empleados de la secretaría de su despacho es de carácter continuado y «se consumó hasta el día 19 de mayo de 2023», esto es, después de la fecha de entrada en vigencia «del Acto Legislativo 02 de 2015», el cual atribuye la función disciplinaria sobre los empleados de la Rama Judicial a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios.

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial, contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.Radicación 11001030600020240003100 Página 4 de 22

No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, no tienen un superior común.

2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa.

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la

administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autori dades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, prevé que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

Tanto la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, como el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar negaron tener la competencia para

para conocer de la actuación;

Tanto la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, como el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar negaron tener la competencia para investigar disciplinariamente a los empleados de la secretaría del referido juzgado que,Radicación 11001030600020240003100 Página 5 de 22

presuntamente, omitieron remitir oportunamente el juicio punitivo radicado con el núm. 20001203800120140054900 a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, este conflicto de competencias fue planteado entre el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial del Cesar, ambas, autoridades del orden nacional.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreta, porque se trata de resolver la competencia para investigar disciplinariamente a los empleados de la secretaria del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar que, presuntamente, omitieron remitir oportunamente el juicio punitivo radicado con el núm. 20001203800120140054900 a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Sobre la naturaleza del asunto, se observa que el conflicto involucra a una autoridad

20001203800120140054900 a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Sobre la naturaleza del asunto, se observa que el conflicto involucra a una autoridad que ejerce función administrativa, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar como instancia disciplinaria y otra que ejerce función jurisdiccional , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar.

Al respecto, es importante precisar que l a Sala ha manifestado que la función disciplinaria que ejerce un juez sobre sus subalternos ─empleados judiciales─, es de naturaleza administrativa 4, razón por la cual los actos definitivos que se dicten para concluir la respectiva actuación son demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

La Sala de Consulta también ha establecido que la función disciplinaria que ejerce la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de sus seccionales, sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, por expreso mandato del artículo 257A de la Constitución , tiene naturaleza jurisdiccional, por lo que sus actos ─que tienen el carácter de sentencias judiciales─, no son demandables ni están sujetos a un pronunciamiento posterior de otra jurisdicción.

4 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión de agosto 13 de 2013. Rad. 110010306000201300020700. «Finalmente, el alto tribunal aclaró que si bien la función disciplinaria del juez sobre sus subalternos es de naturaleza administrativa y los actos definitivos son demandables ante esta misma jurisdicción, esto no conduce a que el funcionario pierda su condición de juzgador o que tales

juez sobre sus subalternos es de naturaleza administrativa y los actos definitivos son demandables ante esta misma jurisdicción, esto no conduce a que el funcionario pierda su condición de juzgador o que tales eventos no puedan ser resueltos por su superior funcional».Radicación 11001030600020240003100 Página 6 de 22

Sobre los conflictos de competencia s entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes5:

• No son conflictos entre jurisdicciones ni entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 6, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de

2015.

• La función jurisdiccional que el artículo 257A de la Carta Política le confiere a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial también se somete al cumplimiento del debido proceso, garantía que exige que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala de Consulta decida dicho el asunto, pues la indefinición de la entidad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al ius puniendi estatal, máxim e cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

al ius puniendi estatal, máxim e cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de lo s artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Dicho lo anterior, debe mencionarse que la Sala ha considerado7 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo

5 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 11 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]. 6 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […] 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […]

[Se destaca].

Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […] 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]. 7 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017 -00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros.Radicación 11001030600020240003100 Página 7 de 22

anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

[…] la Sala, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cual le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer8.

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establecer, de forma anticipada ( a priori ) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende,

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establecer, de forma anticipada ( a priori ) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es necesario que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]9.

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto este corresponde a un conflicto de competencias entre una autoridad que está cumpliendo una función administrativa, y otra que cumple función jurisdiccional, lo que supone entonces la competencia de la Sala para resolverlo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para adelantar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»10.

8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 201700200). 9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 20 de mayo de 2021. 10 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 11001030600020240003100 Página 8 de 22

10 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 11001030600020240003100 Página 8 de 22

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en ca usal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración Previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se recl ama ante las

Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se recl ama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expedient e administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

5. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para investigar disciplinariamente a los empleados indeterminados de la secretaría del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar que, presuntamente, omitieron remitir oportunamente el juicio punitivo radicado con el núm. 20001203800120140054900 a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.Radicación 11001030600020240003100 Página 9 de 22

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar indica que, por la fecha en la que se configuró la conducta, «desde el 05 de abril de 2016 hasta el 19 de mayo de 2023»,

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar indica que, por la fecha en la que se configuró la conducta, «desde el 05 de abril de 2016 hasta el 19 de mayo de 2023», debe ser el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar, en calidad de superior jerárquico de los posibles autores, el que los investigue, toda vez que el artículo 257 A de la Carta Política circunscribe la competencia disciplinaria de la Comisión de Disciplina Judicial a «las conductas realizadas» con posterioridad al 13 de enero de 2021.

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar manifestó no ser competente para investigar disciplinariamente a los empleados de su secretaría, porque la conducta en la que, presuntamente, incurrieron es de carácter continuado y «se consumó hasta el día 19 de mayo de 2023», fecha en la que ya había entrada en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a : i) la potestad disciplinaria del Estado. Reiteración; ii) factores que determinan la competencia en el campo disciplinario. El factor subjetivo o personal. Reiteración; iii) los servidores de la Rama Judicial. Distinción entre funcionario y empleado judicial. Reiteración; iv) autoridad competente para investigar a un empleado judicial antes y después de la fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; v) falta disciplinaria por omisión que se mantiene en el tiempo . Reiteración ; y vi) el caso concreto.

6. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

6.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración11

concreto.

6. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

6.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración11

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de

11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220017800 del 28 de septiembre de 2022, entre otras.Radicación 11001030600020240003100 Página 10 de 22

inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes12.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de la s conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con l as conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro13.

Puede señalarse entonces que el ejercicio de la facultad disciplinaria tiene por propósito propender por el adecuado cumplimiento de la función pública en beneficio de la comunidad y como protección de los derechos y libertades de los administrados14.

La Corte Constitucional, sobre el objetivo del ejercicio de la potestad disciplinaria, ha indicado lo siguiente:

[…] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública […] la potestad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia […]15.

En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado en cuanto tiene como finalidad primordial la

contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia […]15.

En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado en cuanto tiene como finalidad primordial la garantía y protección de los derechos fundamentales. Destacó, que la regulación disciplinaria permite proteger la organización de la administración y sus recursos, y hacer un seguimiento del cumplimiento de los deberes públicos.

12 Ley 734 de 2002, artículo 22. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Decisión del 23 de septiembre de 2015 (Radicación número: 11001-03-25-000-2010-00162-00(1200-10)