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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., primero (1.°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202403357-00

Actor: Luis Guillermo Namén Rodríguez

Demandada: Comisión Nacional de Disciplina Judicial1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) trabajo y iii) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Luis Guillermo Namén Rodríguez contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en medio digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202403357-00

Actor: Luis Guillermo Namén Rodríguez

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio , presentó acción de tutela contra la Comisión

Actor: Luis Guillermo Namén Rodríguez

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio , presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, porque, a su juicio: i) la Comisión Nacional, al proferir la sentencia de 29 de mayo de 2024; y ii) la Comisión Seccional, al proferir la sentencia de 12 de marzo de 2024, en el proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 110012502000202201736-01: vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, en el proceso penal identificado con el número único de radicación 110016000050201726542-01, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, compulsó copias en su contra ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, al considerar que pese a tener varias suspensiones, actuó como apoderado del señor Edwin Andrés P astrana Pérez entre el 13 de septiembre de 2019 y el 21 de febrero de 2022.

4. Manifestó que, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá , mediante sentencia de 12 de marzo de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE al abogado LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, identificado con cédula […] y tarjeta

“[…] PRIMERO: DECLARAR DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE al abogado LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, identificado con cédula […] y tarjeta profesional […], por incurrir en la falta del numeral 10° del artículo 33, a título de dolo y con ello la desatención del deber del numeral 6 ° del artículo 28 y de la incompatibilidad del numeral 4° del artículo 29; en concurso heterogéneo con la falta del artículo 39, a título de dolo y con ello la desatención de los deberes de los numerales 14 y 19 del artículo 28, todas disposiciones de la Ley 1123 de 2007.

SEGUNDO: En consecuencia, SANCIONARLO con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de DOCE (12) MESES y MULTA de CINCO (5) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES para la época en que ocurrieron lo s hechos.3

Núm. único de radicación: 110010315000202403357-00

Actor: Luis Guillermo Namén Rodríguez

La multa deberá ser pagada dentro de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, en los términos del artículo 10° de la Ley 1743 de 2014, y consignada a la cuenta corriente […] del Banco Agrario de Colombia, con código de convenio 13474, destinado al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, conforme Circular DEAJC20-58, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. […]”.

con código de convenio 13474, destinado al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, conforme Circular DEAJC20-58, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. […]”.

5. Indicó que, la Comisión Nacional de Disciplina, mediante sentencia de 29 de

mayo de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR la sentencia dictada el 12 de marzo de 2024 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, en la que se declaró responsable al abogado LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ , de la siguiente manera:

1. ABSOLVER de responsabilidad disciplinaria al abogado LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, frente a la falta contenida en el artículo 33 numeral 10° de la Ley 1123 de 2007, en con cordancia con el deber descrito en el numeral 6° del artículo 28 ibidem.

1. CONFIRMAR la responsabilidad del abogado LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, por incurrir en la conducta típica descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, quebrantar los deberes vertidos en los numerales 14° y 19° del artículo 28, e inobservar la prohibición consagrada en el numeral 4° del artículo 29 ibidem.

1. IMPONER como sanción definitiva una suspensión del ejercicio profesional por el término de diez meses y multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.

SEGUNDO: ANOTAR las sanciones impuestas en el Registro Nacional de Abogados,

término de diez meses y multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.

SEGUNDO: ANOTAR las sanciones impuestas en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con la constancia de ejecutoria. […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] La seccional de origen acreditó que el togado había fungido como defensor del ciudadano en cita, desde el 13 de septiembre de 2019 hasta el 21 de febrero de 2022, a pesar de que estaba debidamente enterado de las múltiples suspensiones impuestas en su contra, lo que se probó con los soportes de notificación incorporados a esta causa en 52 folios […]”.

[…]

“[…] Sobre la causal invocada -numeral 6º del artículo 22 del CDA -, en pretérita oportunidad se precisó que “(…) lo que en realidad estructura la causal de exclusión de responsabilidad, no es en sí mismo la incursión en un error, sino por sobre todo que ostente un carácter invencible”39. La certificación suscrita por la psicóloga Claudia Alexandra Rodríguez Yepes refiere que el trastorno depresivo “(…) ha ocasionado en el paciente (…) alteraciones de la memoria (pequeños olvidos constantes)”40, circunstancia que no torna el error en invencible, pues como quedó anotado, desde su primera intervención el togado aseguró saber que estaba impedido para el ejercicio profesional, y si en virtud de los “pequeños olvidos constantes”, podía4

anotado, desde su primera intervención el togado aseguró saber que estaba impedido para el ejercicio profesional, y si en virtud de los “pequeños olvidos constantes”, podía4

Núm. único de radicación: 110010315000202403357-00

Actor: Luis Guillermo Namén Rodríguez

llegar a perder de vista la vigencia de las suspensiones, estaba en la capacidad de superar el error con un mínimo de diligencia expresad o en la consulta de sus antecedentes disciplinarios de manera virtual, pero no lo hizo y procedió a cometer la falta […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, el otro comportamiento por el que se encontró responsable al abogado LUIS GUILLERMO NAMEN RODRÍGUEZ, corresponde a haber realizado el 21 de febrero de 2022 una afirmación maliciosa que podía desviar el recto criterio de los funcionarios a cargo de definir la situación jurídica del señor Edwin Andrés Pastrana Pérez. Con la intención de controvertir su responsabilid ad, sostiene el apelante que: i. la empleada de la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá lo contactó con la intención de hacerlo actuar y por esa vía, se abriera una investigación en su contra, ii. sus manifestaciones no podían e ntenderse encaminadas a inducir en error a la administración de justicia, máxime cuando la buena fe debía presumirse, y iii. había informado sobre algunas situaciones presentadas en esa época, como el hurto del que fue víctima, y dificultades con el servidor de su e-mail.

En este caso ocurre algo muy particular, y es que al momento de residir el juicio de reproche en las dos faltas, se tomó el mismo referente factual con lecturas de

servidor de su e-mail.

En este caso ocurre algo muy particular, y es que al momento de residir el juicio de reproche en las dos faltas, se tomó el mismo referente factual con lecturas de adecuación que se contraponen entre sí, ya que la materialización de la co nducta descrita en el numeral 10° del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, presupone que el sujeto disciplinable se encuentra habilitado para ejercer como abogado, y bajo esa condición efectúa: i. afirmaciones o negaciones maliciosas, ii. citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas, que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de justicia encargados de definir la situación jurídica objeto de la litis.

Así las cosas, si bien acertó sancionando al doctor NAMEN RODRÍ GUEZ porque el 21 de febrero de 2022 no podía ejercer la abogacía y lo hizo - entre otrasal presentar el prementado recurso de reposición, no ocurrió lo mismo con la imputación simultánea de la otra falta, porque en este caso particular, las acciones típ icas se fundan en el marco de la incompatibilidad y de suyo la sustentan, ya que la Seccional optó por reforzar fácticamente la imputación, con el mismo presupuesto que tomó para la otra falta, comportando un concurso aparente de tipos, por déficit de lógi ca y coherencia en la pretensión fáctica y jurídica plasmada en los cargos, que se resuelve por vía de la subsunción y la especialidad, imponiéndose la absolución de responsabilidad al implicado de la que abreva de la misma situación excluyente, esto

coherencia en la pretensión fáctica y jurídica plasmada en los cargos, que se resuelve por vía de la subsunción y la especialidad, imponiéndose la absolución de responsabilidad al implicado de la que abreva de la misma situación excluyente, esto es, la dispuesta en el artículo 33 numeral 10° de la Ley 1123 de 2007, y en esa vía, la reducción del quantum sancionatorio para imponer diez meses de suspensión del ejercicio profesional y dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los he chos como multa, en acatamiento de los principios de proporcionalidad y razonabilidad […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:5

Núm. único de radicación: 110010315000202403357-00

Actor: Luis Guillermo Namén Rodríguez

“[…] 1° Sea admitida la presente Acción de Tutela de naturaleza de Derecho Constitucional.

2°. Se realice una profunda valoración probatoria

3°. Se me tutele el Derecho al DEBIDO PROCESO POR INDEBIDA VALORACIÓN

PROBATORIA Y EL DERECHO AL TRABAJO Y AL MINIMO VITAL

4°. Se elimine la sanción disciplinaria proferida en mi contra por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. […]”.

6.1. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente2:

“[…] Al respecto, tengo que manifestar que como enseña De Castro y Bravo y Enrique Lalaguna que “el error de Derecho querría designar la equivocada apreciación de una situación jurídica determinada, producida por una mala interpretación de las reglas

“[…] Al respecto, tengo que manifestar que como enseña De Castro y Bravo y Enrique Lalaguna que “el error de Derecho querría designar la equivocada apreciación de una situación jurídica determinada, producida por una mala interpretación de las reglas del Derecho Positivo Objetivo”.

También la jurisprudencia se ha pronunciado en este sentido. Al respeto podemos citar por ejemplo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 16 de Mayo de 1.995 en ponencia del honorable Magistrado Jorge Enrique Valencia. […]”.

[…]

“[…] Entonces, como pude demostrar, en la constancia que emitió la Psicóloga Clinica CLAUDIA ALEXANDRA RODRIGUEZ YEPES obrante en el expediente de naturaleza de Derecho Disciplinario referencia do en esta Acción de Tutela de naturaleza de Derecho Constitucional, el suscrito LUIS GUILLERMO NAMEN RODRIGUEZ manifestó lo siguiente:

Cabe anotar que tal TRASTORNO DEPRESIVO ha ocasionado en el paciente, fallos a nivel cognitivos, es decir, distractibi lidad (distraerse fácilmente), dificultad para concentrarse, incapacidad para ejecutar tareas del diario vivir y, alteraciones de la memoria (pequeños olvidos constantes), en razón a que la distracción no permite que la información sea albergada en la memoria).

También se deja constancia que las sesiones terapéuticas con el nombrado paciente, se realizan con una frecuencia de una (semanalmente), debido a que el mismo paciente, ha presentado ideación e intentos suicidas, uno de ello documentado en el

También se deja constancia que las sesiones terapéuticas con el nombrado paciente, se realizan con una frecuencia de una (semanalmente), debido a que el mismo paciente, ha presentado ideación e intentos suicidas, uno de ello documentado en el Hospital San Ignacio, lo cual justifica tal frecuencia del tratamiento psicológico”

Lo anterior evidencia que efectivamente me encuentro en la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria consagrada en el numeral 6o del Artículo 22 del Código Disciplinario del Abogado (Ley 1123 del año 2007) que reza:

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA: Causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando:

6°. Se obre con la convicción errada e invencible que su conducta no constituye falta disciplinaria. […]”.

2 Transcripción literal del texto.6

Núm. único de radicación: 110010315000202403357-00

Actor: Luis Guillermo Namén Rodríguez

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 4 de julio de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá ; y iii) vinculó, como tercero con interés legítimo, a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, concediéndole el término de tres (3) días para rendir informe.

Intervención de la demandada

8. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó declarar la

del Distrito Judicial de Bogotá, concediéndole el término de tres (3) días para rendir informe.

Intervención de la demandada

8. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, negar la solicitud de amparo,

al considerar que:

“[…] En primera medida, debe mencionarse que de una lectura al escrito tutelar no se advierte que el abogado haya cumplido con los requisitos de procedencia de la acción contra providencia judicial (relevancia constitucional e irregularidad procesal), pues realiza señalamientos generales respecto de la decisión adoptada por esta Corporación, sin enfatizar la incursión en una posible vía de hecho por defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o decisión sin motivación que haya constituido una violación flagrante de sus derechos fundamentales, así como el desconocimiento de la legalidad del trámite disciplinario dispuesto en el decálogo de los abogados. Es decir, busca convertir este medio constitucional en un recurso adicional para controvertir la providencia judicial, en la cual valga anotar se dio respuesta a tópico similar propuesto en la tutela.

El fallo reprochado modificó la sentencia dictada el 12 de marzo de esta anualidad por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, en la que se sancionó con doce (12) meses de suspensión y multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al hoy accionante en su calidad de abogado, por incurrir en las faltas descritas en el artículo 33 numeral 10° y el artículo 39 de la Ley 1123 de

legales mensuales vigentes, al hoy accionante en su calidad de abogado, por incurrir en las faltas descritas en el artículo 33 numeral 10° y el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, esta última en concordancia con el numeral 4° del artículo 29 ibidem, confirmando su responsabilidad únicamente frente a esta última e imponiendo como sanción definitiva “una suspensión del ejercicio profesional po r el término de diez meses y multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos”, luego de desechar uno a uno los argumentos de la apelación. Allí, el hoy accionante planteó que había actuado al amparo de una ca usal de exclusión de responsabilidad, por estar convencido de que su conducta no constituía falta disciplinaria, para lo cual anexó un certificado médico. […]”.

[…]

“[…] En ese sentido, contrario a lo deprecado en la acción de tutela (y en el recurso de apelación que interese, contiene la misma alegación), como resultado de la valoración racional de las pruebas recaudadas, se acreditó que el abogado de manera dolosa desconoció el régimen de incompatibilidades, razón por la cual resultó7

Núm. único de radicación: 110010315000202403357-00

Actor: Luis Guillermo Namén Rodríguez

completamente adecuado el juicio de reproche realizado por la Seccional, en tanto la conducta se enmarca en el artículo 39 del C.D.A. […]”.

9. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de tutela, al considerar que:

conducta se enmarca en el artículo 39 del C.D.A. […]”.

9. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de tutela, al considerar que:

“[…] Aclarado el trámite de la actuación disciplinaria, en la demanda de tutela el doctor NAMEN RODRÍGUEZ señaló que promueve la acción contra esa decisión (29 de mayo de 2024), porque considera que se configuró la causal de exclusión de responsabilidad descrita en el numeral 6° del artículo 22 de la Ley 1123 de 20071, lo que según él, se puede constatar con la constancia de una psicóloga clínica que allegó al proceso disciplinario, en donde dice que padece un trastorno depres ivo el cual le genera dificultad para concentrarse y alteraciones en la memoria, entre otras cosas.

Si bien no hice parte del pronunciamiento de segunda instancia y lo desconozco, porque el expediente disciplinario aún no ha retornado a esta Seccional, de bo destacar que, en la propia demanda de tutela, el Abogado refirió que ese punto fue abordado por la Comisión Nacional […] De acuerdo con ello, es evidente que se trató de un punto examinado y resuelto por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el cual pretende el Abogado que sea ahora objeto de examen por el Consejo de Estado en la presente acción, es decir, queda claro que el doctor NAMEN RODRÍGUEZ está utilizando este escenario constitucional como una tercera instancia y para rebatir lo que ya se encuentra en firme, para lo cual no está previsto. Es por ello, que solicito se declare la improcedencia de la acción constitucional […]”

utilizando este escenario constitucional como una tercera instancia y para rebatir lo que ya se encuentra en firme, para lo cual no está previsto. Es por ello, que solicito se declare la improcedencia de la acción constitucional […]”

10. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial allegaron copia digital del expediente del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 110012502000202201736-01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 3 7 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''8

Núm. único de radicación: 110010315000202403357-00

Actor: Luis Guillermo Namén Rodríguez

6 de abril de 2021 4 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades

Generalidades de la acción de tutela

12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

13. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

14. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a l debido proceso ; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; vi) análisis del caso concreto y finalmente las vii) conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

15. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

15. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala

4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

Núm. único de radicación: 110010315000202403357-00

Actor: Luis Guillermo Namén Rodríguez

Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el m omento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

16. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

17. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

17. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformi dad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corr esponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 9 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.10

Núm. único de radicación: 110010315000202403357-00

Actor: Luis Guillermo Namén Rodríguez

19. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucional es tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el caso concreto

21. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

22. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación d e 5 de agosto de 201411, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,

sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 11 Ut supra página 6.11

Núm. único de radicación: 110010315000202403357-00

Actor: Luis Guillermo Namén Rodríguez

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 12]; por otro, evita que la

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 12]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [13].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [14].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe mo tivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la actora